La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este viernes que la existencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua está en peligro, como resultado de un contexto de violencia sistemática, despojo territorial y desplazamientos forzados.
El informe “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua” documenta cómo colonos armados han invadido los territorios ancestrales, provocando un deterioro en las condiciones de vida y poniendo en jaque la supervivencia cultural y colectiva de estos grupos.
“Estos territorios no sólo constituyen su espacio de vida, sino que son la base esencial para el desarrollo de sus conocimientos, formas de vida, tradiciones y espiritualidad, así como para la continuidad de su cosmovisión”, subrayó la CIDH en su más reciente informe.
El organismo advirtió que estas violaciones vulneran directamente los derechos a la identidad cultural y a la propiedad colectiva de los pueblos originarios, quienes ven limitada su capacidad de preservar sus prácticas tradicionales, idioma y espiritualidad.
La CIDH recordó que Nicaragua, como parte de tratados internacionales vinculantes, está obligada a proteger a sus pueblos indígenas. Entre estos instrumentos están el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Comisión urgió al Estado nicaragüense a garantizar el derecho de estos pueblos a vivir en libertad y seguridad dentro de sus territorios, respetando sus sistemas de organización, cultura y cosmovisión, además de permitir el retorno seguro de las comunidades desplazadas.
Asimismo, exigió que se combata la impunidad en casos de violencia, y llamó a las instituciones financieras internacionales a condicionar créditos y financiamiento al cumplimiento del Estado de derecho en Nicaragua.
Además, exhortó a los países donde tienen origen las empresas involucradas en actividades ganaderas, de monocultivo, minería y tala ilegal a supervisar el comportamiento de sus compañías en el extranjero y asegurar que respeten los estándares internacionales de derechos humanos.
