Estados Unidos sostuvo el martes en su informe anual sobre derechos humanos que en El Salvador «no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos» , asegura que la violencia de pandillas se mantuvo en un mínimo histórico durante el estado de excepción y que el Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.
«No se registraron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el año. Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico durante el estado de excepción, ya que las detenciones masivas reprimieron la actividad de las pandillas. No hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos. El Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos», dice el informe del Departamento de Estado.
Según el informe, el régimen de excepción, declarado en marzo de 2022 y renovado mensualmente, ha mantenido los niveles de violencia de pandillas en mínimos históricos, con una drástica reducción de homicidios y extorsiones.
Aunque el Informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. 2024 destaca la reducción de la violencia de pandillas como un logro significativo, también subraya que persisten desafíos en derechos fundamentales como las garantías judiciales, la libertad de prensa y las condiciones laborales.
Sin embargo, el documento advierte que esta política ha implicado miles de detenciones masivas, incluyendo casos de arrestos arbitrarios y muertes en prisión.
«Algunos sospechosos murieron en prisión antes de ser condenados o cumplir sus condenas. El 8 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró que se habían producido 115 muertes en prisión desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022. Al 16 de agosto, la Procuraduría para los Derechos Humanos informó que estaba investigando ocho muertes en prisión», destaca el reporte.
Denuncias contra la PNC y Fuerza Armada
El informe detalla denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidas a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Hasta agosto, la PNC registró dos denuncias de tortura, 47 denuncias de «integridad corporal violada», 53 denuncias de malos tratos, 34 denuncias de abuso físico y tres denuncias de agresión y discriminación cometidas por agentes de policía.
El informe menciona que la PNC remitió 171 denuncias a la Fiscalía General de la República, disciplinó a 14 agentes de policía y destituyó a 12 agentes de policía. Diez víctimas registraron denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, alegando tortura o castigos crueles e inhumanos a manos de agentes de la PNC, y una víctima registró una denuncia del mismo trato cometido por miembros de las fuerzas armadas.
Hasta agosto, el Consejo Nacional para la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia recibió una denuncia de abuso cometido por policías o guardias penitenciarios en sus centros de detención juvenil e informó que el caso estaba bajo investigación.
El informe dice que al 16 de agosto, la PNC registró 23 denuncias de abuso sexual, 19 denuncias de violencia contra la mujer y cuatro denuncias de abuso infantil presuntamente cometidos por la policía.
Según el Departamento de Estado, en junio, el gobierno salvadoreño informó que la Inspectoría General de Seguridad Pública investigaba 66 casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad pública durante el estado de excepción, incluyendo tres violaciones del derecho a la vida, 11 violaciones de la libertad personal y nueve violaciones de la seguridad personal. El mismo informe indicó que la Fiscalía General de la República inició 19 investigaciones por presuntos abusos de fuerza durante el estado de excepción.
Ataques a periodistas y denuncias laborales
Si bien la Constitución salvadoreña garantiza la libertad de expresión y de prensa, el informe advierte que persisten tensiones entre el gobierno y medios de comunicación críticos.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó en 2024 cinco casos de intimidación en línea y tres amenazas legales contra periodistas presuntamente realizadas por funcionarios públicos.
En materia laboral, el documento subraya demoras en la acreditación de sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo, lo que impide su participación en negociaciones colectivas.
El derecho a huelga sigue restringido en el sector público y en servicios considerados esenciales, mientras que en sectores como el agrícola y textil se mantienen violaciones a las leyes salariales y de seguridad laboral. También documenta acoso sexual y malos tratos contra trabajadoras domésticas.
El gobierno aplicó menos sanciones por violaciones de los derechos de negociación colectiva que en otras áreas, como las violaciones de los derechos civiles. Los procedimientos judiciales sufrieron demoras y apelaciones.
El informe recuerda que hasta junio, el país enfrentaba seis quejas activas ante la Organización Internacional del Trabajo por presuntas violaciones a la libertad sindical.
Protección a grupos vulnerables y refugiados
El Departamento de Estado reconoce avances como la aplicación de la ley contra el matrimonio infantil y la naturalización de siete refugiados, primera vez que ocurre en el país.
No se reportaron incidentes de antisemitismo, pero el organismo advirtió sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de protección a solicitantes de asilo y personas con estatus de refugio.
