Etiqueta: seguridad

  • Presidente electo de Chile destaca modelo carcelario de El Salvador como referencia para reformas penitenciarias

    Presidente electo de Chile destaca modelo carcelario de El Salvador como referencia para reformas penitenciarias

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó este jueves que su futuro gobierno prepara reformas a la legislación penitenciaria con el objetivo de “recuperar el control en las cárceles”, y puso como uno de sus referentes el modelo impulsado en El Salvador, país que visitó recientemente.

    Tras reunirse en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Kast explicó que ha conocido diversas estrategias penitenciarias en sus viajes a El Salvador, Hungría e Italia, enfocadas en el combate al crimen organizado desde el sistema carcelario.

    «Una condición que es distinta a la que pudimos apreciar en El Salvador pero que apunta en el mismo sentido, que es aislar a los líderes de las organizaciones criminales que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias», declaró Kast, al referirse también al régimen italiano del 41 Bis, que impone aislamiento total a líderes mafiosos.

    El presidente electo, quien asumirá el cargo el 11 de marzo, valoró el enfoque implementado por el gobierno salvadoreño para restringir la comunicación de líderes criminales detenidos, una de las principales características del Régimen de Excepción que ha sido clave en la política de seguridad pública en El Salvador.

    Aunque evitó comprometerse con una aplicación exacta del modelo salvadoreño, Kast afirmó que su equipo analiza cambios a los decretos penitenciarios chilenos para mejorar la seguridad interna en los centros penales.

    “Necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, y también ir cortando y vigilando las rutas del dinero”, dijo el líder chileno, quien representa a la derecha política y ha promovido una política de seguridad más estricta.

    Cooperación internacional contra el crimen

    Kast hizo un llamado a la cooperación regional e internacional para enfrentar al crimen organizado de manera coordinada, advirtiendo que si no existe una estrategia compartida, las organizaciones criminales simplemente se desplazan entre países.

    «Si se combate en Chile es preciso que los otros países, tanto de nuestro continente como de otros, avancen en la misma línea», dijo. «Porque si no, el crimen organizado se retira de un país, se fortalece en otro y cuando ve la oportunidad vuelve con más fuerza. Ellos no respetan fronteras, ni leyes ni banderas», subrayó.

    En cuanto a la inmigración, otro de los ejes de su campaña electoral, Kast adelantó que en su gobierno entrar al país de forma irregular dejará de ser una falta administrativa y pasará a ser un delito penal, reforzando así su postura de línea dura en materia migratoria.

     

  • Inversiones, energía y defensa: los principales compromisos de El Salvador en el acuerdo con EE. UU.

    Inversiones, energía y defensa: los principales compromisos de El Salvador en el acuerdo con EE. UU.

    El Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre El Salvador y Estados Unidos contempla una serie de compromisos asumidos por la parte salvadoreña, que van desde la facilitación de inversiones y la eliminación de barreras arancelarias hasta la cooperación en defensa y la eventual adquisición de tecnología nuclear.

    El gobierno de Estados Unidos publicó el acuerdo firmado con El Salvador, cuya principal novedad es la eliminación del arancel base del 10 % impuesto en abril de 2025 a las exportaciones salvadoreñas. Esta exoneración aplica a una parte de los productos, de los cuales se benefician principalmente los sectores de textil y confección, agricultura e industria.

    De acuerdo con el texto, El Salvador permitirá y facilitará la inversión estadounidense para explorar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales y recursos energéticos críticos.

    Este capítulo también menciona el compromiso de prestar servicios de generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura en “condiciones no menos favorables” que las otorgadas a inversionistas salvadoreños en situaciones similares, conforme al derecho internacional y al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).

    Al respecto, la Administración de Trump se compromete a gestionar, a través del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), financiamiento para sectores críticos en El Salvador, en colaboración con socios del sector privado.

    Este capítulo también señala que “El Salvador facilitará iniciativas del sector privado orientadas a inversiones de nueva creación generadoras de empleo en los Estados Unidos”.

    Defensa y energía nuclear

    De acuerdo con el documento, ambos gobiernos trabajarán para “racionalizar y mejorar el comercio en materia de defensa”.

    “El Salvador cooperará con los Estados Unidos en asuntos de seguridad”, dice el texto, que también menciona que la parte salvadoreña cooperará para regular el comercio de tecnología y bienes sensibles para la seguridad nacional.

    Agrega: “Si los Estados Unidos determinan que El Salvador coopera para abordar problemas compartidos de seguridad nacional y económica, los Estados Unidos podrán tener en cuenta dicha cooperación al administrar sus leyes y reglamentos relativos a controles de exportación y otras medidas”.

    Aunque El Salvador aún se encuentra en una etapa inicial para implementar energía nuclear, el acuerdo con EE. UU. contempla el compromiso de adquirir cualquier reactor nuclear, barras de combustible o uranio únicamente de países que no representen un riesgo para la seguridad nacional.

    “El Salvador adquirirá tecnología nuclear, materiales y servicios relacionados únicamente de países que no representen riesgos para la seguridad nacional”, zanja el documento.

    Asimismo, el acuerdo establece la firma de un convenio de cooperación contra la evasión de derechos 60 días después de su entrada en vigencia, la cual comenzará cinco días después de que las partes se notifiquen por escrito tras la finalización de sus procedimientos legales internos.

    De igual manera, el acuerdo establece que El Salvador colaborará si EE. UU. adopta una medida fronteriza para combatir el arbitraje regulatorio que perjudique a trabajadores o empresas estadounidenses.

    La parte salvadoreña tampoco podrá imponer impuestos al valor agregado que “discriminen” a las empresas de Estados Unidos, ni aplicar impuestos a los servicios digitales u otros tributos similares.

  • Movimiento «Mesa del exilio» pide a Shakira que «no permita que su imagen sea utilizada» con fines políticos

    Movimiento «Mesa del exilio» pide a Shakira que «no permita que su imagen sea utilizada» con fines políticos

    La organización «Mesa del Exilio Salvadoreño» publicó el martes una «Carta abierta a Shakira Isabel Mebarak Ripoll» en la que piden a la artista que no permita que su imagen sea utilizada con fines políticos y no ceda ante presiones para «elogiar» al Gobierno salvadoreño o al «clima de seguridad».

    «No te escribimos para que canceles tus conciertos. Te escribimos para pedirte que no permitas que tu imagen sea utilizada para legitimar una dictadura que ha causado dolor a miles de familias. El gobierno ha construido un relato centrado únicamente en la seguridad, mientras oculta las detenciones arbitrarias, las torturas en las cárceles y la persecución sistemáticas de toda voz crítica», exponen en el comunicado.

    La carta fue respaldada por Alicia Miranda, quien fue jefa del Departamento de Estudios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y candidata a comisionada del IAIP.

    La Mesa del Exilio, que también es integrada por Ingrid Escobar, vocera del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), está compuesta por personas “exiliadas en México, Estados Unidos y España” y fue lanzada en diciembre de 2025.

    En el comunicado solicitan a. la cantante que, ante cualquier presión para elogiar al Gobierno o al clima de seguridad, «no avales con tu voz una realidad que no puede conocerse en una visita breve y que limites tus mensajes al cariño genuino del pueblo salvadoreño».

    En el documento, le comparten a la cantante datos que la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha recopilado y divulgado sobre niñez afectada por el régimen de excepción que vive El Salvador desde el 27 de marzo de 2022.

    «Sabemos que la niñez es una causa central para ti. Por eso compartimos un dato alarmante: según Human Rights Watch, al menos 3,000 menores fueron detenidos bajo el régimen de excepción hasta 2024; y organizaciones como Cristosal estiman que más de 68,000 niñas y niños han quedado en situación de abandono tras la captura de uno o ambos padres. Esta también es la realidad de El Salvador», indican en la carta.

    Al inicio de la carta, le expresan a Shakira que valoran que, a lo largo de su carrera, «históricamente ha mantenido distancia de la política que su compromiso ha estado con las causas sociales y de la niñez»

    Señalan que actualmente, El Salvador vive un «grave proceso democrático», y que «el poder se ha concentrado en una sola persona. Admiten que el régimen de excepción sí redujo la violencia pandilleril, sin embargo, cuestionan que también es una herramienta que utiliza el gobierno para «reprimir la disidencia, perseguir periodistas, defensores de derechos humanos y criminalizar voces críticas».

    El 17 de diciembre, inició la venta de los boletos del tour mundial de Shakira «Las mujeres ya no lloran», que ofrecía tres conciertos los próximos 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional Jorge «Mágico» González. En 24 horas los boletos se agotaron.

    El 20 de diciembre, a las 7:11 p.m., Bukele aprovechó la venta total de los boletos para emitir un mensaje en su perfil de X: «El Salvador está cambiando, y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas. Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país».

    El 21 de diciembre, a las 6:29 p.m. la propia Shakira respondió a ese post de Bukele: «Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!».

    Los cinco conciertos de Shakira se celebrarán los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.

     

     

     

  • Presidente electo de Chile llegará al país el viernes para reunirse con Bukele

    Presidente electo de Chile llegará al país el viernes para reunirse con Bukele

     El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, confirmó este martes que visitará El Salvador tras su paso por Panamá y se reunirá este viernes con el presidente Nayib Bukele, con quien abordará una agenda enfocada en seguridad y políticas penitenciarias.

    Inicialmente, la visita estaba programada para el lunes; sin embargo, un retraso provocado por tormentas en Estados Unidos obligó a Kast a modificar su itinerario. El vuelo, proveniente de República Dominicana, hizo una escala técnica en Miami, donde las condiciones climáticas impidieron la continuación del trayecto hacia El Salvador.

    Acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, Kast tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña inaugurada en 2023 y con capacidad para albergar hasta 40,000 reclusos. El objetivo es profundizar en el conocimiento del sistema carcelario impulsado por el gobierno salvadoreño, que ha sido eje central de su estrategia contra las pandillas.

    Kast ganó las elecciones chilenas celebradas en diciembre pasado con más del 58 % de los votos y asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, en sustitución del actual mandatario Gabriel Boric. Será el primer presidente de extrema derecha en Chile desde el retorno a la democracia.

    Antes de su llegada a El Salvador, Kast participó este martes en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado en Panamá y organizado por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. En el evento coincidió con líderes regionales como los presidentes de Brasil, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala y el primer ministro de Jamaica.

    Padre de nueve hijos y conocido por sus posturas ultraconservadoras en temas sociales, José Antonio Kast busca replicar algunas políticas de seguridad regionales en su futura gestión en Chile, donde el combate a la delincuencia ha ganado protagonismo en el debate público.

     

  • Zelenski señala 2027 como la fecha para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea

    Zelenski señala 2027 como la fecha para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, fijó 2027 como el año en que espera que Ucrania se adhiera oficialmente a la Unión Europea, destacando que esta integración es una de las principales garantías de seguridad que Ucrania puede ofrecer en el escenario posbélico. Zelenski subrayó la importancia de la entrada de Ucrania al bloque comunitario no solo para el país, sino también para toda Europa, destacando las contribuciones de Ucrania en áreas clave como la seguridad, la tecnología y la economía.

    «La adhesión de Ucrania a la Unión Europea es una de las garantías clave de seguridad no solo para nosotros, sino también para toda Europa. Al fin y al cabo, la fuerza colectiva de Europa es posible, en particular, gracias a las contribuciones de Ucrania», afirmó Zelenski en un mensaje en redes sociales.

    El presidente también destacó el apoyo de los socios internacionales de Ucrania en su posición, mostrando optimismo en cuanto a la viabilidad de este objetivo a corto plazo.

    En su mensaje, Zelenski también compartió detalles de su reciente conversación con el canciller austriaco, Christian Stocker, en la que informó sobre los avances en los contactos trilaterales que Ucrania ha mantenido con Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos. Durante estas reuniones, que se centraron en cuestiones militares, también se discutieron aspectos relacionados con garantías de seguridad.

  • El estado de sitio permite a autoridades guatemaltecas ingresar a El Gallito, un barrio dominado por pandillas

    El estado de sitio permite a autoridades guatemaltecas ingresar a El Gallito, un barrio dominado por pandillas

    Al barrio El Gallito, ubicado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, solo se puede ingresar con el permiso de las estructuras criminales que lo controlan o bajo el acompañamiento de fuerzas de seguridad. De lo contrario, el riesgo es no salir con vida, como ocurrió hace tres días con dos jóvenes atacados a balazos tras ingresar por error al sector.

    El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando los jóvenes entraron aparentemente por equivocación al barrio. Ambos fueron tiroteados y uno de ellos, de 22 años, murió a causa de las heridas, según confirmaron las autoridades.

    Ese mismo día ya estaba vigente el estado de sitio nacional, decretado por el Gobierno luego de que el domingo anterior 10 policías fueran asesinados en distintos puntos de la capital por supuestos pandilleros. La situación llevó al despliegue del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) en El Gallito, donde se ejecutan patrullajes permanentes, algo impensable sin respaldo de las fuerzas de seguridad.

    Históricamente, El Gallito ha sido considerado un territorio vedado para personas ajenas a la comunidad debido a la fuerte presencia de grupos criminales. Para circular por sus zonas más conflictivas se requiere autorización de los jefes locales y cumplir reglas estrictas, como transitar con las ventanas del vehículo abajo.

    Los patrullajes actuales se realizan bajo el amparo del estado de sitio, que permite la detención de personas sospechosas de terrorismo sin orden judicial, una medida aplicada también en otras denominadas “zonas rojas”.

    “Se están haciendo patrullajes para evitar más hechos en contra de los compañeros y poder así dar persecución a los pandilleros terroristas que han causado estragos en la institución”, explicó a EFE el oficial tercero de la PNC, Édgar Lainez.

    Las autoridades atribuyen los asesinatos de los agentes a presuntos miembros de la pandilla Barrio 18, quienes habrían actuado en represalia luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de tres cárceles, donde el sábado se registraron motines y toma de rehenes.

    “Los patrullajes no se han visto afectados, pero sí se han visto reforzados con más elementos para tener más apoyo y poder enfrentar cualquier situación con estos delincuentes”, agregó Lainez.

    Integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) custodian una calle en el barrio El Gallito en Ciudad de Guatemala. Al barrio El Gallito, situado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, se puede entrar con el permiso de las estructuras criminales que dominan el área o con las fuerzas de seguridad, de lo contrario, te arriesgas a no salir con vida, como le sucedió hace tres días a dos jóvenes tiroteados. EFE/ Alex Cruz

    La alerta continúa

    Entre los 10 policías asesinados se encuentran dos mujeres, un hecho que mantiene en alerta a la institución. “La alerta sigue. No nos descuidamos ni bajamos la guardia en ningún momento”, afirmó a EFE Élida Chavajay, agente de la PNC con casi cinco años de servicio.

    Chavajay señaló que, aunque la sociedad suele ver a las mujeres policías como vulnerables, ellas no se perciben de esa forma. “Tomamos nuestras medidas de autoprotección y no nos confiamos”, sostuvo.

    Los operativos se han extendido a otras zonas de la capital, así como a los municipios de Villa Nueva y Mixco. Hasta el miércoles, las autoridades reportaron la captura de casi 300 personas, incluidos 23 pandilleros vinculados directamente con los ataques contra los agentes.

    Solo el jueves, el Gobierno informó que ejecutaba más de 20 allanamientos en áreas priorizadas por su alta incidencia delictiva, con la captura de más de un centenar de personas, entre ellas “cuatro presuntos terroristas” identificados con los alias Killer, Negro, Gatica y Maco.

     

  • Ernesto Castro dice que precios de venta y alquiler de viviendas “se han ido para arriba” gracias a la seguridad

    Ernesto Castro dice que precios de venta y alquiler de viviendas “se han ido para arriba” gracias a la seguridad

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que uno de los factores que han influido en el aumento del precio de las viviendas en El Salvador es la seguridad que se vive a partir de la implementación del régimen de excepción, en declaraciones a youtubers brindadas el 8 de enero pasado.

    «Con el tema de la vivienda, todos los salvadoreños lo tenemos y es una realidad, todo se ha ido para arriba. Pero es importante cuáles son los factores de por qué tan caras las viviendas ahora y hay un montón de factores, incluyendo el tema de la seguridad», dijo el diputado.

    Para ejemplificar, habló de La Campanera, en Soyapango, una colonia que era conocida por haber sido controlada por la pandilla Barrio 18.

    «Hace como cinco años, en el 2021, antes del régimen de excepción, las casas en La Campanera valían $5,000 y cuidado quién las compraba, no había demanda para la oferta que había ahí. ¿Quién se quería ir a vivir a la Campanera si sabía que ahí lo iban a matar?, pero en 2022 llega el régimen de excepción, entra el gabinete de Seguridad, saca a todos los pandilleros y La Campanera comienza a florecer y ahora esa casa de $5,000 vale $20,000 o $25,000 y la gente comienza a comprar porque en la economía está la oferta y la demanda», dijo Castro.

    También, admitió que «todo está caro» en el país y que compran los que pueden pero opinó que la ley de «la oferta y la demanda» permite que, si una casa tiene un precio muy elevado, el dueño no podrá venderla hasta que le baje.

    «Todo está caro aquí, pero alguien está comprando, sí, los que tienen pisto. Pero, si en La Campanera las casas están en $50,000 y nadie la compra, el dueño le tendrá que bajar a $45,000 y, si nadie la compra, le tendrá que bajar a $40,000 y, si nadie la compra, le tendrá que bajar a $35,000; y, si nadie la compra, le bajará a $20, hasta que encuentre un comprador de acuerdo a su oferta», explicó.

    Actualmente, circulan en redes sociales ofertas de casas en La Campanera por $28,000 de contado, con las siguientes características: casa de pasaje, dos dormitorios, un baño, cocina y área de patio enrejado, piso cerámico y encielado.

    No pondrían precios máximos a viviendas

    Los youtubers consultaron si desde la Asamblea Legislativa se puede poner un techo en los precios de las viviendas, a lo que el diputado respondió que no. Según el legislador, lo que se debe fomentar es la construcción de más viviendas de interés social.

    «Se debe aumentar la oferta de casas de vivienda social, que es algo que se está haciendo. Cada vez hay más proyectos de vivienda social, para que la gente que tenga menos dinero, que tenga menos ingresos, pueda acceder a esos créditos, que son créditos muy accesibles», respondió.

    Según Castro, hay acceso a créditos pero no hay viviendas accesibles disponibles: «Lo que no está es la casa porque los inversionistas y constructores se han dedicado a atender a ese mercado de $150,000 para arriba».

    «Una pareja en la que los dos ganan sueldo mínimo no pueden aplicar para eso, es mentira, entonces, tenemos que enfocarnos en vivienda social y, hasta donde yo entiendo, Vivienda está enfocado en eso». Ernesto Castro, presidente de Asamblea Legislativa.

    Castro agregó que lo que se necesita «es que los inversionistas hagan casas de $40,000 o $50,000 como máximo, viviendas básicas, obviamente, para que las personas con menos recursos puedan acceder y tener su casa propia».

    En residenciales recientes, de casas nuevas de interés social como Ciudad Marsella , en San Juan Opico, los precios de casas varían desde $29,999.23 hasta $115,713.93 dependiendo del tamaño y características. Sin embargo, el ingreso mínimo para aplicar a una de estas casas debe ser $1,200 mensuales, es decir, ni siquiera con dos salarios mínimos, según el perfil de Facebook de Ciudad Marsella.

     

     

  • Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró el lunes que no descansará hasta capturar a los responsables del asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el domingo en una serie de ataques coordinados atribuidos a pandilleros.

    “No vamos a descansar hasta encontrarlos. Su sacrificio no será en vano”, afirmó durante un acto en memoria de las víctimas.

    Los agentes fueron atacados a tiros en distintos puntos de la capital guatemalteca como represalia tras la toma de control de tres cárceles donde, el sábado, se registraron motines impulsados por estructuras criminales. La ofensiva dejó además varios heridos, uno de los cuales falleció en las últimas horas, elevando la cifra oficial de agentes asesinados a nueve.

    Los policías caídos son: José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

    Frente a sus féretros, el mandatario entregó banderas a las familias y expresó: “Hoy me duele entregarles esta bandera, símbolo de una patria que no olvidará el compromiso de sus policías caídos en cumplimiento del deber”.

    En respuesta a la arremetida, Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio por 30 días, lo que faculta al Gobierno a realizar detenciones sin orden judicial. La medida, contemplada por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días.

    La pugna entre el Gobierno y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó en 2024, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de ambas estructuras a la prisión de máxima seguridad ‘Renovación I’, donde se les retiraron privilegios como aire acondicionado y comida a domicilio. Entre los líderes detenidos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, condenado a 80 años por asesinato y señalado como instigador del motín más reciente.

    Movilidad disminuyó

    La violencia también afectó la rutina del país. Las clases fueron suspendidas este lunes en instituciones públicas y privadas. Aunque las actividades se mantienen activas, se reportó una disminución en la movilidad y en la afluencia de compradores en mercados, mientras algunas empresas optaron por el trabajo remoto.

    “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, declaró Arévalo en un mensaje a la nación. Aseguró que los criminales están “desesperados” ante el avance de la estrategia gubernamental.

    El ministro de Gobernación, Marco Villeda, participó en el homenaje a los agentes y visiblemente conmovido afirmó: “Pronunciar sus nombres es reconocer que existieron, que entregaron y que nos importan. No se van al olvido, se van con honor”.

    Hasta el momento, al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos en relación con los ataques. Las autoridades han reiterado que intensificarán las acciones para desarticular a las estructuras responsables.

     

     

  • Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    La masacre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala el pasado domingo y la ola de motines simultáneos en tres cárceles han encendido una nueva escalada de tensión entre el gobierno de Bernardo Arévalo y las pandillas, particularmente la temida estructura criminal Barrio 18.

    En respuesta, el mandatario guatemalteco decretó estado de sitio la noche del mismo domingo, una medida que se prolongará durante 30 días y que permite a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial.

    La confrontación directa entre el Gobierno y las estructuras criminales se remonta a julio de 2023, tras una masacre en una funeraria de la capital donde sicarios de Barrio 18 asesinaron a siete personas que velaban a un supuesto pandillero rival de la Mara Salvatrucha. El ataque motivó al Ejecutivo a trasladar a cabecillas de ambas pandillas a una prisión de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.

    Entre los reos trasladados figura Aldo Ochoa, alias «El Lobo», líder de Barrio 18 condenado a más de 80 años por asesinato. Según el Ministerio del Interior, Ochoa habría liderado uno de los motines del fin de semana como protesta por la eliminación de privilegios en prisión, como aire acondicionado, camas amplias y comida a domicilio.

    Expertos consideran que el repunte de violencia responde a intereses políticos en un año clave para la justicia guatemalteca, marcado por el relevo en mayo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Los amotinados habrían solicitado incluso una sublevación popular contra Arévalo, una postura respaldada por actores políticos también sancionados.

    “Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción y que buscan infundir terror porque este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, advirtió el presidente, refiriéndose a los cambios previstos en la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad.

    El estado de sitio activado por el Ejecutivo es la antesala al estado de guerra, la medida más severa contemplada en la legislación guatemalteca. Durante su vigencia, el Gobierno puede realizar capturas inmediatas contra sospechosos de terrorismo o sedición, mientras se prepara una ofensiva más amplia para capturar a los responsables del crimen que ha conmocionado al país.

     

  • Guatemala descarta negociar con pandilleros tras motines en cárceles

    Guatemala descarta negociar con pandilleros tras motines en cárceles

    El Gobierno de Guatemala aseguró este sábado que no negociará con los líderes de la pandilla Barrio 18, responsables de motines simultáneos en tres centros penitenciarios del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar privilegios perdidos.

    Los disturbios se registran en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, así como en Fraijanes II y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital guatemalteca.

    Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, atribuyó los motines a una reacción directa del crimen organizado ante las recientes requisas realizadas por las autoridades para retomar el control estatal, desarticular “call centers” utilizados para extorsiones y frenar el ingreso de objetos ilícitos a las prisiones.

    “Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”, declaró Villeda, al descartar cualquier tipo de diálogo condicionado.

    Según información oficial, las exigencias habrían sido formuladas por Aldo López Ochoa, alias “Lodo”, identificado como líder del Barrio 18, quien demandaba su traslado a otro penal y comodidades como aire acondicionado, ingreso de alimentos de restaurantes y una cama tipo King Size en su celda.

    Las autoridades confirmaron que actualmente los reclusos mantienen como rehenes a nueve guardias en Renovación I, otros nueve en el Centro Preventivo de la zona 18 y 28 agentes penitenciarios en Fraijanes II. Además, se reportaron acciones externas para generar caos, entre ellas la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico.

    El ministro responsabilizó directamente a los reclusos por la integridad física de los empleados retenidos y advirtió que el Estado está dispuesto a usar la fuerza pública para restablecer el orden. “Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado (…) Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros y dar cumplimiento a esta orden, lo vamos a hacer”, sentenció.

    La Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen desplegados anillos de seguridad alrededor de los centros penitenciarios afectados para evitar fugas, proteger a la población civil y evaluar una eventual incursión táctica que permita liberar al personal retenido.