Cerca de 1,800 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad que activará la Delegación del Gobierno de España en Madrid para el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, programado para este miércoles a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.
El encuentro fue declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que obliga a los clubes a implementar medidas adicionales en la venta de entradas, la separación de aficiones dentro del recinto y el control estricto de accesos al estadio.
El operativo incluirá agentes de la Policía Nacional, procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Brigada Provincial de Información, la Brigada Móvil, Guías Caninos, Subsuelo, el Servicio Aéreo y drones, además de efectivos de la Policía Municipal de Madrid.
También participarán Samur-Protección Civil, bomberos, así como vigilantes y auxiliares de seguridad del Real Madrid. El servicio de Metro reforzará la presencia de personal de vigilancia para atender el flujo masivo de aficionados.
Se espera la asistencia de más de 4,200 seguidores portugueses con entrada confirmada, en un estadio con capacidad para 73,000 espectadores, lo que incrementa la necesidad de controles preventivos en las inmediaciones del recinto.
Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación para facilitar los controles de seguridad y evitar aglomeraciones, en un partido clave de la Champions League que movilizará a miles de aficionados en la capital española.
El Clan del Golfo, considerado la mayor organización criminal de Colombia, incrementó en 140 % su número de integrantes entre 2022 y 2025, hasta alcanzar cerca de 10,000 miembros en todo el país, según un informe divulgado este lunes por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El reporte detalla que el grupo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), cuenta actualmente con 9,840 integrantes. De ese total, 3,328 están armados y 6,512 forman parte de redes de apoyo. Además, amplió su presencia territorial al pasar de 145 municipios en 13 departamentos en 2022 a 296 municipios en 17 departamentos en 2025, lo que representa un aumento de 104 % en su área de influencia.
La FIP explicó que el crecimiento sostenido, pese a las operaciones militares en su contra, responde a su capacidad de reclutamiento, la diversificación de fuentes de financiamiento y una estructura organizativa que le ha permitido consolidarse como el principal actor armado ilegal del país.
“El Clan del Golfo opera como un ‘holding’ criminal con amplio control territorial y finanzas diversificadas, mientras negocia en Catar su desmovilización”, señala el informe.
El fortalecimiento del grupo coincide con el diálogo sociojurídico iniciado en septiembre de 2025 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en Doha, con el objetivo de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelar su estructura criminal.
La semana pasada, las partes anunciaron la reanudación de las conversaciones tras superar una suspensión temporal decretada por la organización armada, que denunció supuestos incumplimientos relacionados con órdenes de captura contra sus líderes.
En un comunicado conjunto, el Ejecutivo y el EGC aseguraron que el proceso “continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos” y destacaron que el 9 de febrero retomaron el diálogo con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza, además de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA y la Iglesia católica.
Edwin Alejandro Jaco Mancía, de 49 años de edad, fue capturado este martes luego de agredir físicamente a una mujer de 32 años y amenazarla con quitarle la vida, en un hecho ocurrido en el barrio El Calvario, en Metapán, departamento de Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil.
El caso cobró notoriedad pública después de que un video de la agresión se viralizara en redes sociales, donde se observa el momento en que el sujeto golpea a la víctima. La difusión de las imágenes generó indignación entre usuarios y llamados a que las autoridades actuaran de inmediato.
Tras conocerse el caso, las autoridades procedieron a la detención del imputado, quien será remitido por los delitos de lesiones y amenazas. El proceso judicial determinará su situación legal en los próximos días.
Dos tercios de los ciudadanos de la Unión Europea, un 68 %, consideran que su país enfrenta amenazas en materia de defensa, de acuerdo con el más reciente Eurobarómetro divulgado este viernes por la Comisión Europea (CE), en la antesala de la Conferencia de Seguridad que se celebrará en Múnich, Alemania, la próxima semana.
El sondeo revela que Francia encabeza la percepción de riesgo con un 80 %, seguida de Países Bajos y Dinamarca con 77 %, así como Chipre y Alemania con 75 %. Además, el 42 % de los europeos estima que su seguridad personal está en peligro, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y desafíos en el entorno internacional.
En paralelo, la mayoría de ciudadanos respalda el nivel actual de inversión en defensa, con un apoyo general del 74 %. El aval es especialmente alto en Portugal con 89 %, Finlandia con 83 %, Lituania y España con 80 %, y Dinamarca con 78 %, lo que refleja una mayor aceptación de fortalecer las capacidades defensivas del bloque.
La encuesta también muestra que la confianza en la capacidad de la Unión Europea para reforzar su seguridad y defensa es mayoritaria en países como Luxemburgo con 76 %, Portugal con 74 %, Chipre con 73 % y Lituania con 71 %.
Asimismo, el 53 % de los europeos considera que la seguridad y la defensa deben ser una prioridad clave en la política espacial de la UE, por encima del medioambiente y el clima con 36 %, y la competitividad y crecimiento de la industria europea con 31 %.
Entre los encuestados más jóvenes, el 55 % reconoce el impacto económico positivo de los programas espaciales comunitarios, lo que refuerza la apuesta por iniciativas estratégicas en el ámbito espacial.
La violencia en México ha aumentado un 70 % en los últimos diez años si se consideran no solo los homicidios dolosos, sino también feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida. Así lo reveló este lunes la organización México Evalúa, al presentar un informe que cuestiona la narrativa oficial sobre la supuesta reducción significativa de la criminalidad.
El documento, titulado “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”, fue presentado por Mariana Campos, directora de México Evalúa, quien explicó que el análisis incorpora cinco indicadores clave de “violencia letal”: homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, desapariciones y otros delitos contra la vida.
“Cómo se mide un problema determina cómo se atiende”, afirmó Campos, quien aclaró que el propósito del estudio no es desestimar la estrategia del Gobierno federal, sino ofrecer una visión más amplia de los fenómenos de violencia.
Según el informe, en 2025 se registraron más de 72,000 hechos relacionados con violencia letal, un aumento del 68.2 % respecto a 2015. Aunque las cifras oficiales reportan una caída del 40 % en homicidios dolosos desde septiembre de 2024 —cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia—, el análisis de la organización indica que la reducción general fue de apenas 8 % en todos los indicadores.
Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa, explicó que el enfoque del estudio busca visibilizar todas las formas de violencia mortal. “Aunque el homicidio doloso muestra una reducción reciente, otros delitos mantienen trayectorias altas e incluso crecientes”, advirtió.
En detalle, el estudio señala que los homicidios dolosos bajaron un 22.2 % desde 2024, pero siguen un 30.7 % por encima de los niveles de 2015. En contraste, el homicidio culposo —normalmente relacionado con accidentes— aumentó 7.7 % desde 2015 y presenta “crecimientos anómalos” que podrían reflejar fallos en la clasificación de muertes violentas.
Los llamados “otros delitos contra la vida”, que incluyen hechos difíciles de clasificar, se dispararon un 370 % en la última década, con incrementos alarmantes en estados como Baja California Sur (6,606 %), Baja California (916 %), Tabasco (694 %) y Sinaloa (88 %). Según Vargas, estas cifras podrían indicar “reclasificaciones estadísticas” más que una disminución real de la violencia.
El feminicidio bajó un 15.5 % desde 2024, pero aún se encuentra un 68.5 % por encima del nivel de 2015, especialmente en zonas marcadas por impunidad y presencia del crimen organizado, como Sinaloa y Morelos.
En cuanto a las desapariciones, el informe subraya su relevancia como método de ocultamiento de crímenes. Aunque la cifra bajó un 0.5 % desde 2024, el incremento desde 2015 es del 213 %, con focos críticos en Sinaloa (150 %), Sonora (168 %) y Baja California (5,728 %).
“La desaparición parece confirmar que una parte de la violencia letal podría no estar reduciéndose sino volviéndose menos visible, lo que exige diagnósticos más integrales. Y abandonar el análisis aislado del homicidio doloso”, concluyó el especialista.
La invasión rusa de Ucrania y el cambio de prioridades en la política exterior de Estados Unidos —acentuado por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca— han reactivado con fuerza un viejo debate en Europa: ¿debe la Unión Europea crear su propio ejército?
Varios gobiernos, incluido el de España, han expresado su respaldo a esta idea. Sin embargo, la falta de claridad sobre su alcance real y la ausencia de voluntad política concreta han dejado la propuesta anclada en la retórica.
“¿Qué se entiende por ejército europeo?”, se pregunta el investigador Félix Arteaga, del Real Instituto Elcano. “¿Un ejército de la UE? ¿De países europeos? ¿Incluye al Reino Unido y Noruega? ¿O solo una ‘coalición de los que quieren y pueden’?”, cuestiona, evidenciando que ni siquiera hay consenso sobre el concepto.
Por su parte, Rafael Martínez, del CIDOB, advierte que un ejército común implicaría responder a una pregunta clave: ¿sería una única fuerza supranacional o una estructura paralela a los ejércitos nacionales? “¿Vendrían los finlandeses a defender Ceuta y Melilla?”, plantea.
Cuatro modelos posibles para un ejército europeo
Según Martínez, podrían existir cuatro formas distintas de concretar esta iniciativa:
Un ejército único e intergubernamental, en el que los gobiernos mantengan control político. Sería, a su juicio, el modelo más ineficaz.
Un ejército único y común, bajo mando de las instituciones europeas, lo que implicaría renunciar a la soberanía nacional en defensa.
Un ejército no único e intergubernamental, basado en contribuciones voluntarias, similar a los actuales ‘battlegroups’ que nunca se han activado.
Un ejército no único pero común, creado desde cero y bajo control europeo. Esta opción tendría mayor viabilidad técnica, aunque también requeriría una fuerte inversión y coordinación.
Militares alemanes en un ejercicio militar.
Obstáculos estructurales y culturales
Entre los principales desafíos se encuentra la heterogeneidad de los ejércitos nacionales, sus doctrinas, niveles de inversión, equipos y hasta culturas de defensa.
“La defensa sigue siendo un bastión de la soberanía nacional”, apuntan los expertos. Además, la existencia de la OTAN como garante de la seguridad europea ha frenado durante décadas el impulso de una estructura militar propia.
Sin embargo, las declaraciones de Trump sobre el compromiso de EE.UU. con la defensa europea han provocado incertidumbre. “Si EE.UU. se retirara de Europa, habría que actuar con rapidez”, advierte Arteaga.
La seguridad preocupa, pero no moviliza
El último Eurobarómetro muestra que el 84% de los españoles se dice preocupado por los conflictos armados cerca de Europa, frente al 72% de media comunitaria. A pesar de este dato, el respaldo electoral a un ejército europeo no es firme, y las operaciones militares siguen teniendo ‘mala venta’ política, como lo resume Arteaga.
“Hablar de ejército europeo es una forma de escalar el problema a nivel de la UE y evitar el desgaste nacional”, considera. Pero si no hay acuerdo para desplegar una fuerza de reacción rápida de 5.000 efectivos, se pregunta: “¿cómo se pondrán de acuerdo para crear un ejército europeo, que es una estructura mucho más ambiciosa?”
La idea de un ejército europeo sigue siendo más una aspiración simbólica que una política concreta. Para los analistas, se trata de una respuesta más emocional que práctica, impulsada por las tensiones geopolíticas actuales pero carente de hoja de ruta clara.
Mientras tanto, Europa sigue confiando en la OTAN como pilar de su defensa, aunque las circunstancias obligan a reflexionar sobre su autonomía estratégica. Si el contexto cambia, puede que lo que hoy parece una quimera, mañana se vuelva una necesidad urgente.
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó este jueves que su futuro gobierno prepara reformas a la legislación penitenciaria con el objetivo de “recuperar el control en las cárceles”, y puso como uno de sus referentes el modelo impulsado en El Salvador, país que visitó recientemente.
Tras reunirse en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Kast explicó que ha conocido diversas estrategias penitenciarias en sus viajes a El Salvador, Hungría e Italia, enfocadas en el combate al crimen organizado desde el sistema carcelario.
«Una condición que es distinta a la que pudimos apreciar en El Salvador pero que apunta en el mismo sentido, que es aislar a los líderes de las organizaciones criminales que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias», declaró Kast, al referirse también al régimen italiano del 41 Bis, que impone aislamiento total a líderes mafiosos.
El presidente electo, quien asumirá el cargo el 11 de marzo, valoró el enfoque implementado por el gobierno salvadoreño para restringir la comunicación de líderes criminales detenidos, una de las principales características del Régimen de Excepción que ha sido clave en la política de seguridad pública en El Salvador.
Aunque evitó comprometerse con una aplicación exacta del modelo salvadoreño, Kast afirmó que su equipo analiza cambios a los decretos penitenciarios chilenos para mejorar la seguridad interna en los centros penales.
“Necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, y también ir cortando y vigilando las rutas del dinero”, dijo el líder chileno, quien representa a la derecha política y ha promovido una política de seguridad más estricta.
Cooperación internacional contra el crimen
Kast hizo un llamado a la cooperación regional e internacional para enfrentar al crimen organizado de manera coordinada, advirtiendo que si no existe una estrategia compartida, las organizaciones criminales simplemente se desplazan entre países.
«Si se combate en Chile es preciso que los otros países, tanto de nuestro continente como de otros, avancen en la misma línea», dijo. «Porque si no, el crimen organizado se retira de un país, se fortalece en otro y cuando ve la oportunidad vuelve con más fuerza. Ellos no respetan fronteras, ni leyes ni banderas», subrayó.
En cuanto a la inmigración, otro de los ejes de su campaña electoral, Kast adelantó que en su gobierno entrar al país de forma irregular dejará de ser una falta administrativa y pasará a ser un delito penal, reforzando así su postura de línea dura en materia migratoria.
El Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre El Salvador y Estados Unidos contempla una serie de compromisos asumidos por la parte salvadoreña, que van desde la facilitación de inversiones y la eliminación de barreras arancelarias hasta la cooperación en defensa y la eventual adquisición de tecnología nuclear.
El gobierno de Estados Unidos publicó el acuerdo firmado con El Salvador, cuya principal novedad es la eliminación del arancel base del 10 % impuesto en abril de 2025 a las exportaciones salvadoreñas. Esta exoneración aplica a una parte de los productos, de los cuales se benefician principalmente los sectores de textil y confección, agricultura e industria.
De acuerdo con el texto, El Salvador permitirá y facilitará la inversión estadounidense para explorar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales y recursos energéticos críticos.
Este capítulo también menciona el compromiso de prestar servicios de generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura en “condiciones no menos favorables” que las otorgadas a inversionistas salvadoreños en situaciones similares, conforme al derecho internacional y al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
Al respecto, la Administración de Trump se compromete a gestionar, a través del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), financiamiento para sectores críticos en El Salvador, en colaboración con socios del sector privado.
Este capítulo también señala que “El Salvador facilitará iniciativas del sector privado orientadas a inversiones de nueva creación generadoras de empleo en los Estados Unidos”.
Defensa y energía nuclear
De acuerdo con el documento, ambos gobiernos trabajarán para “racionalizar y mejorar el comercio en materia de defensa”.
“El Salvador cooperará con los Estados Unidos en asuntos de seguridad”, dice el texto, que también menciona que la parte salvadoreña cooperará para regular el comercio de tecnología y bienes sensibles para la seguridad nacional.
Agrega: “Si los Estados Unidos determinan que El Salvador coopera para abordar problemas compartidos de seguridad nacional y económica, los Estados Unidos podrán tener en cuenta dicha cooperación al administrar sus leyes y reglamentos relativos a controles de exportación y otras medidas”.
Aunque El Salvador aún se encuentra en una etapa inicial para implementar energía nuclear, el acuerdo con EE. UU. contempla el compromiso de adquirir cualquier reactor nuclear, barras de combustible o uranio únicamente de países que no representen un riesgo para la seguridad nacional.
“El Salvador adquirirá tecnología nuclear, materiales y servicios relacionados únicamente de países que no representen riesgos para la seguridad nacional”, zanja el documento.
Asimismo, el acuerdo establece la firma de un convenio de cooperación contra la evasión de derechos 60 días después de su entrada en vigencia, la cual comenzará cinco días después de que las partes se notifiquen por escrito tras la finalización de sus procedimientos legales internos.
De igual manera, el acuerdo establece que El Salvador colaborará si EE. UU. adopta una medida fronteriza para combatir el arbitraje regulatorio que perjudique a trabajadores o empresas estadounidenses.
La parte salvadoreña tampoco podrá imponer impuestos al valor agregado que “discriminen” a las empresas de Estados Unidos, ni aplicar impuestos a los servicios digitales u otros tributos similares.
La organización «Mesa del Exilio Salvadoreño» publicó el martes una «Carta abierta a Shakira Isabel Mebarak Ripoll» en la que piden a la artista que no permita que su imagen sea utilizada con fines políticos y no ceda ante presiones para «elogiar» al Gobierno salvadoreño o al «clima de seguridad».
«No te escribimos para que canceles tus conciertos. Te escribimos para pedirte que no permitas que tu imagen sea utilizada para legitimar una dictadura que ha causado dolor a miles de familias. El gobierno ha construido un relato centrado únicamente en la seguridad, mientras oculta las detenciones arbitrarias, las torturas en las cárceles y la persecución sistemáticas de toda voz crítica», exponen en el comunicado.
La carta fue respaldada por Alicia Miranda, quien fue jefa del Departamento de Estudios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y candidata a comisionada del IAIP.
La Mesa del Exilio, que también es integrada por Ingrid Escobar, vocera del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), está compuesta por personas “exiliadas en México, Estados Unidos y España” y fue lanzada en diciembre de 2025.
En el comunicado solicitan a. la cantante que, ante cualquier presión para elogiar al Gobierno o al clima de seguridad, «no avales con tu voz una realidad que no puede conocerse en una visita breve y que limites tus mensajes al cariño genuino del pueblo salvadoreño».
En el documento, le comparten a la cantante datos que la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha recopilado y divulgado sobre niñez afectada por el régimen de excepción que vive El Salvador desde el 27 de marzo de 2022.
«Sabemos que la niñez es una causa central para ti. Por eso compartimos un dato alarmante: según Human Rights Watch, al menos 3,000 menores fueron detenidos bajo el régimen de excepción hasta 2024; y organizaciones como Cristosal estiman que más de 68,000 niñas y niños han quedado en situación de abandono tras la captura de uno o ambos padres. Esta también es la realidad de El Salvador», indican en la carta.
Al inicio de la carta, le expresan a Shakira que valoran que, a lo largo de su carrera, «históricamente ha mantenido distancia de la política que su compromiso ha estado con las causas sociales y de la niñez»
Señalan que actualmente, El Salvador vive un «grave proceso democrático», y que «el poder se ha concentrado en una sola persona. Admiten que el régimen de excepción sí redujo la violencia pandilleril, sin embargo, cuestionan que también es una herramienta que utiliza el gobierno para «reprimir la disidencia, perseguir periodistas, defensores de derechos humanos y criminalizar voces críticas».
El 17 de diciembre, inició la venta de los boletos del tour mundial de Shakira «Las mujeres ya no lloran», que ofrecía tres conciertos los próximos 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional Jorge «Mágico» González. En 24 horas los boletos se agotaron.
El 20 de diciembre, a las 7:11 p.m., Bukele aprovechó la venta total de los boletos para emitir un mensaje en su perfil de X: «El Salvador está cambiando, y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas. Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país».
El 21 de diciembre, a las 6:29 p.m. la propia Shakira respondió a ese post de Bukele: «Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!».
Los cinco conciertos de Shakira se celebrarán los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, confirmó este martes que visitará El Salvador tras su paso por Panamá y se reunirá este viernes con el presidente Nayib Bukele, con quien abordará una agenda enfocada en seguridad y políticas penitenciarias.
Inicialmente, la visita estaba programada para el lunes; sin embargo, un retraso provocado por tormentas en Estados Unidos obligó a Kast a modificar su itinerario. El vuelo, proveniente de República Dominicana, hizo una escala técnica en Miami, donde las condiciones climáticas impidieron la continuación del trayecto hacia El Salvador.
Acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, Kast tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña inaugurada en 2023 y con capacidad para albergar hasta 40,000 reclusos. El objetivo es profundizar en el conocimiento del sistema carcelario impulsado por el gobierno salvadoreño, que ha sido eje central de su estrategia contra las pandillas.
Kast ganó las elecciones chilenas celebradas en diciembre pasado con más del 58 % de los votos y asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, en sustitución del actual mandatario Gabriel Boric. Será el primer presidente de extrema derecha en Chile desde el retorno a la democracia.
Antes de su llegada a El Salvador, Kast participó este martes en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado en Panamá y organizado por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. En el evento coincidió con líderes regionales como los presidentes de Brasil, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala y el primer ministro de Jamaica.
Padre de nueve hijos y conocido por sus posturas ultraconservadoras en temas sociales, José Antonio Kast busca replicar algunas políticas de seguridad regionales en su futura gestión en Chile, donde el combate a la delincuencia ha ganado protagonismo en el debate público.
