La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, informó el martes que el órgano electoral modificó los términos de referencia para la contratación de la empresa que implementará el sistema de votación electrónico para los salvadoreños en el exterior en las elecciones generales de 2027, con el objetivo de tener más decisión sobre los centros de votación y el personal contratado.
«Hemos modificado los términos de referencia para la empresa que resulte ganadora de llevar el proceso en el exterior, de que nosotros podamos sugerir los centros de votación y no sean ellos, anteriormente ellos hicieron todo prácticamente, ahora nosotros vamos a decidir la cantidad de centros de votación, así mismo el personal también», informó.
Detalló que otra de las condiciones modificadas es que los locales se deberán alquilar para tres días: un día antes, el propio día de las elecciones, el 28 de febrero de 2027, y al día siguiente.
Según la titular del TSE, los cambios obedecen a dificultades encontradas en las elecciones de 2024 relacionadas a la insuficiencia de equipo y de centros de votación.
“Los centros de votación no fueron suficientes, el equipo también empleado para ejercer el sufragio. Para comenzar es una sola JRVEX (Junta Receptora de Votos en el Exterior) por centro de votación, los equipos que se asignaron no fueron suficientes, nosotros hemos determinado que vamos a duplicar el número de equipos en aquellos centros de votación donde tuvieron más afluencia, donde ya tenemos detectado que son mayor número de salvadoreños los que van a votar en estos lugares”, anunció.
Soriano detalló que se hicieron cambios a los términos de referencia en la reunión que sostuvo este martes con la Comisión Política, a la cual fue citada a raíz de una propuesta de reforma al Código Electoral que redistribuye los escaños legislativos para asignarle 6 a la diáspora, y a las leyes de partidos políticos así como a la del sufragio en el exterior.
En las elecciones de 2024, el TSE contrató a la empresa española Indra para la implementación del sistema de voto electrónico. Este tuvo un precio de $32,012,918, aunque el presupuesto asignado inicialmente ascendió a $46.7 millones.
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