Desde el 29 de octubre de 2026 está vigente la reforma a la Ley Forestal que permite el cambio de uso de suelo VI, VII y VIII –para vegetación permanente y cubierta de árboles– si el entorno ha cambiado, por interés público o si el inmueble a intervenir no tiene las limitaciones que establecen dichos suelos.
De acuerdo con la redacción de la reforma al artículo 12 de la Ley Forestal, el cambio de uso de suelo incluso podría ser posible en áreas naturales protegidas, zonas de protección acuífera o de recarga hídrica solo si así lo indica un dictamen técnico de la entidad rectora, ya que en general estas zonas protegidas son excluidas de la excepción que permitirá el cambio de uso de suelo.
El artículo 12 prohibía sin excepciones el cambio de uso de los suelos clase VI, VII Y VIII que estén cubiertos de árboles y permitía aprovecharlos «sosteniblemente manteniendo el mismo uso». Estos son los adecuados para vegetación permanente, pastoreo, bosques, frutales, con restricciones moderadas para cultivo por su grado de pendiente o excesiva piedra, o que tienen bosques salados, adecuados para vegetación permanente incluyendo pastos de corte, la mayoría ubicados en terrenos montañosos de poca profundidad efectiva, con abundantes rocas, o áreas accidentadas pedregosas y arenosas, no aptas para agricultura y que pueden ser apropiadas para la vida silvestre, protección, recreación o ecoturismo.
La autoridad para realizar un cambio de uso de suelo es actualmente la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT). La reforma fue publicada en el Diario Oficial.
Cuando la reforma fue aprobada, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, argumentó que para cambiar el uso de suelos la DOT realizará los estudios técnicos y lo ve como reglas claras para la construcción y el medio ambiente; mientras la diputada Claudia Ortiz, de Vamos consideró que permitirá la destrucción ambiental.
La reforma establece que «se podrá autorizar el cambio de uso de suelo mediante el trámite respectivo ante autoridad competente siempre que se demuestre que las condiciones del entorno han cambiado o en su defecto se compruebe que las limitaciones técnicas definidas para suelos clase VI, VII y VIII no pertenecen al inmueble en que se desea ejecutar un proyecto, o cuando se trate de proyectos de interés público». Señala que en cualquier caso, «deberá procurarse la implementación de medidas de conservación de suelos y la compensación establecida en el artículo 38-A de la Ley de la DOT».
«Se excluyen expresamente de esta excepción los bosques salados, sitios RAMSAR y áreas naturales protegidas, zonas de protección acuífera o recarga hídrica independientemente a su declaración, salvo dictamen técnico de la entidad rectora que determine lo contrario”, le fue agregado a la reforma.
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