Las organizaciones Human Rights First (HRF) y Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (RWCHR) recomendaron al Gobierno de Canadá imponer sanciones contra el presidente Nayib Bukele y tres funcionarios de su administración por las «graves violaciones de derechos humanos» que atribuyen a la aplicación del régimen de excepción en El Salvador.
Las ONG también solicitaron medidas contra el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el viceministro de esa cartera, Osiris Luna Meza; y el ministro de Defensa, René Merino Monroy, además de señalar a «altos funcionarios militares y policiales».
«La evidencia presentada por HRF y RWCHR al Gobierno canadiense detalla la participación de estos funcionarios en una campaña de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso que ha afectado a decenas de miles de personas», indicaron en la misiva.
Amanda Strayer, asesora jurídica principal para la rendición de cuentas en Human Rights First, sostuvo que «el régimen de Bukele ha perpetrado graves violaciones de derechos humanos a una escala no vista en El Salvador desde la guerra civil del país, y se necesita con urgencia justicia y rendición de cuentas para presionar al gobierno a poner fin a esta crisis».
«Instamos al Gobierno canadiense a ejercer su liderazgo en favor de los derechos humanos e imponer sanciones de tipo Magnitsky a los funcionarios responsables de estos abusos generalizados y atroces», acotó.
Las organizaciones fundamentaron su petición en la legislación canadiense que permite imponer restricciones financieras a personas consideradas responsables o cómplices de graves violaciones de derechos humanos.
«Como arquitecto del régimen de excepción de El Salvador, el presidente Bukele es responsable de los abusos cometidos por funcionarios salvadoreños en la ejecución de su llamada ‘guerra contra las pandillas’ desde 2022», sostuvieron las organizaciones. HRF señaló que ya había presentado una recomendación similar al Gobierno de Estados Unidos en 2023.
El régimen de excepción está vigente desde marzo de 2022 y suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones. La medida acumula más de 92,950 detenciones de personas señaladas por el Gobierno de pertenecer o colaborar con las pandillas y continuará al menos hasta el 27 de septiembre, después de su prórroga número 54.
Las autoridades salvadoreñas defienden el régimen de excepción como una de las principales herramientas de su estrategia contra las pandillas.
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