El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla un déficit fiscal de $3,209 millones bajo los parámetros metodológicos del programa de Servicio Ampliado del Fondo (EFF) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta cifra incorpora el registro de $2,327 millones correspondientes a las obligaciones por intereses de los títulos previsionales.
El Ministerio de Hacienda publicó este martes la nota técnica con los lineamientos que regirán el proyecto presupuestario de 2027, que entregará este miércoles a la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación. El documento incorpora las proyecciones fiscales que, según indica el texto oficial, aseguran la «plena coherencia» con la Ley de Sostenibilidad Fiscal y las metas del EFF bajo las definiciones del Memorando Técnico de Entendimiento (TMU).
Para el ejercicio 2027, Hacienda proyecta que los ingresos totales consolidados del Sector Público No Financiero (SPNF) alcancen $11,901 millones, mientras que el gasto primario —que excluye el servicio de la deuda e intereses— se situará en $10,376 millones. Con ello, el balance primario registraría un superávit de $1,525 millones.
No obstante, las proyecciones de base caja estiman un gasto tradicional en intereses por $2,407 millones, lo que arroja un resultado fiscal deficitario preliminar de $882 millones.
A este saldo se suma el requerimiento del programa con el FMI de registrar $2,327 millones por concepto de intereses devengados de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) en período de gracia, emitidos por el Estado a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Al consolidar el déficit primario con la carga de los CFT, la brecha fiscal total asciende a $3,209 millones.
El impacto de los títulos previsionales
Este salto en la el déficit fiscal se debe a que en abril de 2027 finaliza el período de gracia convenido en el canje de deuda previsional efectuado en abril de 2023, cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) acordaron con el ISP un plazo de gracia de cuatro años para la amortización del capital e intereses acumulados, bajo una tasa del 7 %.
El peso de las obligaciones previsionales ya había sido advertido por las agencias calificadoras de riesgo.
Fitch Ratings señaló anteriormente que las presiones fiscales aumentarían al expirar dicho plazo, mientras que S&P Global Ratings estimó en agosto que estos compromisos implican una exigencia financiera equivalente a 5.5 % del producto interno bruto (PIB).
Para el próximo año, también está prevista una reforma paramétrica de pensiones según los lineamientos del Fondo Monetario.
Ajuste y contención del gasto corriente
El cumplimiento de las metas fiscales descansa en la profundización de medidas de austeridad en el sector público.
En la nota técnica, Hacienda ratificó que en 2027 se suspenderán de manera general los incrementos y nivelaciones salariales en todos los órganos del Estado, instituciones autónomas y municipalidades, independientemente de la fuente de financiamiento o estatuto de creación.
Asimismo, quedará prohibida la creación de plazas nuevas por Ley de Salarios o contratos, salvo excepciones por fuerza mayor.
La aplicación de los escalafones salariales quedará estrictamente acotada: en el ramo de Salud se limitará exclusivamente a empleados con remuneraciones inferiores a $1,500 mensuales, mientras que en Educación se mantendrá conforme a la Ley General de Educación y la Ley de la Carrera Docente.
Por el lado de los recursos, Hacienda prevé sostener la recaudación mediante la modernización tecnológica de la administración tributaria, la masificación de la facturación electrónica y la continuidad del Plan Antievasión y Anticontrabando.
El Plan Fiscal 2025-2027, presentado al FMI, contempla que la deuda del sector público no financiero (SPNF) con pensiones cerraría en 2025 en 88.8 % del PIB. En 2026 se reduciría a 87.7 % y en 2027, último año del ajuste fiscal, llegaría a 86.4 %.
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