El Gobierno de Estados Unidos reducirá de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para presentar pruebas y argumentos cuando las autoridades migratorias buscan retirarles su estatus de protección, informó el martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en una medida que ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
La nueva disposición establece que las personas notificadas sobre la intención del Gobierno de cancelarles su condición de refugiados dispondrán de apenas diez días para responder y justificar por qué deben conservar la protección que les fue concedida al ingresar legalmente al país.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó la modificación al señalar que pretende «restaurar la integridad del sistema de inmigración, mitigar los riesgos a la seguridad pública y nacional y prevenir el fraude».
La reducción del plazo modifica el procedimiento mediante el cual los refugiados pueden defender su permanencia en territorio estadounidense.
La legislación de Estados Unidos establece que las autoridades únicamente pueden retirar el estatus de refugiado cuando determinan que la persona no cumplía los requisitos para recibir esa protección al momento de su admisión. Si las pruebas y los argumentos presentados por el afectado no son considerados suficientes, el Gobierno puede cancelar su estatus e iniciar un procedimiento de deportación.
Obtener la condición de refugiado en Estados Unidos puede requerir varios años, debido a los procedimientos de evaluación establecidos por las autoridades.
Entre las vías de acceso se encuentra la remisión de solicitudes al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP), mediante Naciones Unidas, embajadas estadounidenses u organizaciones no gubernamentales. Los aspirantes también deben superar entrevistas y verificaciones de antecedentes realizadas por distintas agencias federales.
La organización International Refugee Assistance Project (IRAP) rechazó la nueva normativa y advirtió que podría facilitar deportaciones «masivas» de personas que ingresaron legalmente al país. La entidad denunció que, desde principios de este año, la Administración Trump ha estado «persiguiendo» a refugiados y deteniendo de manera «ilegal» a personas que cuentan con esa protección. IRAP también presentó demandas contra el Gobierno por detenciones e intentos de deportación de refugiados procedentes de Ruanda, Irak y Afganistán.
Las modificaciones se producen en medio de la política de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump, que también afecta a extranjeros que tenían autorización para permanecer en Estados Unidos.
Su administración retiró protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, canceló programas de permisos humanitarios y promovió el rechazo de determinadas solicitudes de asilo sin celebrar audiencias completas. Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), durante el primer año del segundo mandato de Trump, aproximadamente 1.6 millones de inmigrantes perdieron su estatus legal.
La vicepresidenta de programas legales de IRAP en Estados Unidos, Laurie Ball Cooper, cuestionó la reducción del período de defensa y advirtió que el procedimiento podría dejar a los refugiados sin posibilidades suficientes para justificar su permanencia.
La representante afirmó que el nuevo plazo convierte el proceso en una «mera formalidad» para «quitarles su estatus a refugiados que fueron admitidos legalmente y viven legalmente en el país, y deportarlos a lugares donde sufrirían persecución o algo peor».
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