Una jueza federal en Maryland prometió este jueves emitir pronto un fallo sobre la posible liberación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error en marzo y que permanece bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
El caso ha causado controversia desde que se reveló que su expulsión violó un acuerdo judicial previo. Abrego García fue retornado a Estados Unidos en junio y, desde entonces, el gobierno busca deportarlo a una serie de países africanos. Sus abogados denuncian que el sistema migratorio se está usando como represalia por la vergüenza que implicó admitir la deportación equivocada.
La jueza Paula Xinis emitió anteriormente una orden que impide su remoción inmediata, pero el Departamento de Seguridad Nacional solicitó levantar esa medida para ejecutar su deportación. En la audiencia del jueves, John Cantu, agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), respaldó la propuesta de enviarlo a Liberia.
Abrego García, quien tiene una esposa e hijo estadounidenses y reside en Maryland desde hace años, ingresó ilegalmente al país siendo adolescente. En 2019, un juez migratorio dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador por razones de seguridad. Desde entonces, el gobierno ha propuesto enviarlo a países como Uganda, Esuatini, Ghana y ahora Liberia, ignorando su disposición a ser deportado a Costa Rica, país que había garantizado permitirle residir libremente.
Durante la audiencia, Cantu afirmó que la deportación a Costa Rica “no es una opción por el momento”, sin brindar mayores explicaciones. Los abogados del salvadoreño alegan que no existe una orden final de deportación en su expediente y que mantenerlo en detención indefinida es ilegal.
Xinis pareció coincidir. “No se puede fingir tener una orden. Tiene que existir”, dijo la jueza. Añadió que resolverá el caso “lo más pronto posible”, aunque reconoció que se trata de asuntos complejos.
Incluso si es liberado, el gobierno continuará intentando deportarlo. Abrego García ha solicitado reabrir su caso migratorio para pedir asilo, aunque no hay garantía de que le sea concedido.
Tras la audiencia, su abogado Simon Sandoval-Moshenberg criticó la postura del gobierno. “No puedo entender por qué seguimos peleando este caso y por qué él sigue tras las rejas, cuando pudieron enviarlo a Costa Rica hace meses”, declaró.