La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una prórroga para terminar de legalizar las propiedades que familias adquirieron a la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (Procades), pese a que fueron embargados por un juicio mercantil promovido por el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) por la falta de pago de un financiamiento otorgado por la institución estatal a Procades desde 1998.
El decreto autoriza a Fonavipo a que transfiera en donación los inmuebles a las familias que pagaron total o parcialmente esas propiedades.
De acuerdo con Carlos Daniel Ayala, encargado de la unidad jurídica, de Fonavipo, Fonavipo fue víctima de Procades, que no cumplió sus obligaciones financieras en el financiamiento otorgado por Fonavipo para que pudiera otorgar créditos para inmuebles a usuarios finales.
Fonavipo inició procesos judiciales en materia mercantil, fueron decretados embargos y “estos inmuebles embargados ya habían sido vendidos por esta empresa a diferentes ciudadanos” pero “la empresa no les otorgó la respectiva legalización o escritura”.
Explicó que se iniciaron los procesos judiciales pero que, a lo largo de estos procedimientos judiciales, los representantes legales huyeron, “pero la actividad económica de la empresa” respondió frente a Fonavipo de estas obligaciones.
Karla Urrutia, jefa de unidad de contribuciones y gestión social de Fonavipo, detalló que en el caso de 149 lotes ya hay resolución favorable y que 61 expedientes ya fueron entregados a las familias y están en proceso final de escrituración. Además, 4 lotes están en proceso de cesión de derechos. “Necesitamos esos cinco años para poder cumplir a cada una de esas 245 familias”, indicó.
En total son 245 inmuebles ubicados en 12 comunidades, en Tecoluca, San Vicente; San Pablo Tacachico y San Juan Opico, de La Libertad; Usulután y Puerto El Triunfo, Usulután; El Rosario y Cuyultitán, La Paz; Ayutuxtepeque, Ilopango, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, en San Salvador.
Inicialmente, el decreto fue aprobado el 5 de octubre de 2021 con una vigencia de cinco años.
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