Autor: Alvaro Cruz

  • La banca salvadoreña supera los $23,000 millones en activos, según ABANSA

    La banca salvadoreña supera los $23,000 millones en activos, según ABANSA

    La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) aseguró este miércoles que los bancos miembros mantienen una fortaleza financiera robusta, con crecimiento en activos, créditos y depósitos al cierre de junio 2025, consolidando su papel como motor del desarrollo económico de El Salvador.

    De acuerdo con el reporte, los activos bancarios alcanzaron $23,393.9 millones, lo que representa un aumento de $2,043.2 millones (9.6 %) frente al mismo periodo de 2024.

    Este dinamismo se refleja en el incremento de los préstamos, que sumaron $16,506.4 millones, es decir, $1,044.6 millones (6.8 %) más que el año pasado, beneficiando tanto a empresas como a familias.

    Abanca informó que el financiamiento empresarial mostró especial crecimiento, llegando a $8,089.7 millones, con un alza anual de $713 millones (9.7 %).

    Los sectores más dinámicos fueron comercio (+10.2 %), construcción (+25.4 %) y servicios (+6.9 %), lo que confirma el papel del crédito bancario como impulsor de la producción nacional.

    Depósitos crecen 15.9% y morosidad se reduce

    Los depósitos también evidencian la confianza de los salvadoreños en el sistema financiero: alcanzaron $18,193.8 millones, con un incremento de $2,490.2 millones (15.9 %) en un año.

    Además, la morosidad de los préstamos se redujo a 1.52 % (desde 1.86 % en 2024), mientras que la cobertura de reservas subió a 154.9 %, reflejando una gestión prudente del crédito y niveles de solvencia superiores a los requeridos.

     

  • Chris Martin rompe el silencio sobre la infidelidad viral en concierto de Coldplay

    Chris Martin rompe el silencio sobre la infidelidad viral en concierto de Coldplay

    El cantante de Coldplay, Chris Martin, abordó por primera vez la infidelidad viral ocurrida durante el concierto de la banda en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, el pasado 16 de julio.

    Ese día, las cámaras captaron al CEO de Astronomer, Andy Byron, abrazando a la directora de recursos humanos de la empresa, Kristin Cabot, lo que desató un escándalo internacional tras revelarse que ambos eran casados.

    El director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron junto a la directora de recursos humanos de la compañía tecnológica, Kristin Cabot, en la imagen que dio la vuelta al mundo durante el concierto de Coldplay.

    Durante un show reciente en Inglaterra, Martin se refirió con humor al tema, aclarando que la pantalla usada en los conciertos no es una “kiss cam”.

    “Esto se llama jumbotron, y lo hemos hecho durante mucho, mucho tiempo. Elegimos a personas para saludarlas. Y a veces se convierten en un escándalo internacional, claro. Pero la mayoría de las veces solo intentamos saludar a algunas personas, ¡eso es todo!”, explicó el vocalista.

    El artista ya había hecho un guiño al incidente el pasado 19 de julio en Camp Randall Stadium, en Madison, Wisconsin, donde advirtió al público que podrían aparecer en la pantalla gigante.

    “Nos gustaría saludar a algunos de ustedes de entre el público. Para ello, vamos a utilizar nuestras cámaras y mostrar a algunos de ustedes en la pantalla gigante. Así que, por favor, si aún no se han maquillado, háganlo ahora”, bromeó en aquella ocasión.

    El caso tuvo fuertes repercusiones para los implicados: tanto Byron como Cabot presentaron su dimisión en Astronomer, compañía que emitió un comunicado destacando que sus líderes deben ser ejemplo de conducta y responsabilidad.

    “Ese estándar no se ha cumplido recientemente. Andy Byron ha presentado su dimisión y la junta directiva la ha aceptado”, señaló la empresa, citada por The Hollywood Reporter.

    Con sus declaraciones, Chris Martin puso un toque de humor a un episodio que trascendió del entretenimiento al mundo corporativo, y que todavía sigue generando debate en redes sociales.

     

  • Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    La Fiscalía de Perú registró este miércoles la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja, como parte de una investigación que lo señala por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y ocultamiento de pruebas.

    El operativo, denominado “Ícaro”, se extendió a oficinas en Lima y Ayacucho, incluidas instalaciones relacionadas con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien es considerado cercano a la mandataria. Según la investigación, la minera El Dorado habría entregado sobornos a Santiváñez, cuando este era ministro del Interior, a cambio de recuperar el control de dos minas mediante operaciones policiales ficticias.

    La Fiscalía sostiene además que Nicanor Boluarte habría recibido pagos ilegales por mantener a generales de la Policía en sus cargos y por favorecer a la empresa minera. El caso se produce en vísperas de que el Tribunal Constitucional evalúe recursos legales presentados por él, tras haber cumplido dos meses de prisión preventiva en el marco del escándalo denominado “Waykis en la Sombra”.

    El abogado del hermano de la mandataria, Luis Vivanco, rechazó los señalamientos y calificó las investigaciones como un “abuso” de la Fiscalía. Aseguró que su cliente “no tiene nada que ver con una minera” y que “no conoce” a Santiváñez.

    La presidenta Dina Boluarte respondió con dureza, denunciando que el proceso busca debilitar a su administración. “Yo sé que no es contra él, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni a la venganza. La familia Boluarte siempre mantendrá firme y digna”, afirmó desde el Palacio de Gobierno, durante un acto por el Día de la Defensa, acompañada de varios ministros, entre ellos el propio Santiváñez.

    El recién nombrado ministro de Justicia también enfrenta restricciones judiciales: tiene prohibido salir del país mientras es investigado por un presunto intento de soborno al Tribunal Constitucional en 2021, cuando era abogado de un exoficial de policía vinculado al crimen organizado.

    La crisis estalla en un momento político delicado para el gobierno de Boluarte, que denuncia un uso instrumental de la Fiscalía con el fin de “tumbar” su mandato, mientras el país sigue inmerso en tensiones institucionales y protestas sociales.

     

  • Erradicar el trabajo infantil  es responsabilidad de Estado

    Erradicar el trabajo infantil  es responsabilidad de Estado

    A los niños hay que dejarlos ser niños, que vivan su niñez con todo el esplendor de su inocencia e ilusiones, que acumulen gratos momentos llenos de felicidad y fantasías y que atesoren lindos recuerdos de sus años maravillosos. A los niños hay que amarlos y respetarlos, guiarlos, protegerlos y garantizarles un futuro de calidad, dándoles acceso a la educación, al sano esparcimiento y fomentando en ellos sanos valores para enfrentar la vida. El trabajo, remunerado o no, nunca debe ser parte de la convivencia infantil.

    Los niños no deben tener ninguna responsabilidad laboral fuera del ámbito hogareño, aunque como parte de su rol familiar deben ayudar con las pequeñas tareas en el hogar, como arreglar sus camas, asear sus habitaciones, ordenar sus juguetes, hacer mandados de acuerdo a su edad, desempeñar en calidad de ayudantes-aprendices alguna tarea doméstica y “trabajar” en las tareas escolares.

    Recientemente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social conjuntamente con la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) dieron a conocer  la erradicación del trabajo infantil en el sector de la construcción, lo cual es una acción positiva que contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    El Plan de Erradicación del Trabajo Infantil en el rubro de la construcción fue dado a conocer en diciembre pasado por el ministro de Trabajo Rolando Castro, que entonces anunció el apoyo de CASALCO. El plan consistía en supervisar y certificar en los sitios y proyectos de construcción para garantizar la erradicación del trabajo infantil en el sector. Ocho meses después se logra el objetivo con la OIT siendo testigo del fiel cumplimiento.

    En 2022 fue el sector azucarero el que anunció la erradicación al cien por ciento del trabajo infantil en ese sector y ahora se anunció que el próximo esfuerzo irá encaminado a erradicar el trabajo infantil en la zona costera donde muchos niños se dedican a la extracción de curiles, una actividad demasiada riesgosa.

    Tal como lo sostuvo el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, es trascendental proteger los derechos de la niñez los cuales no deben ser vulnerados por la necesidad o imposición de integrarlos al mercado laboral. Y es que nadie, mucho menos los padres de familia, pueden o deben obligar a sus hijos a que trabajen por un emolumento. Obligar a trabajar a un menor de edad, por muy grande que sea la necesidad, debe ser un delito relacionado a maltrato infantil,

    Es oportuno el logro el cual ha sido reconocido por la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, Maribel Gutiérrez, quien felicitó a los actores principales, es decir al Ministerio de Trabajo y a CASALCO.

    Vale la pena reconocer al sector azucarero y de la construcción porque es obvio que colaboraron con sus respectivos compromisos, lo cual debe ser emulado por otros sectores de la producción industrial, agrícola y de servicios, donde todavía hay muchos niños trabajando..

    El reto es para el sector costero, pero más para el Estado que debe erradicar el trabajo y la explotación infantil en todos los rubros, principalmente en el sector informal. Todavía es posible ver a muchos niños trabajando como vendedores informales, exponiéndose todo el día a las inclemencias del clima y a las agresiones de cualquier ciudadano desquiciado.

    Muchos menores de edad abordan el transporte público para ofrecer sus productos. Las niñas, especialmente, se exponen al acoso y al agravio que les causan adultos inconsecuentes. La mayoría de estos niños que se exponen al peligro provienen de familias disfuncionales o sumidas en la pobreza, cuyos padres los ven como sujetos que tienen la obligación de aportar para su sostenimiento.

    La mayoría de niños que trabajan no estudian o abandonan la escuela y se exponen a diario a los peligros propios de la “calle”. Se debe tener control sobre ellos y obligar a sus responsables que les permitan estudiar. A los adolescentes se les debe dar la oportunidad que aprendan un oficio que les permita un sano desarrollo, esto último con una estricta normativa y supervisión del Estado, para que los menores de edad no aprendan vicios o descuiden su escolaridad.

    No basta con erradicar el trabajo infantil, lo que desde luego es un grandísimo logro que debe ser objeto de alegría y felicitación, pues también se debe garantizar que todos los menores de edad tengan acceso a sus derechos humanos, entre ellos a la educación formal y sistemática que el Estado debe proporcionar a la niñez y adolescencia.Erradicar el trabajo infantil es una necesidad y obligación del Estado… Estado somos todos.

    *Jaime Ulises Marinero es periodista

     

  • Costa Rica aprueba fondos iniciales para construir una cárcel tipo Cecot

    Costa Rica aprueba fondos iniciales para construir una cárcel tipo Cecot

    La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este martes una primera partida de $15.5 millones para comenzar la construcción de una nueva cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. El proyecto contempla espacio para 5,000 reos y una inversión total de $35 millones, de los cuales el resto será incluido en el presupuesto estatal de 2026.

    La iniciativa, respaldada por el presidente Rodrigo Chaves, surge como respuesta a la crisis de hacinamiento carcelarioy al incremento de la violencia vinculada al narcotráfico. Según el Ministerio de Justicia, el centro contará con 1,000 espacios de máxima seguridad, diseñados con apoyo técnico de El Salvador en planos y procesos constructivos.

    El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) advirtió a inicios de agosto sobre la “grave situación” del sistema penitenciario costarricense, que registra un hacinamiento del 29.5 %. En total, la capacidad real es de 13,666 plazas, pero actualmente hay 17,692 internos. La situación es más crítica en cárceles de hombres adultos, donde la sobrepoblación alcanza el 42.9 %, frente a un 6.6 % en centros para mujeres.

    El Gobierno costarricense justifica la necesidad de la cárcel al señalar que más del 70 % de los homicidios en el país están vinculados a disputas entre grupos de narcotráfico. En 2024, Costa Rica registró 880 asesinatos, la segunda cifra más alta de su historia, con una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes. Un año antes, en 2023, el país alcanzó un récord de 905 homicidios, un aumento del 38 % respecto a 2022.

    La inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema del país, según las encuestas, superando a la pobreza, el desempleo y el costo de la vida. El presidente Chaves ha responsabilizado al Poder Judicial, al que acusa de liberar a sicarios y narcotraficantes mediante medidas alternativas a la prisión, y al Poder Legislativo, por mantener leyes que califica de “garantistas” y “suaves”.

     

  • Escándalo por sobornos en compra de medicamentos salpica a Milei y su hermana

    Escándalo por sobornos en compra de medicamentos salpica a Milei y su hermana

    El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras la filtración de audios que revelan un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La denuncia también involucra a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al subsecretario Eduardo “Lule” Menem y al empresario Eduardo Kovalivker, dueño de la farmacéutica Suizo Argentina.

    Los audios, difundidos el 20 de agosto y atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces director de la Andis y abogado cercano a Milei, describen pagos ilegales que habrían beneficiado a funcionarios de alto rango. En las grabaciones se menciona que Karina Milei recibiría un 3 % de las operaciones con Suizo Argentina. Tras conocerse el material, el mandatario dispuso la intervención de la agencia por 180 días y apartó preventivamente a Spagnuolo.

    La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, acusa a Milei y a su entorno de los delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

    El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dirigen la investigación, que ya dejó como resultado 15 allanamientos y la incautación de $266,000 en efectivo vinculados a la familia Kovalivker.

    Hasta ahora, ni Javier ni Karina Milei se han pronunciado públicamente. La defensa llegó desde los Menem: tanto “Lule” como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, calificaron la causa como una “operación política” en medio de la campaña legislativa. Suizo Argentina también negó las acusaciones en un comunicado compartido por el propio Milei en sus redes sociales.

    Este es el segundo caso de corrupción que golpea al presidente argentino en 2025, luego del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, en el que inversores denunciaron millonarias pérdidas tras una promoción hecha por Milei en redes sociales.

    La controversia se suma a un clima de tensión por las pensiones de discapacidad, ya que el Gobierno cuestiona las listas de beneficiarios. El mismo día de la filtración de los audios, el Congreso rechazó un veto presidencial a una ley que buscaba declarar la emergencia en discapacidad, reclamada por familiares y organizaciones sociales.

    El caso Andis no solo compromete a la administración Milei en el terreno judicial, sino que también impacta en uno de los sectores más vulnerables del país, al poner bajo sospecha fondos destinados a programas sociales de salud y asistencia.

     

  • Trump amenaza a Rusia con “guerra económica” si no hay alto el fuego en Ucrania

    Trump amenaza a Rusia con “guerra económica” si no hay alto el fuego en Ucrania

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que podría desatar una “guerra económica” contra Rusia si su homólogo Vladimir Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania. El mandatario señaló que tiene en mente consecuencias “muy graves” si el conflicto bélico continúa sin avances hacia la paz.

    “No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso”, declaró Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en respuesta a preguntas de la prensa.

    El presidente fue consultado sobre si existe un plazo para que Putin acepte un cara a cara con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, antes de imponer las sanciones anunciadas. “Es muy serio lo que tengo en mente, si llega a ser necesario”, advirtió, citando las miles de muertes semanales que deja el conflicto.

    Trump también matizó su relación con los líderes enfrentados. Sobre Zelenski dijo que “ahora” mantiene una buena relación, aunque subrayó que “no es inocente”.

    Al mismo tiempo, destacó que con Putin tiene “muy buena relación”, lo que considera un factor positivo en medio de la crisis.

    El mandatario había prometido poner fin a la guerra en Ucrania en su primer día de gobierno, sin embargo, el conflicto sigue activo incluso después de la cumbre histórica entre Trump y Putin celebrada el 15 de agosto en Anchorage, Alaska, considerada en su momento como un posible punto de inflexión.

    La advertencia de Trump aumenta la presión sobre Moscú, en un escenario donde la diplomacia internacional busca alternativas para frenar la guerra que lleva más de dos años y ha dejado devastación en Ucrania, además de tensiones globales en los mercados energéticos y de seguridad.

  • Exclusión de la Ley de Compras Públicas y el riesgo de corrupción en la Red Nacional de Hospitales

    Exclusión de la Ley de Compras Públicas y el riesgo de corrupción en la Red Nacional de Hospitales

    Desde mediados del siglo XX, la salud pública global ha experimentado un salto cualitativo y cuantitativo significativo que continúa hasta hoy. La esperanza de vida humana ha aumentado progresivamente, acompañada de una notable disminución de la mortalidad infantil en muchos países del mundo. Estos avances reflejan también un incremento considerable en la inversión tanto global como nacional en salud, aunque esta mayor inversión ha venido acompañada de un aumento de la corrupción en el sector. Los niveles de corrupción en salud se observan en países tanto ricos como pobres, siendo especialmente prevalentes en aquellos con menor adhesión al Estado de Derecho, escasa transparencia y débil rendición de cuentas.

    Aunque no existe una definición exhaustiva y universalmente aceptada de corrupción, se entiende claramente como «el abuso del poder confiado para beneficio propio». La corrupción es el mal más dañino que puede afectar a una sociedad. Sin embargo, su presencia en el sector salud provoca un daño social aún más profundo que en cualquier otro ámbito. Este daño es mortal. Se estima que, a nivel mundial, se gastan más de 7 billones de dólares en servicios sanitarios, de los cuales entre un 10% y un 25% se pierde directamente debido a la corrupción, representando así cientos de miles de millones de dólares desperdiciados cada año. Klitgaard y sus colegas destacan que la cantidad de corrupción depende de tres variables: monopolio (M) sobre el suministro de un bien o servicio, la discrecionalidad (D) de que gozan los proveedores, y la responsabilidad (A) del proveedor ante los demás. En su trabajo, Klitgaard mostró que la cantidad de corrupción (C) puede expresarse con la siguiente ecuación: C=M+D−A.

    En otras palabras, esta fórmula indica que, a mayor concentración del suministro de bienes o servicios, mayor será el poder discrecional de quienes controlan la oferta y menor su responsabilidad ante la sociedad; por lo tanto, la corrupción tenderá a aumentar.

    ¿Pero, existen indicios de corrupción en el sector salud de nuestro país?

    La corrupción en el sector salud de El Salvador ha sido señalada en múltiples casos, incluyendo irregularidades en la construcción de hospitales, sobreprecios en compras de insumos médicos y contratos irregulares, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Uno de los casos más emblemáticos es el del Hospital Regional de San Miguel del ISSS, con anomalías en licitaciones, uso de materiales de baja calidad y problemas en la ejecución del proyecto, ligados a gestores previos del FMLN que afectaron la calidad del servicio esperado para los trabajadores y la población. Más recientemente, la creación de la Red Nacional de Hospitales, que opera al margen del Ministerio de Salud y sin apego a la Ley de Compras Públicas, ha generado gran preocupación por el potencial aumento de actos corruptos.

    ¿Cómo afecta la exclusión de la Ley de Compras Públicas a la Red Nacional de Hospitales?

    Esta es una pregunta de gran importancia para muchos salvadoreños y que el actual gobierno debe priorizar. Según la ecuación de Klitgaard, la exclusión de la Ley de Compras Públicas para la Red Nacional de Hospitales en El Salvador impacta significativamente la transparencia y la fiscalización de sus procesos de compra y contratación. La ley que crea esta red establece un régimen especial de adquisiciones y contrataciones, con autonomía administrativa y patrimonio propio, permitiéndole operar como un monopolio al margen de la normativa general vigente para el sector público.

    Este régimen especial no está sujeto a los controles habituales que impone la Ley de Compras Públicas y otorga facultades discrecionales para contratar, concesionar servicios y traer médicos extranjeros sin homologación, aumentando así el margen de maniobra sin supervisión. La junta directiva estará mayoritariamente conformada por delegados de Casa Presidencial, sin requisitos de experiencia médica o en gestión hospitalaria, lo que representa una concentración del control bajo el Ejecutivo sin mecanismos institucionales fuertes, y una menor responsabilidad del proveedor ante la sociedad.

    En conclusión, la ecuación de Klitgaard señala que el potencial de corrupción en la Red Nacional de Hospitales, dada la exclusión de la Ley de Compras Públicas, es alto, generando preocupación sobre la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos en salud.

     

  • Los deberes a realizar, en cualquier parte del planeta

    Los deberes a realizar, en cualquier parte del planeta

    Nuestro propio camino, así como nuestro místico considerar, está desbordado; lleva consigo profundas cicatrices de enfrentamientos, tremendas desigualdades inhumanas que nos deshumanizan por completo y nos degradan anímicamente. Sin embargo, los lamentos tampoco sirven para nada, es el momento de la reacción a esta acción indiferente en muchos ámbitos. Desde luego, la desconexión social, dificulta un hacer reconciliador para poder pasar del conflicto a la comunión; y, así, poder enfrentar la desunión con valentía, la pasividad con compasión y llevar el acompañamiento allá donde hay angustia. En efecto, la primera obligación es estar ahí (hoy por ti, mañana por mí), prestando asistencia humanitaria a nuestros semejantes.

    Lógicamente, es un crimen de guerra utilizar el agotamiento y la debilidad como método de combate. Despertemos, pues,  y pongámonos a trabajar por la concordia, hasta que florezcan los horizontes como un jardín de esperanza. Jamás olvidemos que la vida es una batallar continuo, no un cruzarse de brazos. En consecuencia, otro de los compromisos es el de la escucha. Esto significa prestar oídos, dejarnos llevar al desierto y ver ahora lo que puede nacer de las ruinas, donde hay tanta congoja de inocentes. La paz no es una utopía espiritual; es una senda humilde a la que todos tenemos que volcarnos, realizada con gestos cotidianos que enlazan sueños para hacerlos realidad, entrelazando paciencia y esfuerzo; sin obviar, que tras el vivir y el imaginar, está lo que nos hermana, el amor.

    Amar es nuestro principal cometido, pero no puede hacerse, si antes uno no se ama asimismo. Además, únicamente aquella existencia ofrecida a los demás, merece la pena ser vivida. Activemos, por consiguiente, el tiempo del encuentro, sin encontronazos que nos distancien. Tampoco se pueden negar las voces de los análogos, porque sería renunciar a entendernos. Sin duda, los desafíos a los que se enfrenta la humanidad serán menos aterradores, si juntos trabajamos la comprensión y la hazaña conjunta, de modo fraterno y solidario, para que los avances diplomáticos se hagan realmente, tanto efectivos como afectivos. Un sistema que margina y es incapaz de ofrecer activamente sus talentos a la sociedad, falta a sus lazos para con esa ciudadanía.

    La irresponsabilidad es manifiesta, a poco que nos adentremos en el acontecer diario y lleguemos al alma de nuestro planeta. El afán destructivo está ahí, en cualquier esquina, con multitud de operaciones encubiertas y tensiones sectarias. Nos falta corazón y nos sobra mundanidad operativa interesada. Por eso, es vital que los líderes se reafirmen en abecedarios auténticos de servicio, sintiendo la común exigencia por la creación, y todo lo que ello conlleva en la promoción de la defensa de la tierra, del agua y del aire. Si falla la relación natural, con su espíritu místico, todo queda reducido a una posesión egoísta y, nuestra propia vida, se reduce a una carrera afanosa por tener lo más posible, en lugar de compartir, para que todos podamos vivir dignamente.

    En este sentido, la decisión ética, con la estética inseparable del buen hacer y mejor obrar, no solamente debe tener en cuenta los resultados de una acción, también los valores en juego y los deberes que se derivan de esos principios. Por esta razón, y más en un contexto plural y global, tenemos que encontrar lenguajes de lucidez que nos muevan el corazón y nos remuevan los latidos. Esto nos demanda otro tipo de grandezas, comenzando por la política, que ha de mostrar voluntad poética en el ejercicio del poder, pues suele costarle mucho asumir esta servidumbre colectiva de un orbe renovado sin fronteras ni frentes. Al fin, todo se reduce, a ser dueños de nosotros mismos y aquello que exigimos a los demás, que también sea contribución nuestra.

     

  • Fuerte pugna del gobierno guatemalteco con las pandillas por el control de las cárceles

    Fuerte pugna del gobierno guatemalteco con las pandillas por el control de las cárceles

    Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) mantienen una fuerte confrontación con el Gobierno de Guatemala desde el pasado 31 de julio, cuando sus principales líderes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en Escuintla, a 50 kilómetros al sur de la capital. La medida, impulsada para cortar la planificación de crímenes desde los penales, ha provocado una ola de motines y disturbios en varias prisiones del país.

    “Para hacer un movimiento como el traslado de los líderes de las pandillas, (el Gobierno) tuvo que haber previsto toda esta reacción, pero o no lo hicieron o no se está reaccionando como se debe, porque los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes”, advirtió Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia y de la organización Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

    Según Ibarra, existe “un mal manejo del Sistema Penitenciario” y falta de inteligencia estratégica. Sin embargo, reconoció que a diferencia de gobiernos anteriores, la administración de Bernardo Arévalo de León sí ha emprendido acciones concretas contra los delitos que se planifican desde las cárceles.

     

    Ver esta publicación en Instagram

     

    Una publicación compartida de Diario El Mundo (@elmundosv)

    Los traslados se ejecutaron dos días después del asesinato de siete personas en una funeraria de Ciudad de Guatemala, hecho atribuido a miembros de la Mara Salvatrucha durante el velorio de un integrante de la pandilla rival Barrio 18. Con el aislamiento en Renovación I, los cabecillas han perdido privilegios como visitas sin control o televisores gigantes, lo que ha reducido su capacidad para dirigir extorsiones y crímenes organizados desde prisión.

    El presidente Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, han reiterado que no darán marcha atrás en la decisión, pese a la escalada de violencia. Solo en 2024, las autoridades y organizaciones civiles estiman unas 25,000 denuncias por extorsión contra comerciantes, transportistas y empresas, crímenes valorados en miles de millones de quetzales y que en su mayoría se coordinaban desde los penales.

    A juicio de Ibarra, aún está por verse la efectividad de las medidas, pues “este fenómeno criminal responde a estructuras y con quitar la cabeza no se desmorona la organización”.