Autor: Alvaro Cruz

La extracción de Nicolás Maduro – Presidente de Venezuela – por tropas de Estados Unidos, constituye sin duda alguna una violación del Derecho Internacional. Pero no es una ocupación militar de territorio extranjero por una potencia dominante; ni del cambio del régimen. Se respeta la continuidad y se legitiman las elecciones de julio 2024. Lo que no provoca un cambio de régimen y mucho menos se inicia una ocupación del territorio de Venezuela por parte de Estados Unidos. Fuera de las declaraciones de Trump sobre administración, el manejo del petróleo; y las amenazas al nuevo gobernante Delcy Rodríguez, parece una acción de Interpol.

Lo ejecutado fue una acción punitiva que irrespetó la soberanía venezolana; pero no provocó la caída del régimen chavista. Continúa su ejecutivo, sus Fuerzas Armadas; y sus sistemas policiales y jurídicos operan con normalidad. El daño es menor. Claro con una amenaza que si Rodríguez no atiende las instrucciones de Washington, el precio a pagar será más alto que el impuesto a Maduro. Trump, está seguro que Rodríguez aceptará un “madurismo sin Maduro, “en virtud de la cual se liberará la economía y les permitirán a las petroleras estadounidenses operar exitosamente”.

Aunque ocurrió cuando Bush padre invadió a Panamá y capturó Noriega, llevándolo preso para juzgarlo, condenarlo y sancionarlo severamente, ahora se trata de una operación diferente. Que en lo operativo se parece más con la captura de Osama bin Laden. Allí se violó la soberanía de Pakistán – igual que en el caso de Venezuela – y se ejecutó a quien se creía culpable.  Sin embargo no cambió al régimen como ocurrió en Panamá.

Hicieron preso a Maduro, lo llevaron a territorio estadounidense; y lo presentaron ante los jueces. Pero el régimen venezolano sigue intacto, con todas sus fuerzas indemnes, — que no ha recibido daños — y que puede recuperarse militarmente; e incluso, perfeccionar su dominio en contra del pueblo venezolano, porque las instituciones políticas fruto de un fraude político, siguen intactas; y más bien fueron legitimadas.

Maduro no quiso negociar. De allí su captura. Tuvo tiempo; pero no creyó que Estados Unidos daría un segundo paso de carácter punitivo; y que para tal eventualidad contaba con los recursos militares para defenderse. Y se equivocó. La orden de Estados Unidos, ahora para la cúpula chavista (Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López) es: “ustedes tienen que obedecer”. Anuncia una transición política que podría incluir nuevas elecciones con amplia observación internacional; y cooperación en reformas económicas para las inversiones petroleras, e incluso apoyo en la lucha en contra del cartel de los Soles. Todos felices y contentos.

Esta percepción explica la tibia reacción de Rusia, China y la Unión Europea, con reclamos y exigencias formales. Aunque la operación es militar, los efectos no son militares. Y en términos geopolíticos, lo único controversial, es la suerte de protectorado sobre Venezuela – a partir de las declaraciones de Trump siempre ambiguas – sin escalar moviéndose en el plano de una disputa doméstica, y en el aumento de la influencia económica de los Estados Unidos.

Sin duda tiene efectos para la región. Estados Unidos, reasume su papel de Gendarme Regional, deslindando su espacio de influencia; y coloca en un plano de inferioridad a los gobernantes latinoamericanos. Esto es indudable; pero no irreversible. Porque no se trata de una política exterior bipartidaria estadounidense, sino que una acción unilateral del partido “trumpista” que no tiene el respaldo del Partido Demócrata, de los intelectuales y académicos; y menos del Congreso. El periodo presidencial de Trump, se acerca – poco a poco – a su final. Cada día que pasa se debilita políticamente. El Partido Demócrata – que no fue consultado ni informados sus líderes de la operación como ocurriera cuando Osama bin Laden – no respaldó la operación militar contra Venezuela, aunque no tenga una postura en favor de Maduro. Y cuya culpabilidad determinarán sin duda los jueces de Nueva York. La acusación es parecida a la que siguieron contra Juan Orlando Hernández, basada en testigos – que encabezará el “pollo” Carbajal; y  la condena igual. Eso sí, con mayores efectos para Colombia, Centroamérica y México.

*Juan Ramón Martínez es un académico hondureño

No pueden ser buenas noticias que fuerzas especiales de los Estados Unidos ―apoyadas por todo el dispositivo de mar y de aire que está instalado en las costas del Caribe― hayan incursionado en territorio de Venezuela y capturado a Nicolás Maduro y a su esposa.

Quienes ahora aplauden, venezolanos o no (los presidentes Milei y Noboa, en primera fila), no saben o no comprenden o no les importa el impacto que esta acción tiene en la relación de Estados Unidos con América Latina. Ahora Milei y Noboa están sentados en la estaca, pero mañana no.

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha condenado con energía esta acción estadounidense, como era lógico de esperar. Donald Trump, el vocero, por ahora, de estas iniciativas imperiales, en su tono zumbón de siempre se ha limitado a decir que ‘algo tendrá que hacerse con México’. También Lula, el presidente brasileño, se ha pronunciado y ha señalado el peligro de que prevalezca la ley del más fuerte en las relaciones internacionales.

El panorama está claro: la Organización de las Naciones Unidas, de facto, no existe como autoridad mundial. No existió para Ucrania ni para el genocidio de Gaza y no existirá para el caso venezolano. Pareciera que ahora los Estados Unidos tienen la cancha libre para poner y quitar y censurar y aprobar cualquier cosa en América Latina. ¿Es así?

La debilidad mayor de Maduro y su grupo fue infravalorar las intenciones norteamericanas y haber vulnerado la constitucionalidad venezolana e imponerse de forma fraudulenta en la pasada elección presidencial. Esa ilegitimidad y la ilegalidad consecuente brindaron un pretexto espléndido a los que ahora se presentan como los llamados a regir los destinos de América Latina.

El asunto es saber qué pasará ahora dentro de Venezuela. Eyectaron a Maduro, sí, en una espectacular operación militar al mejor estilo de Hollywood, y se lo llevaron a New York. ¿Pero eso resuelve qué? Entraron como un rayo y se fueron al instante. No han acantonado tropas en territorio de Venezuela. ¿Podrían hacerlo? Quizá sí, pero al parecer valoraron que ese desgaste sería veloz y contraproducente por la repulsa internacional, y también porque Estados Unidos no está en condiciones financieras de cargar con una ocupación territorial de gran envergadura. Es decir, tiene sus propios límites.

Sin embargo, horas después del ataque a Venezuela Trump ha dicho que Estados Unidos ‘gobernará’ ese país mientras se da una transición, que es de suponer su administración también patrocinará. ¿Es que ya hay miles de soldados estadounidenses dentro de Venezuela para tal efecto? ¿O desde los barcos estacionados se hará esto? ¿O vendrá una nueva oleada de ataques?

Se llevaron a Maduro, pero todos los demás dirigentes siguen en Venezuela. ¿Podrán continuar gobernando con el acecho que está ahí? ¿Los irán a traer? ¿Esperarán a que se vayan por su cuenta? ¿Qué escenario es el que se ha creado y por cuánto tiempo esto seguirá así? ¿Se desencadenará un proceso de resistencia?

Lo cierto es que el actual gobierno de Estados Unidos ha hecho sentir su poder imperial y hasta este momento ha concretado lo que se ha planteado. Ahora vienen las consecuencias de todo esto. Tanto fuera como dentro de Estados Unidos. Y es que esta administración norteamericana de hecho está en guerra en diversos puntos del planeta y eso es complicado sobre todo cuando Estados Unidos no se encuentra en su mejor momento económico.

Sacar de cuadro a Maduro es una cosa y tomar el control completo de Venezuela es otra. Según las palabras de Trump eso es lo que sigue a continuación. Y como lo ha aseverado en sus declaraciones después del ataque a Venezuela, el petróleo es la joya de la corona por la que van. Y también por otros materiales que están en la zona del Orinoco.

Si llevarse a Maduro le demoró un par de horas, ¿cuánto tiempo le tomará controlar el territorio venezolano? ¿Está Estados Unidos en capacidad militar y financiera de realizar tal cosa? ¿Hay que suponer que no habrá resistencia dentro de Venezuela? Por ahora el obstáculo que tienen que derribar los norteamericanos es el actual dispositivo estatal que está en manos del equipo de Maduro. Eso es en realidad lo que sigue, antes de ‘gobernar’ Venezuela.

Las aventuras de intervención de Estados Unidos en diferentes puntos del planeta no salieron bien en el siglo XX: Nicaragua, Vietnam, Afganistán. ¿Por qué está sí? Lo ocurrido este 3 de enero en Venezuela, de ningún modo, son buenas noticias. Puede ser el inicio de un período turbulento para América Latina.

*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones

Disculpen lo personal de esta columna, pero mi país, la patria de José Martí, acaba de cumplir 67 años bajo un sistema de oprobio que solo ha traído desgracias y pesares para los cubanos y para pueblos como los de Venezuela, Nicaragua y Bolivia que, igualmente, han sido sometidos por el odio y la envidia, encubiertos en un discurso de justicia y pan, sin olvidar que otros muchos como Colombia, Uruguay y Argentina padecieron la subversión castrista en su máxima crueldad.

El castrismo ha sido particularmente nefasto para los cubanos, pero diversas partes del mundo padecen sus infames marcas. Varios países africanos sufrieron la ocupación militar castristas y todos los estados latinoamericanos en alguna medida, han resistido el terrorismo y narcotráfico, inspirados en la quimera del totalitarismo insular.

A pesar de esa amarga verdad me siento muy orgulloso de haber nacido en Cuba, y haber combatido al sistema castrista prácticamente desde que tomaron el poder, sin embargo, no puedo dejar de sentirme avergonzado que la tiranía haya sometido al pueblo cubano por tanto años a pesar de los fusilados, muertos en combates, desaparecidos y encarcelados.

Mas de seis décadas después de inaugurarse la tiranía, sigo convencido, opuesto a lo que piensan algunos compatriotas, que nosotros mismos construimos el sepulcro en el que nos encontramos, cierto que muchos han combatido el oprobio, pero tampoco han faltado cómplices de la ignominia que por míseras ventajas siguen actuando como victimarios y abusadores de profesión, sujetos miserables que se prestan a servir de verdugos en las cárceles o de jueces en los espurios tribunales de la dictadura.

El pesar de hoy no es nuevo, se remonta al aciago 1959, cuando un número importante de cubanos pecaron de ingenuos al creer todas las promesas de un pandillero universitario, con más de un asesinato a su haber y asociado a más de un gánster, que, como colofón, nunca había trabajado en su vida. Un vago consuetudinario que después tuvo el descaro de dictar una Ley contra la Vagancia en la República que destruyó.

El país se escindió. El odio hizo presa de mucha gente. El sectarismo y la discriminación crecieron, la perversidad y la delación fueron cosechas abundantes. El amor familiar cedió en muchos hogares sus prerrogativas y fue sustituido por un rencor desconocido.

Un amplio sector de la población fue encantado por un discurso repetitivo que les hacía creer que solo ellos tomaban las decisiones, que Castro, a quien llamaban Fidel, era un amigo incapaz de cometer una maldad.

Mientras, otro grupo, menos numeroso, pero más sagaz, con conocimientos y valores morales, aceptaron responsabilidades a las que renunciaron poco tiempo después cuando apreciaron que no había buenas intenciones en aquel camino al infierno, sin que faltaran terceros, faltos de escrúpulos morales, intoxicado de ambiciones y con pleno conocimiento de la realidad nacional que aceptaron las nuevas reglas dispuesta por la cofradía del Moncada.

Fidel y Raúl Castro tomaron el poder basado en mentiras y manipulación. Ellos prometieron pan y libertad, justicia y soberanía popular, hasta hicieron que sus huestes se encubrieran como creyentes, para apagar el escándalo de los paredones y así, difundir la creencia que las pasadas iniquidades podían ser compensadas con nuevas injusticias.

La opresión padecida por los cubanos no tiene paralelos en este hemisferio. Las seis décadas y siete años de la autocracia castrista estuvo sostenida 49 años en el decano de los dictadores del mundo, Fidel Castro, que simultaneo su poder con la instauración de una casta familiar que controla la vida y hacienda de todos los isleños, hoy, manejada por Raúl Castro y Miguel Diaz Canel, un sujeto increíblemente más inepto e incapaz que los funestos hermanos.

Siempre habrá que decirlo, nunca han faltado cubanos en el combate a la tiranía, ciudadanos dispuestos a dar su vida por recobrar la libertad aun sin haberla disfrutado nunca, como les sucede a esos centenares de jóvenes encarcelados por reclamar sus derechos y que nacieron décadas después que la familia Castro tomo el poder.

Mi generación esta convencida que el totalitarismo llegara a su final, tenemos una gran confianza en quienes nunca han dejado de luchar por la libertad y los derechos ciudadanos, sin embargo, muchos no estamos seguros de que podremos ver la belleza de las playas del destierro al decirles ¡Adiós!

*Pedro Corzo es periodista cubano

El nuevo año inició con una Venezuela acorralada por la presencia militar de Estados Unidos. Finalmente, en la madrugada del 3 de enero, Nicolás Maduro y su esposa fueron extraídos de Caracas. La situación política y social del país sudamericano había llegado a ser tan manifiestamente indigna de cualquier defensa moral —diagnóstico extensivo a Cuba y Nicaragua—, que la intervención norteamericana se presentaba como la única salida viable del problema. Por responsabilidad histórica, sin embargo, conviene preguntarnos por qué se llegó a este escenario tan extremo.

La amenaza de cualquier nación sobre otra rompe con uno de los principios básicos del derecho internacional: la no injerencia. Ningún país debería sentirse justificado para interferir en otro. Tanto la Carta de las Naciones Unidas (ONU) como la de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señalan la “no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados” como un pilar de la convivencia pacífica.

Pese a que sendos documentos reconocen este principio, ninguno de los dos declara que sea absoluto. Se admite la existencia de razones válidas para la injerencia en la realidad doméstica de una nación, siempre y cuando quien la lleve a cabo sea una fuerza organizada multilateral a cuyo criterio se sometan las pruebas de aquellas razones: peligros reales para la paz, la defensa de un país agredido y cuando un Estado haya demostrado su incompetencia en la protección de su propio pueblo contra crímenes monumentales.

De acuerdo al capítulo VII de la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad es la entidad encargada de “tomar la iniciativa” en todo lo concerniente a la búsqueda y sostenimiento de la paz en el mundo. Si la organización fuera exitosa en esta misión —justo para la que fue creada, no se olvide—, la fraternidad y la cooperación serían las características principales de las relaciones internacionales y la diplomacia preventiva estaría siempre a la vanguardia ante cualquier asomo de conflicto.

La realidad histórica se ha mostrado muy distinta. Desde la creación de la ONU, en octubre de 1945, cientos de disputas armadas han estallado alrededor del planeta. De hecho, según la edición más reciente del Índice Global de la Paz, en la actualidad hay 59 conflictos estatales activos, “la mayor cantidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial”. Adicionalmente, la solución pacífica de estas confrontaciones es menor que en cualquier otro momento del último medio siglo.

La internacionalización de los pleitos también ha crecido de manera exponencial. Al menos 78 países se encuentran involucrados hoy en tensiones que superan sus fronteras territoriales y un total de 106 naciones han incrementado su capacidad militar. En 1970 solo seis países poseían una influencia sustancial en otros Estados, mientras que ahora esa cifra se ha elevado a 34. La fragmentación del poder global no solo ha debilitado la buena vecindad sino que la ha demolido.

El evidente fracaso de la ONU es resultado de muchos factores, comenzando por la facultad de veto que tienen, dentro del Consejo de Seguridad, incluso los países que ejecutan agresiones contra otros. Rusia, por ejemplo, frena cualquier resolución sobre la guerra en Ucrania; Estados Unidos no deja avanzar ninguna decisión sobre el conflicto en Gaza, y China suele defender los intereses de sus aliados. ¿Por qué estos tres Estados tienen ese poder? Porque, junto con Reino Unido y Francia, fueron las naciones triunfadoras de la última gran guerra, adjudicándose a sí mismas un puesto perenne en el Consejo. Para colmo, entre los miembros no permanentes de esta entidad han llegado a figurar la Libia de Gadafi, el Pakistán de Musharraf, el Sudán de Al Bashir y el Egipto de Mubarak.

La ONU habría podido resultar mucho más eficaz si el cruce de vetos entre potencias tuviera una contraparte técnica inteligente. Pero tampoco es el caso. La organización lleva décadas promoviendo e imponiendo agendas “progresistas” a gran escala, provocando más divisiones de las necesarias y alimentando a una burocracia multilateral que jamás ofrece cuentas claras sobre el trabajo que realiza. La OEA funciona con límites muy semejantes, incapaz de lograr los dos tercios de su Consejo Permanente para aplicar como Dios manda su Carta Democrática (otro reluciente modelo de papel mojado).

En consecuencia, huérfanos de una organización mundial con la suficiente autoridad —operativa, jurídica y moral— para gestionar los conflictos, los líderes autoritarios se sienten libres de amedrentar a sus propios pueblos o atacar a sus países vecinos. Así vemos a Hugo Chávez y Nicolás Maduro implantando una dictadura de 25 años en Venezuela o a Vladimir Putin invadiendo Ucrania, todos bajo el manto de la impunidad.

El cerco militar estadounidense al régimen de Maduro habría sido innecesario si existiera una entidad supranacional con la capacidad de actuar oportunamente contra las tiranías, con criterios definidos, acciones concretas y límites bien trazados. Pero en el caótico escenario de la humanidad, cuando quienes deberían garantizar la paz y los derechos individuales exhiben su agotamiento y venalidad, es difícil esperar que los cambios se produzcan sin trastornos.

No se trata de librar de responsabilidades a ningún líder o nación, sino de exponer el daño que produce la ausencia de consensos objetivos y viables alrededor del eterno desafío de la paz.

Recibimos el año 2026 no solo con el cambio de calendario, sino con la madurez de un modelo de seguridad que en 2025 demostró que el orden no es un accidente y que produce resultados, y es parte de la determinación estratégica. Tras un año de excelentes y grandes resultados donde las métricas de victimización y los índices de criminalidad alcanzaron mínimos que muchos consideraban inalcanzables, nos encontramos en el umbral de una oportunidad definitiva: transformar la seguridad pública en una paz ciudadana inquebrantable.

Desde el enfoque de la criminología que es el mío, el éxito del año 2025 se fundamentó en la combinación de inteligencia policial aplicada, ciencias policiales y control territorial. Sin embargo, para que el 2026 supere estas expectativas, debemos dar el salto de la «contención» a la «prevención comunitaria». La seguridad no puede depender exclusivamente de patrullajes, intervenciones y la presencia disuasiva del uniforme policial o de la Fuerza Armada de El Salvador; requiere de un ingrediente que la técnica por sí sola no puede fabricar: la fe y la participación ciudadana activa.

No es común que un análisis técnico mencione la Fe en Dios, a muchos les molesta, lo rechazan y lo ven contradictorio, pero en la criminología moderna entendemos que los valores espirituales y éticos son el tejido que sostiene la prevención primaria. Una sociedad que pone su esperanza en Dios y busca el bienestar del prójimo es, intrínsecamente, una sociedad más difícil de corromper. La fe nos devuelve la convicción de que la paz es posible y que la justicia no es una utopía. Al iniciar este año, encomendar nuestras estrategias a la guía divina nos otorga la templanza necesaria para enfrentar los desafíos que aún persisten y es sabiduría pura. Dios es la fuente de la sabiduría, dándola a quienes la buscan (Proverbios 2:6).

Las grandes expectativas para este 2026 solo se cumplirán si cada ciudadano asumimos nuestro rol en la seguridad ciudadana. No basta con aplaudir los resultados desde la TV o las redes sociales; la seguridad ciudadana se construye en la denuncia de todo acto que afecte mi entorno y la sociedad, en la recuperación de los espacios públicos, en el fortalecimiento de los lazos vecinales, en la participación de las actividades de mi comunidad, brindando aportes, saliendo de una zona cómoda.

Para que este año 2026 propongo y recomiendo que como salvadoreños podamos prestar atención y esforzarnos en estos aspectos mínimos para mejorar un año más nuestros indicadores, de la manera siguiente:

Busquemos de Dios como sociedad salvadoreña. Pongamos en práctica los principios y valores cristianos. «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová» (Proverbios 9:10).

Cultura de legalidad: Fomentar desde el hogar el respeto a la norma como el camino más corto hacia la libertad. No a las cachadas. Mateo 22:21: Jesús establece el principio de responsabilidad civil al decir: «Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Juan13:34: Jesús eleva la medida del amor al decir: «Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros».

Una cultura de paz y sana convivencia en casa y nuestra comunidad. El amor y respeto por cada miembro de la familia y de la colonia. «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.» — Mateo 5:9

Mejorar los niveles de tolerancia en el hogar y en lo comunitario. La Regla de Oro: Jesús resume el trato interpersonal en Mateo 7:12, indicando que se debe tratar a los demás como uno desea ser tratado.

Todas las niñas, niños, adolescentes a la Escuela a estudiar tiempo pleno. Proverbios 18:15: «El corazón del entendido adquiere sabiduría; y el oído de los sabios busca la ciencia».

Mucho cuidado con el consumo de alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones. El alcoholismo es una enfermedad y requiere de apoyo multidisciplinario. La embriaguez nubla el juicio, causa lamentos y quita el buen motivo (Proverbios 23:33, Oseas 4:11).

Prevención terciaria: Fortalecer los programas de reinserción para cerrar las puertas giratorias del sistema penal por delitos no relacionados con pandillas criminales. Ezequiel 34:16: «Yo buscaré la perdida, y haré volver la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil…». Representa la acción de reintegrar a quien se apartó o resultó dañado por sus errores.

Estamos iniciando un año 2026 que debe ser bendecido y próspero. La mesa está puesta para que este año sea recordado como el tiempo en que la paz se volvió costumbre. Con la guía de Dios y el compromiso de cada ciudadano, podemos avanzar a un país que se logre el desarrollo humano y el económico y social. A esforzarnos y ser muy valientes Dios ha prometido en su palabra estar con nosotros todos los días.

*Por Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología

@jricardososa 

¡Feliz año nuevo!, les decía a mis amigos. Mucha salud y tranquilidad, agregaba, porque a nuestra edad el dinero y el amor ya no cuentan. Como me dijo uno de ellos, el amor y el sexo, a estas alturas, ya entran en la categoría de los milagros.

Y así llegó el sábado 3 de enero del nuevo año. La paz y la tranquilidad se volvieron remotas, distantes y, de cierta forma, angustiosamente inalcanzables. El gobierno de los Estados Unidos, mediante una operación militar-judicial, procedía a la captura extraterritorial de un jefe de Estado en funciones. Nicolás Maduro, líder venezolano, era detenido junto con su esposa por fuerzas especiales del vecino del norte y trasladado a una prisión en el estado de Nueva York.

Pura coincidencia —o no—, el gobierno de George H. W. Bush había invadido Panamá y capturado a su jefe de Estado, Manuel Noriega, el 3 de enero de 1990. Tanto Noriega como Maduro fueron acusados por Estados Unidos de narcotráfico y ambos desataron fuertes controversias internacionales. Podríamos agregar en este recuento el caso hondureño de Juan Orlando Hernández que, aunque fue condenado por narcotráfico por un tribunal de Nueva York, terminó siendo indultado hace muy poco por el propio gobierno de Trump.

A estos dos casos se suma el arresto de Augusto Pinochet en Londres, en 1998, un evento que marcó un punto de inflexión: por primera vez, un exjefe de Estado era detenido en un tercer país por crímenes de lesa humanidad, invocando el principio de jurisdicción universal. No hubo invasión ni captura militar. Hubo jueces.

A diferencia de otros casos latinoamericanos, como las capturas de Noriega y Maduro, el caso Pinochet estableció un límite distinto: la soberanía nacional no podía convertirse en refugio permanente frente a crímenes considerados intolerables por la comunidad internacional. La detención en Londres no fue un acto de fuerza, sino un proceso judicial impulsado desde España y validado por los tribunales británicos.

Un profundo silencio se cierne sobre muchos gobiernos de la región. Con excepción de Cuba, la mayoría de los líderes latinoamericanos, incluido El Salvador, han optado por el mutismo, quizás temerosos al constatar que la mal llamada soberanía no protege frente a los dueños del mundo. México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto rechazando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, por considerar que violan el derecho internacional y la soberanía de los Estados. Otros gobiernos que se han alineado con el discurso de “libertad para Venezuela” y el apoyo a la acción estadounidense incluyen Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá, según los recuentos regionales iniciales.

El Salvador no se siente amenazado por una acción militar de una potencia extranjera, pero la figura de Pinochet sí le incomoda. La historia reciente del país, marcada por una suspensión prolongada de derechos ciudadanos desde marzo de 2022 y por una larga cultura de impunidad, hace que la justicia internacional sea vista con ambivalencia: esperanza para las víctimas, incomodidad para las élites políticas y militares.

El gobierno salvadoreño actual goza de una legitimidad electoral indiscutible y de un respaldo popular significativo, particularmente en materia de seguridad. Sin embargo, el precedente Pinochet introduce una idea que trasciende coyunturas: la legitimidad democrática no extingue la responsabilidad jurídica futura. Estados de excepción prolongados, concentración de poder y uso intensivo de la fuerza pueden ser defendidos políticamente en el presente, pero quedan registrados históricamente. En un mundo donde los estándares internacionales de derechos humanos siguen operando, las decisiones excepcionales tienden a ser evaluadas con el paso del tiempo, no solo por tribunales nacionales, sino también por instancias externas.

Es cierto que las medidas actuales en materia de seguridad han tenido una eficacia inmediata, pero el horizonte ético no las mide por su efectividad, sino por su compatibilidad con estándares universales. De ahí las limitaciones extremas que este gobierno ha instalado para obstaculizar la documentación y preservación de la memoria, tan importantes hoy para la sociedad civil y para el futuro de nuestra democracia.

El caso de Pinochet nos enseña que, por más esfuerzos que se hagan para silenciar la realidad, el tiempo y la historia no siempre absuelven. Soberanía con responsabilidad o soberanía con impunidad: ese es el dilema salvadoreño actual. Como mencioné en un artículo anterior, estamos viviendo la era de la posverdad. Todo se vale hoy; está por verse si mañana seguirá siendo válido.