Por años, El Salvador ha sido rehén de una violencia estructural que ha cobrado miles de vidas. En este contexto, la reciente condena de exfuncionarios de los partidos FMLN y ARENA por negociar con pandillas para obtener apoyo electoral y cometer fraude electoral en las elecciones de 2014 y 2015 representa no solo un hito judicial, sino una profunda herida en la ética democrática del país. Benito Lara, Ernesto Muyshondt, Arístides Valencia y otros actores políticos fueron sentenciados a penas de hasta 28 años de prisión por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, tras comprobarse que ofrecieron dinero y beneficios carcelarios a líderes de la MS-13 y Barrio 18 a cambio de votos y de amenazar a la población por el apoyo o no a dichos partidos políticos.
Este caso revela una verdad lamentable y vergonzosa: las pandillas no solo han sido actores criminales, sino que fueron convertidas en actores políticos por quienes debían combatirlas. Por ambos partidos que gobernaron el país por 30 años. La institucionalización de estos grupos como interlocutores válidos en procesos electorales es una traición a la ciudadanía, especialmente a las víctimas de la violencia pandilleril. Negociar con estructuras que han sembrado el terror en comunidades enteras equivale a legitimar su poder territorial y simbólico. Es, en esencia, negociar con la sangre, la vida y la libertad de los salvadoreños.
Desde una perspectiva criminológica, este tipo de pactos representa una forma de “insurgencia criminal”, donde grupos violentos no estatales desafían al Estado no para derrocarlo, sino para obtener autonomía y beneficios económicos mediante el control social y político de territorios. Al pactar con ellos, los partidos políticos no solo cedieron poder, sino que contribuyeron a la consolidación de un seudo-Estado paralelo, donde la ley de las armas de fuego, la amenaza, extorsión, desplazamientos forzados reemplazó al Estado de derecho.
Las implicaciones son múltiples. Primero, se erosionó la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. ¿Cómo puede el pueblo creer en dichas elecciones que fueron limpias si los votos fueron comprados con pactos oscuros? Segundo, se debilita la legitimidad del sistema judicial, que durante años fue cómplice por omisión o por incapacidad. Tercero, se perpetúa el ciclo de violencia, al enviar el mensaje de que el crimen organizado puede negociar su impunidad si tiene suficiente poder de fuego o influencia territorial.
Este caso también plantea una pregunta urgente: ¿cuál es el límite ético de la política? La búsqueda de poder no puede justificar alianzas con el crimen organizado. La democracia no puede construirse sobre cadáveres ni sobre pactos con quienes han convertido la vida en las comunidades en una moneda de cambio.
Lo que sucedió en los tribunales con una tardìa justicia por falta de voluntad política de quienes les correspondió en aquellos años y no lo quisieron hacer, no es novedoso en diferentes medios de comunicación lo sostuve de los pactos con el crimen organizado y las pandillas de los partidos políticos ARENA y FMLN que ante la ausencia de una plataforma o propuesta creíble decidieron negociar e ir a buscar ellos a los criminales con la autorización y visto bueno de sus cúpulas y máximas autoridades partidarias y quizás de sus financistas. Quedan muchas preguntas sin resolver cómo quienes proporcionaron el dinero que se les entrego a las pandillas criminales, quienes fueron los ideólogos, porque los ahora condenados guardan silencio y van a cumplir sendas condenas en el olvido. Pero ahora ya existe una verdad judicial y una sentencia.
La condena judicial es un paso importante, pero insuficiente. Es mi opinión que jurídicamente existe fundamentación y legalidad para iniciar un proceso de cancelación de dichos partidos políticos por comprobarse el fraude electoral de autoridades en la toma de decisiones, no son solo militantes o simpatizantes, y conociendo la verticalidad de dichos institutos no es creíble que fuera una decisión sin el conocimiento de sus máximas autoridades y representantes, incluyendo presidentes y secretarios generales. Porque tendríamos que renunciar a lo establecido en la Ley. Porque el Tribunal Supremo Electoral TSE no actúa de oficio ante el fallo judicial que ha sido público y tantas noticias criminis. Y, sobre todo, necesitamos recordar y dejar en claro que la seguridad y la paz no se negocia con quienes han hecho de la violencia su estilo de vida, con los actores del crimen organizado.
* Ricardo Sosa es doctor y máster en Criminología
@jricardososa
