Autor: Ariel Olivares

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó ese jueves que la imposición por parte de Estados Unidos de nuevas sanciones a jueces y fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional (CPI) debe impulsar a la comunidad internacional a tomar medidas para protegerlos.

«La intensificación implacable de las represalias de Estados Unidos contra las instituciones internacionales y su personal debe cesar», reclamó Türk mediante una declaración emitida por su oficina en Ginebra.

La propia CPI denunció las medidas de Trump contra dos fiscales y dos jueces por investigar a Israel por crímenes en Gaza, y aseguró de que no se dejará intimidar por presiones o amenazas.

El alto comisionado de la ONU pidió que se retiren las sanciones contra ese grupo de magistrados, así como las impuestas anteriormente a otros cuatro jueces y un fiscal de la misma entidad, y a la relatora designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

Como cuestión práctica, Türk señaló que otros gobiernos pueden protegerles pidiendo a las empresas que operan en sus jurisdicciones que no apliquen las sanciones contra esas personas

«Los Estados deben dar un paso al frente para defender las instituciones que han creado para defender los derechos humanos y el Estado de derecho. Quienes trabajan para documentar, investigar y enjuiciar las violaciones graves del derecho internacional no deberían trabajar con miedo», recalcó.

El presidente de Argentina, Javier Milei, despidió al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, horas después de la filtración de unas grabaciones en las que se escucha a éste detallar un esquema de recaudación de sobornos, que motivaron una denuncia por corrupción contra el mandatario, su hermana y el propio funcionario, entre otros.

«Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo», anunció la Vocería Presidencial a través de la red social X.

«El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento», añadió el comunicado.

Esta medida se produjo poco después de que el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en algunas de sus causas en la Justicia, denunciara penalmente al presidente y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por corrupción en contratos de provisión de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Dalbón acusó la existencia de «un esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública».

La presentación judicial, a la que accedió EFE, alcanza además de a los hermanos Milei, al asesor presidencial Eduardo ‘Lule’ Menem – primo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem-, al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina S.A., Eduardo Kovalivker, y al propio Spagnuolo, que ejerció en el pasado como abogado del actual presidente.

La denuncia se produjo poco después de la difusión en diversos medios locales de una serie de audios en los que una voz, presuntamente la de Spagnuolo, detalla un esquema de recaudación de sobornos ligado a Suizo Argentina S.A.

En la primera grabación, se escucha a quien sería Spagnuolo admitir la existencia de una red de recaudación ilegal con conocimiento del presidente: «Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita (dinero) a la gente. A los prestadores le van a pedir guita».

En un segundo fragmento, el funcionario relata que advirtió de todo esto a Milei y en un tercer audio afirma que el circuito estaría manejado por una empresaria vinculada a la familia Menem, quien se llevaría cifras millonarias: «Ella se lleva medio palo (medio millón de dólares) para arriba de medicamentos por mes».

En las grabaciones, se identifica como presuntos responsables de la red de corrupción a Karina Milei y a Eduardo ‘Lule’ Menem, señalándolos como los principales operadores del sistema de retornos.

Según la denuncia, la empresa comercializadora de medicamentos actuaba como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a los proveedores.

En paralelo con la denuncia del abogado, diputados opositores instaron este miércoles a Karina Milei y al propio Spagnuolo a dar explicaciones sobre el caso. Los pedidos tuvieron lugar durante una sesión convocada para tratar, entre otras cuestiones, la declaración de emergencia en materia de discapacidad, una medida que obliga al Estado a aumentar los fondos de asistencia a ese sector y que fue vetada a comienzos de mes por el presidente.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que una posible reunión con el líder ruso, Vladímir Putin, podría producirse en un país europeo neutral, como Suiza, Austria o Turquía.

«Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo», dijo en un encuentro con periodistas, en declaraciones citadas este jueves por la agencia Ukrinform.

«He dicho que estamos de acuerdo. Suiza, Austria, estamos de acuerdo. ¿Turquía? Turquía es para nosotros un país de la OTAN y parte de Europa. No estamos en contra», afirmó el presidente.

Por el contrario, descartó que el encuentro pudiera producirse en Moscú y subrayó también que organizar el encuentro en Hungría, como se ha planteado, sería «difícil».

«No es fácil, porque hay unidad de todos los países europeos a la hora de respaldar a Ucrania durante la guerra. Y, seamos sinceros, Budapest no nos apoyó», dijo.

Este martes, el Gobierno austríaco se mostró dispuesto a permitir que Putin participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI).

«Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto con la CPI, en virtud de nuestros acuerdos de sede de organizaciones internacionales en Viena (…), para permitir la participación del presidente Putin», señaló en una nota la oficina del canciller (primer ministro) austríaco, el conservador Christian Stocker.

También el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere ver «qué sucede» en una reunión bilateral entre Putin y Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

Pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse el lunes con Zelenski y varios líderes europeos y telefonear a Putin, dijo que se va a celebrar primero un encuentro bilateral para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.

La Asamblea de Estados Partes, el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional (CPI), denunció este jueves como “intentos lamentables de obstaculizar” al tribunal las nuevas sanciones de Estados Unidos contra dos fiscales y dos jueces por la investigación a Israel, y pidió a la comunidad internacional reafirmar su “compromiso colectivo” con la corte.

La Presidencia de la Asamblea, que reúne a los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, reaccionó “con profunda preocupación” a las sanciones de la Administración de Donald Trump contra los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), y los fiscales Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).

Esta nueva ronda de sanciones, anunciada ayer, se suma a las emitidas en junio contra cuatro jueces, y en febrero contra el fiscal jefe, Karim Khan.

“Constituyen intentos lamentables de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes. Seguimos oponiéndonos a tales medidas unilaterales de manera firme e inequívoca”, señaló la asamblea.

Consideró que estas restricciones a sus funcionarios representan “una afrenta a la independencia de la corte” y, además, las sanciones “corren el riesgo de dificultar investigaciones en curso”, que van desde Palestina hasta Afganistán, pasando por Filipinas y Venezuela, hasta varios países africanos.

La Asamblea recordó que la CPI es “una piedra angular” de la justicia internacional y que funciona como un órgano judicial “independiente e imparcial”, por lo que las sanciones “buscan obstaculizar los esfuerzos por llevar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces”.

Asimismo, pidió a los países miembros “mantener su firme compromiso con la defensa de la justicia internacional”, pero añadió: “En estos tiempos difíciles, la comunidad internacional debe reafirmar su compromiso colectivo con el Estado de derecho y con garantizar que nadie quede por encima de la rendición de cuentas”.

Fue Israel quien urgió a Trump a sancionar a la CPI, que emitió en noviembre pasado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad como usar el hambre como método de guerra, dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde octubre de 2023.

Ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI, aunque Washington sí ha cooperado con este tribunal por investigaciones como la de los crímenes de guerra en Ucrania, que llevó a la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, pero retiró ese apoyo cuando las investigaciones afectaron a su aliado israelí.

Países Bajos, anfitrión de la CPI en la ciudad neerlandesa de La Haya, mostró su apoyo a la Corte y “desaprobó” las sanciones, recordando que “los tribunales y cortes internacionales independientes deben poder llevar a cabo su labor sin obstáculos”, en palabras del ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp.

Este tipo de sanciones obliga a los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- a no cooperar con las personas o instituciones sancionadas, o sufrirán acciones penales. Entre otras consecuencias, también deja sin acceso los correos electrónicos o las cuentas bancarias si usan sistemas vinculados a Estados Unidos.

En este sentido, Veldkamp subrayó el compromiso de Países Bajos a “garantizar que la Corte pueda funcionar con la menor interferencia posible”.