Autor: Ariel Olivares

El megaincendio declarado en el sur de Francia, que ya ha quemado unas 16.000 hectáreas en el área del macizo de Corbières, está estabilizado, aunque todavía no extinguido, tras dos días de dura lucha contra las llamas, indicaron este jueves las autoridades.

Declarado el pasado martes, el incendio es ya el peor que ha sufrido Francia desde 1949 y se ha cobrado una víctima mortal, una mujer que se negó a abandonar su domicilio asediado por las llamas.

La Prefectura del Aude, el departamento más afectado, aseguró en un comunicado que los trabajos de los bomberos se mantendrán «de forma intensa» en los próximos días para evitar que el incendio se reavive.

Al tiempo, precisó que por el momento no se permitirá el retorno a sus hogares de la mayor parte de los evacuados por medidas de precaución, salvo en los casos en los que lo permitan las autoridades locales.

Lo mismo sucede con las carreteras comarcales cerradas, muchas de ellas impracticables, en particular por la presencia en las mismas de cables eléctricos cortados.

El incendio, que el primer ministro, François Bayrou, consideró de «una importancia inédita», provocó el despliegue de un importante dispositivo de más de 2.000 bomberos, 600 vehículos y dos decenas de medios aéreos, incluidos helicópteros del Ejército que se incorporaron este jueves a las labores de extinción.

Además de una persona fallecida -una mujer de una sesentena de años que no quiso evacuar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse en la noche del martes al miércoles-, hay dos heridos graves que aún están hospitalizados.

Entre los bomberos hay en total 11 heridos y el subprefecto de la zona, Rémi Recio, puntualizó que ya no hay personas en paradero desconocido.

«Este incendio es un ogro», señaló el subprefecto, que pidió seguir las consignas de seguridad en la zona para no obstaculizar la labor de los bomberos, como quedarse en el domicilio a menos que haya orden de evacuar.

Con respecto a la ola de calor que se avecina en Francia a partir de este viernes, empezando por el suroeste del país, tanto el subprefecto de Narbona como Christophe Magny, responsable de los bomberos, recordaron que los riesgos de fuegos forestales se multiplican con la denominada regla de los tres 30, es decir, cuando se conjugan un nivel de humedad inferior al 30 %, temperaturas superiores a los 30 grados y vientos de más de 30 kilómetros por hora.

El coronel Magny señaló asimismo que la canícula es un factor de riesgo para los bomberos, que llevan trabajando en la zona 48 horas.

En cuanto a la investigación del origen del incendio y sobre su posible responsable, ya que el factor humano se considera establecido al haberse iniciado al lado de una carretera secundaria, Recio se limitó a decir que las pesquisas están en manos de la Fiscalía.

Las 16,000 hectáreas quemadas en el macizo de Corbières desde el martes equivalen a lo que ardió en toda Francia, respectivamente, en 2019, en 2020, en 2021 y en 2024; y el doble de lo que se quemó en el país en 2023.

El 84.51 % de los empresarios hondureños tiene poca o ninguna confianza en el proceso electoral del próximo 30 de noviembre en Honduras para elegir al presidente, vicepresidentes, diputados y alcaldes, según el Barómetro Electoral 2025 presentado este jueves.

Al mismo tiempo, el 96.2 % de los empresario considera que el resultado de los comicios será clave para la supervivencia y el desarrollo de sus negocios, y el 93.9 % exige debates de los candidatos presidenciales.

El informe, elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la principal cúpula patronal de Honduras, se hizo en base a las respuestas de 639 empresarios de todo el país.

El 94.8 % de los empresarios consultados considera necesario «un cambio de gobierno» y el 98,59 % cree que la nueva administración que salga de las urnas debe promover incentivos para atraer inversión privada nacional y extranjera a Honduras.

Las tres prioridades que consideran los empresarios para el próximo gobierno son la seguridad jurídica (69.01 %), el combate a la corrupción (67.61 %) y la reducción de la carga tributaria (39.91 %), detalla la encuesta.

Generar empleo, prioridad del próximo gobierno

El 90 % de los encuestados cree que las actuales políticas económicas y laborales no han favorecido el crecimiento ni mejorado el empleo, mientras que el 54.46 % se declara insatisfecho con el clima de inversión y el 38.5 % muy insatisfecho.

En materia de empleo, el 86.38 % considera “muy prioritario” que el nuevo gobierno fomente la generación de empleo formal desde el sector privado.

Respecto a la polémica Ley de Justicia Tributaria, el 92.90 % critica la falta de diálogo previo con el empresariado y el 71.30 % advierte que su aprobación podría ocasionar pérdida de puestos de trabajo, minando la competitividad y la inversión.

Sobre la gestión del gobierno actual, el 77.93 % de los consultados percibe un aumento de la corrupción, sólo el 3,29 % opina lo contrario.

En cuanto a la política económica, el 47.89 % la califica de muy mala y el 32.39 % de mala; en la política laboral, el 75,12 % la valora como mala o muy mala.

En el diagnóstico de candidatos presidenciales más dispuestos al diálogo, Salvador Nasralla, del opositor Partido Liberal, (48.8 %) y Nasry Asfura, del Nacional, (30 %) encabezan la lista, mientras que Rixi Moncada, del oficialista Libertad y Refundación, (3.8 %), Nelson Ávila, de Innovación y Unidad-Social Demócrata (2,35 %) y Mario Rivera, del minoritario Democracia Cristiana (0.47 %) resultan los menos receptivos.

El sector privado reafirmó su compromiso con la democracia, la institucionalidad y el desarrollo económico sostenible, e instó a los actores políticos y sociales a «escuchar el clamor» del sector productivo que exige «certidumbre, diálogo y reformas” para garantizar un avance estable y oportunidades para todos los hondureños

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este jueves un censo que excluya a inmigrantes irregulares, en medio de su lucha por nuevos distritos electorales que favorezcan a los republicanos en el Congreso, aunque Texas y Florida, gobernados por la derecha, están entre los estados con más indocumentados.

Republicanos enmarcaron dentro de la batalla por los comicios de medio término de 2026 el anuncio de Trump, quien «instruyó al Departamento de Comercio comenzar a trabajar inmediatamente en un censo nuevo» anticipado basado en los resultados de la elección de 2024 y «que no contará a las personas que vivan ilegalmente» en el país.

La congresista Marjorie Taylor Greene sostuvo que esto refleja que el «presidente Trump apoya» su iniciativa legislativa ‘Making American Elections Great Again’ (hacer las elecciones estadounidenses grandiosas otra vez).

El proyecto de ley «no solo ordena un nuevo censo que cuente solo a ciudadanos estadounidenses, sino que ordena la redistribución de escaños según el nuevo conteo de ciudadanos estadounidenses y requiere prueba de ciudadanía para votar», expuso la representante federal de Georgia en sus redes sociales.

Pero especialistas y opositores tacharon de «inconstitucional» el nuevo conteo, pues la Constitución estipula que el censo debe ocurrir cada 10 años -el próximo es en 2030- «contando el número entero de personas en cada estado», de lo que entonces deriva la distribución de recursos federales y la representación electoral.

«La demanda de Trump de un nuevo censo que cuente solo a ciudadanos no es solo absurda, es también inconstitucional. La Constitución de EE.UU. explica que el censo debería contar a todos», expuso la organización civil Project on Government Oversight, que combate la corrupción gubernamental.

La búsqueda de un mapa más republicano

La petición del mandatario, quien en su primera gestión (2017-2021) pidió incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo pero jueces federales lo impidieron, ocurre mientras los republicanos impulsan un nuevo mapa electoral de Texas que les daría cinco escaños en la Cámara de Representantes.

Horas antes de la propuesta de Trump, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria, Stephen Miller, declaró en una entrevista con Fox News que de «20 a 30 de los asientos de los demócratas en la Cámara de Representantes no existirían si no fuese por los extranjeros ilegales».

«Los demócratas manipularon el censo de 2020 al incluir a inmigrantes ilegales», señaló el funcionario.

El senador floridano Rick Scott indicó este jueves que la idea de Trump «garantizará que estados como California no ganen una ventaja injusta sobre estados como Florida y que los votos de cada ciudadano tengan el mismo peso».

«Ahora, deberíamos pasar mi Equal Representation Act (acta de representación equitativa) para prohibir que cuenten a quienes no son ciudadanos estadounidenses en el colegio electoral y la asignación de distritos congresionales», manifestó Scott en X.

Los estados más afectados

De concretarse la intención de Trump, el censo excluye al aproximado de 11 millones de indocumentados en el país, de los que unos 4 millones son mexicanos y, en total, 7,15 millones son de Latinoamérica, según la última estimación del Pew Research Center, instituto referente en demografía de Estados Unidos.

Los demócratas gobiernan el estado con más inmigrantes irregulares, California, con 1,8 millones, pero los republicanos dominan en los siguientes dos: Texas, con 1,6 millones, y Florida, con 1,2 millones.

De hecho, California es el único estado que perdió población indocumentada, 120.000 personas, entre 2019 y 2022, y ahora solo tiene 150,000 migrantes irregulares más que Texas, una diferencia que era de $1.2 millones en 2007, acotó el Pew Research Center.

Nueva York con 650,000, Nueva Jersey con 475,000, e Illinois con 400,000, los tres gobernados por demócratas, completan la lista de los estados con más indocumentados.