Autor: Iliana Cornejo

  • Casos de dengue subieron a cinco a mitad de febrero

    Casos de dengue subieron a cinco a mitad de febrero

    Los casos positivos de dengue aumentaron a cinco hasta el 14 de febrero de 2026, según los datos que el Ministerio de Salud publica en el sitio web del boletín epidemiológico de este año.

    El boletín no explica género ni edad de estos cinco casos confirmados de dengue, sin embargo, sí amplía acerca de los cuadros sospechosos de este virus. Salud indica que el tipo de dengue que se ha reportado es el serotipo 3, el más grave que registra la Organización Mundial de la Salud.

    El dengue es una infección, de tipo arbovirosis, causada por el zancudo Aedes aegypti, el cual utiliza los ambientes húmedos y recipientes con agua para depositar sus huevos y reproducirse, especialmente durante el periodo de invierno por la mayor ocurrencia de lluvias.

    Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolores de cabeza y ojos, así como salpullido y dolor de las articulaciones y mayor parte del cuerpo.

    En las primeras semanas del año los casos sospechosos de dengue ya suman 825, y  pesar de iniciar con un alza marcada, la tendencia ha ido a la baja hasta el 14 de febrero; así, la primer semana de enero hubo 214 sospechas de esta arbovirosis, pero en la semana seis, que corresponde del 8 al 14 de febrero, solo reportaron 94 sospechas.

    Estos posibles casos de dengue estuvieron, en su mayoría, en la edades de 10 a 19 años, totalizando 228 enfermos, seguido de las edades entre los 5 y 9 años, que sumaron 227 personas.

    Posteriormente se reportaron 121 personas con sospechas de dengue entre las edades de 1 a 4 años, luego siguieron las edades adultas. Hasta el momento, Salud no reporta ninguna muerte por dengue.

    Por otro lado, Salud ha reportado siete casos de sospechas de Zika, dos en la primera semana del año y uno el resto de semanas. También han reportado un caso sospechoso de chikungunya, pero al final ninguna de las dos enfermedades se han confirmado.

    El dengue, la Chikungunya y el Zika son enfermedades transmitidas por el zancudo Aedes Aegypti, son similares en los síntomas pero su diferencia radica en que la Chik causa más dolor en el cuerpo, especialmente, las articulaciones; mientras que la Zika provoca erupciones y conjuntivitis. El dengue, por su parte, cuando es hemorrágico causa sangrado con fiebres muy altas.

  • Lluvias breves podrían ocurrir en el norte y montañas salvadoreñas este sábado

    Lluvias breves podrían ocurrir en el norte y montañas salvadoreñas este sábado

    Algunas lluvias «breves» podrían ocurrir entre la tarde y noche de este sábado, indicó el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

    Esta situación es dominada por un flujo del Este y vaguadas cercanas que marcarán un clima cálido, con cielos poco nublados y sin mayores vientos para este día.

    El Marn indica que durante la mañana el cielo se mantendrá despejado, pero durante la tarde, las zonas altas y montañosas podrían volverse un poco nubladas.

    Los vientos tendrán velocidades de hasta 18 kilómetros por hora y algunas ráfagas ocasionales de 30 kilómetros por hora.

    La temperatura máxima esperada podría llegar y sobrepasar los 38 grados Celsius en San Miguel y Nueva Concepción, Chalatenango, mientras que unos 36 grados Celsius en La Unión. En la costa de La Libertad esperan 32 grados y uno menos en Acajutla.

    Mientras que la temperatura en Santa Ana y San Salvador será calurosa de hasta 34 grados.

    Este viernes, la temperatura máxima reportada fue de 38.6 grados Celsius en Santa Rosa de Lima, La Unión, mientras que en el Cerrón Grande, entre Chalatenango y Cabañas, fue de 38.3 grados. Igual temperatura hubo en la Chorrera El Guayabo, mientras que en la Nueva Concepción fue de 38.2 grados.

     

  • Gobierno firma convenio con EE.UU. para aumentar atención a enfermedades infectocontagiosas

    Gobierno firma convenio con EE.UU. para aumentar atención a enfermedades infectocontagiosas

    El Ministerio de Salud, cancillería y la Embajada de Estados Unidos en El Salvador firmaron un memorándum de entendimiento este viernes que buscará aumentar la atención en las enfermedades infectocontagiosas, como el Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH). 

    Según la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, el convenio tiene como fin «combatir enfermedades transmisibles, fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la preparación ante brotes mientras consolidamos sistemas de salud más resilientes y autosuficientes».

    El memorándum prevé ejecutar un plan para hacer detecciones tempranas y prevenir enfermedades contagiosas en grupos vulnerables.

    El ministro de Salud, Francisco Alabi, esto les permitirá incrementar los porcentajes de tratamientos antirretrovirales, reducir el diagnóstico de VIH en lactantes,y  bajar los nuevos diagnósticos de la enfermedad. 

    La canciller salvadoreña, Alexandra Hill, manifestó que el convenio tiene un aporte de $31 millones, pero que El Salvador ha puesto un aporte de $380 millones. 

    El comunicado oficial del Gobierno de El Salvador indica que pretenden detectar brotes de enfermedades infeccionas con potencial epidémico dentro de los siete días posteriores a la aparición de la enfermedad, luego harán un informe al gobierno de Estados Unidos «dentro de 1 día de la detección de un brote de enfermedad infecciosa para coordinar acciones, y finalmente, responder eficazmente al brote de la enfermedad con toda la capacidad instalada».

    La canciller de la república dijo que el gobierno tiene como fin que al año 2030 «tener el mejor sistema de salud del mundo».

    Aunque el ministro de Salud dijo que el plan contempla diferentes enfermedades infectocontagiosas solo mencionó VIH. A finales del año pasado, el Ministerio de Salud reveló que detectó más de 850 casos nuevos de la enfermedad, un 79 % de los casos en hombres y un 21 % en mujeres.

  • Mandan a juicio a hermanos Rivas por estafa de caso Forex

    Mandan a juicio a hermanos Rivas por estafa de caso Forex

    El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió a juicio a los hermanos Rivas Álvarez por el caso Forex, un sistema de estafas piramidal, que los hermanos habían cometido previo a 2019.

    Según los casos judicializados por la Fiscalía General de la República, los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo, todos de apellidos Rivas Álvarez, captaron fondos ilegalmente de al menos 375 víctimas, a quienes convencieron de invertir en la plataforma Forex, la bolsa de valores y el mercado de divisas con promesas de ganancias de 20 %.

    Las indagaciones señalan que captaron entre $1,000 y $50,000 de las víctimas que no recibieron ganancias, pero en total, el monto supera los $2.5 millones. Los hermanos fueron imputados por estafa agravada.

    Cuando terminó la audiencia preliminar, el abogado querellante Guillermo Castillo señaló que los imputados llegaron a ofrecer ganancias de hasta el 500 %. La querella estima que la cifra total de lo defraudado por los hermanos Rivas Alvarez asciende a más de $50 millones.

    Por su parte, la defensa de los hermanos Rivas Alvarez manifestó que cuentan con el dinero para pagar los montos invertidos por las víctimas, pero que estos se encuentran en el extranjero.

    Los hermanos tienen órdenes de captura vigentes desde 2019, órdenes de difusión roja de Interpol y se mantienen en calidad de rebeldes.

  • Alto comisionado de ONU D.Humanos pide liberar a todos los presos políticos en Venezuela

    Alto comisionado de ONU D.Humanos pide liberar a todos los presos políticos en Venezuela

    El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este viernes la liberación de todos los presos políticos de Venezuela que aún no han sido puestos en libertad tras la amnistía y también la revisión del estado de emergencia.

    «En Venezuela, tomo nota de la liberación de algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente e insto a la liberación de las restantes», dijo Türk durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

    El alto comisionado determinó que el estado de emergencia en el país «debe ser revisado para asegurar que respete el espacio cívico y los derechos humanos» y subrayó que «la sociedad civil y los grupos de víctimas deben poder participar significativamente en los asuntos públicos».

    El pasado 19 de febrero, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, aprobó una Ley de Amnistía concebida en principio para casos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero que se aplicará de forma específica en 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

    En esta última semana se han producido 217 excarcelaciones, pero quedan, según registros independientes, más de 500 presos políticos, lo que mantiene a familiares en las afueras de centros de detención a la espera de nuevas liberaciones.

  • Si Juan Carlos I quiere volver debe tener la residencia fiscal en España, según Casa Real

    Si Juan Carlos I quiere volver debe tener la residencia fiscal en España, según Casa Real

    Si el rey Juan Carlos I quisiera regresar a España desde Abu Dabi, donde vive desde 2020, la Casa del Rey no pone ninguna objeción, pero sí advirtió este viernes de que, «para salvaguardar la imagen de la Corona como institución», debería recuperar la residencia fiscal en España.

    La publicación por parte del Gobierno español de información clasificada sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 reabrió este jueves el debate sobre el posible regreso a España de Juan Carlos I, que se marchó a Emiratos Árabes Unidos en 2020 por las polémicas sobre sus finanzas y relaciones personales.

    La casa real española, encabezada por su hijo, Felipe VI, aseguró al respecto que la decisión es personal y compete exclusivamente al monarca emérito, de 88 años.

    Y este viernes puntualizó que, en caso de que Juan Carlos I opte por instalarse de nuevo en España, «para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas», antes tendría que cambiar su residencia fiscal para poder tributar en el país.

    Ello permitirá, además, «salvaguardar» la imagen institucional de la Corona, añaden las mismas fuentes.

    Partidario claramente de la vuelta del rey emérito se ha mostrado el líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo: «La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado», argumentó en X en alusión a Juan Carlos I, que abdicó en su hijo, Felipe VI, en 2014.

    El Ejecutivo, formado por una coalición de izquierdas, afirma por su parte que la decisión de volver a España depende «exclusivamente» de él y la casa real.

    «El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España», destacó el ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños.

    Mientras, los portavoces parlamentarios de los grupos de izquierda han recordado que Juan Carlos no salió de España porque hubiera dudas de su papel en el 23F, sino por sus problemas fiscales, que incluso provocaron la apertura de diligencias judiciales, aunque luego fueron archivadas.

    Juan Carlos I se instaló en Abu Dabi en agosto de 2020, después de que Felipe VI le retirara los alrededor de 200,000 euros anuales que percibía con arreglo a los presupuestos de la Casa del Rey y anunciara que renunciaba a la herencia que pudiera corresponderle.

    Desde entonces, el rey emérito ha vuelto de visita a España en numerosas ocasiones, pero nunca ha pernoctado en el Palacio de la Zarzuela, la residencia oficial de la familia real.

    El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, fallecido justo este mismo miércoles, irrumpió pistola en mano en el Congreso al mando de un grupo de agentes de ese cuerpo de policía militarizada y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno.

    Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando Juan Carlos I, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias «para mantener el orden constitucional».

    Un documento del CESID (los servicios de inteligencia de la época) confirma cómo el rey frenó al general golpista Alfonso Armada, condenado a 24 años de cárcel, en el intento de acudir a la residencia real. Y que también ordenó al teniente general Jaime Milans del Bosch, entonces jefe de la región militar de Valencia, (este) que depusiera su actitud a favor del golpe.

  • El Gobierno de EEUU autoriza $1,183 millones para reconstrucción de Puerto Rico

    El Gobierno de EEUU autoriza $1,183 millones para reconstrucción de Puerto Rico

    La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció que el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), autorizó la asignación de unos $1,183 millones para 176 proyectos de reconstrucción en la isla.

    En un comunicado de prensa, González agradeció al presidente y a la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Donald Trump y Kristi Noem, respectivamente, «por autorizar y agilizar la asignación» billonaria en fondos de FEMA «para modernizar la infraestructura crítica de Puerto Rico e impulsar la reconstrucción».

    FEMA aprobó exactamente $1,183,611,623.16 para las obras de reconstrucción, según indica la nota de prensa enviada tarde en la noche del jueves.

    La gobernadora González explicó que dicho presupuesto será para «proyectos en toda la isla para reconstruir y fortalecer nuestra red eléctrica, sistemas de agua y alcantarillado, instalaciones escolares y viviendas públicas».

    «Como gobernadora de Puerto Rico, me he centrado en acelerar la reconstrucción de la isla para asegurar que los fondos de recuperación que el presidente puso a disposición durante su primer mandato lleguen a nuestras comunidades», sostuvo.

    González detalló que estas asignaciones beneficiarán a 40 de los 78 municipios de Puerto Rico, entre ellos, San Juan, Ponce, Rincón, San Germán, Caguas, Carolina, Mayagüez, Lares, Arecibo, Ciales, Aguada, Utuado, Santa Isabel, Barranquitas, Moca, San Sebastián, San Lorenzo, Coamo, Peñuelas, Jayuya, Isabela, Añasco y Guayanilla.

    Asimismo, ayudarán a agencias públicas como la Policía de Puerto Rico, Departamento de Salud, Autoridad de los Puertos, Fomento Industrial, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Universidad de Puerto Rico, además de iglesias, organizaciones privadas, centros de salud, entre otras entidades.

    De los 176 proyectos, 119 son de reconstrucción por el huracán María en 2017, 38 por el huracán Fiona en 2022, diez por la tormenta tropical Ernesto en 2024, seis por los terremotos de enero de 2020 y los restantes por tormentas severas, deslizamientos e inundaciones en 2024.

    A su vez, los $1,183 millones, $316 millones son fondos de mitigación de riesgos para 23 proyectos de FAASt, entre ellos, nueve que totalizan $66 millones en fondos de mitigación de riesgos, doce proyectos para la Autoridad de Energía Eléctrica y dos para el Departamento de Educación.

  • Alto comisionado de ONU DDHH preocupado por muertes en prisión en El Salvador

    Alto comisionado de ONU DDHH preocupado por muertes en prisión en El Salvador

    El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se mostró preocupado por el «elevado» número de muertes bajo custodia en El Salvador.

    En su discurso en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk denunció la situación de detenidos, donde se está aplicando una política de mano dura contra el crimen, y las muertes «tanto por violencia como por enfermedades».

    Además, una vez más se pronunció en contra del estado de emergencia de El Salvador, una medida excepcional que se ha venido prorrogando desde hace cuatro años: «Me preocupa el estado de excepción de cuatro años en El Salvador, y el uso de juicios masivos», señaló.

    «Los esfuerzos contra el crimen organizado deben llevarse a cabo de acuerdo con el debido proceso», zanjó el alto comisionado.

    La pasada semana, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió, en una Tribuna-EFE Casa América celebrada en Madrid, la continuación del régimen de excepción porque el 96 % de los encuestados en un sondeo daban su visto bueno a que continuara.

    La medida se suponía que era temporal, por 30 días, pero se ha ido renovando mensualmente en la Asamblea desde entonces y se quitará «cuando el pueblo salvadoreño diga que ya no lo quiere», agregó el vicepresidente, quien consideró que fuera de El Salvador hay «interpretaciones erróneas» de lo que significa el régimen de excepción y «tergiversación de muchos medios».

    Además, el vicepresidente también defendió la seguridad de las cárceles ante las organizaciones que denuncian más de 480 muertes en los centros penitenciarios de El Salvador: «Las personas se mueren, se mueren en la cárcel, se mueren en los hospitales, se mueren en todos sitios», agregó ante la «leyenda» del aumento de fallecimientos en las cárceles salvadoreñas.

  • Los últimos médicos de MSF forzados por Israel a salir de Gaza: «El impacto será inmenso»

    Los últimos médicos de MSF forzados por Israel a salir de Gaza: «El impacto será inmenso»

    Los últimos trabajadores sanitarios internacionales de Médicos Sin Fronteras (MSF) recogen estos días sus cosas para salir definitivamente de Gaza antes del domingo, cuando se cumple el plazo dado por Israel a las principales ONG que allí operan para hacerlo, una decisión que tendrá, advierten, consecuencias desastrosas para los gazatíes.

    Craig Kenzie coordina desde diciembre el hospital pediátrico de MSF en Deir al Balah, en el centro de Gaza. Este martes, desde sus instalaciones, explica a EFE que ese es su último día al frente del centro: tiene que dejar Gaza junto con otros 40 trabajadores internacionales de la organización, que lleva operando allí desde 1988.

    Su salida se explica por la decisión de Israel -que controla todos los accesos a Gaza- de retirar a MSF y otra treintena de organizaciones la licencia para operar, al no plegarse a un nuevo sistema de registro que les obliga a dar datos personales de todos sus trabajadores palestinos.

    Una medida que afecta, destaca Kenzie rodeado de cajas con medicamentos en una de las carpas del hospital, a la mayoría de las organizaciones humanitarias que operan allí, entre ellas Oxfam, Save the Children o Médicos del Mundo.

    Seguirá, mientras pueda, con su personal palestino

    Este trabajador humanitario canadiense indica que MSF -al igual que han anunciado otras afectadas- seguirá operando en Gaza con su personal palestino, de 1.428 personas. «Hemos decidido continuar las operaciones con nuestros equipos locales y los limitados suministros médicos disponibles mientras sea posible», explica Kenzie.

    Su organización, la mayor ONG internacional sanitaria en la Franja, atiende el 20 % de las camas de hospitales de Gaza y realiza una media de 2.200 consultas y 60 cirugías diarias. «El año pasado atendimos más de 10.000 partos, más de uno por hora», afirma.

    Eso sin contar su programa de purificación de agua, en el que procesa 4,5 millones de litros al día -para un 30 % de la población de Gaza- en un territorio con gran parte de sus redes sanitarias destruidas.

    Kenzie desconoce hasta cuándo podrá seguir operando su personal local, dado el limitado suministro médico del que disponen. Israel, dice, no ha dejado entrar suministros para su organización desde finales de 2025.

    Un «inmenso vacío» de médicos en Gaza

    En el caso de los médicos, explica que es vital poder contar con expertos internacionales que entren en Gaza, teniendo en cuenta que 1.700 sanitarios han muerto por fuego israelí desde octubre de 2023, alrededor de dos al día. Ello ha creado un «vacío inmenso» que solo se puede llenar con médicos de fuera.

    Las organizaciones suspendidas por Israel cuentan con décadas de experiencia en la Franja palestina y su salida, según Kenzie, tendrá un impacto «inmenso» para los dos millones de gazatíes, con cientos de miles viviendo en tiendas y refugios provisionales.

    «El futuro sigue siendo muy incierto», dice, aunque tiene claro que «MSF no podrá continuar con todos sus programas a la misma escala».

    Para Kenzie, que ha trabajado en países de África Occidental y lleva desde 2023 involucrado en proyectos en Gaza, salir será también difícil desde un punto de vista personal. Lamenta que, desde ahora, solo podrá apoyar a sus compañeros locales a distancia, desde el ordenador.

    Israel aduce razones de seguridad para pedir los datos de sus trabajadores a las ONG y acusa concretamente a MSF de haber tenido entre sus filas a milicianos palestinos, unas acusaciones que Kenzie replica expresando su preocupación por «la criminalización de la acción humanitaria», una «tendencia inquietante» cada vez más extendida.

    Cirugías en tiendas de campaña

    Mientras, en Gaza, los palestinos aún dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir, con un 80 % de las casas e infraestructuras dañadas o destruidas y muchas familias desplazadas varias veces solo con lo puesto.

    Desde el alto el fuego de octubre han aumentado los suministros que entran, pero casi la mitad (un 45 %, según datos de Israel) se destinan al comercio privado, lo que está fuera del alcance de gran parte de la población.

    Además, se siguen produciendo ataques israelíes casi a diario, que resultan en, dice Kenzie, civiles muertos y heridos trasladados a las instalaciones de MSF.

    En ellas, este humanitario recuerda una imagen vivida en uno de los días más fríos del invierno bajo una tienda de campaña, explicando a un padre las escasas opciones que tenían de salvar a su hijo.

    «Casi teníamos que gritarnos unos a otros porque la lluvia y el viento eran tan fuertes que agitaban toda la tienda. Es ridículo intentar hablar con un padre que ve lentamente a su hijo morir frente a él durante meses, gritando a pesar de la tormenta, en una tienda de campaña. No tendríamos que hacer cirugías en tiendas», lamenta.

  • La Habana y Washington, dispuestos a cooperar para esclarecer incidente en aguas cubanas

    La Habana y Washington, dispuestos a cooperar para esclarecer incidente en aguas cubanas

    El Gobierno cubano afirmó este jueves que ha pedido a EE.UU. contribuir al esclarecimiento del incidente en sus aguas territoriales que se saldó con cuatro muertos y dijo que las autoridades estadounidenses «han mostrado disposición a cooperar».

    La incursión ilegal de una lancha rápida este miércoles con diez personas armadas a bordo, que La Habana describe como «un intento de infiltración con fines terroristas», se produce en un momento especialmente delicado entre ambos países por las tensiones derivadas del asedio petrolero de EE.UU. a la isla.

    El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, agregó en una declaración que para esclarecer los hechos «con todo rigor» el Gobierno cubano «tiene disposición a intercambiar con el estadounidense» y que ha solicitado información sobre los diez tripulantes.

    Cuba dio a conocer también las identidades de los cuatro fallecidos y los seis heridos, y destacó que iban fuertemente armados con rifles de asalto y equipamiento militar, además de portar «monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista».

    De Cossío indicó que dos de los integrantes estaban incluidos en la lista terrorista que elabora anualmente Cuba.

    El viceministro, que ratificó el «compromiso absoluto y categórico» de su país contra el terrorismo, concluyó diciendo que «Cuba tiene el deber y la responsabilidad de proteger sus aguas territoriales».

    En esta línea habló este jueves por primera vez del incidente el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien subrayó que su país «no amenaza ni agrede» pero sí se defiende de ataques terroristas.

    «Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional», escribió en redes.

    De forma paralela, las autoridades estadounidenses informaron que dos de los tripulantes de la lancha rápida -un fallecido y un herido- son, además de cubanos, ciudadanos estadounidenses. El Ministerio del Interior de la isla había indicado previamente que todos eran cubanos residentes en EE.UU..

    Asimismo, trascendió que el dueño de la lancha, con matrícula de Florida (EE.UU.), aseguró que un empleado de su compañía le había robado la embarcación.

    Contactos

    El Gobierno estadounidense, por su parte, guardó silencio durante la jornada. La víspera el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió cautela mientras se investiga exactamente qué sucedió y dijo que EE.UU. actuaría luego «en consecuencia».

    Este jueves trascendió asimismo que, según el diario Miami Herald, el equipo de Rubio se reunió con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, en el marco de la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom).

    Según una fuente anónima, las conversaciones se centraron en la posiblidad de «lentamente aliviar las sanciones de EE.UU.» sobre la isla a cambio reformas económicas, que se seguirían «mes a mes».

    Esta información ahonda en las revelaciones previas del medio estadounidense Axios, que apuntaban a contactos entre Rubio y Rodríguez Castro.

    El Gobierno cubano ha negado en las últimas semanas que haya negociaciones. El representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, afirmó recientemente a EFE esas informaciones eran «especulación».

    Por su parte, el coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, pidió «moderación para evitar cualquier tipo de escalada de tensiones» mientras se investiga el incidente de la lancha rápida.

    Asimismo, pidió al Gobierno de Estados Unidos una «excepción humanitaria» para enviar petróleo y ayuda a la isla porque «es la única manera de evitar una crisis humanitaria con consecuencias más graves» en la isla.

    Pichón, aseguró que cree que «se están realizando esfuerzos en ese sentido» durante una intervención virtual desde La Habana en la habitual conferencia de prensa del portavoz del secretario general de Naciones Unidas en Nueva York.

    A principios de esta semana EE.UU. dio pasos para quitar un poco de presión a su bloqueo petrolero a Cuba facilitando la exportación de petróleo y derivados por parte de empresas estadounidenses a miembros del sector privado en la isla.

    La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló hace unos días que el bloqueo estadounidense incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, además de provocar el «desmantelamiento» del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua en la isla.