Autor: Iliana Cornejo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si las autoridades demócratas de ese estado no ponen fin a los ataques de «agitadores profesionales» contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo», escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario insistió que así pondrá «fin rápidamente a la farsa que se está desarrollando en ese estado que alguna vez fue grande».

La amenaza del republicano de aplicar la medida, uno de los poderes de emergencia más contundentes y que autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense, se produce horas después de que un agente de ICE disparara contra una persona hiriéndola en la pierna en Minéapolis (Minnesota) durante una manifestación contra las redadas migratorias ordenadas por la Administración Trump.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, la persona herida habría utilizado una pala de nieve para atacar al agente, que disparó «para defenderse».

Enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden escalaron en la noche de este miércoles en Minéapolis poco después del disparo. Agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra la multitud, según reportes de la cadena CNN.

El hecho sucedió en la misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renee Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

Tras la muerte de Good, el estado de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y Saint Paul demandaron a la Administración Trump para frenar las redadas y el despliegue masivo de agentes federales en esas ciudades.

Trump respondió acusando al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, de priorizar a «delincuentes e inmigrantes indocumentados» y de fomentar el caos.

El presidente estadounidense ya había amenazado con usar la Ley de Insurrección, -que no debe confundirse con una ley marcial- en respuesta a las protestas contra las campañas migratorias en las ciudades de Portland (Oregón) y Chicago (Illinois), el año pasado.

La última vez que se hizo uso de la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993) en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.

El Ministerio de Defensa alemán indicó este jueves que Alemania enviará un equipo de exploración a Groenlandia junto con otros socios de la OTAN en un vuelo conjunto que partirá el viernes hacia la isla para evaluar las posibilidades de garantizar la seguridad frente a las amenazas rusas y chinas en el Ártico.

«Tras nuevas consultas con Dinamarca, hemos decidido volar hoy primero a Dinamarca (Karup). Aprovechamos la oferta de los daneses de volar juntos a Groenlandia el viernes con el equipo de exploración danés y otros socios. Esto se llevará a cabo con una aeronave civil danesa», indicó un comunicado del Ministerio de Defensa germano.

«Desde nuestro punto de vista, el vuelo conjunto es una clara muestra de nuestra unidad», agregó el ministerio germano.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, declaró al respecto que «Rusia y China utilizan cada vez más el Ártico con fines militares y ponen con ello en peligro la libertad de las vías de transporte, comunicación y comercio», según el comunicado.

«La OTAN no lo permitirá y seguirá defendiendo el orden internacional basado en normas. Para mí es decisivo que nos coordinemos muy bien en la exploración conjunta en Groenlandia bajo el liderazgo danés dentro de la OTAN, especialmente con nuestros socios estadounidenses», subrayó.

Para esta exploración multinacional, por invitación y bajo la dirección de los socios daneses de la Alianza Atlántica, según el comunicado, aún no se han concretado contribuciones concretas en materia de capacidades.

La misión consiste en recabar información básica sobre las condiciones ‘in situ’ para operaciones y ejercicios, con el fin de obtener una visión fundamentada de la situación sobre el terreno, con vistas a futuras conversaciones y planes dentro de la OTAN, agregó el comunicado.

La República Islámica de Irán cumple este jueves una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas, una medida tomada para detener las protestas que sacuden el país desde hace 19 días.

Se trata del mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por el país persa y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”.

Muchos iraníes no comparten esa justificación: “Cortan internet cada vez que van a matar gente”, dice a EFE un vecino de Teherán.

“Esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado cuando ha habido protestas, y lo hacen para que no se sepa fuera lo que ocurre”, alegó este vecino.

El corte de las comunicaciones comenzó el jueves pasado por la tarde cuando dejó de funcionar el acceso al internet global, las llamadas de teléfonos internacionales y los SMS internos.

Al mismo tiempo se produjo un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en la capital con policías y antidisturbios en cruces y circulando por las calles en motos.

Dentro de Irán solo era posible acceder a una intranet interna del país con acceso a medios estatales y servicios locales. Se podían realizar llamadas locales y en algunas jornadas éstas también quedaban bloqueadas durante unas horas por la tarde y noche, cuando se producían las protestas.

En estas circunstancias no funcionan las aplicaciones de VPNs, que permiten saltarse la censura que impone el Gobierno iraní a internet y necesarias para usar Whatsapp, X o Instagram, redes sociales que han espoleado las protestas en el pasado.

Esta situación se prolongó hasta el martes por la mañana, cuando volvieron a operar las llamadas internacionales, pero solo de salida.

Ahora continúa cortado el acceso al internet global y los SMS, y la única manera de conectar con el exterior es realizar llamadas internacionales.

No es la primera vez que Irán corta las comunicaciones con el exterior para detener protestas.
Sucedió en 2019 cuando estallaron unas protestas por la subida de los precios del combustible y Teherán cortó el internet durante tres días en los que murieron 350 personas en la represión, según Amnistía Internacional.

Pero en aquella ocasión solo se cortaron los SMS por las tardes y noches y continuaron funcionando las llamadas internacionales.

En las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico se produjeron cortes parciales de internet por zonas por las tardes y noches durante meses para tratar de desactivar unas movilizaciones en las que murieron unas 550 personas.

En los tres últimos días no se han producido nuevas protestas y las autoridades iraníes no dan cifras de víctimas civiles, solo reconocen que “ha habido muchos muertos”.

Del número de efectivos de las fuerzas de seguridad si tienen recuento y hasta ahora se ha informado de al menos 150 de ellos muertos en las protestas, de los cuales un centenar fue despedido ayer en un funeral estatal en la capital.

Cuando una persona cruza la frontera de Estados Unidos de forma ilegal entre puertos de entrada y es detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés), se activa un proceso que inicia en el terreno y continúa en estaciones de detención, donde se define su situación migratoria.

De acuerdo con el agente Ortiz, este es el paso a paso que siguen las autoridades:

1. Detención en el campo

El procedimiento comienza una vez que el migrante ya ha cruzado territorio estadounidense y es interceptado por agentes, ya sea a pie, en vehículo o a caballo.

“Lo primero es la detención, ya cruzó la persona y los agentes la aseguran en el campo”, explicó Ortiz a mediados de diciembre a Diario El Mundo en la estación de USBP de Tucson, Arizona.

2. Procesamiento en campo

En el lugar de la detención, los agentes realizan una verificación preliminar utilizando una aplicación oficial del gobierno llamada ‘Mobile Intec’, instalada en los teléfonos institucionales.

A través de esta herramienta se toma una fotografía del migrante y el sistema indica automáticamente si la persona ha sido detenida anteriormente.

“Es importante saber quién está enfrente de nosotros, sobre todo cuando son grupos grandes”, señaló el agente.

3. Transporte a una estación

Cada agente puede transportar hasta dos personas en su vehículo. Si el grupo es más numeroso, se solicita apoyo de transporte adicional para trasladarlos a las estaciones de la Patrulla Fronteriza, donde continúa el proceso formal.

4. Examen médico

Antes de ingresar a oficinas o centros de detención, todas las personas pasan por una revisión médica básica.

El objetivo es descartar enfermedades o condiciones que puedan representar un riesgo para otros detenidos o para el personal, como infecciones respiratorias.

5. Toma de datos biométricos

A las personas de 14 años en adelante se les toman huellas dactilares y una fotografía oficial. Esta información se ingresa al sistema para verificar antecedentes y registros migratorios previos.

6. Verificación de registros

Con los datos biométricos, las autoridades confirman si se trata de una primera detención o si la persona ha cruzado irregularmente en otras ocasiones. Esta verificación es clave para determinar el siguiente paso del proceso.

7. Procesamiento migratorio

En esta etapa se analiza cada caso de forma individual.
Por ejemplo, dentro de un mismo grupo puede haber familias, personas que cruzan por primera vez o reincidentes.

Si una persona expresa temor de regresar a su país y solicita asilo, es referida a oficiales especializados.

“No somos oficiales de asilo; nosotros no decidimos quién se queda o quién se va”, aclaró Ortiz.

Actualmente, según el agente, el 85 % de las personas referidas para asilo no cumple con los requisitos mínimos para continuar en ese proceso, ya que no todos los motivos expuestos califican legalmente como asilo.

8. Determinación final

Una vez completado el procesamiento, se decide si la persona es:

Expulsada del país, o entregada a otra agencia federal para continuar su caso migratorio.

En el sector Tucson, la Patrulla Fronteriza tiene un plazo máximo de 72 horas para mantener a una persona bajo custodia y completar todo el procedimiento.

Ortiz explicó que las leyes migratorias no han cambiado, pero sí la forma de aplicación, especialmente tras la reducción significativa del número de cruces irregulares desde mediados de 2024.

Además, advirtió sobre la desinformación difundida por redes sociales y traficantes de personas, quienes promueven cruces ilegales como una vía para pedir asilo.

“La manera legítima de solicitar asilo es presentándose en una garita o a través de canales oficiales, no cruzando por el desierto”, subrayó.

El Ejército nicaragüense negó este miércoles que la embarcación detenida anoche, entre San Vicente y La Paz, haya salido de su territorio como expresó el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.

A través de un comunicado, la institución castrense del régimen de los Ortega Murillo reclamaron que Villatoro ha reiterado en cuatro ocasiones que alijos de droga han salido de Nicaragua. «Cuando está demostrado que la droga proviene del sur de la región, navegando en aguas lejanas de nuestros litorales.

Anoche, las autoridades de Seguridad capturaron a dos hombres que traían  375 kilos de droga hallados a bordo de una embarcación interceptada en la zona costera del territorio salvadoreño.

Villatoro indicó, a través de su cuenta de X, que la embarcación fue intervenida en la bocana del Río Jiboa, entre el límite de los departamentos de San Vicente y La Paz, donde fueron capturados dos personas identificadas como Rony Eduardo Morales Fajardo, de nacionalidad guatemalteca y Ubaldo Reyes Juárez, un salvadoreño.

Según se detalló, la droga incautada tiene un valor comercial de aproximadamente de $9.4 millones. Durante el operativo, también se incautaron dos celulares y un Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

El 25 de diciembre, el Ejército de Nicaragua negó que la lancha detenida con dos salvadoreños a bordo, que llevaban 450 kilogramos de droga, saliera de su territorio.

 

El condado de Los Ángeles ha aprobado esta semana una moción para iniciar la designación de zonas libres del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés), en medio de la escalada de violencia en las redadas migratorias en el país.

«A medida que la aplicación de la ley federal de inmigración civil se realiza cada vez más en espacios públicos de todo el país, la moción aprobada inicia el proceso legislativo formal para garantizar que las propiedades del Condado se utilicen exclusivamente para los fines públicos previstos», indicó la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles en un comunicado.

La moción tiene como objetivo evitar que los agentes creen «áreas de concentración, lugares de procesamiento ni bases de operaciones para la aplicación de la ley de inmigración civil no autorizada», agregó.

«La aplicación de las leyes migratorias civiles se ha vuelto mortal con demasiada frecuencia, y ese miedo persigue a las personas a parques, clínicas y edificios públicos. Cuando los residentes tienen miedo de buscar atención médica o de presentarse en espacios públicos, algo anda muy mal. Puede que no controlemos la aplicación de las leyes federales en todas partes, pero sí controlamos nuestra propia propiedad».
Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

La moción instruye al abogado del condado a redactar una ordenanza para que la junta la considere dentro de 30 días y, de aprobarse, se prohibirá a los agentes utilicen las propiedades controladas por el Condado para actividades no autorizadas de aplicación de la ley civil.

La medida se produce en el contexto de los múltiples violentos que asolan tanto en California como en otros estados como Minnesota, como el ocurrido la semana pasada, cuando un agente del ICE mató de varios disparos a René Good, una madre de 37 años y ciudadana estadounidense, durante una protesta.

En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el Gobierno de Donald Trump, llegando a tildar el incidente de «terrorismo doméstico».

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el vehículo choca contra otro estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo la Administración Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU..

Antes de que el mandatario republicano asumiera el poder de la Casa Blanca hace casi un año, los agentes del ICE tenían prohibido realizar arrestos y otras actividades de cumplimiento de la ley en lugares sensibles, incluidos lugares de culto, escuelas y hospitales.