Los más de 430 detenidos que han muerto en diferentes cárceles de El Salvador, bajo custodia de agentes del Estado en el contexto de la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas, eran personas que no recibieron una condena por los delitos que las autoridades les atribuían, lo que «se traduce en una grave violación a los derechos humanos» de estas personas.
Así lo expresó telefónicamente a EFE la abogada Ingrid Escobar, directora de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que brinda asistencia legal gratuita a familiares de personas detenidas y que lleva un registro de las muertes en cárceles del país.
El Socorro Jurídico reportó el lunes la muerte número 433, se trata de un hombre, según informó en sus redes sociales.
De acuerdo con la organización, el 94 % de las personas fallecidas «no tenía perfil de pandillero, murieron bajo tutela del Estado y en total impunidad», también advierte que «la cifra de muertes puede superar las mil».
Para Escobar, el Gobierno «resta importancia» a estas muertes y «las justifica» con que «en las cárceles siempre ha habido personas que mueren».
Según la abogada, «es normal que mueran personas condenadas, que después de 10, 20 o 30 años adquieren enfermedades y mueren. Lo que no es normal es la cantidad de gente procesada por organizaciones ilícitas que solo hayan tenido derecho a una audiencia, se les decreta medidas de detención provisional y mueran antes de llegar a un juicio».
La directora del SJH explicó que del total de personas detenidas durante el régimen de excepción -alrededor de 90,000- «40,000 son inocentes y de esas tenemos más de 400 fallecidos, que no tuvieron derecho a una segunda audiencia porque o los mataron los custodios (guardias) o los dejaron morir de inadmisión, enfermedades no tratadas, entre otras causas».
Si bien la medida de régimen de excepción goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada no solo por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
El Socorro Jurídico Humanitario envió a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre la implementación de la medida en el país centroamericano y sobre muertes reportadas por ONG de personas encarceladas en custodia de agentes de Seguridad del Estado.
La medida fue aprobada como extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 80 homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio pandilleril y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
No obstante, diversos analistas consideran que la medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo «permanente -y no temporal- de control social».
