Cuatro congresistas demócratas de Estados Unidos, algunos asistentes del “primer desayuno de oración por El Salvador”, se reunieron el domingo con un grupo de organizaciones comunitarias y movimientos para conocer de denuncias de violaciones a derechos humanos y de la aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador.
Los congresistas Thomas Suozzi, representante por el tercer distrito congresional de Nueva York; Lou Correa, del 46 distrito de California; Gregory Jhon Stanton, del 4º distrito de Arizona; y Ed Case, del primer distrito de Hawaii, se reunieron con representantes de unas seis organizaciones, según dos personas que asistieron a la reunión.
Conversaron sobre el régimen de excepción y la Ley de Agentes Extranjeros, que faculta al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación a fiscalizar a oenegés o personas que reciban fondos extranjeros y que cobren un impuesto del 30 % si se dedican a actividades políticas o no humanitarias.
Uno de los asistentes aseguró que se conversó sobre las violaciones a derechos humanos y los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros.
“Se habló de la Ley de Agentes Extranjeros, de sus efectos, de la salida de varias organizaciones del país porque aquí eran víctimas de la persecución y que probablemente no les iban a permitir continuar funcionando; se habló de los periodistas que han salido huyendo, de las violaciones del régimen, las capturas arbitrarias, de todo, de las muertes en las cárceles”, relató uno de los asistentes. “Se les dijo lo que la propaganda no dice sobre el régimen”, comentó otro de los asistentes.
A solicitud de los congresistas, algunos representantes les pidieron que se pronuncien por las violaciones de derechos humanos en El Salvador y que gestionen una auditoría a procesos judiciales que consideran no cumplen el debido proceso.
Los congresistas Thomas Suozzi y Lou Correa asistieron al “Primer desayuno nacional de oración por El Salvador” que organiza Prospera Foundation en California, Estados Unidos, y que se realizó el lunes por primera vez en El Salvador, en el Palacio Nacional, presidido por el presidente Nayib Bukele.
“Estamos tan inspirados por todo lo que hemos aprendido aquí en El Salvador, han pasado por guerras, la guerra civil, la guerra contra las pandillas, la guerra contra el crimen, ustedes han pasado por tanto trauma, han logrado un milagro, como espero que el presidente hable hoy, el milagro que tuvo lugar en El Salvador y ahora necesitan avanzar juntos mientras intentan entrar en un tiempo de paz después de un tiempo de guerra”, señaló el demócrata Suozzi en la jornada de oración el lunes.
El régimen de excepción, una medida que suspende tres garantías constitucionales relacionadas al derecho de defensa, tiempo máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones, ha dejado más de 90,600 presuntos pandilleros detenidos y 985 días sin homicidios durante su vigencia según cifras oficiales, que no toman en cuenta muerte de supuestos pandilleros. Las organizaciones sociales, por otra parte, registraron más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante la aplicación del régimen de excepción y más de 400 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal.
El lunes, Bukele reposteó parte de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en donde aseguró que “en El Salvador, no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas, en El Salvador, tu libertad de expresión así como tu libertad privada siempre estarán protegidas”. Bukele ese día dijo: “Ahora son los buenos los que viven libres”.
El 18 de mayo, la Fiscalía informó de la captura de la abogada Ruth Eleonora López, jefa de Anticorrupción de la asociación Cristosal, que cerró operaciones desde el 17 de julio y se fue a Guatemala. López era acérrima crítica del Gobierno. El abogado Enrique Anaya, quien pidió anular la segunda candidatura presidencial de Bukele, fue capturado el 7 de junio de 2025. López es procesada por enriquecimiento ilícito y Anaya, por lavado de dinero.
