Autor: Yolanda Magaña

  • Más de 24,500 salvadoreños arrestados por ICE desde el inicio del gobierno de Trump

    Más de 24,500 salvadoreños arrestados por ICE desde el inicio del gobierno de Trump

    Un total de 24,548 arrestos de salvadoreños por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reporta una publicación de la BBC que retoma datos hasta el 6 de agosto publicados por el Deportation Data Project.

    El Salvador es la quinta nacionalidad con más arrestos después de México, Guatemala, Honduras y Venezuela. Después de El Salvador, se ubican Nicaragua, Colombia, Ecuador, Cuba, Brasil, Perú, República Dominicana, India, China y Vietnam según las cifras, obtenidas por el Deportation Data Project en respuesta a una solicitud de la Ley de la libertad de la información de los Estados Unidos.

    La publicación de la BBC sostiene que el 57 % de las personas arrestadas por ICE son deportadas en menos de 60 días y que solo el 7 % son liberadas en el mismo tiempo.

    En el sitio deportationdata.org, que muestra datos de arrestos y detenciones del ICE se pueden obtener 22,811 registros de detenciones administrativas de personas de El Salvador desde el 20 de enero de 2025, fecha en que inició la administración Trump, hasta julio de 2026. La mayoría de los detenidos son hombres, 20,162.

    Los datos también muestran que estas detenciones de salvadoreños por el ICE han oscilando entre 4,017 en 2023, 4,263 en 2024, 13,395 en 2025 y 9,606 de enero a julio de 2026.

    Mensualmente las autoridades del ICE han detenido a un promedio de 1,300 salvadoreños cada mes desde mayo de 2025, la mayor cantidad se registró en julio de 2026, mes en el que se reportan 1,612 detenciones.

    La base de datos muestra un alza en las deportaciones respecto a años recientes, ya que en 2023 se registran 596 decisiones relacionadas a la deportación o expulsión, incluida la voluntaria, en 2024 se reporta una cifra similar, 595; pero en 2025 se reportan 2,177 y en lo que va de 2026, 1,708.

    Sin embargo, las cifras de los salvadoreños deportados de los Estados Unidos aún no superan las históricas cifras de salvadoreños deportados durante los años 2007 a 2010, y el año pico, 2014, cuando se deportaron 27,180 salvadoreños. Un gráfico a través de los años con cifras del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, publicadas en sus informes anuales, muestra el comportamiento de las deportaciones de los salvadoreños. El ICE aún no publica el informe correspondiente a 2025.

     

    Los datos históricos manejados por la Dirección General de Migración de El Salvador concentran la mayor cantidad de deportaciones entre los años 2013 y 2019, periodo en el cual suman 261,741 salvadoreños deportados, registrando la mayor cantidad en 2019, con 37,348 salvadoreños recibidos, la gran mayoría de los Estados Unidos.

  • El Salvador entre 91 países candidatos para recibir asistencia de la Corporación Reto del Milenio en año fiscal 2027

    El Salvador entre 91 países candidatos para recibir asistencia de la Corporación Reto del Milenio en año fiscal 2027

    El Salvador está entre los 91 países que pueden ser evaluados por la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) para recibir asistencia durante el año fiscal 2027 en apoyo a programas que promuevan el crecimiento económico.

    La Corporación Reto del Milenio publicó un aviso de los países candidatos en el Registro Federal, el 3 de septiembre, ya que así se lo establece la ley del desafío del milenio promulgada en 2003. El anuncio es suscrito por el vicepresidente interino, consejero general y secretario corporativo, Brian Finkelstein.

    Además de El Salvador, en el listado de países candidatos se encuentra Guatemala, Honduras, Belice, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Jamaica y Haití.

    La Ley del desafío del milenio de 2003 establece que la MCC tomen medidas para seleccionar países con los que buscará suscribir un pacto, tomando en cuenta «compromiso demostrado de un país con i) la gobernanza justa y democrática, ii) la libertad económica y iii) las inversiones en su pueblo»; y «la oportunidad de reducir la pobreza y generar crecimiento económico en el país».

    Un país se considera candidato para 2027 si tiene un ingreso bruto per cápita no mayor a $8,105 para el año fiscal 2027 y que sea elegible bajo la ley de Estados Unidos.

    La MCC también publicó un listado de países que podrían ser candidatos pero que mantienen una prohibición de asistencia por disposiciones legales, como Afganistan, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, entre otros.

    En 2021 El Salvador reprobó el indicador de control de la corrupción por cinco año consecutivos, además de otros indicadores como Estado de Derecho, acceso al crédito, política fiscal y clima para generar emprendimientos.

    La Corporación del Reto del Milenio respaldó en El Salvador dos compactos de ayuda, uno de $490.9 millones y otro de $277 millones. Para mantener el apoyo, cada año evalúa 20 indicadores con información proveída por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Freedom House y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El convenio con la MCC inició su implementación el 15 de enero de 2015 hasta el 9 de septiembre de 2020.

    Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó a El Salvador, Guatemala y Honduras que cumplen con 10 condiciones relacionadas al combate a la corrupción y al narcotráfico, a la defensa del Estado de derecho y la protección de derechos de defensores de derechos humanos, en una certificación publicada el 6 de agosto de 2026 y firmada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, el 1 de julio de 2026.

    Países candidatos para recibir asistencia de la MCC en año fiscal 2027

    1. Argelia

    2. Angola

    3. Azerbaiyán

    4. Bangladesh

    5. Belice

    6. Benín

    7. Bhutan

    8. Bolivia

    9. Botswana

    10. Burundi

    11. Cabo Verde

    12. Cambodia

    13. Cameroon

    14. Central African Republic

    15. Colombia

    16. Comoros

    17. Congo, Democratic Republic of the

    18. Congo, Republic of the

    19. Côte d’Ivoire

    20. Djibouti

    21. Ecuador

    22. Egypt

    23. El Salvador

    24. Equatorial Guinea

    25. Eswatini

    26. Ethiopia

    27. Fiji

    28. Gabon

    29. Gambia, The

    30. Ghana

    31. Guatemala

    32. Guinea

    33. Guinea-Bissau [1]

    34. Haiti

    35. Honduras

    36. India

    37. Indonesia

    38. Iraq

    39. Jamaica

    40. Jordan

    41. Kenya

    42. Kiribati

    43. Kosovo

    44. Kyrgyz Republic

    45. Lao PDR

    46. Lebanon

    47. Lesotho

    48. Liberia

    49. Libya

    50. Madagascar [2]

    51. Malawi

    52. Mauritania

    53. Micronesia, Federated States of

    54. Moldova

    55. Mongolia

    56. Morocco

    57. Mozambique

    58. Namibia

    59. Nepal

    60. Nigeria

    61. Pakistan

    62. Papua New Guinea

    63. Paraguay

    64. Philippines

    65. Rwanda

    66. Samoa

    67. Sao Tome and Principe

    68. Senegal

    69. Sierra Leone

    70. Solomon Islands

    71. Somalia

    72. South Africa

    73. Sri Lanka

    74. Suriname

    75. Syria

    76. Tajikistan

    77. Tanzania

    78. Thailand

    79. Timor-Leste

    80. Togo

    81. Tonga

    82. Tunisia

    83. Turkmenistan

    84. Uganda

    85. Ukraine

    86. Uzbekistan

    87. Vanuatu

    88. Venezuela

    89. Vietnam

    90. Yemen

    91. Zambia

  • Marcela Villatoro cuestiona a candidato al CNJ por llegar a “alabar” al gobierno en entrevista

    Marcela Villatoro cuestiona a candidato al CNJ por llegar a “alabar” al gobierno en entrevista

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó el lunes al abogado Edwin Orlando Ortega Pérez luego de que este mostrara respaldo al régimen de excepción y respaldara reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en la entrevista que diputados le hacían como candidato a miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

    «¿Qué pasa cuando se quiere cambiar la realidad cambiando por completo normas constitucionales. Porque, si bien es cierto, la Constitución no está escrita en piedra, tiene ciertas llaves para que no se pase por encima de ella», le dijo la diputada, luego de que el candidato señalara que deben «estar a la altura» al asegurar que «la realidad ha venido superando al derecho».

    Villatoro aseguró que los gobiernos cambian pero que «el derecho y la Constitución es algo que debe prevalecer ante cualquier cosa».

    No quiero sonar grosera pero que hay muchos candidatos que vienen a alabar al funcionamiento y la forma en que está al gobierno, supongo yo que porque creen que eso les va a dar puntos cuando sean electos. Yo creería que la principal característica debe ser la independencia». Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    Villatoro le cuestionó su planteamiento de cambiar los textos jurídicos según la realidad al referirse a la Constitución de la República que en Estados Unidos no ha sufrido modificaciones.

    El candidato le respondió todo lo que había expresado no tiene ninguna finalidad de «congraciarse con ningún partido político» y que su afirmación, de que la delincuencia ha disminuido, es un hecho «corroborable».

    Lo que he dicho es lo que mi experiencia a lo largo de mis 50 años me ha podido brindar y tengo capacidad para interpretar la realidad de El Salvador, el pueblo salvadoreño es mi mejor testigo, mis estudiantes (…) Consultarles ¿de dónde vienes?, y la gente no quería decir de dónde llegaba… Cuando uno advierte ese tipo de cosas de estudiantes, lo hace reflexionar a uno. ¿Acaso estas personas no tienen derecho a vivir en paz?». Edwin Ortega, candidato al CNJ.

    En la entrevista, el candidato señaló que decidió participar en el proceso de elección del CNJ porque advirtió «que los espacios se empezaron a abrir para diferentes sectores, de nadie es un secreto que el país ha avanzado».

    Destacó la baja de la delincuencia en el país y que antes era frustrante que los delincuentes salían absueltos. «Ahora tenemos una realidad distinta, esta Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de reformas, para mí, efectivas», indicó a los diputados.

    Agregó que lo que se había enseñado en las universidades quedó «obsoleto» luego de los cambios en el sistema penitenciario. «Podría constituir un modelo para Latinoamérica, que de hecho ya se está observando e implementando en otros países», indicó.

    «El sistema penitenciario actual sobre pasó todo lo que venía enseñándose, quedaron obsoletos todo lo que se venía enseñando en las universidades, la realidad ha venido superando al derecho y nosotros debemos estar a la altura». Edwin Ortega, candidato al CNJ.

    El candidato, dijo que busca convertir el CNJ en el «ente rector de la doctrina y jurisprudencia de El Salvador» y que sea el referente para todos los operadores de justicia. Ejemplificó que el CNJ puede investigar jurídicamente la reducción de la delincuencial para plasmarlo en textos jurídicos. «Teníamos la solución al frente, en nuestras propias manos y no lo habíamos logrado», observó.

  • Entrevistan a seis candidatos propuestos por la Facultad de Jurisprudencia de la UES: proponen uso de IA y mejorar selección de jueces

    Entrevistan a seis candidatos propuestos por la Facultad de Jurisprudencia de la UES: proponen uso de IA y mejorar selección de jueces

    La Comisión Política continuó este lunes las entrevistas a los 42 candidatos a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) con las ternas propuestas para propietarios y suplentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES).

    Edwin Orlando Ortega Pérez, locutor, abogado y máster en derecho privado, originario de Cojutepeque. Trabajó en estaciones de Radio Corporación FM, fue colaborador judicial y secretario interno del tribunal de Cojutepeque, agente auxiliar de la Fiscalía General de la República y también ejerció su profesión en derecho penal y derecho de familia. Actualmente, es docente de la UES desde 2015.

    El candidato a consejero propietario, elogió el trabajo de la Asamblea Legislativa y destacó avances en seguridad de El Salvador.

    «Advertí que los espacios se empezaron a abrir para diferentes sectores, de nadie es un secreto que el país ha avanzado», expresó.

    Destacó la baja de la delincuencia en el país y que antes era frustrante que los delincuentes salían absueltos. «Ahora tenemos una realidad distinta, esta Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de reformas, para mí, efectivas», indicó a los diputados.

    «La capacitación no es exclusiva para los jueces» sino «para todos los operadores de justicia», expresó, al proponer su eje de la «formación jurídica y el vínculo con la academia».

    Propuso la creación de la Dirección de Investigación Jurídica para crear propios textos jurídicos para formación y la implementación de la Inteligencia Artificial en la capacitación para detectar grupos que necesitan capacitación y en la selección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. «La IA nos puede resolver en gran medida haciendo un estudio directo de si una persona cumple o no cumple con el perfil», señaló.

    Ante preguntas de los diputados, explicó que busca convertir el CNJ en el «ente rector de la doctrina y jurisprudencia de El Salvador» y que sea el referente para todos los operadores de justicia.

    Ejemplificó que el CNJ puede investigar jurídicamente la reducción de la delincuencial para plasmarlo en textos jurídicos. «Teníamos la solución al frente, en nuestras propias manos y no lo habíamos logrado», observó.

    Señaló que lo que se había enseñado en las universidades quedó «obsoleto» luego de los cambios en el sistema penitenciario. «Podría constituir un modelo para Latinoamérica, que de hecho ya se está observando e implementando en otros países», indicó.

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), le dijo que no quería ser grosera pero que «hay muchos candidatos que vienen a alabar porque supongo que eso les va a dar puntos». «Yo creería que la principal característica debe ser la independencia», le indicó.

    Villatoro le cuestionó su planteamiento de cambiar los textos jurídicos según la realidad al referirse a la Constitución de la República que en Estados Unidos no ha sufrido modificaciones.

    El candidato le respondió todo lo que he expresado no tiene ninguna finalidad de «congraciarme con ningún partido político». «¿Acaso estas personas no tienen derecho a vivir en paz?», preguntó, en referencia al régimen de excepción.

    El segundo candidato a consejero propietario propuesto por la UES, fue Luis Alonso Ramírez Menéndez, quien es actualmente consejal propietario del CNJ.

    Propuso recomendaciones para la modernización del lenguaje jurídico y el desarrollo de capacidades para los funcionarios judiciales.

    La diputada Alexia Rivas le preguntó cuál ha sido el principal cambio en el CNJ y qué compromiso asumiría «con la comunidad universitaria» y cuál considera un error que no debería cometer el CNJ.

    El candidato señaló cambios sustanciales dentro de la administración pública, como la implementación del sistema de gestión antisoborno, señaló que el CNJ fue la cuarta institución certificada. Subrayó que la ética y el compromiso institucional como condición de los funcionarios.

    El diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión, le preguntó sobre propuestas de candidatos del CNJ para implementar capacitación en Zoom y 50 % de manera presencial; y capacitaciones sobre leyes recientes.

    El consejero señaló que es «risible» ya que los candidatos «no están enterados de las actividades académicas que realiza el CNJ». Sostuvo que el CNJ tiene «un programa permanente» en coordinación con la Corte Suprema de Justicia en las sedes de San Miguel y Santa Ana. «La gente que ha venido aquí, o ha mentido, o no ha dicho lo que pasa realmente en la institución», señaló. Agregó que todas las jurisdicciones de todas las reformas constitucionales y legales del país.

    El tercer candidato a consejero propietario por la UES entrevistado fue José Humberto Morales, actual director de estudios de posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la UES, señaló que en el país no hay preparación para ser jueces y propuso un programa de formación inicial en la carrera judicial.

    Propuso un código de ética e incluirla en la evaluación judicial, y el uso responsable de la tecnología tomando en cuenta que puede haber riesgos y sesgos, y una vinculación más evidente entre el CNJ y los sectores de la sociedad. Mencionó que hay «desconexión» entre los funcionarios cuando son electos y la entidad o el sector que los ha postulado.

    También sugirió crear un foro académico y profesional sobre la justicia para dialogar sobre las problemáticas de la realidad jurídica para que el CNJ se alimente de esas reflexiones.

    La diputada Suecy Callejas le preguntó cuáles son las atribuciones del CNJ, a lo que le respondió seleccionar, evaluar y formar a los jueces. Callejas le preguntó cómo mejorar la evaluación y la capacitación.

    Callejas aseguró que aún hay jueces que todavía no aplican la ley y se guían por la sana crítica. Ejemplificó que hay jueces que «en etapa de sentencia quieren volver a escuchar el testimonio» de un menor de edad.

    Sugirió «formación en puesto de trabajo» para los jueces y una «formación dirigida».

    El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), le preguntó si hay corrupción judicial. El candidato respondió que en algún momento puede interpretarse como corrupción el desconocimiento de ley, pero «ahora hay menos oportunidad para que se muestren actos de corrupción». «El prevaricato se ha producido por algún tipo de conocimiento de la legislación y en algún momento ha habido cierta laxatud», afirmó.

    Señaló que no ha conocido ningún caso ni relata por parte de las personas a las que ha asistido. «No quiero decir que no haya algún acto de parte de algún sujeto, pero no hay una práctica institucional de corrupción en el Órgano Judicial», expresó.

    Carballo mencionó que él conoció nombramientos que en su pueblo el nombramiento del juez lo hacía «el alcalde y el diputado, y en una ocasión fue el peluquero», y posteriormente se exigió que fueran «licenciados en leyes».

    Los diputados también entrevistaron a la terna a miembros propietarios suplentes del CNJ.

    Josué Rubén Rivas Baires, docente de la UES y quien tiene una oficina jurídica con derecho corporativo, presentó un plan con cinco ejes: selección por mérito, evaluación judicial enfocada en la mejora continua, capacitación vinculada a necesidades reales, implementación responsable de la Inteligencia Artificial.

    El diputado Carballo le preguntó hasta qué punto está afectando la mora judicial.

    Rivas Baires respondió que la afectación es grave, ejemplificó que un proceso de familia «de pronto» dura dos años y destacó la oralidad como mecanismo para acelerar los procesos. Agregó que en material civil y mercantil también tienen ese problema. La IA, dijo, puede ser utilizada para acelerar procesos.

    «¿Cree usted que esa carga va a disminuir en los años próximos ya que se bajó esta delincuencia que tanto trabajo le daba a la Policía, a los jueces, a las cárceles?», le preguntó Carballo.

    El candidato dijo que bajará cuando concluyan los procesos de crimen organizado pero señaló que la mora judicial también persiste en materia contencioso administrativo, civil-mercantil y familia.

    Elías Alexander Mejía Merlos, máster en derecho privado, propuso innovación curricular constante, capacitación de la docencia en el CNJ, transparencia y perfeccionamiento en la selección judicial, optimización de baremos y la creación del expediente único electrónico de los jueces.

    Sugirió aprovechar las tecnologías para el expediente único electrónico y las quejas de usuarios en los tribunales, para verificar si hay casos de jueces con constantes quejas. Mejía Merlos reveló que en él, como litigante, llevó un proceso de derecho de familia que tuvo que haber durado tres meses pero se resolvió casi cuando la menor ya era mayor de edad.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó cómo se podría manejar la selección y de capacitación judicial luego de señalar que los jueces son el sector más desconectado de la población y que los jueces se «escuda la sana crítica» como la «potestad de hacer lo que les da la gana».

    «Deberían existir procesos de selección exhaustivos, psicológicos, no solo de conocimiento del derecho porque podés ser una persona conocedora del derecho pero cero empática con la gente, narcisista, entre otro montón de calidades que no te hacen la mejor persona para ser juez», afirmó la diputada Callejas. El candidato propuso revivir el diplomado de formación inicial de jueces.

    El diputado suplente del Partido de Concertación Nacional (PCN) preguntó sobre su propuesta ante la mora judicial o atrasos, por ejemplo, en casos de herencias. El candidato respondió que el uso de la Inteligencia Artificial utilizada de manera adecuada, dejando la valoración de la prueba al juez.

    Wilson Francisco Flores Zelada, originario de San Miguel, máster en derechos humanos y doctor en educación, propuso una reingeniería pedagógica de neuroeducación y desarrollo de talento humano, la transformación digital, uso responsable de IA, métricas objetivas de desempeño y baremos de solución para la equidad de género, y sobre la base de la detección y prevención de la corrupción, entre otras propuestas.

    La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, preguntó si el CNJ puede ejercer un control en el uso de la IA. Flores Zelada reiteró que la IA debe ser «un asistente, siempre verificando» la fuente de dónde viene la información. Remarcó la alucinación de la IA cuando esta no encuentra una respuesta. «La IA nunca va a reemplazar al ser humano», expresó.

    Castro preguntó qué aportes le podría dar al CNJ si es electo consejal suplente, el candidato propuso un programa de capacitación penal y procesal penal con cinco módulos, que incluya el procedimiento sumario para los jueces de paz, la competencia de los tribunales del crimen organizado y el uso de la IA.

    Para este martes 8 de septiembre, la Comisión Política continuará con las entrevistas a la terna elegida por las universidades privadas: Verónica Lisseth González Penado, William Rafael Rebollo Alvarado y César Edgardo Castaneda Espinoza, como propietarios; y María Francisca Leiva Rodríguez, Jazmín Estephani Franco Bermúdez y Manuel de Jesús Torres Gavidia, como suplentes.

  • Votan a favor de distribuir remanente de títulos valores para agromercados, condiciones carcelarias, atracción de visitantes e inversionistas y funcionamiento institucional 2026

    Votan a favor de distribuir remanente de títulos valores para agromercados, condiciones carcelarias, atracción de visitantes e inversionistas y funcionamiento institucional 2026

    Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes el dictamen favorable que distribuye $97 millones de deuda obtenida por el gobierno a través de títulos valores entre varias instituciones del Estado.

    La subdirectora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Arce, afirmó hoy que los recursos servirán para «obligaciones prioritarias e ineludibles que deben ser atendidas durante el segundo semestre del presente año».

    «Se dispone a la fecha de un remanente de $97 millones que pueden ser utilizados para atender las necesidades ya mencionadas», explicó a los diputados.

    La funcionaria no hizo más detalles de los que están incluidos en la solicitud publicada la semana pasada, es decir, los fondos servirán para que algunas instituciones puedan funcionar el resto del año 2026 y también para condiciones carcelarias mínimas, agromercados, litigios, «territorialización de políticas públicas», eventos internacionales y acciones de promoción del país como destino turístico para atraer «visitantes e inversionistas».

    En Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) recibirá $37 millones para los “fortalecimiento de agromercados, y otros gastos de logística y operatividad institucional”

    Seguridad Pública y Justicia recibirá $30 millones para «garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones».

    Gobernación recibirá $9 millones para “fortalecimiento institucional a efecto de poder continuar articulando las diferentes niveles de gobierno y actores que contribuyen a la territorialización de las políticas públicas».

    La Fiscalía General de la República recibirá $2.7 millones para «litigios internacionales y gastos de funcionamiento institucional».

    La Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) recibirá $2 millones de la deuda para «acciones estratégicas de promoción del país como destino turístico competitivo para la atracción de visitantes e inversionistas».

    El Ministerio de Turismo recibirá de estos fondos provenientes de deuda $1 millón para el «desarrollo de eventos internacionales de alto impacto para el fortalecimiento sostenible del sector turístico».

    También recibirá $10 millones la Dirección de Integración para «servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y entrega de becas del programa Florecimiento Salvadoreño”.

    Además, recibirán para «fortalecimiento institucional del último trimestre», «continuidad operativa» y «gastos de funcionamiento» del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

    Y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) recibirá $1,189,835 «para cubrir el pago de emisión gratuita del DUI por primera vez», según Arce.

    Todos los fondos provienen de deuda emitida y colocada por Hacienda de autorizaciones de títulos valores por $344 millones el 11 de noviembre de 2025 y de $100 millones el 15 de abril de 2026. De ambas colocaciones quedaron saldos disponibles de $77 y $20 millones, respectivamente.

  • Avalan $75 millones de la CAF para regionales de El Nido en hospitales de Santa Ana y San Miguel

    Avalan $75 millones de la CAF para regionales de El Nido en hospitales de Santa Ana y San Miguel

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen 256 para autorizar el contrato de préstamo por $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el proyecto de equipamiento del Centro de Maternidad «Nacer con Cariño, El Nido».

    Los fondos, entre otros, para descentralizar el modelo de salud materno infantil del centro de maternidad El Nido en las zonas occidental y oriental del país, interviniendo áreas específicas de los hospitales San Juan de Dios de Santa Ana y San Miguel.

    En Santa Ana, se intervendrá un área de 1,461 metros cuadrados. La intervención incluye el equipamiento de seis unidades de trabajo de parto, cuatro islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, que daría 20 plazas, explicó el director general de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera.

    En San Miguel, se intervendrían 1,960 metros cuadrados y la intervención incluye el equipamiento de seis unidades de trabajo de parto, tres islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, que daría 20 plazas.

    Herrera leyó como objetivos específicos del proyecto “la descentralización y ampliación de la cobertura del modelo de salud materno infantil” con la “habilitación de nuevos regionales que permitan aplicar el enfoque en distintas zonas del país” y fortalecer los procesos de formación y gestión clínica.

    Explicó que buscan “complementar las obras que se están ejecutando en el Área Metropolitana de San Salvador”, en cuyo distrito de San Salvador se construye con fondos del Banco Mundial el centro de maternidad El Nido, sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo.

    Según el funcionario, este modelo de atención se descentralizaría a las zonas occidental y oriental del país.

    El componente 1 del préstamo incluye la provisión de infraestructura y equipamiento, soporte técnico, para la atención perinatal, el equipamiento del centro de maternidad de El Nido y establecimientos regionales.

    En occidente, la intervención se realizará en Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana con proyección a cubrir los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate; y en oriente las intervenciones se realizarán en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel para dar cobertura a los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán.

    Las intervenciones incluye el equipamiento de El Nido con equipos para control prenatal, monitores fetales, ultrasonografía, equipamiento para zona de parto y recuperación, equipos obstétricos y manejos de emergencia, incubadoras, cunas térmicas, equipamiento de neonatología, equipos para unidad de cuidados intensivos neonatales.

  • Dictaminan ratificación de préstamo del Fondo de Kuwait para planta de energía solar de San Matías

    Dictaminan ratificación de préstamo del Fondo de Kuwait para planta de energía solar de San Matías

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen 255 para ratificar el contrato de préstamo por $9.6 millones con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe para la instalación de la «Planta de energía solar fotovoltaica de San Matías«.

    Este es el primer préstamo que otorgaría el Fondo kuwaití a El Salvador. El Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE), creado en febrero de 2023 para la construcción de ampliaciones de la red de transmisión de energía eléctrica, ejecutará el proyecto. El ENTE es propietario de las acciones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y está facultado a «autorizar las inversiones de cualquier tipo que la autónoma se proponga efectuar, dentro y fuera de El Salvador».

    El director de inversión y crédito público, Marlon Herrera, informó hoy a los diputados que el contrato de préstamo fue suscrito 24 de agosto de 2026 por el Ministerio de Hacienda y por delegados del Fondo de Kuwait. Reiteró que el crédito deberá ser pagado en un plazo de 25 años, tiene un periodo de tres años de gracia, con pago en cuotas semestrales a una tasa de interés del 2.5 % anual sobre el monto principal del préstamo.

    “Esto viene a complementar los esfuerzos de diversificación de la matriz energética. Se convierte en el primer financiamiento bilateral entre el Fondo de Kuwait y el gobierno de El Salvador”, indicó el funcionario de Hacienda.

    Destacó que se generará empleo, no detalló cuántos.

    Los diputados no hicieron ninguna pregunta; todos los presentes votaron a favor del dictamen.

    Buscan generar 20,000 megawatts anuales

    La planta estará ubicada en el distrito de San Matías, en el municipio de La Libertad Norte, departamento de La Libertad.

    Detalló que se espera que la planta genere alrededor de 20,000 megawatts anuales y que reduciría hasta 13,000 toneladas de emisión de dióxido de carbono con energía limpia y renovable.

    Según Herrera, el proyecto incluye la construcción vías de acceso a la planta, la instalación de un cerco perimetral, preparación de terreno, traslado de la infraestructura al lugar, la construcción y puesta en marcha de la planta, limpieza, nivelación y compactación de la zona para la instalación de los paneles solares, canalización subterránea para el tendido de cables eléctricos, obras hidráulicas para el manejo de aguas pluviales (canales de drenaje, alcantarillas y pozos de absorción), la construcción para cimientos para estructuras de montaje, adquisición de módulos fotovoltáicos (inversores, transformadores y cables de corriente continua y alterna), entre otros.

    En la autorización, se habían mencionado también salas eléctricas, la instalación de los paneles fotovoltaicos terrestres y edificios necesarios para el control y la operación de la planta.

    A junio de 2025, la capacidad energética de El Salvador alcanzaba los 3,137.82 megavatios, de esos, la capacidad por fuente fotovoltaica es 764.5 megavatios, un 24.3 %; y la hidroeléctrica, 639.8 megavatios.

  • El Salvador y Dominicana aprueban programa bilateral de cooperación 2026-2028

    El Salvador y Dominicana aprueban programa bilateral de cooperación 2026-2028

    Los gobiernos de El Salvador y República Dominicana participaron aprobaron en la I Reunión de Comisión Mixta entre El Salvador y República Dominicana realizada a inicios de septiembre I Programa Bilateral de Cooperación 2026–2028.

    Este programa incluirá proyectos en seguridad hídrica, gestión portuaria y turismo, bienestar y tejido social, seguridad alimentaria y caficultura y defensa de la competencia.

    “En esta jornada histórica, oficializamos y aprobamos el I Programa Bilateral de Cooperación 2026–2028. Esta cartera de proyectos responde de forma estratégica a la Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de El Salvador, así como a los instrumentos de planificación nacional de la República Dominicana”, confirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, de acuerdo con una publicación de Cancillería.

    La funcionaria subrayó avances es una cooperación basada en el “beneficio mutuo, la reciprocidad, la horizontalidad y el aprendizaje compartido”.

    La viceministra de Cooperación Internacional de República Dominicana, Olaya Dotel Caraballo, manifestó la voluntad del gobierno dominicano de “profundizar la relación bilateral basada en la concertación e interés comunes” e impulsar una “agenda compartida orientada al desarrollo sostenible, inclusión social y fortalecimiento institucional”.

    Participaron en la reunión la directora de Cooperación Internacional, Lidia Encarnación; el embajador de República Dominicana en El Salvador, Flavio Rondón, la embajadora en República Dominicana, Dania Tolentino, titulares del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Superintendencia de Competencia (SC), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y Dirección de Reconstrucción de Tejido Social.

  • Pensiones: la discusión política sobre la reforma paramétrica

    Pensiones: la discusión política sobre la reforma paramétrica

    Uno de los acuerdos de las autoridades de El Salvador y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), revelados por este último, fue una reforma de pensiones en el año 2027 que incluya cambios paramétricos, es decir, modificaciones en variables como la edad de jubilación y la tasa de cotización de los trabajadores al Fondo de Pensiones.

    «Continuará el fortalecimiento del sistema de pensiones mediante el reconocimiento de las obligaciones asociadas al vencimiento del período de gracia para el pago de intereses adeudados a los fondos privados de pensiones, así como mediante la aprobación de una reforma paramétrica de pensiones en línea con las recomendaciones del FMI el próximo año», informó el FMI, como uno de los acuerdos asumidos por el Gobierno de El Salvador.

    La diputada Marcela Villatoro, jefa de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), rechazó los cambios paramétricos ya que considera que es el Estado el que debe resolver el problema de la deuda.

    «Nosotros como fracción estamos totalmente en contra en reformas que vayan en contra o en detrimento del trabajador (aumentar edad y cotizaciones), es el Estado quien debe resolver el problema de la deuda de pensiones ya que ellos la reconvirtieron en 2022», respondió la legisladora.

    Villatoro reclamó que se haya aprobado un periodo de gracia de cuatro años para que el Estado pagara intereses que generaría durante ese lapso la deuda que tiene el Estado con el ahorro de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP).

    «El Gobierno tomó más de 8 mil millones y los reconvirtieron a una tasa del 7 % y esa tasa la dejaron de pagar por 4 años y hoy quieren que el pueblo pague lo que ellos no han pagado. La culpa es de ellos no tiene por qué los trabajadores ahora cargar con eso». Marcela Villatoro, jefa de fracción de Arena.

    El diputado Francisco Lira, también de Arena, cree que si hay una reforma paramétrica que contemple el aumento de la edad de jubilación y el incremento de las cotizaciones deben conocer antes «los estudios técnicos que la sustentan y, sobre todo, el impacto real que tendrá en los trabajadores».

    «No podemos dar un cheque en blanco a una reforma que todavía no conocemos», indicó.

    Lira recordó que, en abril de 2026, presentó una propuesta para crear una Comisión Especial que realice un análisis integral del sistema de pensiones con información financiera y actuarial oficial y la participación de expertos, trabajadores y empleadores, pero lamenta que  Nuevas Ideas no les haya dado sus votos para crearla.

    El legislador de derecha está de acuerdo en buscar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero señaló que no pueden no aceptan «que la solución sea trasladar el costo del ajuste fiscal a los trabajadores salvadoreños».

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, ha propuesto cambios al sistema de pensiones cargando restricciones al Estado, sin contemplar un aumento de años de trabajo o tasas de cotización a los trabajadores.

    La propuesta de Ortiz, por ejemplo, limitaría al 25 % de la deuda estatal con el Fondo de Pensiones, permitiría a los trabajadores retirar el 25 % de sus ahorros para pensiones y obligaría a Hacienda a restituir la deuda del Estado con el ahorro de las pensiones en un plazo de 18 meses.

    Diario El Mundo consultó la posición de Vamos con las diputadas Claudia Ortiz y Cesia Rivas, así como a su encargada de comunicaciones, pero ninguna respondió. En declaraciones a YSKL, Ortiz sostuvo que los fondos de pensiones son insuficientes no porque los trabajadores aporten insuficientes cotizaciones sino porque el gobierno ha metido mano del ahorro de pensiones.

    En enero de 2026, Vamos propuso una “Ley de protección, transparencia y rendimiento justo del ahorro previsional” para prohibirle al Estado endeudarse con el Fondo de Pensiones de manera indefinida y establecer que un plazo de un año a dicha deuda. En ese momento la legisladora cuestionó por qué, si el Estado puede acceder al Fondo de Pensiones, “¿por qué no puede acceder el trabajador también?».

    Con la reforma de pensiones de diciembre de 2022, el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) tenía 120 días –cuatro meses– para sustituir los Certificados de Inversión Previsionales (CIP), los Certificados de Traspaso (CT) y los Certificados de Traspaso Complementario (CTC), en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) bajo nuevas condiciones que no fueron especificadas en la reforma ni fueron divulgados por las AFP ni por el Gobierno.

    El informe de la calificadora S&P Global Ratings del 9 de mayo de 2023 informó que las nuevas condiciones aceptadas por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) fue un periodo de gracia de cuatro años para pagar la deuda estatal de pensiones, capital e intereses; y que después de este periodo amortizaría un 7 % de interés anual a un plazo de 50 años al Fondo de Pensiones. Ese periodo de gracia se vence en abril de 2027.

    Precisamente, uno de los compromisos del Gobierno con el FMI es saldar esa deuda, que asciende a $2,400 millones.

  • Mayteé Iraheta: “Estoy comprometida en proteger la seguridad de la que ya gozamos, tenemos que hablar de algo permanente”

    Mayteé Iraheta: “Estoy comprometida en proteger la seguridad de la que ya gozamos, tenemos que hablar de algo permanente”

    La candidata presidencial del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) cree que es posible proteger la seguridad de la población con una estrategia permanente que permita que los «delincuentes no salgan de la cárcel” pero que respete las garantías constitucionales de la población. “Es importante hablar a los salvadoreños que toda persona tiene derecho a la privacidad”, dice.

    “Ya es constitucional. Es una ley”, dice sobre la reelección presidencial. Tampoco considera inconstitucional que haya habido 54 prórrogas del régimen de excepción. Admite que cometió un error en la contratación de su hermana cuando fue diputada de la Asamblea Legislativa. «Pagué la multa», afirma. Ella se ve como la candidata que busca “alzar la voz cuando solo se permiten murmullos”.

    ¿Quién es Mayteé Iraheta y cómo decidió convertirse en candidata a presidenta?

    Soy una mujer muy creyente en Dios. Creo que las cosas no suceden por casualidad, sino porque Dios así lo dispone. El presidente de mi partido, Carlos García Saade, tomó a bien considerar que era el momento para que una mujer, por primera vez en la historia de este partido, tomara las riendas del liderazgo en esta candidatura. Me consultó si yo estaba dispuesta a aceptar la candidatura, muy desafiante y, sobre todo, en esta coyuntura. Luego de consultar con Dios y con mi familia, acepté. Y creo que conjugó muy bien con quién soy. Soy una mujer que ama los retos, que ha tenido siempre las metas muy claras y que ama los desafíos.

    Y este gran desafío es poder ser la voz de miles de salvadoreños que en este momento no se sienten representados por el oficialismo y que hablan en murmullos, que están siempre con una voz baja, hablando sobre los problemas del país; que sienten que en las noticias no se está hablando sobre aquello que realmente nos aqueja: sobre los problemas económicos, sobre el olvido del agro, de la ganadería, sobre que el desarrollo no ha logrado llegar a los 14 departamentos de El Salvador.

    Creo que soy una mujer que ama poder servir a El Salvador. Lo he hecho desde pequeña a través de diferentes clubes de servicio y llegué a la Asamblea Legislativa teniendo 26 años y me convertí en la mujer más joven al llegar a ese curul en ese momento y creo que desde ese instante decidí que iba a seguir desafiando el sistema y en este momento lo seguiré haciendo, seguiré desafiando al sistema, que dice que hay que mantenernos en silencio y en murmullos.

    ¿Qué ofrece a los salvadoreños?

    Ofrezco ser esa voz. Esa voz que defiende la democracia, que defiende y cree en el equilibrio de poderes, que cree en la fiscalización entre las instituciones de gobierno, que cree en las libertades, en el respeto de los derechos, que cree en la familia, que cree en el libre mercado, por supuesto, pero que cree también en el agro, en la ganadería, que cree en defender a los más vulnerables, los proyectos sociales de los que en este momento muy poco o nada se está hablando.

    También creo que es momento de hablar sobre políticas, sobre grandes problemas del mundo, sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente, cómo protegerlo. Es momento de hablar sobre los problemas que aquejan a los salvadoreños: problemas económicos, sobre cómo adquirir la primera vivienda, que es casi imposible en este momento; cómo los salvadoreños cada mes están siendo más golpeados económicamente y se les dificulta poder adquirir la canasta básica; la clase media se está empobreciendo y los pobres están llegando a la pobreza extrema.

    Los programas sociales están siendo olvidados, pero las noticias a nivel internacional son diferentes.

    Estoy comprometida en ser esa voz para los salvadoreños y ser esa dentro de mi partido, Alianza Republicana Nacionalista, que permita seguir renovando este proceso, este esfuerzo que ya está haciendo el presidente del partido, Carlos García Saade, y todo el COENA. Estoy realmente comprometida por seguir haciendo este esfuerzo.

    ¿Cuál es su propuesta en seguridad?

    Estoy realmente comprometida en proteger la seguridad y la paz de la que ya gozamos. No estoy dispuesta a volver al pasado, no estoy dispuesta a dar un paso hacia atrás, pero sí creo que es momento de hablar de algo permanente y no de seguir hablando de algo excepcional, sino de ver hacia el futuro que nos permita asegurar a los salvadoreños que la seguridad sea permanente y que esos delincuentes no salgan de las cárceles. Pero, de manera permanente, debe ser una política de seguridad. Eso es lo que le ofrezco a los salvadoreños.

    ¿Cómo mantendría a los pandilleros presos? ¿Va a pedir, digamos, una especie de cadena perpetua para ellos, retroactiva –ya que ahorita no se está aplicando?

    Definitivamente, la Constitución establece la independencia de los órganos de Estado y el juzgamiento de los delincuentes le corresponde al órgano judicial. Es el órgano judicial el que establece la condena a los delincuentes. Al establecerse una sentencia, son los delincuentes los que deben de cumplir con su condena en las cárceles.
    Lo importante es tener la legislación completa para que ellos sigan cumpliendo con esa condena, pero también todas las herramientas necesarias para que ellos, al momento de cumplir esa condena, regresen a la sociedad. Al incumplir con las leyes, ellos inmediatamente regresen.

    Eso es lo que la ley establece, pero eso le corresponde a los diferentes órganos de Estado, no solamente a una persona. Y eso es lo que yo le ofrezco a los salvadoreños: el cumplimiento de las leyes de manera integral.

    ¿Cómo va a garantizar que los pandilleros se mantengan presos si va a depender del sistema judicial?

    Esto se garantiza a través del diálogo, del cumplimiento de las leyes, del trabajo en equipo. Se trabaja en equipo, de respeto y del trabajo de todos de manera sistematizada.

    ¿Mantendría suspendidas las tres garantías del régimen de excepción?

    Creo que es momento de dejar de hablar de la excepción y hablar de la permanencia. No podemos seguir trabajando basados en algo temporal, sino en algo permanente. Por eso es necesario hablar sobre una política integral de seguridad; y no basados en algo excepcional, que solamente tiene vigencia por 30 días y que necesita una prórroga constante, sino en algo permanente en el tiempo que permita asegurar a los salvadoreños la seguridad en el futuro.

    ¿El hecho de que la Asamblea Legislativa haya prorrogado 54 veces el régimen de excepción es una conducta inconstitucional?

    No. La Constitución de El Salvador permite la prórroga del régimen de excepción.

    ¿54 veces?

    Las veces que sean necesarias, lo permite la Constitución de la República.

    ¿Mantendría usted suspendidos los tres derechos constitucionales en la solución permanente que usted propone?

    El régimen de excepción está contemplado en la Constitución como algo excepcional. Cuando hablamos de una política integral y permanente, definitivamente tenemos que garantizarle a los salvadoreños el goce de sus derechos y garantías. En este caso, durante mucho tiempo, los salvadoreños han tenido restringidos sus derechos y garantías.

    Es momento de hablarle a los salvadoreños, en general, de una política integral que les permita asegurarles la seguridad y el goce de sus derechos y garantías procesales de igual manera. Definitivamente, ese es el trabajo de un gobierno que tiene una visión a futuro, pero la palabra excepcional es temporal. Y ahora tenemos que hablar en este momento de la historia de El Salvador de un término futuro, y es por eso que tenemos que hablar de programas y políticas que permitan la prevención y la protección de la seguridad.

    ¿Restablecería los derechos constitucionales para la población en general, entonces?

    Todos los salvadoreños y todos los ciudadanos del mundo tienen derecho al goce de sus derechos y sus garantías.

    El régimen de excepción contemplado en el artículo 29 de la Constitución tiene como característica la temporalidad. Eso es lo importante de ese artículo, la temporalidad. Por eso está contemplado para 30 días.

    Jamás fue contemplado para ser permanente, sea para tres derechos, para 10 derechos o para los establecidos en el mismo. Fue contemplado para la temporalidad, no para la permanencia. Cuatro años después tenemos que hablar de algo permanente.

    Una herramienta que el gobierno defiende para sostener el régimen es la suspensión de la privacidad de las telecomunicaciones. Por ejemplo, ven a un sospechoso y le agarran el teléfono, ven las comunicaciones y se lo llevan. ¿Esa discrecionalidad, en su propuesta permanente, no existiría?

    Es importante que todos los salvadoreños entendamos que tenemos derecho a la privacidad. Usted, señora, que vive en Cabañas, que vive en Morazán, que vive en Santa Ana; usted, señor, tiene derecho a la privacidad. Usted, en un país libre, contempla ese derecho. Hoy día y desde hace cuatro años usted no tiene ese derecho y queda a discreción del gobierno poder tomarle su celular en cualquier momento, o el de su hijo o de su nieto, y poder evaluar el contenido de su celular. Y así usted tiene que evaluar lo que piensa, expresa y lo que comunica a sus personas cercanas. Esa es la realidad.

    Yo soy una fiel creyente de que debemos de respetar las libertades. Si mi derecho ofende y daña el derecho de otro, para eso existe la ley. Y yo debo de activar el aparato jurisdiccional. En este país hay toda una legislación, hay todo un cuerpo normativo que se puede seguir para activar el aparato jurisdiccional.

    Si usted considera que cualquier persona del gobierno puede venir y considerar que puede tomar sus comunicaciones y evaluarlas, definitivamente tenemos tal vez una pequeña diferencia de lo que consideramos libertad de pensamiento y expresión.

    ¿La reelección presidencial es o no constitucional?

    La Constitución establecía la no reelección como una cláusula pétrea. Hoy día la ley permite la reelección. Es una ley vigente. Ya es constitucional. Es una ley. El proceso que se siguió es cuestionado.

    Los salvadoreños permitieron la mayoría y el poder total a un solo partido político. Entendemos entonces ahora por qué es importante el equilibrio de poderes, por qué es importante que en la Asamblea Legislativa haya una oposición que permita el cuestionamiento de los procesos y de lo que sucede en la Asamblea Legislativa.

    Pero mucha de la población continúa pensando que solamente que el poder esté en una persona no sucede nada. Sí sucede y sucede mucho. Por eso la democracia se debe de proteger. Y se protege participando y compitiendo en las elecciones. Eso es lo que se hace y eso es lo que estoy haciendo yo: compitiendo en las elecciones presidenciales, porque el equilibrio del poder es necesario en nuestro país. Pero, al dar mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, los procesos pueden ser cuestionables, pero lo que es ley actualmente es ley.

    ¿Son legales las elecciones de 2027?

    Vuelvo a mi argumento. Lo que es ley actualmente es ley… Lo que emana de la Asamblea Legislativa actualmente es ley de la República. El proceso es el cuestionable.

    ¿Duda de la constitucionalidad o de la legalidad de estas reformas?

    Dudo de los procesos. Y es por eso que es importante tener en la Asamblea Legislativa oposición, como es importante tener en las alcaldías municipales gente que realmente representa a los ciudadanos. Por eso estoy compitiendo para la presidencia de la República, para alzar la voz en este momento, alzar la voz cuando solamente murmullos es lo que se permite.

    ARENA tiene una baja preferencia electoral. ¿Con qué propuesta va a traer el voto frente a un candidato como Nayib Bukele?

    Estamos mostrándole a los nacionalistas una renovación creíble. Y lo venimos haciendo años atrás a través de nuestro presidente, Carlos García Saade, y nuestro Coena. Me he sumado a este proceso de renovación. Y estoy mostrándole a los nacionalistas una renovación sólida.

    He sido siempre una mujer de convicciones, una mujer de principios. Soy una mujer que nació de una familia fundadora del partido en Sonsonate y mis colores han sido los mismos. Lo que otras personas que formaron parte de Arena hicieron y cometieron no es mi historia.

    No puedo yo cargar con los errores de personas. El instituto que cree en Dios, en la familia, que defiende el libre mercado, que cree en defender a los más vulnerables, que cree en la agricultura, la ganadería, que cree en sacar adelante a El Salvador, es el mismo de ayer, hoy y será el mismo del futuro.

    Yo estoy clara de mi partido. Y eso es lo que le estoy explicando a los salvadoreños. Somos y seremos una alternativa creíble para los salvadoreños que no se sienten representados por el oficialismo.

    Hermanos salvadoreños, nacionalistas que aman El Salvador, somos esa opción para que usted, a través de la papeleta, le diga al oficialismo que tenemos muchas cosas por las que seguir mejorando y yo estoy comprometida por mejorar. Esa es la manera de hacer historia y no solamente quedándonos en el silencio o en el murmullo. Yo decidí alzar la voz por ustedes y lo seguiré haciendo durante todo este proceso.

    ARENA está conformada por sectores siempre. ¿Cuál es el sector más fuerte? ¿El sector empresarial tiene la misma fortaleza de antes?

    Definitivamente, nuestros diferentes sectores a diario se siguen fortaleciendo. Hemos tenido un cambio gracias a la renovación y me siento orgullosa de ese proceso de renovación. Pero el sector agrícola, el sector femenino, el sector femenino hoy día está realmente fortalecido. Y estoy muy orgullosa porque esta fórmula presidencial formada por dos mujeres está inyectando esa energía que probablemente no se había visto anteriormente. Tenemos una diputada, una alcaldesa, una fórmula presidencial por dos mujeres. En ocasiones la mesa principal está casi completa de mujeres. Este es nuestro momento y lo va a seguir siendo por mucho rato.

    Cuando fue diputada en 2017, el Tribunal de Ética Gubernamental la sancionó. ¿Qué pasó en ese momento?

    Cometí un error. Mi hermana trabajó en la Asamblea Legislativa durante tres meses. Y el Tribunal de Ética Gubernamental, cuando funcionaba, me sancionó. Pagué la multa y se acabó la historia.