Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma presupuestaria que inyecta $10.1 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el fin de que adquiera definitivamente el inmueble a la sociedad Alpha Inversiones, S.A. de C.V., propietario del inmueble que actualmente es arrendado al órgano electoral y que se ubica en la colonia Escalón, distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro.

El Ministerio de Hacienda «emitió un valúo» del inmueble por $10,124,100 en enero de 2025 y, en marzo de 2026, verificó que el presupuesto especial extraordinario tenía un saldo de $11,452,851.68.

A la diputada Cesia Rivas, de Vamos, le llamó la atención que “todavía tenía disponible” dentro del presupuesto del TSE cuando “había muchas quejas” de la falta de pago del TSE para las personas que trabajaron en las mesas electorales.

“No podemos olvidar que en agosto de 2022 el TSE estaba inaugurando un edificio que le costaba a todos los que pagamos impuestos, $175,000 al mes de alquiler, hacemos números: solo en renta son más de $6 millones. Sin duda que mejor que se adquiere el inmueble es lo ideal”, afirmó.

La diputada de oposición señaló que se está “haciendo costumbre” de usar deuda sin saber “para dónde se está yendo”. “Y si se están viendo, tenemos que esperar siete años, ejemplo el Hospital Rosales, que ahorita están bonitas las luces, se puede ir a tomar fotos, pero usted no puede ir a pasar consulta ni ser atendido ni recibir medicamentos ni tener su derecho a la salud como se debe”, cuestionó Rivas.

No votar a favor, “sería un despilfarro”, valoró la diputada de Vamos, que sí votó por la reforma. “Cada vez que usted vea un edificio con el nombre muy bonito, ignoramos cuánto están pagando de alquiler y dos quiénes son los dueños”, cuestionó. Según los registros del CNR el representante legal de la sociedad propietaria del edificio que será del TSE es Gustavo Enrique Javier Simán Daboub.

Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN) consideró positivo que el TSE “ya no tenga que seguir pagando renta”. “Se está haciendo con impuestos del pueblo, ¿cuántas Fiscalías pasaron en el exedificio que ni siquiera el ascensor servía?”, dijo.

Con votos de todos los partidos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma presupuestaria que inyecta $8.7 millones de un préstamo para construir bordas en el río Grande de San Miguel.

La reforma propuesta por el Gobierno tuvo los votos de los dos votos de Arena y el voto de Vamos, además de Nuevas Ideas y sus partidos aliados; en total 59 votos. Un diputado estaba ausente.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, detalló que este ha sido un problema histórico. “El Ministerio de Obras Públicas ha hecho algunas obras de mitigación. Cuando llegan las lluvias se desborda el río Grande y esto bloquea el paso temporalmente de esa zona, siendo una de las rutas más principales que tenemos en nuestro país, queda incomunicada, no pueden pasar vehículos sedanes, incluso pick ups tienen que dar la vuelta hasta la calle de Placitas”, relató Navarro.

En el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) se incorpora $8,700,000 que servirían al proyecto de “Rehabilitación de margen y bordas en el río Grande de San Miguel para la recuperación de medios de vida en el cantón La Canoa, distrito de San Miguel”.

El proyecto consiste en la construcción de 600 metros de bordas de 3.5 a 4 metros de altura con muros gaviones, obras de control de erosión en margen del río aproximada de 600 metros de longitud y plantación de árboles a lo largo de la ruta y en áreas protegidas como medida de compensación ambiental”.

El proyecto busca “mitigar riesgos de vulnerabilidad que enfrentan principalmente los habitantes del cantón La Canoa, distrito de San Miguel, originados por inundación en los márgenes del río Grande de San Miguel y anegaciones en la zona”.

Según Hacienda, se realizarán estudios de topografía de construcción, demolición de estructuras de mampostería, obras de terracería, construcción de bordas, muro de gavión y medidas de compensación como siembra de árboles y grama.

Los fondos provienen del préstamo BIRF 9602-SV suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $150 millones destinado a financiar el “Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador”, aprobado el 9 de abril de 2024.

En abril de 2025, la Asamblea también reformó el presupuesto de 2025 para incorporar $8.7 millones de un préstamo del Banco Mundial para mitigar condiciones de vulnerabilidad de los habitantes del cantón La Canoa, en distrito de San Miguel, por las inundaciones que ocurren en los márgenes y bordas del río Grande de San Miguel, del préstamo «Proyecto de transporte e infraestructura resiliente en El Salvador» al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

En esa ocasión, Hacienda detalló que intervendrían bordas de 3.5 a 4 metros de altura con muros de gaviones –muros que se rellenan con grava–, se harían obras de control de erosión en un margen del río de aproximadamente de 600 metros y plantación de árboles a lo largo de la ruta y en áreas protegidas como medida de compensación ambiental.

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pidió este martes la conformación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa que analice el sistema de pensiones en El Salvador.

La comisión propuesta, según Lira, tendría como objetivos: solicitar información sobre situación actuarial del sistema, evaluar el impacto de las reformas vigentes, identificar riesgos para mejorar las prestaciones, generar propuesta de reformas de reforma “que incrementen la sostenibilidad, cobertura y rentabilidad del ahorro de los trabajadores”.

“Le solicitaría que someta a votación la iniciativa de creación de una comisión especial para analizar el sistema de pensiones en El Salvador”, pidió al diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

Castro sometió a votación la solicitud, pero solo logró tres votos, los dos de Arena, incluido el de Marcela Villatoro, y uno de Vamos, de la diputada suplente Cesia Rivas.

En El Salvador, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha solicitado una reforma de pensiones para «apuntalar el ajuste fiscal a mediano plazo», como parte del acuerdo de financiamiento de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) en el cual el gobierno se había comprometido a publicar una propuesta el 10 de febrero de 2026.

En El Salvador, hay 223,500 personas jubiladas de los sistemas público y privado según el estudio actuarial emitido en diciembre por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF); mientras el sistema privado tiene 2.1 millones de afiliados activos y 137,000 jubilados, el sistema público solo tiene 1,400 afiliados activos y 86,500 jubilados, por lo que actualmente para financiar las pensiones del sistema público el Estado coloca Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para pagar sus pensiones, por lo que el estudio ha sugerido buscar otras formas de financiamiento.

El estudio actuarial concluyó que existe un déficit previsional del 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024-2070, que los fondos de la CGS se agotarán en 2029 y que las cuentas individuales de la mayoría de los jubilados en 2024 se agotarán en los próximos dos años. El informe únicamente habla de crecimiento de las cuentas individuales en general de 2024 a 2070.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este martes un dictamen recomendable para sugerir al Ministerio de Educación que reinstale a la directora del Complejo Educativo Alejandro Humbolt de Ahuachapán, Sotera del Socorro Hernández de Zepeda, quien había sido nombrada recientemente como subdirectora.

La diputada aseguró que ella “había sido la directora de la escuela por más de 20 años” y afirmó que fue “despedida sin justificación”.

“Muchos de los niños han crecido con ella toda su vida, ha sido de esas docentes que no solo han instruido a sus hijos, sino también a los padres de estos niños. Muchos de los niños se sienten con problemas de depresión o ansiedad”, señaló al inicio de la sesión plenaria de este martes.

La diputada detalló que la maestra fue directora y había sido degradada a subdirectora.

Según la legisladora, ella recibió a un grupo de padres de familia que también han acudido a la Departamental del Ministerio de Educación y “no los han escuchado”.

Ella solicitó el ingreso de la pieza de correspondencia para su estudio, pero únicamente tuvo tres votos a favor, el de ella, el del diputado Francisco Lira y el de la diputada de Vamos, Cesia Rivas.

Junto a su solicitud presentó una carta que dijo tenía más de 500 firmas que pedían el reinstalo. “Los escuchamos, los recibimos, hablamos con ellos, dijimos que los íbamos a acompañar en esto”, indicó.

El pasado 14 de abril, un conjunto de padres de familia marcharon del centro escolar hacia la Dirección Departamental de Educación en Ahuachapán con apoyo de la Asociación Nacional de Educadores Bases Magisteriales Salvadoreñas, que argumentó que la estabilidad laboral de los maestros es protegida por el artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes que siguen teniendo «serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción» en El Salvador y reiteró su llamado al Estado a poner fin a la medida.

La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que aún mantienen un monitoreo para evaluar los efectos del régimen, reiterando que hay «denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas», «de actos de tortura, muertes bajo custodia y condiciones inhumanas de detención, afectaciones a las garantías judiciales, la protección judicial y el debido proceso». Según la Comisión, habría al menos 500 muertes bajo custodia estatal.

«El Estado debe evaluar rigurosamente si la decisión de mantener esta medida excepcional resulta compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los principios de temporalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, en línea con lo señalado en su reciente Resolución 1/2026 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos en las Américas», publicó este martes en un comunicado.

La CIDH enfatizó que el Estado «debe asegurar, en todo momento y conforme al debido proceso, las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal» pero que también debe «investigar, juzgar y sancionar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos».

También consideró que la imposición de la cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo, junto con un paquete de reformas en materia penal, procesal penal y de justicia juvenil para su implementación «podría comprometer seriamente el debido proceso frente a la imposición de penas de máxima gravedad» y le advirtió que la prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes «es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena».

Sin embargo, valoró la disposición de El Salvador de mantener «un diálogo franco y constructivo» al referirse a su participación en las audiencias públicas de su 195 periodo de sesiones, en la cual organizaciones manifestaron su preocupación por persecución contra personas defensoras de derechos humanos y voces críticas, así como mencionaron la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno ha rechazado las críticas u observaciones de las organizaciones, así como cualquier política sobre violaciones a derechos humanos, maltrato estatal o persecución de voces críticas; y ha acusado a las organizaciones de solicitar liberar a los pandilleros, basándose en que estas aseguran que las capturas reportadas oficialmente bajo régimen de excepción son arbitrarias.

Diputados de Nuevas Ideas remarcaron ayer que no privatizarán los servicios de salud, educación o agua, al referirse a la próxima aprobación de la nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP), que ayer fue explicada por el Ministerio de Economía en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.

Ante una pregunta de la diputada Cesia Rivas, del partido de oposición Vamos, que cuestionó por qué razón se han excluido los sectores de salud, educación y agua como posibles APP, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, insistió en que dichos servicios no serán privatizados.

“No vamos a privatizar ningún servicio público”, dijo Soriano, quien también prometió que los “proyectos que se buscan llevar a cabo a través de las APP van a ser de beneficio” para la población.

Sin embargo, el diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, sin aseverar que se aplicarán las APP para dar servicios de salud, educación o agua, aseveró que “hay diferencias entre una privatización y las alianzas público-privadas, que son las APP”.

“Las APP es un acuerdo de colaboración entre el Estado y una empresa privada, para financiar, construir u operar un servicio público. Si hemos visto que existe una herramienta como las APP, que trata de eficientizar los proyectos, por supuesto que esa es una herramienta que buscamos que tenga todo el control por parte del Estado”, agregó.

La directora de inversiones del Ministerio de Economía, Clarissa Valdebrán, reiteró que la ley busca mejorar los servicios públicos y cerrar la brecha de infraestructura en el país.

“Este tipo de contratos nos daría un salto de calidad en el tema de infraestructura pero también para que el Gobierno brinde servicios de mejor calidad, reduce riesgos para el Gobierno, el Gobierno se puede apoyar de inversión privada”, afirmó Valdebrán. Detalló que la Dirección de Alianzas Público Privadas (DAPP), unidad del Ministerio de Hacienda, tendrá la obligación de identificar las áreas prioritarias en las que necesitarán apoyarse de esta herramienta APP.

La discusión: ¿APP en salud, educación o agua?

La diputada Cesia Rivas (Vamos) mencionó que la ley actual tiene 107 artículos y la propuesta posee 88 artículos. “¿A qué se debe la supresión de la exclusión de los servicios de salud, educación y recursos hídricos de la ley? Y si esa supresión se debe a que el Gobierno está considerando hacer APP en el área de los recursos hídricos, en el tema de salud y educación”, preguntó a la representante del Ministerio de Economía.

El diputado William Soriano (NI) tomó la palabra para responder a la diputada: “Diputada, como usted no vino en la comisión anterior y su propietaria anda paseando en Barcelona, tomándose la foto, no tuvo oportunidad de leer la ley, ya se le explicó una vez a su propietaria que en ese sentido ya existe regulación que impide la privatización de estos servicios y no es técnicamente necesario que se incluya. Si ya contamos con eso en la Constitución no entendemos por qué insiste. Lea la Constitución”, le dijo.

Luego reiteró que no privatizarán servicios públicos. “Nosotros hemos sido muy enfáticos en decir: no vamos a privatizar ningún servicio público. Pero usted viene acá porque no estuvo en la comisión anterior y su propietaria anda paseando en Barcelona a hablar del mismo tema que ya discutimos una vez”, agregó.

El diputado no detalló si aplicarán las APP para prestar servicios de salud, educación o recursos hídricos. La semana pasada, la diputada Dania González (NI) afirmó que la participación privada no sustituye la obligación del Estado de dar el servicio público y el diputado William Soriano expresó: «Tal cual como lo repetimos nosotros: se excluyen todos esos servicios y es importante dejarlo claro».

En la Comisión, Rivas le pidió al diputado Soriano actuar con decoro. “La pregunta se las hice a los invitados y son ellos los que deben responder, porque son ellos los que han presentado esto. Si van a repetir lo que usted dijo, si me van a mandar a leer la Constitución, yo creo que leerla pueden todos los salvadoreños, pero cumplirla no y ustedes lo han demostrado muy bien”, expresó la diputada de oposición.

El diputado Soriano le preguntó a la representante del Minec si la nueva ley busca la privatización algún servicio de la población, a lo que Valdebrán le respondió que la ley reúne todos los requisitos de estudio y consulta para los contratos de APP con el fin de “poder brindar mejores servicios a la población y cerrar la brecha que tenemos aún en el tema de infraestructura”.

“Estamos claros que no se busca privatizar ningún servicio a la población”, replicó Soriano.

“Así como estamos claros que la pregunta va dirigida a los asocios público-privados. Usted habló de privatización, aquí estamos hablando de asocios público-privados”, insistió la diputada Rivas.

 

«Nunca se habla de una privatización como tal»

Posteriormente intervino el diputado Edgardo Mulato (NI) quien se dedicó a argumentar que una APP no es privatización.

“Para que podamos dejar muy en claro que este acuerdo de colaboración entre el Estado y una empresa privada pueda ser financiada por un servicio público o por una empresa. Nunca se habla de una privatización como tal. Y voy a aclarar que es una privatización, es cuando el Estado vende o transfiere a una empresa de un servicio público al sector privado”, fue la explicación del diputado Mulato.

Mulato detalló que las instituciones públicas le darán seguimiento a “que no haya abusos del uso del dinero de los salvadoreños”.

Rivas concluyó que se realizarán esas APP en salud, educación y recursos hídricos, y le pidió a Soriano leer los artículos 26 y 41 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

«Usted viene a esta comisión a inventarse una serie de cosas… Utilizar este espacio repetidamente para decir mentiras, no lo vamos a permitir», le respondió Soriano, quien pidió a la diputada hacer preguntas «de carácter técnico» y la señaló de hacer preguntas «que nada tienen que ver» con la discusión.

La Comisión acordó citar al presidente del Invest, Rodrigo Ayala, para que dé su posición sobre el proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas. Vamos entregó un listado de universidades, gremiales y organizaciones a las que pidió invitar. «Si quiere invitamos a Funde, dígalo», le dijo Soriano. «Si gusta da lectura a las organizaciones, ahí están y si usted quiere que invitemos a Alba Petróleos, que ya no existe, usted puede hablar de eso, disculpe», le respondió Rivas. La diputada Elisa Rosales le pidió respeto a Rivas.

La diputada Cesia Rivas, del partido de oposición Vamos, rechazó ayer las supresiones de servicios públicos y de requisitos para los privados que haría la nueva Ley de Alianzas Público Privadas bajo estudio en la Asamblea Legislativa y que sustituiría la actual Ley de asocios público privados.

“Están haciendo leyes adecuándolas para los privados, pero no para la gente, lo cual debemos de prestar atención”, reclamó en un video divulgado en X.

La legisladora reclamó y enumeró cinco supresiones de disposiciones existentes en la ley actual.

“La ley que está ahorita excluía de todo asocio público-privado al agua, a la educación y a la salud pero la nueva ley no lo hace. También, incluía al fiscal general de República. Tenía un mínimo de inversión de 42,000 salarios mínimos para que haya un APP. También hablaba de un porcentaje del PIB que debía estar ahí y que debía garantizar. Todo eso se ha quitado. Se han quitado los controles. Se han quitado los informes que se deben presentar a la Asamblea Legislativa”, resumió en un video.

Su primer reclamo es la supresión de la prohibición actual para hacer APP con el fin de prestar servicios públicos de agua, salud y educación. En el proyecto, esta exclusión se elimina.

Luego, Rivas se refiere a que el artículo 4 de la ley actual indica que “el fiscal general de la República representará al Estado en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los bienes muebles sujetos a licitación” y que velará porque “en las concesiones” otorgadas por el Estado “se cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades” según la Constitución. En la propuesta, el papel del fiscal desaparece del texto.

La diputada también hace referencia al «monto de inversión y gasto actualizado de operación y mantenimiento de los proyectos a APP» que, según la ley actual, deben “superar el equivalente a 45,000 el salario mínimo vigente del sector comercio y servicios”, es decir, una APP debe tener una inversión mínima de $18.3 millones según la normativa actual.

Así mismo, otra de las observaciones de Vamos se refiere a que el artículo 20 de la ley actual establece que el monto acumulado de los pagos firmes del Estado a favor del privado “no podrá exceder el 3 % del Producto Interno Bruto del año inmediato anterior”. Esa cantidad rondaría los $1,101.2 millones si se basa en el PIB de $36,708.1 millones, al cierre de 2025.

La diputada además reclamó por la eliminación de la obligación que tenía el Consejo Directivo de Proesa –hoy Invest– de “informar anualmente a la Asamblea Legislativa sobre su gestión administrativa, financiera y técnica y así como los mecanismos y acciones de transparencia implementados en los contratos de APP suscritos”, regulado en el literal “f” del artículo 14. La propuesta le quita las competencias a Proesa y estas son asumidas por una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), que estará adscrita al Ministerio de Hacienda.

La Comisión finalmente votó a favor de citar al presidente del Invest, antes Proesa, Rodrigo Ayala, para que dé su opinión sobre la propuesta de nueva ley. Vamos pidió citar, además, a universidades, organizaciones y sindicatos.

En la Comisión, diputados de Nuevas Ideas rechazaron que busquen “privatizar” los sectores de salud, educación y agua, aunque no detallaron si harán asocios público privados para dar servicios de salud, educación y agua.

Sin el voto de Vamos, los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa acordaron el lunes citar al presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala, para que se pronuncie sobre el proyecto de nueva Ley de Alianzas Público Privadas.

«Tenemos pensado invitar al presidente de Invest al joven diputado Rodrigo Ayala y presidente de Invest, para que pueda comparecer ante la comisión y poder ser parte de la discusión que estamos teniendo como diputados», propuso el diputado William Soriano. «Los que estén de acuerdo con esto, favor, votar. Se aprueba por mayoría de los presentes», dijo.

La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, pidió la palabra.

La legisladora de Vamos recordó, al final de la comisión, que había entregado el listado de las propuestas de invitados de Vamos para que también se pronuncien sobre la propuesta de ley enviada por el Ministerio de Economía.

El listado incluye a 14 entidades: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad de El Salvador, Universidad Don Bosco, Universidad Dr. José Matías Delgado; a las organizaciones Acción Ciudadana, Foro del Agua, Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), Alianza contra la Privatización del Agua; a las gremiales Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), Cámara de Comercio de El Salvador (Camarasal), Colegio Médico; y al Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss) y al Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco).

«Por el cargo que usted tiene, ojalá pueda actuar con decoro, con responsabilidad y ser hombre», dijo Rivas. «Si quiere que invitemos a Funde, dígalo, verdad», le respondió Soriano. «Diputado presidente, si gusta, da lectura a las organizaciones, ahí están, y si usted quiere que invitemos a Alba Petróleos, también, que ya no existe, usted puede hablar de eso», le respondió.

La diputada Elisa Rosales se dirigió a Rivas: «Por favor guarde respeto. Considero que usted ya se está pasando. Mantengámonos en el orden de la discusión».

El proyecto de Ley de alianzas público privadas fue enviado a la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2026 y recibido este 14 de abril por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Este deroga la «Ley especial de asocios público privados» y elimina la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos. Los diputados de Nuevas Ideas han descartado una privatización y, sin decir expresamente que aplicarán las APP en salud, educación y recursos hídricos, han aclarado que las APP no son una privatización.