Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa ha autorizado o aprobado préstamos, títulos valores y garantía de deuda por un total de 1,456 millones, desde el 1 de enero hasta el 10 de junio.

Los mayores montos fueron $501.2 millones para el programa «Acelerar el aprendizaje» otorgado por el Banco Mundial que podrán usarse en estrategias estatales, obligaciones generales o transferencias, seguido de $195 millones para la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ratificado en enero de 2026, aunque autorizado en diciembre de 2025; dos préstamos de $150 millones, uno para escenarios deportivos y otro para controlar las inundaciones del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Del resto, un total de $100 millones se aprobaron en títulos valores para prioridades, obligaciones, transferencias o necesidades, $75 millones para DoctorSV, $100 millones para creación de empleo, entre otros.

Durante el año 2025, el Órgano Legislativo aprobó o ratificó nueva deuda por $3,412.2 millones, ya que ratificó $1,932 millones en préstamos y aprobó garantías crediticias por $1,480.1 millones, sin contar garantías otorgadas a créditos asumidos en años o gobiernos anteriores.

La deuda aprobada en 2025 y lo que va de 2026 suma $4,868.2 millones.

Durante 2024, la Asamblea Legislativa ratificó préstamos, garantías crediticias y autorizó títulos valores por un total $5,750.1 millones, lo que sumaría una deuda avalada por $10,618.3 millones desde enero de 2024.

No toda la deuda ha sido incorporada al presupuesto general del Estado y muchos de los proyectos son ejecutados a lo largo de cinco años.

Por ejemplo, el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el «Proyecto de apoyo al control de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador», que promete rehabilitar los sistemas de drenaje de las colonias Santa Lucía y Médica, se ejecutará en cinco años.

Durante el primer año solo se ejecutarían $3.6 millones; en el segundo año, $9.1 millones, en el tercer año, $64.9 millones; en el cuarto año $63.3 millones; y en el quinto año, $8.8 millones.

Del total, lo asignado para mejorar los sistemas de drenaje de las colonias Santa Lucía y Médica son $30.1 millones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó esta semana que la Asamblea Legislativa ratifiquen dos convenios que agilizan la protección de la propiedad intelectual de las patentes e invenciones, así como permiten la tramitación regional de protección de diseños industriales, un requisito que se establecía en el acuerdo comercial de El Salvador y Estados Unidos suscrito a inicios de 2026.

El Tratado sobre el Derecho de Patentes establece una guía para que los inventores y empresas sigan un proceso menos burocrático y con mayores protecciones de subsanación ante errores, cuando solicitan patentes en distintos países del mundo.

Según el Ministerio, el tratado otorga seguridad jurídica ante errores formales e impide que una patente legítima sea revocada o invalidada por el incumplimiento de un requisito menor.

El convenio busca que los países miembros no impongan sanciones más graves que las contenidas en el tratado y permite que los países adopten normas beneficiosas para los inventores.

Además de ello, El Salvador también está por ratificar el «Acta de Ginebra del arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales«, el cual busca que un creador o una empresa solicite la protección de su diseño industrial en países o regiones específicas ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El Acta de Ginebra promete simplificar el registro internacional de una solicitud de protección de un diseño industrial de un producto en varios países a la vez.

La Asamblea salvadoreña ya ratificó el 10 de junio un tratado similar, el “Tratado de Riad sobre el derecho de los diseños”, que busca agilizar la protección a la propiedad intelectual de los diseños industriales, promoviendo un sistema simplificado.

La solicitud de ratificación es un requisito del acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos. Este tratado, que aún no está vigente, indica en su artículo 1.17 sobre «acuerdos internacionales» que en «un periodo que no exceda de dos años el gobierno de El Salvador deberá presentar a la Asamblea Legislativa» la solicitud de adhesión de ambos acuerdos, pero además requiere que se solicite la adhesión de la Convención Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, de París, aprobada en 1961 y revisada en 1991.

Esta convención, sobre obtenciones vegetales, busca proteger derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales e incluso permite prohibir la reproducción de semillas, exportación o importación.

El Salvador unificó sus leyes de propiedad intelectual y de marcas, que regula las patentes y las invenciones e incluye incentivos fiscales del 50 % en el registro de patentes para micro y pequeñas empresas.

El concejo de San Salvador Centro aprobó el pasado 10 de junio un fondo extraordinario para atención de emergencias así como la bonificación para personal de la municipalidad a entregarse en junio y agosto según un reglamento interno.

Esos fueron dos de los acuerdos a los que llegó el concejo en su sesión del miércoles, según la información publicada por el concejal Simón Paz, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), funcionario que suele dar un breve informe en redes sociales de las reuniones del concejo capitalino.

«Recuerden que las lluvias continuarán por lo que debemos tener precaución», indicó, sobre la aprobación del fondo extraordinario para las emergencias. No detalló el monto del fondo ni su destino específico.

Por otra parte, la bonificación para el personal que entrega la alcaldía de San Salvador Centro está regulado en el «Reglamento interno de trabajo de la alcaldía municipal de San Salvador Centro», aprobado en agosto de 2024.

«Los servidores públicos gozarán de los siguientes: 6. A la bonificación, que será pagadero por medio de dos abonos en el periodo de junio a agosto de cada año», indica el artículo 46 del reglamento. Tampoco se detalló el monto erogado para la bonificación de los empleados del concejo de San Salvador Centro.

En la más reciente sesión de concejo, también se autorizó un convenio de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para implementar el «Programa de adaptación urbana al cambio climático».

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó esta semana a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) que en junio harían la contratación de la empresa se encargará de diseñar e implementar el sistema de voto electrónico remoto y presencial para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2027.

El director de Vamos en la JVE, Carlos Martínez, relató que en la reunión sostenida el lunes 8 de junio, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, les informó que la empresa “todavía no se ha contratado” y que “en junio se va a contratar”.

De acuerdo a Irvin Sorto, director de la JVE por el FMLN, fueron informados de “tres empresas involucradas, sin mencionar los nombres” y esta semana, en los próximos dos o tres días, se podría dar la adjudicación.

En la reunión, uno de los integrantes de la JVE advirtió que los plazos según el calendario vigente ya estaban vencidos. De acuerdo a los miembros de la JVE los calendarios del proceso electoral 2027 están sufriendo ajustes.

El calendario actual se modificará a raíz de las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 14 de mayo para dar siete escaños legislativos a la circunscripción de salvadoreños en el extranjero y quitar la asignación de votos de la diáspora salvadoreña al departamento de San Salvador.

En la reforma al Código Electoral, también se modificaron algunos plazos de cierre de nuevas inscripciones en el Registro Electoral, de modificaciones de domicilio de los electores y del preenrolamiento que pueden hacer los jóvenes que están por cumplir los 18 años.

Empresa debe explicar sistema de votación a la JVE

El representante del FMLN aseguró que ellos están a la espera que el Tribunal les haga saber a qué empresa se le va a dar ese contrato, ya que, la empresa adjudicada estará obligada a invitar a la JVE para explicarles el sistema de votación que implementarán. “Que lo podamos constatar, al final, que sea transparente”, indicó.

“Yo le doy el beneficio de la duda a la presidenta del TSE, nos ha dado mucha apertura, muchas cosas no están en sus manos”, señaló.

El objetivo, dijo, es que no vuelva a pasar la experiencia de las elecciones legislativas de 2024, en donde se detectaron duplicación o multiplicación de resultados, y falta de transmisión de resultados, durante el conteo en mesa.

El plazo para que el TSE contrate a la empresa que implementará el sistema de votación remota por internet y electrónica presidencial venció el pasado 29 de mayo, de acuerdo a los calendarios vigentes antes de la reforma electoral.

Diario El Mundo consultó al TSE sobre los avances en la contratación pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

En febrero de 2024, hubo fallas en el escrutinio electoral. La JVE de ese entonces informó que evidenció que el sistema de conteo proveído a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) duplicaba la cantidad de votos que se ingresaban para diputados de la Asamblea Legislativa. Este error también fue advertido por la red de organizaciones Observa.

La JVE también reportó la falta de un plan de contingencia ante la caída del sistema de conteo y transmisión de datos, además de errores logísticos de entrega de cajas equivocadas.

En mayo pasado, diputados de Nuevas Ideas exhortaron al TSE a no repetir las fallas de 2024, entre las cuales mencionaron que no dejaban votar a salvadoreños con su pasaporte pese a que la Ley especial del sufragio en el extranjero lo permitía.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “el Chino” Flores, aseguró recientemente que empresarios han querido ser candidatos pero han desistido por una supuesta persecución fiscal.

“Es triste de que hay empresarios que hayan querido ser candidatos y después les dijeron ‘miren, ahí les va a llegar Hacienda’, ¿por qué razón hay persecución fiscal y no hay libertad para que la gente participe?, porque tienen miedo”, aseguró en el programa de entrevistas de “Las cosas como son”.

El dirigente reconoció la disminución de la votación a favor del partido de izquierda a lo largo de distintos procesos electorales.

“Es la que la gente antes votó más por el Frente que ahora, la gente vota por el poder, el Frente estaba en el poder, se venía de un gobierno que había cumplido en tema de salud, educación, se puso gratuita, cientos de proyectos de salud, en obras, escrituras, hospitales, operación Milagro, que ahora ya no existe eso, Ciudad Mujer, los programas sociales, que se convirtió en ley, yo voté por esa ley, misión Milagro era de de beneficio y lo cerraron”, indicó.

El dirigente criticó la falta de cumplimiento de promesas del Gobierno actual como proyectos de Tren del Pacífico y calificó de “show” la inauguración del hospital nacional Rosales.

“No hay medicinas en los hospitales, ¿o tú pensas que los hospitales solo es el hospital Rosales? Desgraciadamente han hecho show de eso (del hospital Rosales), este gobierno es un show completo”, expresó.

Flores calificó de “nefasta” la campaña de siembra de árboles en el parque Bicentenario que se realizó a la raíz de la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) en una porción de terreno estatal ubicada en la finca El Espino.

“Sembraron árboles en bolsa, botaron dinero de los contribuyentes en una campaña nefasta para querer tapar el sol con un dedo”, dijo.

En la entrevista, el dirigente de izquierda aseguró que “la seguridad es lo único que ha hecho bien este gobierno”.

El FMLN es un partido político de izquierda que perdió ante Nayib Bukele las elecciones presidenciales en 2019 luego de gobernar durante una década y perdió sus escaños legislativos en las elecciones generales de 2024.

En las elecciones presidenciales de 2019, perdió 1.1 millón de votos; y en las elecciones de 2024 perdió otros 185,122 votos, obteniendo 204,167 votos.

Una ordenanza municipal que reconoce y regula los derechos de las comunidades originarias del distrito de Santiago Nonualco, en La Paz Centro, está vigente desde el pasado martes 9 de junio.

La comunidad nonualca está ubicada en los departamentos de La Paz y San Vicente, es de origen pipil de los siglos XI y XII.

La ordenanza fue aprobada el 6 de marzo por el concejo municipal de La Paz Centro, que cita el artículo 203 de la Constitución que les concede «autonomía en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo» a las municipalidades.

Esta normativa plantea como objetivo la protección del patrimonio, territorio y de los recursos naturales de las comunidades originarias de Santiago Nonualco.

El artículo 8 de la ordenanza prohíbe el traslado forzoso de la comunidad originaria de las tierras en donde se encuentra asentada y el derecho a proteger sus manifestaciones culturales.

Pese a la protección al patrimonio que establece la ordenanza, también promueve la reparación por confiscaciones de su patrimonio en el pasado.

El artículo 33 de la misma compromete a la municipalidad de La Paz Centro a «promover» la reparación a la comunidad originaria «por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o. utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado».

La reparación podría incluir la restitución o «una indemnización justa, imparcial y equitativa».

Los derechos de las mujeres originarias considerados en el instrumento municipal son la protección de su familia, municipalidad y gobierno, a que se le reconozca su trabajo en casa y fuera, a ser informada de los métodos para decidir el número de hijos que quieran tener, a elegir el método anticonceptivo que consideren más adecuado, a elegir libremente a su pareja y sin presión alguna.

Este instrumento crea un Comité de Comunidades Originarias de Santiago Nonualco, que podrá «emitir opiniones, informes o posición» sobre temas de la comunidad «que puedan guiar el criterio de la municipalidad».

La «Ordenanza municipal sobre derechos y fomento de las comunidades originarias del distrito de Santiago Nonualco» fue publicada en el Diario Oficial del 1 de junio de 2026.

El embajador de El Salvador en la República de Corea, Federico Guerrero Avendaño, se informó este viernes de una reunión que sostuvo con el vicepresidente de Cooperación Internacional de la Universidad Hanyang, Hansung King, y detalló que esta busca “explorar oportunidades de colaboración académica entre El Salvador y la República de Corea”.

Según el funcionario salvadoreño, acordaron “avanzar en acuerdos de cooperación que abrirán intercambios, becas y programas de formación para jóvenes salvadoreños” en innovación, logística, economía e inteligencia artificial.

Detalló que la capacitación será impartida “por especialistas coreanos”. “Más oportunidades para nuestros jóvenes. Ese es el objetivo”, comentó.

La Universidad de Hanyang ya coopera con El Salvador. En agosto de 2022, el ITCA-Fepade informó de una primera reunión de mejora en la capacidad de la educación en ingeniería en el ITCA, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea-KOICA del gobierno de Corea del Sur.

También, actualmente Corea ya ofrece becas a salvadoreños en estudios de posgrados para las universidades Hanyang, Ewha Womans University, Seoul National University, Korea University, Korea National University of Education.

Milagro Navas, alcaldesa de La Libertad Este, y Henry Flores, alcalde de La Libertad Sur firmaron este viernes los límites catastrales entre ambos municipios, un acto realizado en las instalaciones del Centro Nacional de Registros (CNR).

De acuerdo con la alcaldía de La Libertad Sur, el acuerdo brindará “mayor certeza en la delimitación de sus jurisdicciones”, así como fortalecerá la coordinación entre ambos municipios.

“Agradecemos el compromiso y dedicación de los equipos técnicos municipales y del CNR que trabajaron en la elaboración y validación de este documento, haciendo posible la culminación de este proceso en beneficio de la población”, indicó la comuna, que reúne a los distritos de Santa Tecla y Comasagua.

El alcalde Flores, de Nuevas Ideas, aseguró que la firma de los límites catastrales “permitirá trabajar de manera articulada en ambos territorios”.

El municipio de La Libertad Este está conformado por Antiguo Cuscatlán, Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva y Zaragoza.

En los municipios de La Libertad Este y La Libertad Sur hay límites coincidentes entre los distritos de Santa Tecla, de la Libertad Sur, y los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán y Zaragoza.

El alcalde Flores explicó que «prácticamente todo quedó igual» como lo tenían registrado en Catastro.

La Asamblea Legislativa de El Salvador podría ratificar en los próximos días el Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, un instrumento que prohíbe a las autoridades trámites burocráticos y a otorgar subsanaciones cuando se incumple un plazo.

La solicitud de ratificación fue enviada por la vicecanciller Adriana Mira. El acuerdo iniciará su vigencia cuando El Salvador haya depositado el tratado ya ratificado ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los instrumentos están vigentes desde el 1 de noviembre de 2011, incluidos la “Resolución de la conferencia diplomática suplementaria al tratado de Singapur sobre el derecho de marcas” y el “Reglamento del tratado de Singapur sobre el derecho de marcas”.

“Tienen como propósito fortalecer y armonizar el marco jurídico internacional aplicable a los procedimientos administrativos en materia de marcas, mediante la simplificación y estandarización de los requisitos formales relativos al registro y mantenimiento de los derechos marcarios, así como facilitar la gestión y protección de dichos derechos”, indicó la viceministra.

El tratado prohíbe expresamente trabas burocráticas como certificaciones notariales y legalizaciones innecesarias, estandariza la vigencia y las renovaciones en un plazo único de 10 años y simplifica trámites en formatos internacionales desde correcciones, cambios, inscripciones o cancelaciones. Establece también prórrogas o alternativas de subsanación si el usuario se pasa de una fecha límite.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, con esta ratificación, espera la reducción de costos al prohibir estrictamente trámites burocráticos, la flexibilidad de comunicaciones electrónicas y no necesariamente en papel, la protección contra el incumplimiento de plazos y la asistencia a países menos adelantados.