El Salvador consolidó en 2025 un «modelo represivo» bajo la extensión de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales, marcado por detenciones «masivas y arbitrarias» y la criminalización de los defensores de derechos humanos, según un informe Amnistía Internacional (AI).
El régimen de excepción cumplió cuatro años promovido por el presidente Nayib Bukele y respaldado por la Asamblea Legislativa, dominado por el partido Nuevas Ideas (NI), como medida contra las pandillas, lo que ha dejado más de 91.000 detenciones y miles de denuncias de atropellos a los derechos humanos.
«Se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción. Continuaron las detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas», dice el informe de la ONG sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo.
La organización apuntó que «el gobierno continuó priorizando la seguridad punitiva en un contexto de aumento de la pobreza extrema», y que «se profundizó el cierre del espacio cívico mediante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros para fiscalizar y sancionar a las organizaciones sociales».
Diversas organizaciones humanitarias han anunciado su cierre en El Salvador por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones, al considerarla «confiscatoria» de sus recursos y que impone responsabilidades penales por su activismo.
«Criminalización» de defensores
En el informe, AI también considera que «se reprimió la protesta social y se criminalizó a las personas defensoras de derechos humanos y a las voces críticas».
AI retoma en el documento las detenciones de la abogados Ruth López y Enrique Anaya – ambos críticos del Gobierno de Bukele -, y del portavoz de una organización que brinda apoyo gratuito a detenidos, Fidel Zavala, quienes se mantienen en prisión.
De acuerdo con AI, estos activistas fueron «acusados de cargos arbitrarios y sometidos a régimen de incomunicación y condiciones de reclusión inhumanas».
«Estos casos reflejaban un patrón sistemático de hostigamiento caracterizado por la estigmatización oficial, la reserva judicial indebida de los procesos, la prolongación indebida de la detención preventiva y la falta de garantías judiciales», según la organización Internacional.
Muertes en prisiones
AI da cuenta de 470 muertes de detenidos -en el marco de la medida de excepción- en custodia estatal al cierre de 2025 con «causas relacionadas con tortura, negación injustificada de atención médica adecuada y oportuna y condiciones de detención insalubres.
El régimen de excepción en El Salvador cuenta con un amplio respaldo popular, que le permitió a Bukele su reelección inmediata a pesar de que lo prohibía la Constitución, mientras que investigaciones periodísticas de El Faro sostienen que la escalada de muertes que dio pie al régimen se originó por la ruptura de un pacto entre las pandillas y el Gobierno.
