Autor: Yolanda Magaña

El nuncio apostólico en El Salvador, monseñor Luigi Roberto Cona, respaldó los llamados del papa León XIV por el fin de las guerras y el diálogo, además de que afirmó que una caricatura publicada por el presidente estadounidense Donald Trump fue una blasfemia.

En el programa La Tribu, el líder religioso explicó que los documentos pontificios dicen que “el papa en cuestiones de fe y moral habla auténticamente, es el intérprete auténtico en cuestiones de fe y moral, pero el papa además de hablarle a los católicos sin duda habla a todos los seres de buena voluntad”.

En medio del programa de radio, un oyente preguntó qué opinaba el religioso de la caricatura publicada por el presidente estadounidense.

El nuncio primero preguntó a qué se refería. “Una que sale como…”, le explicaba Pencho Duque. “Como si fuera Jesús”, completó el religioso. “Eso es blasfemia, francamente”, respondió. Al final esa imagen, en la que Trump aparecía encarnando la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo, fue borrada por Trump.

Monseñor Cona defendió los pronunciamientos del papa sobre la vida política mundial frente a críticos que esperan que la religión no debe combinarse con la política. No hay separación entre el rol pastoral porque el rol pastoral incluye también la convivencia humana y, si el papa no llama a la paz, al diálogo, a la cooperación entre los países, ¿qué cosa tiene que decir?, el Evangelio no es descarnado”, subrayó.

“El papa está actuando con su misión pastoral diciendo que, en vez de echar bombas que causan tantos muertos, sería mejor resolver la cosa en una mesa de diálogo, pienso que el diálogo no causa cientos de muertos”, defendió.

El nuncio Cona fue nombrado en la nunciatura apostólica de Siria el pasado 19 de marzo y tendrá una misa de despedida el 10 de mayo a las 5:00 de la tarde en la Catedral Metropolitana.

Recientemente se conoció sobre el cierre de Comunidades de Fe Organizadas (COFOA), un centro de servicio de la Diócesis de Zacatecoluca, municipio de La Paz Centro, y su director Alberto Velásquez Trujillo, confirmó este lunes que están en proceso de cierre por una recomendación que habría dado el Gobierno salvadoreño a la Nunciatura Apostólica.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió con el grupo parlamentario de Amigos Italia-El Salvador e invitó a los parlamentarios a participar como observadores de las elecciones generales de El Salvador en 2027.

«El Vicemandatario extendió una invitación formal a los parlamentarios italianos para participar como observadores en las elecciones previstas para febrero de 2027, resaltando este proceso como una expresión de la vida democrática del país, sustentada en la transparencia institucional y la participación ciudadana», indica el informativo de prensa de la Vicepresidencia.

Según el comunicado, Ulloa enfatizó que El Salvador es un destino atractivo para la inversión y el turismo, y que recibió más de 4.1 millones de visitantes en 2025.

Pero también aseguró que las elecciones de 2027 serán una expresión de la vida democrática de El Salvador y que estarán sustentadas en la “transparencia institucional y participación ciudadana”.

Las elecciones legislativas y municipales en El Salvador se desarrollarán junto a las presidenciales en 2027 debido a que la Asamblea Legislativa adelantó las elecciones presidenciales de 2029 a 2027, debido a que extendió el periodo presidencial de cinco a seis años, además de que habilitó la reelección presidencial indefinida, que estaba prohibida por la Constitución. Las elecciones estarán a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyas actas más actualizadas en su Portal de Transparencia datan de 2017.

Según la Vicepresidencia, los parlamentarios italianos reconocieron los avances alcanzados por El Salvador en “seguridad y desarrollo” y destacaron “el valioso aporte de la diáspora salvadoreña en Italia” en la economía local y lazos bilaterales.

En las elecciones generales de 2024, fueron un total de 3,054 observadores nacionales e internacionales acreditados: 2,396 observadores nacionales y 658 observadores internacionales, 22 %. El TSE había proyectado inicialmente la acreditación de 5,000 observadores.

La vicecanciller salvadoreña, Adriana Mira, se reunió con el viceministro de Política Exterior Bilaterall de República Dominicana, Francisco Caraballo, en el marco del XCIII Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).

Sin dar más detalles, la funcionaria aseguró que conversaron sobre el trabajo bileteral entre El Salvador y República Dominicana, a través de la red social X, en donde el Gobierno suele informar de sus actividades.

En mayo de 2025, ambos países firmaron un acuerdo que les permite compartir perfiles delictivos de potenciales delincuentes que pretender huir desde El Salvador hacia República Dominicana para evitar condenas por sus delitos. El acuerdo permitirá notificar inmediatamente a las autoridades salvadoreñas de algún prófugo que pretenda esconderse en la isla.

En el pasado, ambos países han firmado otros acuerdos: un convenio de supresión de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales entre El Salvador y República Dominicana en 1997; un acuerdo de cooperación técnica entre las superintendencias de pensiones de ambos países en 2002, una declaración de intención entre cancillerías en 2017.

Entre ambos países, existe una relación comercial a favor de El Salvador.

De enero a febrero de 2025, El Salvador ha exportado $13.2 millones a República Dominicana; mientras ha importado de ese país $3.6 millones en el mismo periodo.

Una reforma presupuestaria aprobada el martes indica que, de los $100 millones de títulos valores cuya emisión fue autorizada el pasado 15 de abril, se destinan $80 millones colocados en el mercado nacional al Ministerio de Economía con el fin de facilitar inversiones en El Salvador entre otros objetivos económicos.

La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y Partido de Concertación Nacional (PCN). Arena y Vamos, partidos de oposición, no votaron; y el diputado PDC estaba ausente.

Según el decreto, los fondos se destinarán a “facilitación de inversiones, innovación productiva, mejora de la competitividad empresarial, transformación digital” y otras finalidades no detalladas. El decreto no especifica la partida exacta o la unidad presupuestaria que recibirá los fondos dentro del presupuesto del Ministerio de Economía. Únicamente se detalla que en el apartado de gastos se refuerzan «las asignaciones vigentes del Ramo de Economía».

Cuando la Asamblea Legislativa autorizó la emisión de los $100 millones en títulos, estableció en el decreto legislativo 552 que podrían usarse para «atender prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez, transferencias varias o para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos».

El Gobierno sostiene que en el ramo de Economía surgieron «diversas necesidades urgentes y de carácter estratégico en facilitación de inversiones, innovación productiva, mejora en la competitividad empresarial, transformación digital. No se especificó si se usará el financiamiento en la contratación de servicios.

El presupuesto del Ministerio de Economía asciende a $71.8 millones luego de modificaciones que lo incrementaron en $8 millones.

La unidad presupuestaria de «Innovación y competitividad 2026» sufrió un recorte de $559,366, hasta febrero de 2026. Esta unidad tiene dos líneas presupuestarias: innovación y competitividad, que tiene un presupuesto de $1.6 millones; e inteligencia y política económica, que tiene asignados $210,135.

Entre las instituciones adscritas a Economía, están la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), la Comisión Nacional de Activos Digitales, la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin y el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf). Conamype tiene una asignación de $5.6 millones; la Comisión de Activos Digitales, $2 millones; la Agencia Bitcoin, $1.4 millones; y el Incaf, $10.6 millones. Ninguna de las asignaciones a estas entidades, registradas en el presupuesto de Economía, han sufrido modificaciones.

Por otra parte, en 2025, el Gobierno colocó $149.5 millones de títulos valores en el mercado nacional, pese a que se había autorizado $566.6 millones. Sin embargo, las instituciones descentralizadas y empresas públicas colocaron $35 millones en el mercado nacional y $580 millones en el mercado externo.

El representante de los afectados del fraude millonario de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (Cosavi), Juan José Ortiz, pidió públicamente el martes a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que les informe quien autorizó la venta por $20.2 millones de activos de Cosavi a la empresa titularizadora Hencorp.

“Se vendió de Cosavi una cartera de préstamos a una empresa privada que se dedica a la compra-venta de títulos valores, la empresa Hencorp, al día de hoy los afectados no tenemos información oficial por parte de la señora Evelyn de Gracia, no sabemos quién autorizó la venta porque los dueños de la cooperativa seguimos siendo nosotros”, afirmó el afectado.

Según Ortiz, al 8 de mayo de 2024, Cosavi tenía $230 millones de activos, pero enfatizó que no saben qué cartera se vendió a Hencorp y cuánto era el precio original ya que explicó que Hencorp es una empresa que “no va a comprar una cartera al mismo precio”. Además, se cuestionó sobre si el juez que lleva la causa penal fue quien autorizó la venta de la cartera de deuda. “Tampoco sabemos si ese dinero ha ingresado a las arcas de Cosavi”, cuestionó.

“No entendemos cómo estando intervenida (la cooperativa), están vendiendo activos de la cooperativa, pero a los afectados no se nos devuelve ni un tan solo centavo”. Juan José Ortiz, representante de los afectados de Cosavi.

El informe de endeudamiento municipal del Ministerio de Hacienda detalla que los saldos de la deuda municipal al 31 de diciembre ascienden a $756.1 millones y se incluyen $20,259,000 a manos de Hencorp Valores, S.A. como institución acreedora.

Con esta venta de cartera de deuda, Cosavi habría obtenido liquidez y las municipalidades ya no le deberían esos fondos a Cosavi sino a Hencorp Valores.

Los afectados de Cosavi pidieron a la SSF que paguen los certificados de aportación, ya que según el representante la SSF «no ha entregado ni un cinco» a socios que tienen certificados de $5,000 y $10,000. Afirmó que el dinero obtenido por la venta de la cartera de préstamos a los municipios «alcanza para devolverle hasta un monto de $25,000 para abajo todos los certificados de aportación».

13 socios de Cosavi fallecidos

El representante de los afectados de Cosavi informó que las dos fundadoras del Colegio Miralvalle que fallecieron el jueves pasado en un accidente de tránsito en la carretera de Santa Ana a San Salvador eran socias de Cosavi, y fueron las víctimas 12 y 13 de los afectados.

El martes, frente a la sede de la SSF, un grupo de afectados de Cosavi hicieron un minuto de silencio por los 13 socios fallecidos de la cooperativa, desde que se dio a conocer el fraude millonario.

A la vez Ortiz informó que han encargado un “análisis jurídico para valorar si este mecanismo de secuestro no constituye una herramienta de tortura dado que llevamos 13 fallecidos” y que evalúan enviar una demanda a la Corte Penal Internacional por los fallecidos del caso Cosavi.

La Asamblea Legislativa incorporó al presupuesto 2026 los últimos $1,518,671.87 de un préstamo de $71 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobado el 3 de octubre de 2013 para el «Programa fortalecimiento del sistema penitenciario en El Salvador», lo que marcaría la ejecución total del mismo.

De los $71 millones del préstamo, el Ministerio de Seguridad y Justicia ejecutó $54.3 millones, con lo cual según el Gobierno cumplió el 100 % de las metas del programa.

El BCIE autorizó que el resto de fondos, $16.6 millones, fueran asignados al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el cual tiene una ejecución acumulada de $15.1 millones.

Por ello, el saldo del programa, asciende a $1,518,671.87, monto que se destinaría a obras adicionales en las cocinas industriales de las cárceles, a la compra de 776 brazaletes adicionales para privados de libertad y $78,000 para contratar a un especialista financiero y servicios de auditoría y otros gastos para el cierre del programa.

El préstamo fue gestionado durante la administración del expresidente Mauricio Funes para la ampliación del centro penal de Izalco, construcción de granjas penitenciarias, compra de brazaletes y construcción de un centro penal en Morazán.

El plazo de pago del préstamo fue de 15 años, incluidos 30 meses de gracia.

El Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley para transferir dos inmuebles al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) para legalizar propiedades a favor de familias de la comunidad Barrio La Aduana.

Se beneficiaría a las familias que hayan ocupado previamente las porciones de terreno de forma ininterrumpida por lo menos 10 años consecutivos. El Ministerio de Vivienda levantaría el censo de las familias beneficiarias, que no podrán transferir los bienes en los 20 años siguientes después de otorgada la escritura pública.

Se trata de dos inmuebles habitados de manera irregular o declarado en desuso:

1. Inmueble urbano ubicado en la avenida Francisco Oseguera, municipio de Puerto El Triunfo, Usulután, de una extensión de 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales 7,419.49 son habitados por la comunidad Barrio La Aduana de forma irregular. Fue valorado en $176,600 por Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, el 27 de enero de 2022.

2. Inmueble de 1,573 metros cuadrados sin antecedente registral, declarado en desuso por acuerdo municipal de Puerto El Triunfo, ahora Usulután Oeste, el 22 de febrero de 2023. Fue valorado en $29,900, el 27 de enero de 2022.

Según la petición, el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2023 que el Ministerio de Hacienda transfiriera los inmuebles a Fonavipo para que «sean transferidos a título gratuito a favor de las familias de la comunidad Barrio Aduana», decisión ratificada el 27 de mayo de 2025.

La Asamblea Legislativa ratificó este martes el contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $501.2 millones que será entregado según indicadores educativos pero que podrá utilizarse en transferencias y obligaciones generales del Estado.

El préstamo fue aprobado con 56 votos de Nuevas ideas y sus aliados. La diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra.

El destino del financiamiento se define para «financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital» pero el decreto de autorización del crédito, aprobado el 9 de abril pasado, establece que los fondos pueden ser utilizados para apoyar «acciones estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias».

Sin embargo, el Gobierno deberá cumplir ciertos indicadores educativos para ir accediendo a los $501,253,133,000 a lo largo de cinco años que dura la ejecución del programa del préstamo.

¿Qué indicadores educativos deberá el Gobierno cumplir para el desembolso del préstamo?

1. Plataforma digital de aprendizaje en al menos al 70 % de estudiantes desde el 2º grado al 2º año de bachillerato.
2. Aumento del 10 % en el porcentaje de alumnos de tercer grado con competencia de matemáticas, y del 15 % en sexto grado.
3. Aumento del 10 % en el porcentaje de alumnos de tercer grado con competencia de aprendizaje de lectura y del 15 % de aumento en sexto grado.
4. El Gobierno deberá implementar “un sistema de evaluación del aprendizaje” al menos “dos veces durante la implementación del programa en dos años escolares diferentes”.
5. La plataforma de datos educativos deberá funcionar en al menos el 80 % de escuelas bajo el programa.
6. Tecnología en el aula en 60 % de las aulas de 2º grado a 2º año de bachillerato.

El préstamo deberá ser pagado en un plazo de 25 años con 5 años de gracia, en cuotas semestrales, con tasa de referencia más un margen variable, efectuándose una fijación automática de la tasa de referencia si los desembolsos sean iguales o excedan los $50,125,313, y se deberá pagar una comisión inicial del 0.25 % y una comisión de compromiso del 0.25 % anual sobre saldo no desembolsado.

Con votos de Nuevas Ideas, sus aliados y de Vamos, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto 2026 del Estado para incorporar $9.5 millones de préstamos externos y donaciones a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República.

Los fondos serán destinados para reforzar el proyecto de inversión 7458 para «financiar el pago de servicios de conectividad a la red de acceso, equipamiento informático para escuelas y unidades de salud, formación en línea dirigida a funcionarios públicos y población beneficiada como estudiantes, docentes, personal médico y de salud».

Los fondos también serán utilizados para auditoría y evaluación del proyecto.

El dinero será incorporado en el rubro de ingresos: $2.1 millones de una donación del Banco Interamericano de Desarrollo para el programa, $4.3 millones del préstamo del BID para el programa de conectividad digital social, $3 millones del préstamo 5341/KI-ES suscrito con el BID como administrador de recursos de la facilidad de Corea de cofinanciamiento para el desarrollo de infraestructura para América Latina y el Caribe.

Con 56 votos y el voto en contra de la diputada Cesia Rivas (Vamos), la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones que se deberá pagar en 18 años para ampliar la cobertura de consultas médicas a través de la plataforma DoctorSV con Google.

Con los fondos el Gobierno prevé el aumento de 18,000 a 30,000 llamadas diarias con el uso de Inteligencia Artificial (IA) y la instalación de 400 quioscos dispensadores de medicamentos, además de prolongar la compra a farmacias y laboratorios.

Los fondos se destinarían a: mantenimiento de la plataforma, contratación de servicios de farmacias, laboratorios clínicos, análisis médicos, contratación de servicios profesionales de operadores y personal clave, e instalación de 400 quioscos dispensadores de medicamentos.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, que votó en contra, explicó que «si bien viene a descongestionar todo el tema de salud», es «una parte». «La ciudadanía ha estado resintiendo mucho, las condiciones en las que están los hospitales públicos, no hay medicamentos, no hay especialistas». La legisladora también cuestionó que no se ha indemnizado a todo el personal de salud que ha sido despedido.