Autor: Yolanda Magaña

  • Nuevas Ideas promueve nueva ley para que alcaldías recuperen impuestos adeudados con planes de pago hasta 2027

    Nuevas Ideas promueve nueva ley para que alcaldías recuperen impuestos adeudados con planes de pago hasta 2027

    Los diputados Ernesto Castro y Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, presentaron un nuevo proyecto de ley transitoria para permitir planes de pago a quienes adeuden impuestos municipales a las 44 alcaldías del país. Una ley similar se aprobó en 2023.

    De acuerdo con el proyecto, se permitirían planes de pago que no deberán exceder al 31 de diciembre de 2027.

    El resto de términos del proyecto es similar a la ley que se aprobó el 18 de enero de 2023 y que tuvo una vigencia de 90 días.

    «En armonía con la estrategia nacional de fomento de la economía, es oportuno establecer medidas y oportunidades a la población para que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones en materia de impuestos municipales», argumentan en los considerandos del proyecto.

    La normativa perdonar multas e intereses moratorios por la falta de pago de los impuestos, multas e intereses moratorios por el no pago debido a declaraciones omitidas de los contribuyentes o multas por incumplimiento de obligaciones legales tributarias.

    No podrán aplicar a la facilidad de pago quienes hayan sido sancionados o estén enfrentando una acción judicial de la municipalidad para cobrar los tributos.

    Aplicará a deudas tributarias con las 44 municipalidades registradas hasta el 31 de diciembre de 2025.

  • Reforman ley de expansión de inversiones para abrir beneficios a Grupos Empresariales

    Reforman ley de expansión de inversiones para abrir beneficios a Grupos Empresariales

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la reforma a la Ley de fomento de la expansión de las inversiones para abrir los incentivos fiscales a grupos corporativos o empresariales que sumen, con sus sociedades dedicadas a un mismo fin, un total de inversión de $75 millones o más, así como flexibilizar otros requisitos.

    La ley, aprobada en enero de 2026, otorga créditos tributarios utilizables en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) equivalentes al 10 %, 20 % o 30 % de la inversión expandida, aunque utilizables gradualmente.

    Uno de los cambios es que, con la reforma, se permitirá que grupos corporativos o empresariales con una expansión mínima de $75 millones apliquen a estos incentivos.

    La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, leyó que ello permite «ampliar el universo de potenciales beneficiarios».

    «Las reformas que estamos conociendo permiten ampliar el universo de potenciales beneficiarios, incorporando la figura de los grupos empresariales que operan coordinadamente en nuestro territorio nacional y que forman parte de una misma cadena productiva». Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

    La reforma eliminó la exclusión de empresas que hayan gozado de incentivos en el pasado, incluyó en los beneficios las compras de maquinaria y equipo a partir de la calificación otorgada por Invest, redujo de 10 a 5 años el requisito de tiempo mínimo de operación exigido a las empresas beneficiadas. También redujo de 10 a 4 los ejercicios fiscales declarados en Impuesto sobre la Renta como requisito y de 10 a 5 los años de estados financieros auditados que deben ser presentados.

    Según la Agencia de Promoción e Inversiones de El Salvador (Invest) empresas en el país han expandido su inversión en $502 millones con la promesa de generar 2,246 nuevos empleos.

    Claudia Ortiz, diputada del partido opositor Vamos, advirtió que la nueva ley no tiene «mecanismos que exijan una inversión que se traduzca en empleo, no se le exige la creación de determinado número de fuentes de empleos».

    La diputada de Vamos sugirió también que haya un mecanismo para saber si la inversión de la empresa incentivada será «destinada a la automatización» para darle un incentivo menor o que haga una reparación.

    Advirtió que la Inteligencia Artificial (IA) hace que no necesariamente la inversión en tecnología, automatización o expansión se va a traducir en la creación de empleos. «Es una realidad. No es un tema solo de El Salvador», dijo.

    «Es algo que debe ser verificado porque la ley así como está no contiene ningún mecanismo para exigir que esas inversiones nuevas se traduzcan efectivamente en la creación de empleos». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

    De acuerdo con la diputada Ortiz, la Ley de expansión de las inversiones «no es mala per sé» pero no necesariamente una inversión en maquinaria servirá para generar empleo y disminuir la cantidad de empleos informales.

    Citó la Encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV para decir que «la tecnología tiene que estar en función de la dignidad humana, protección de las personas y del bien común».

    La diputada advirtió que, dado que el 61.3 % de los alumnos evaluados en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) tuvieron un bajo rendimiento en ciencias, matemáticas y lectura, existe un riesgo de que la próxima generación de trabajadores no esté preparada para el mercado laboral.

    El diputado Reinaldo Carballo, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aseguró que su fuerte es la «automatización, motores eléctricos y generadores», y que trabajó 30 años para la compañía Siemens. Señaló que recuerda que los contrataba un ingenio azucarero, un beneficio de café y una fábrica de cemento para «automatizar». «En ese entonces los sindicatos estaban bien movilizados por una corriente de izquierda, que automatizar iba a dejar sin empleo a mucha gente», dijo.

    Según el pedecista, «costaba convencer a los líderes de los síndicatos» que se iba a «cuadruplicar la producción», lo que les iba «a garantizar tener un mejor salario».

    «Sería mejor a través de esta ley fomentar para que estos empresarios de otros países, del primer mundo, vengan a El Salvador, en vez de que la gente vaya para allá, que las máquinas vengan, y aquí trabajen esta juventud salvadoreña». Reinaldo Carballo, diputado del PDC.

    Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró es bueno apoyar al inversionista pero también al productor nacional.

    La legisladora consideró que «no es malo» apoyar que se invierta en El Salvador y pidió «no satanizar a la industria nacional».

    Lo que le falta a esta ley es que debería hacerse un artículo que busque que existan resultados, en determinado plazo, y también debería tener un mínimo de empleos permanentes. Todo esto basándose en resultados completos. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

     

     

  • Aprobada ley de responsabilidad profesional de constructores: solo tramitadores registrados podrán realizar trámites

    Aprobada ley de responsabilidad profesional de constructores: solo tramitadores registrados podrán realizar trámites

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles “Ley especial de responsabilidad profesional para las personas sujetas a inscripción en el registro de profesionales y prestadores de servicios de urbanización y construcción”.

    Votaron a favor 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados; mientras Arena y Vamos no votaron.

    “Buscamos que el profesional técnico pueda hacerse responsable de cada una de las gestiones que se hacen dentro del sistema, tener ese control centralizado con respecto al Registro de Profesionales en donde buscamos una garantía idónea”, explicó la directora ejecutiva de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Paola Bardi, el lunes, en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea.

    Los obligados a registrarse en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción administrado por la DOT son: profesionales y técnicos, prestadores de servicios ambientales, prestadores de servicios culturales, prestadores de servicios de diseño o construcción, tramitadores y auditores urbanos, que serán acreditados por la DOT para verificar que proyectos cumplan normas urbanísticas.

    Con la normativa, será obligatorio que todos los trámites nuevos de construcción, urbanización o lotificación se ingresen en el Sistema de Autorización de Permisos de Construcción por medio de tramitadores debidamente registrados. Esto se aplicará seis meses después de la vigencia de la normativa.

    La funcionaria explicó que buscan establecer un régimen sancionatorio para profesionales y tramitadoras que no cumplan normas establecidas, con el fin de dar certeza jurídica a los dueños de los proyectos.

    “A partir de los seis meses de vigencia de la ley todo trámite nuevo en el sistema de la DOT deberá ingresarse obligatoriamente a través de un tramitador debidamente registrado”, indicó la directora de la DOT.

    La nueva normativa establece infracciones leves, graves y muy graves, con multas que oscilan entre un salario hasta 20 salarios mínimos.

    La representante de la DOT destacó que los requisitos para completar los permisos de construcción en El Salvador sumaban 2,262 requisitos y los depuraron inicialmente 2,055. Con la nueva DOT, llegaron a 493 requisitos, en 2026 fueron reducidos a 364 y actualmente tienen 336 requisitos en el sistema DOT.

    Señaló que la DOT ha liberado “$11.8 billones” en inversiones y concretar 2,984 solicitudes aprobadas.

    “Simplificar no es reducir estos controles, es hacerlos más eficientes, objetivos y trazables, queremos agilizar proyectos pero de forma responsable”. Paola Bardi, directora ejecutiva de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT).

    De acuerdo con Bardi, eran 34 trámites en más de 80 cuerpos normativos, “fuimos colocando en tres grandes fases todos los permisos necesarios para poder otorgar permisos de construcción” en una sola instancia.

    La directora también informó que han recaudado $3.8 millones en Fondo Especial de Compensaciones Urbanísticas y Ambientales, y han centralizado el registro de 9,089 profesionales relacionados a la construcción.

  • Asamblea ratifica préstamo por $9.6 millones para planta de energía solar que generaría 20,000 MWh anuales

    Asamblea ratifica préstamo por $9.6 millones para planta de energía solar que generaría 20,000 MWh anuales

    La Asamblea Legislativa ratificó este miércoles el contrato de préstamo por $9.6 millones con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe para la instalación de la «Planta de energía solar fotovoltaica de San Matías«, que estará ubicada en el distrito de San Martías, La Libertad Norte, La Libertad.

    La planta generaría alrededor de 20,000 megawatts anuales y reduciría hasta 13,000 toneladas de emisión de dióxido de carbono con energía limpia y renovable.

    El proyecto incluye la construcción vías de acceso a la planta, la instalación de un cerco perimetral, preparación de terreno, traslado de la infraestructura al lugar, la construcción y puesta en marcha de la planta, limpieza, nivelación y compactación de la zona para la instalación de los paneles solares, canalización subterránea para el tendido de cables eléctricos, obras hidráulicas para el manejo de aguas pluviales (canales de drenaje, alcantarillas y pozos de absorción), la construcción para cimientos para estructuras de montaje, adquisición de módulos fotovoltáicos (inversores, transformadores y cables de corriente continua y alterna), entre otros.

    La instalación de la planta será ejecutada por el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE), creado en febrero de 2023 y es propietario de las acciones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal). El ENTE está facultado a autorizar las inversiones de la autónoma.

    El crédito debe ser pagado en un plazo de 25 años, tiene un periodo de tres años de gracia, con pago en cuotas semestrales a una tasa de interés del 2.5 % anual sobre el monto principal.

    A junio de 2025, la capacidad energética de El Salvador alcanzaba los 3,137.82 megavatios, de esos, la capacidad por fuente fotovoltaica es 764.5 megavatios, un 24.3 %; y la hidroeléctrica, 639.8 megavatios.

  • Autorizan a Hacienda a firmar crédito con el CAF para regionales de El Nido en hospitales de Santa Ana y San Miguel

    Autorizan a Hacienda a firmar crédito con el CAF para regionales de El Nido en hospitales de Santa Ana y San Miguel

    La Asamblea Legislativa autorizó este miércoles al Ministerio de Hacienda a que firme un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones para el proyecto de equipamiento del Centro de Maternidad Nacer con Cariño «El Nido» y sus regionales en occidente y oriente en espacios de los hospitales «San Juan de Dios» de Santa Ana y San Miguel.

    De acuerdo al Ministerio de Hacienda, con los fondos intervendrán un área de 1,461 metros cuadrados del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana para equipar seis unidades de trabajo de parto, cuatro islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, un total de 20 plazas.

    También, en el hospital San Juan de Dios de San Miguel, se intervendrían 1,960 metros cuadrados con equipamiento de seis unidades de trabajo de parto, tres islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, un total de 20 plazas.

    Las intervenciones incluirían equipos para control prenatal, monitores fetales, ultrasonografía, equipamiento para zona de parto y recuperación, equipos obstétricos y manejos de emergencia, incubadoras, cunas térmicas, equipamiento de neonatología, equipos para unidad de cuidados intensivos neonatales.

    El dictamen no realiza el detalle del destino de los fondos para cada una de las regionales.

    En el pleno, los diputados no emitieron opiniones sobre el proyecto cuando se sometió a discusión. Fue aprobado con 57 votos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados, Partido de Concertación Nacional y Partido Demócrata Cristiano.

    El préstamo tiene un plazo de hasta 18 años, incluyendo un periodo de gracia de cuatro años y medio, con una tasa de referencia más 1.80 % con opción de conversión a tasa de interés fija, una comisión de compromiso de 0.35 % anual sobre saldos no desembolsados del préstamo, una comisión de financiamiento de 0.85 % sobre el monto del préstamo a partir de la vigencia del contrato y $50,000 a más tardar en el momento del desembolso, en concepto de gastos de evaluación.

    La construcción del Centro de Maternidad «El Nido» de San Salvador inició en marzo de 2026; en la torre 1 se atenderá a madres embarazadas y en la torre 2 estarán las unidades de parto, habitaciones privadas, Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales con acceso familiar y áreas de atención médica especializada.

  • Distribuyen $97 millones entre 9 instituciones; NI defiende asignaciones y Arena pide reorientar $20 millones a agricultores

    Distribuyen $97 millones entre 9 instituciones; NI defiende asignaciones y Arena pide reorientar $20 millones a agricultores

    Con 57 votos del oficialismo, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma presupuestaria por $97 millones disponibles de títulos valores o deuda en nueve instituciones y rechazó una propuesta del opositor Francisco Lira para que se reorientaran a agricultores $20 millones de los $35 millones asignados al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para los agromercados.

    El diputado Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) aseguró que los agricultores «están compitiendo de forma desleal y con desventaja» debido a la política de importaciones «que ahogan la producción local». «Pero a ustedes quizás eso no les importa porque quizás hay empresas que se están llenando con el tema de importación», expresó. Su propuesta no ingresó a estudio, ya que recibió solo tres votos a favor, dos de su partido y uno de Vamos.

    Por su parte, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, defendió la aprobación de la reforma presupuestaria. «La economía se ha ido fortaleciendo y felicitar a todas las autoridades del Ministerio de Hacienda por el buen trabajo que están haciendo y que se ve reflejado con el anuncio del FMI y una proyección de crecimiento del 4.5 %, el más alto en varias décadas», dijo en el pleno.

    Los fondos provienen del saldo que había quedado pendiente de ejecución de dos emisiones de títulos valores (deuda).

    Es decir, las dos colocaciones de títulos valores fueron por $344 millones el 11 de noviembre de 2025 y de $100 millones el 15 de abril de 2026. De ambas colocaciones quedaron saldos disponibles de $77 y $20 millones, respectivamente.

    ¿Cómo se distribuyen los $97 millones de saldo en títulos valores?

    Para gastos de funcionamiento de lo que falta del año 2026:

    • Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco): fortalecimiento institucional, $1.5 millones.
    • Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES): continuidad operativa: $1.3 millones.
    • Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN): gastos de funcionamiento, $1,225,000.
    • Gobernación: $9 millones para “fortalecimiento institucional a efecto de poder continuar articulando las diferentes niveles de gobierno y actores que contribuyen a la territorialización de las políticas públicas».

    Para atracción de visitantes e inversiones, y eventos internacionales: 

    • Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur): $2 millones de la deuda para «acciones estratégicas de promoción del país como destino turístico competitivo para la atracción de visitantes e inversionistas».
    • Ministerio de Turismo: $1 millón para el «desarrollo de eventos internacionales de alto impacto para el fortalecimiento sostenible del sector turístico».

    Para agromercados y cárceles:

    • Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): $37 millones para los “fortalecimiento de agromercados, y otros gastos de logística y operatividad institucional”.
    • Seguridad Pública y Justicia: $30 millones para «garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones».

    Para litigios:

    • Fiscalía General de la República: $2.7 millones para «litigios internacionales y gastos de funcionamiento institucional».

    Para transporte, alimentación y becas:

    • Dirección de Integración: $10 millones la Dirección de Integración para «servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y entrega de becas del programa Florecimiento Salvadoreño”.

    Para gratuidad del DUI:

    • Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN): $1,189,835 «para cubrir el pago de emisión gratuita del DUI por primera vez».

     

  • Marcela Villatoro pide recomendable a fiscal general por denuncias de acoso sexual en centro escolar

    Marcela Villatoro pide recomendable a fiscal general por denuncias de acoso sexual en centro escolar

    La diputada Marcela Villatoro, jefa de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este miércoles introducir para estudio un dictamen recomendable dirigido al fiscal general, Rodolfo Delgado, para que inicie un proceso penal por indicios del delito de acoso sexual contra alumnas y exalumnas del Centro Cultural Salvadoreño Americano.

    Solo los dos legisladores de Arena votaron a favor de incorporar la iniciativa a la agenda de la sesión plenaria, por lo que esta no fue agendada ni enviada a estudio en alguna comisión legislativa.

    La diputada Villatoro dijo, en su iniciativa, que conoce denuncias de acoso sexual y encubrimiento por manifestación de “más de una veintena de estudiantes, exestudiantes, familiares, madres y padres de familia”.

    “Esta semana varios estudiantes me han estado buscando y pude reunirme con algunos de ellos… Varios padres de familia se comunicaron conmigo contándome lo que sufrieron sus hijas dentro de esta institución y, a pesar de que lo han denunciado, a su directora y a su subdirector, el caso se ha mantenido en completo hermetismo y no les han dado una solución”, relató Villatoro.

    La legisladora exhortó a denunciar e investigar las denuncias. “Las instituciones deben de cumplir a cabalidad la legislación, si hay una denuncia de algún alumno, debe de hacerse la investigación correspondiente, no solamente archivarse”, dijo.

    Cuestionó que la Fiscalía “no está” actuando de oficio, cuando la ley se lo permite.

    “Ningún pedófilo debe de andar fuera y menos dando clases, y menos teniendo contacto con menores”. Marcela Villatoro (Arena).

    En el pleno, la legisladora también exhortó a la ministra de Educación, Karla Trigueros, “a tomar cartas en el asunto”.

    “Pusieron de manifiesto aproximadamente unos 200 casos de acoso sexual ocurridos desde el año 2012, por parte de una decena de profesores con el encubrimiento de las autoridades del plantel privado… Es imperativo que la Fiscalía General de la República actúe de oficio y proceda ante las denuncias de delito de acoso sexual que se han manifestado públicamente”, detalló la legisladora en la pieza de correspondencia.

    Según la legisladora, siete personas señaladas de acoso han sido identificadas por un grupo de estudiantes y exestudiantes; y tres personas de encubrir dichos delitos.

    El acoso sexual es castigado con prisión de tres a cinco años; de cuatro a ocho años de prisión si es realizado contra menor de 15 años.

    El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, aseguró que no van a tolerar de ninguna manera este tipo de abusos. Pero que las instancias correspondientes “son las que tienen que actuar”.

    “Ahora, las instancias correspondientes son las que tienen que actuar”. Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas.

    “Las instancias correspondientes deben actuar. Y nosotros, que incluso reformamos la ley para que los violadores sean castigados con cadena perpetua que por cierto no tuvimos el acompañamiento de todos los diputados, nosotros nos vamos a mantener firmes en esto”, indicó el legislador oficialista.

    El medio de comunicación revistafactum.com publicó el 8 de septiembre que un grupo de estudiantes, estudiantes y familiares se manifestó frente a las instalaciones del Centro Cultural Salvadoreño Americano, y que se apoyaron en un grupo de exalumnos porque los estudiantes temían ser detenidos por el régimen de excepción.

    La Fiscalía registró 7,271 denuncias por violencia sexual y 80 casos de violencia feminicida durante un año, entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, lapso en el cual 443 personas acusadas de cometer delitos sexuales fueron absueltas, un 14.87 %.

  • EEUU confirma hará anuncio sobre TPS para El Salvador y mantiene protección mientras tanto

    EEUU confirma hará anuncio sobre TPS para El Salvador y mantiene protección mientras tanto

    Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este miércoles que realizará un anuncio sobre el Programa de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 170,000 salvadoreños, quien mantienen la protección mientras este sea realizado.

    “Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado. Hasta que se haga dicho anuncio, las personas salvadoreñas presentes en los Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección”, reza el anuncio que fue enviado a medios de comunicación, ante la consulta.

    “An announcement on El Salvador’s TPS will be made at the appropriate time. Until such announcement is made, Salvadoran individuals present in the U.S. under TPS retain protection”, fue la respuesta en inglés que dio a otros medios de comunicación y que fue reenviada a Diario El Mundo por DHS.

    Diario El Mundo preguntó al DHS las preguntas si hay una decisión definitiva o en evaluación de renovación o cancelación de DHS después de este vencimiento, si los salvadoreños bajo TPS tiene una fecha de salida; y también, si, ante el silencio de DHS, ¿está vigente una prórroga automática de 60 días para los salvadoreños con TPS?

    La extensión aprobada en enero de 2025 durante la gestión de Biden termina este miércoles 9 de septiembre después de más de dos décadas de protección migratoria otorgada; la legislación estadounidense permite una extensión automática cuando el secretario de DHS no determina si un país aún califica para el TPS por lo menos 60 días antes de que la designación caduque, tal como ocurrió con Líbano.

    El fin del programa sin una nueva protección amenaza la situación migratoria de unos 170,000 beneficiarios y aproximadamente 150,000 hijos ciudadanos estadounidenses.

    El TPS para El Salvador fue asignado a raíz de los terremotos que golpearon El Salvador en 2001. El gobierno de los Estados Unidos ha suspendido el TPS para 13 países y las cancelaciones son parte de la campaña de la administración Trump contra la migración irregular.

  • Diputados entrevistan a los seis candidatos del sector de universidades privadas para el CNJ

    Diputados entrevistan a los seis candidatos del sector de universidades privadas para el CNJ

    La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó el martes a otros seis candidatos a miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) propuestos por el sector de las universidades, que propusieron ampliar las capacitaciones, retomar la formación inicial de jueces y evaluar las evaluaciones que realiza la institución encargada de seleccionar, proponer, evaluar y capacitar a los jueces y magistrados del sistema judicial.

    La primera candidata a propietaria del CNJ fue Verónica Lisseth González Penado, consejal propietaria del CNJ, coordinadura de la Escuela de Capacitación Judicial, docente universitaria y capacitadora de Derecho Laboral.

    González Penado aseguró que las evaluaciones de jueces y magistrados ya están al día, «ahora 2026 ya se está evaluando 2026», indicó, y aseguró que los ciudadanos pueden corroborar las capacitaciones que están realizando en el CNJ, presenciales semipresenciales y a través de videoconferencias, así como evaluaciones de seguimiento que pueden terminar en la remisión de un caso a la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), preguntó qué hacen ante la mora judicial. La candidata respondió que es una tarea de todos, hay poco conocimiento de los canales de denuncia y que se deben medir los juzgados que están más cargados.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó cómo se puede mejorar el proceso de selección de jueces y se refirió a la falta de formación inicial de los jueces.

    «En tiempos recientes, a pesar de que vivimos en la era de la información, en lugra de mejorar con la selección de los perfiles de jueces, parece que ha habido un retroceso, primero se seleccionan, y parece que se están aventando a los jueces sin flotador», dijo. La candidata aseguró que la formación inicial de jueces era financiada con cooperación.

    William Rafael Rebollo Alvarado, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia, cambiar la visión del CNJ 

    Rebollo Alvarado propuso la revisión del manual de selección de jueces y magistrados, valorando la vocación y la tendencia social, darle relevancia a la prueba psicológica y desarrollar perfiles en cada área, y promover la máxima transparencia en los procesos.

    También sugirió evaluar el manual de evaluación, generar criterios de evaluación para mejorar la calidad argumentativa de las resoluciones judiciales, mejorar la metodología con alianzas con las universidades, y detectar arbitrariedad e ineptitud en la gestión de justicia.

    Así mismo, recomendó la creación de un Instituto Especializado en Capacitación Judicial, una formación diferenciada, fortalecimiento de las habilidades blandas y programas de salud mental.

    A ello sumó la digitalización de los informes al CNJ, los procesos de cobertura de vacantes y la aplicación de la Inteligencia Artificial en la administración de justicia para, por ejemplo, procesar expedientes y generar resúmenes.

    Este candidato también propuso regresar a un programa de formación inicial de jueces por mandato de ley. «Eso nos puede asegurar contar con mejores perfiles a la judicatura», indicó.

    El tercer candidato entrevistado fue César Edgardo Castaneda Espinoza, quien ha sido jefe de unidad en el CNJ, ofreció «gobernabilidad, estabilidad y seguir una línea de desarrollo» con una «visión de país».

    Castaneda Espinoza propuso un componente de investigación aplicada, un observatorio de justicia, un repositorio y biblioteca, la transformación educativa de la Escuela de Capacitación Judicial, evaluar las evaluaciones, la transformación digital, entre otros.

    Los diputados también entrevistaron a los candidatos a consejeros suplentes de la terna propuesta por las universidades privadas: María Francesca Leiva Rodríguez, docente universitaria en la Universidad Modular Abierta; Yasmin Stefani Franco Bermúdez: abogada experta en género y derechos humanos; y Manuel de Jesús Torres Gavidia, abogado en el libre ejercicio y exgerente de la Autoridad Marítima Portuaria.

  • Uno de los 42 candidatos al CNJ declina de su postulación como consejal suplente por el sector del Ministerio Público

    Uno de los 42 candidatos al CNJ declina de su postulación como consejal suplente por el sector del Ministerio Público

    Uno de los candidatos a miembro suplente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) por el sector del Ministerio Público desistió de su postulación por compromisos laborales y personales.

    René Alfonso Pérez Turcios, quien obtuvo el segundo lugar en la votación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), envió una carta a la Comisión Política, dirigida a su presidente, el diputado Ernesto Castro.

    «Mi decisión formal de desistir de mi particpación en el proceso de elección llevado a cabo por esta honorable Asamblea Legislativa… He decidido que en este momento debo dirigir mis esfuerzos hacia otros compromisos laborales y personales que me impiden continuar con la dedicación que tan alto cargo amerita», comunicó Pérez Turcios.

    El aspirante, quien agradeció la oportunidad y la consideración de su candidatura a los diputados, y deseó éxitos a los legisladores para la selección «del perfil más idóneo para representante del Ministerio Público y su suplente».

    Pérez Turcios es máster en Derechos Humanos y Democracia en Iberoamérica. Universidad de Alcalá de Henares, España, ha sido jefe del Departamento de Derechos Políticos y fue jurídico en la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales.