Autor: Yolanda Magaña

Cuatro candidatos que aspiran a dirigir la Procuraduría General de la República (PGR) en el periodo del 2 de mayo de 2025 al 1 de mayo de 2028 hicieron diferentes propuestas como mejorar «la capacidad instalada», apostar a la investigación en adopciones, firmar convenios con universidades para que los estudiantes auxilien a los defensores públicos y «sanear» la institución de «sectores que dividen».

Dionisio Ernesto Alonso Sosa, abogado en el libre ejercicio y juez suplente especializado de niñez y adolescencia, fue el primer candidato a procurador general de la República entrevistado por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

Aseguró que actualmente es consultor de Unicef, de la Organización Internacional de Migración (OIM) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA).

En el pasado dijo que ha ocupado cargos como colaborador judicial en el Juzgado 9º de Instrucción, auxiliar de la Fiscalía General de la República, director ejecutivo de la Oficina para Adopciones (OPA) y coordinador de Niñez y Adolescencia de la PGR. Además, dijo que es juez suplente especializado de niñez y adolescencia desde 2015.

El diputado Christian Guevara, jefe de Nuevas Ideas, le preguntó cuáles son tres puntos de mejora que implementaría en la PGR.

Alonso Sosa respondió: mejora en la calidad de servicios de atención, fortalecer la gestión institucional y la capacidad instalada, mejorar la articulación con el resto de actores del sector justicia, con la cooperación internacional y con las organizaciones de la sociedad civil.

El diputado Serafín Orantes y la diputada Suecy Callejas consultaron a Alonso Sosa sobre las reformas que propondría en materia de adopciones. “Habrá que apostarle a la investigación de los casos», propuso, Además, señaló que la ley no establece si quien tiene que modificar una sentencia emitida por un juez de familia es el juez de familia o el nuevo juez especializado en niñez y adolescencia.

Agregó que la Ley Especial de Adopciones no establece un plazo de adoptabilidad y que Argentina ha fijado dos años como plazo máximo para resolver la adoptabilidad.

«Se escucha bien bonito»

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, preguntó cuál sería la manera de administrar la PGR tomando en cuenta el régimen de excepción y la creatividad necesaria “para cuidar el dinero del pueblo”.

El abogado Dionisio Alonso Sosa propuso “expandir los centros de mediación” de la PGR con ayuda de las universidades y que los estudiantes de derecho hagan sus prácticas jurídicas auxiliando con investigación a los defensores públicos.

“Se escucha bien bonito, pero le voy a explicar: ¿tiene usted cuántos expedientes lleva cada procurador auxiliar?”, lo cuestionó el diputado Navarro.

“Supera 100 expedientes”, le respondió el candidato.

“Y usted dice que se le puede poner un investigador para cada caso”, le replicó Navarro, quien agregó posteriormente que “la carga laboral es mucha” en la PGR.

Centralizar resolución de conflictos e informar telefónicamente a familiares

Cándida Dolores Parada de Acevedo es la actual procuradora general adjunta, tiene un posgrado en derechos del niño, fue coordinadora nacional de mediación y también fungió como presidenta suplente de la OPA. Su currículum también fue elogiado por el diputado Ernesto Castro, quien le preguntó por cuáles son los principales tres ejes de su propuesta.

Parada de Acevedo respondió: crear una Unidad de Solución Alterna de Conflictos en la PGR que centralice la resolución de conflictos del país; crear una aplicación con Inteligencia Artificial para que los resolutores accedan a los casos para fijar las cuotas alimenticias; y reorientar los servicios psicológicos a colectivos afectados de grupos delincuenciales, por ejemplo.

Parada de Acevedo propuso defensores públicos den información vía telefónica a los familiares de los privados de libertad porque, explicó, el 60 % del tiempo de los defensores públicos se destina a audiencias, el 20 % a atender a los familiares de los privados de libertad y solo un 20 % en la preparación técnica de sus casos.

La procuradora adjunta también propuso teletrabajo de un 40 % de personal, crear y acreditar a la institución con el sistema de integridad y antisobornos, actualización de la ley orgánica de la PGR que «no responde a la realidad», promover una reforma a la ley de mediación y arbitraje para fortalecer estos mecanismos e impulsar una Ley de Paternidad Responsable o reformar el Código de Familia para este fin, fortalecimiento de las alianzas institucionales –Fiscalía, Ministerio de Justicia, despacho de la Primera Dama, departamentos, municipios– y asistencia legal para los salvadoreños en el exterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La diputada Suecy Callejas preguntó por tres estrategias para fortalecer los derechos de la niñez y de las mujeres. La candidata respondió que ahora se puede trabajar «de cerca» con el resto de las instituciones, que es necesario bajar a niveles departamental y local, y «diseñar planes de abordaje para cada área».

«Nunca perdí un caso en materia penal»

Juan José Losa Lizama, el tercer candidato entrevistado, abogado, fue asesor jurídico de la Policía Nacional desde 1996 hasta el 31 de mayo de 2022 y es presidente en funciones de la Asociación Salvadoreña de Personal Policial con Discapacidad. “Les solicito que no me miren con discapacidad”, pidió en un inicio.

Aseguró que una de sus funciones fue hacer defensa en materia penal de los miembros de la PNC por hechos en el “cumplimiento del deber”. “Nunca perdí un caso en materia penal”, dijo.

El candidato agradeció al presidente Nayib Bukele por haber aumentado las pensiones en un 30 %, ya que así, dijo, le quedó “buena pensión”.

La diputada Suecy Callejas le preguntó por cuáles serían las medidas que implementaría para la población en situación de vulnerabilidad. Losa Lizama respondió que presentaría un proyecto al ministro de Educación para enseñar un oficio a los estudiantes a partir de 7º grado y posteriormente darles un capital semilla; además, propuso una nivelación salarial para favorecer a las mujeres.

El procurador debe asignar a un delegado para que lleguen a los hospitales y den atención psicológica a las menores de 15 años.

Trabajar con Innovación de la Presidencia y Google

Nelson Alexander Yanes Iraheta, el candidato que más preguntas recibió, es el director país del Consejo Independiente de Protección de la Infancia de España en El Salvador, ha sido coordinador departamental de promotores de la Gobernación Departamental y también fue asesor jurídico del actual viceministro de Salud, Carlos Alvarenga.

También, según Yanes Iraheta, fue miembro propietario de la directiva del Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP) y dijo que ayudó a “llevar la transición” al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Manifestó que estuvo en el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (Foprolyd) y ayudó a la “fusión” con el Instituto de Veteranos, del cual fue miembro fundador.

El diputado Ernesto Castro le preguntó por el presupuesto y cuánto personal tiene la PGR. El candidato respondió que la PGR tiene un presupuesto de $32.2 millones y que el personal de la PGR «se ha visto limitado» pero que es «algo favorable» por el ahorro.

“El personal se ha visto limitado pero considero que es algo favorable para la institución y para el país en cuanto al ahorro presupuestario». Nelson Yanes Iraheta, exasesor de viceministro de Salud.

El diputado Castro también le preguntó por «dos cambios puntuales»: «Apoyo total a la niñez y sectores vulnerables, y la transformación digital», contestó, para «transformar la PGR de un Blockbuster a un Netflix».

El diputado Christian Guevara también le preguntó tres acciones puntuales para mejorar los servicios al área de la niñez y la adolescencia. El candidato le respondió: trabajo articulado con el Conapina (Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia) y el despacho de la primera dama de la República.

La diputada Suecy Callejas le preguntó que, de ser electo procurador, cómo optimizaría los recursos de la PGR para mejorar los servicios manteniendo la gratuidad y su calidad, ya que casi todas las instituciones han tenido un recorte presupuestario.

El abogado Yanes Iraheta respondió que optimizaría los recursos haciéndose “acompañar de la Secretaría de Innovación” de la Presidencia de la República y trabajar “con la empresa Google” para “homogenizar la data” en la PGR y «trasladarla a los canales» y alfabetizar al personal para hacer uso de las nuevas tecnologías.

«Apoyarnos en la Inteligencia Artificial para crear actores que por sí mismos puedan darle respuesta a la población y una sola persona va a tener la oportunidad de manejar diferentes actores de Inteligencia Artificial para poderle dar respuesta a la población», dijo.

Sobre las adopciones, el candidato dijo que a partir de las reformas a la Ley de Adopciones «han hecho más ágiles los procesos». Aseguró que para analizar «por qué los adoptantes regresan a los niños», hay que analizar «en qué está fallando la OPA». «Estos casos son completamente excepcionales», aclaró posteriormente la diputada Callejas.

«Sanear» la PGR de «sectores que dividen»

Luego, el diputado Raúl Chamagua, también de Nuevas Ideas, le preguntó al abogado Yanes Iraheta por tres debilidades de la PGR para corregirlas si llega a ser procurador general.

Yanes Iraheta le respondió que «muchos» empleados «dan el plus», pero que “hay ciertos sectores que no se quieren sumar”.

«En ese sentido identificar quiénes son esos sectores que dividen las instituciones y cuando una institución se divide, la institución no progresa. Hay personas que son muy técnicas y de escritorio pero no conocen el territorio… Primero hay que sanearse internamente para poder garantizar esa atención integral y hay que sanear la institución”, añadió.

El candidato también dijo que es necesario ampliar la mediación y conciliación con un “despliegue territorial” y modernizar la institución.

La ejecución presupuestaria de egresos o gastos de las 140 entidades de todo el Estado ascendió a 87.1 % anual según el informe de gestión financiera del Estado cuyo dictamen favorable podría ser aprobado este martes en sesión plenaria.

De un total de $17,650.9 millones del presupuesto de ingresos, se ejecutaron $16,678 millones, un 94.4 %; y de un total de $17,650.9 millones de egresos presupuestados, se ejecutaron $15,379.4 millones, es decir un 87.1 %.

Esta es la ejecución de un total de 140 entidades: 32 del Gobierno Central, 41 instituciones descentralizadas entre las cuales están 31 hospitales, 54 instituciones descentralizadas no empresariales a las cuales el gobierno transfiere subsidios, 4 empresas públicas y 9 instituciones descentralizadas, explicó el director general de Contabilidad Gubernamental, Joaquín Montano, a diputados.

Montano explicó el lunes que el informe de gestión financiera del Estado se entrega a la Asamblea Legislativa con base en el artículo 168 de la Constitución de la República, ordinal sexto, que exige rendir cuentas al Legislativo sobre el estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal; así como el artículo 105 literal k de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

El informe fue entregado en la sesión plenaria del 25 de marzo de 2024 por el Ministerio de Hacienda al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

«Niveles óptimos»

Según el director de Contabilidad Gubernamental, “la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos alcanzó niveles óptimos y muy buenos, muy saludables para todos los ingresos y gastos del sector público”.

“El gobierno de la República a través de todas sus entidades realizaron sus gastos de manera controlada, no se despilfarró, no se gastó más de lo que ingresó. Las meta del gobierno se alcanzaron con sus objetivos aún con menos dinero del que se había presupuestado”, indicó Montano.

Los activos del Estado

El director de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda informó a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa también reveló que el Estado –gobierno central, descentralizadas no empresariales y empresas públicas– tiene un total de activos de $25,056.2 millones.

Los activos incluyen tanto el patrimonio más los pasivos, es decir, las deudas, es decir, incluye la infraestructura estatal aunque se realice con base a préstamos.

Sin embargo, estos podrían aumentar.

«Esos son los activos no financieros del Estado. Esto está en proceso en las entidades todavía de incrementarse un poco más, porque las entidades todavía están haciendo depuraciones, incorporaciones de los bienes de uso público, por ejemplo, carreteras y otra infraestructura que se construyó hace más de 10, 15, 20 años y que en ese tiempo las administraciones no se preocupaban por darle de alta a los activos que se construían de obra gris y eso hace falta incorporar», explicó el director de Contabilidad a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Informó que el Ministerio de Hacienda está ayudando a que depuren e incorporar todos los bienes de uso público «para que este total de activos se vean incrementados» y para que a través de normas internacionales de contabilidad para el sector público «las entidades empiecen a reconocer como activos» los patrimonios como el histórico, el cultural y el ambiental.

El dictamen 80 de aprobación del informe fue aprobado ayer por la Comisión de Hacienda y podría ser aprobado en la sesión plenaria de este martes.

En la primera jornada de entrevistas a procurador general de la República, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa rechazaron la mala evaluación que hizo la organización «Acción Ciudadana» al proceso de elección de fiscal general de la República.

Este lunes, fueron entrevistados «Dionisio Ernesto Alonso Sosa», abogado exdirector ejecutivo de la Oficina para Adopciones y juez suplente de niñez y adolescencia; «Cándida Dolores Parada de Acevedo», actual procuradora general adjunta; «Juan José Losa Lizama», exasesor jurídico de la Policía Nacional Civil (PNC) de 1996 a 2022; y «Nelson Alexander Yanes Iraheta», exasesor jurídico del viceministro de Salud Carlos Alvarenga.

Durante la primera entrevista, el diputado «Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas», quien elogió el currículum del candidato, rechazó la evaluación que hizo la organización Acción Ciudadana (AC) en la elección de fiscal general de la República, ya que la AC señaló que la elección realizada por la Asamblea no cumplió estándares internacionales.

El diputado «Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política», aseguró que los miembros de organizaciones como «Acción Ciudadana» “van a seguir molestos” porque no cambiarán la forma de elección de funcionarios de segundo grado.

El diputado Guevara cuestionó que en el pasado organizaciones no gubernamentales enviaban cuestionarios para los candidatos. “Había instituciones que le mandaban a uno el cuestionario, el baremo que ellos enviaban”, señaló.

Para elegir a los funcionarios de segundo grado, la actual Comisión Política emite un dictamen, sin calificarlos con una nota y sin emitir propuestas de candidatos. Luego, el dictamen es enviado al pleno legislativo, en donde cada jefe de grupo parlamentario menciona sus propuestas en el pleno y posteriormente votan por las propuestas, que coinciden con las propuestas del resto de partidos aliados.

El «diputado Serafín Orantes», del Partido de Concertación Nacional (PCN), también dijo que “hay organizaciones que hacen comentarios en los medios de comunicación”, en referencia a las críticas de la organización Acción Ciudadana del proceso de elección de funcionarios de segundo grado. “Deberían de lanzar un partido político para tener mayoría calificada y poder hacer lo que se hacía antes”, dijo.

Orantes dijo que las elecciones en el pasado, cuando no eran públicas, se hacían en “un hotel de la calle Padres Aguilar y posteriormente pasaban a Casa Presidencial”.

El último candidato de la jornada de este lunes, Nelson Yanes, elogió el proceso de elección que realiza la Asamblea Legislativa actual. “Es un proceso muy transparente a diferencia del pasado”, elogió a los diputados.

En la jornada de este lunes, los cuatro candidatos a la PGR propusieron:

«Dionisio Ernesto Alonso Sosa» (abogado exdirector ejecutivo de la Oficina para Adopciones y juez suplente de niñez y adolescencia): fortalecer la gestión institucional y capacidad instalada, mejorar la articulación con el resto de actores del sector justicia, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, apostarle a la investigación de los casos de adopción, expandir los centros de mediación y promover la práctica jurídica de estudiantes de derechos en la investigación de casos para los defensores públicos.

«Cándida Dolores Parada de Acevedo» (procuradora general adjunta): crear una Unidad de Solución Alterna de Conflictos, que centralice la resolución de conflictos; crear una aplicación con Inteligencia Artificial para que los resolutores accedan a los casos para fijar las cuotas alimenticias; reorientar los servicios psicológicos a colectivos afectados, por ejemplo, a grupos delictivos.

«Juan José Losa Lizama» (exasesor jurídico de la PNC): propuso enseñar un oficio a los estudiantes a partir de 7o. grado y posteriormente darles un capital semilla, una nivelación salarial para favorecer a las mujeres y asignar a un delegado de la PGR para que visite los hospitales y den atención a las menores de 15 años que son víctimas de violación.

«Nelson Alexander Yanes Iraheta» (exasesor del viceministro de Salud Carlos Alvarenga, exdirectivo del INPEP que ayudó a la transición al lnstituto Salvadoreño de Pensiones): propuso «sanear» e «identificar quiénes son esos sectores que dividen» dentro de la PGR, despliegue territorial de la mediación, hacerse acompañar de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, trabajar con la empresa Google para homogenizar la data, apoyarse en la Inteligencia Artificial y transformación digital.

El lunes 7 de abril a partir de las 2 p.m., serán entrevistados: René Gustavo Escobar Álvarez, Sara Nohemí García Leonardo, Sara Yolanda González Alfaro y Karina Jeannette Martínez Guevara.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó los dictámenes para incrementar el capital de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) de la cual El Salvador es miembro y para autorizar al Ministerio de Hacienda la suscripción de las acciones que corresponden a El Salvador en este incremento.

De las 166,666 nuevas acciones que se aumentarán, 744 acciones serán de El Salvador.

La Asamblea de Gobernadores de la corporación de inversiones BID Invest emitió la resolución CII/AG-5/24 mediante la cual autorizó un aumento de capital por $3,500 millones –166,666 nuevas acciones de $21,000 cada una de las cuales El Salvador tendrá 744 nuevas acciones, equivalentes a $15,624,062.5, que serán pagadas en siete cuotas anuales de $2,232,000 de 2025 a 2031.

El dictamen número 77 fue aprobado con votos de Nuevas Ideas y sus aliados, ya que el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien estaba ausente, le pidió al diputado Christian Guevara, que lo sumara a la votación.

Una corporación del BID para apoyar al sector privado

El BID Invest se encarga de “apoyar al sector privado” de los países miembros con préstamos, capital, garantías y asesorías.

El BID Invest cree que “el sector privado puede y debe ser un motor de progreso económico y bienestar social que conjuntamente con el Gobierno trabaje en diferentes iniciativas”, indicó la subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes.

“Para que el sector privado pueda contar con recursos para poder llevas esas iniciativas es que se ha contemplado este incremento de capital del BID Invest para que los países miembros de ese organismo puedan aportar los fondos”.
Delia Reyes, subdirectora de inversión y crédito público de Hacienda.

A diciembre de 2024, el BID Invest tenía 48 países miembros, 26 países regionales, que reciben el beneficio de los fondos de la entidad, y 22 países no regionales, que aportan capital para proyectos de los países miembros. Hasta esa fecha, el capital era de $2,711.3 millones, 53.7 % de los países regionales y 46.3 % de países no regionales.

Los países que tienen mayor aporte son Estados Unidos (13.9 %), Brasil (13.2 %), Argentina (11.6 %); México (7.4 %), China (5.5 %), Corea (4.9 %), España (4.1 %), Japón (3.7 %), Canadá (3.5 %) y Colombia (3.5 %), naciones que concentran el 71.4 % de participación, equivalentes a $1,935.3 millones.

Venezuela tiene el 2.5 % de los aportes y Chile tiene el 3 %.

Otros países como El Salvador, que tiene el 0.5 % de los aportes, son: Guatemala: 0.6 %, Haití: 0.5 %, Honduras: 0.5 %, Nicaragua: 0.5 %, Panamá: 0.6 %.

BID Invest –que antes de 2017 era la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)– forma parte del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual El Salvador es miembro desde 1986.

John Kutsch, director de la Alianza de Energía de Torio, que ayuda a El Salvador a iniciar su programa nuclear, aseveró que El Salvador podría sentar las bases para convertirse en el “Dubai de América Central” con una inversión nuclear a base de torio, como la que está analizando realizar.

El Salvador explora la posibilidad de desarrollar una planta nuclear a base de torio, algo que no es inaccesible según ha explicado el director de la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador, Rafael Gómez Escoto, quien indica que el torio es más asequible, produce menos desechos radiactivos y presenta menos riesgos. El acuerdo con la Alianza del Torio fue firmado en marzo de 2023.

El director de la Alianza de Energía de Torio se pregunta en el artículo, publicado en «Nuclear Newswire», si El Salvador puede lograr un despliegue de energía, dado que es un país “sin instituciones o infraestructura de energía nuclear previa?

Sin detallar los desafíos concretos que tiene El Salvador en este tema, Kutsch explicó que esto “depende del fuerte compromiso político continuo” para superar “obstáculos sociales, políticos y técnicos”.

“El progreso hasta ahora ha sido rápido y los pasos dados han sido los correctos. Es una gran apuesta y, si tiene éxito, habrá una gran recompensa”.
John Kutsch, director de la Alianza de Energía de Torio.

Según Kutsch, El Salvador no solo podría lograr electricidad confiable y abundante, sino otras oportunidades como un mercado de combustibles más amplio para los procesos industriales, la atracción de profesionales inteligentes, nuevas industrias y empleo, la posibilidad de convertirse en “un centro centroamericano de medicina nuclear” y proteger al país de las oscilaciones en los mercados de combustibles fósiles.

La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) está evaluando si El Salvador cumple los requisitos para desarrollar una planta nuclear ya que se evalúan lugares posibles que tengan agua abundante, poca densidad poblacional, sin conflictos y sin mucha actividad sísmica.

En el artículo Kutsch cuenta que El Salvador está evaluando proveedores de tecnología en Europa, Corea del Sur, Argentina y Estados Unidos.

El Salvador pretende tener un reactor nuclear de investigación en 2030 para capacitar a 400 especialistas en siete años.

Las indemnizaciones de trabajadores en el Gobierno Central sumaron un total de $216 millones al cierre del año 2024, una cifra que triplica el monto destinado para el mismo fin un año atrás, de acuerdo con un reporte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda.

Para las indemnizaciones del Gobierno Central se programaron $218,344,800 y se ejecutaron $216,062,700, al 31 de diciembre de 2024, indica el informe de ejecución financiera firmado el 14 de marzo de 2025.

Un año atrás, en el año 2023, las indemnizaciones de trabajadores en el Gobierno Central sumaron $62 millones, tres veces menos.

A partir del año 2025, el Gobierno Central se proyectó un recorte de al menos 9,261 plazas según el presupuesto general aprobado por la Asamblea Legislativa.

El Gobierno llegó a un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF o EFF), que se otorga a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos por deficiencias estructurales, que le permitirá acceder a un financiamiento de $1,357,336,327.23 y cuya aprobación exige a El Salvador un ajuste fiscal de 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en tres años, lo que implica una reducción del gasto y un aumento de los ingresos.

Puede leer: Las claves del acuerdo entre el FMI y el gobierno de El Salvador

Durante el año pasado, el mismo reporte indica que el gasto en remuneraciones permanentes bajó en un 3 %, de $1,768 millones a 1,715 millones en la planilla del Gobierno Central. El gasto en remuneraciones en general subió un 4.8 %.

La ejecución presupuestaria real en el año 2024 también muestra otras erogaciones como seguros, comisiones y gastos bancarios por $94,130,100, que tuvo un aumento de 113.8 % respecto a los $44,018,000 ejecutados en 2023.

Así mismo, en pasajes y viáticos, Contabilidad Gubernamental registró un aumento de 34.5 % de $10,532,900 en 2023 a $14,162,600 en 2024, según las ejecuciones presupuestarias contenidas en el informe de ejecución presupuestaria de Hacienda.

Las consultorías, estudios y arrendamientos suman $52,862,200 en 2024. En 2023, se ejecutaron $23,812,000 en este rubro.

Los seguros de vida de los empleados, según el estado demostrativo de ejecución presupuestaria de gastos, sumaron $552,400 en 2023 y disminuyó a $332,000 en 2024, una erogación que está dentro de la unidad “Obligaciones generales del Estado.”

La Organización Mundial de Migración (OIM) contabiliza 74,094 muertes o desapariciones de migrantes de todas las nacionalidades desde el año 2014, de los cuales 274 eran personas de origen salvadoreño, según su base de datos actualizada hasta el 23 de marzo.

A través de los años, la mayoría de las muertes o desapariciones han ocurrido los dos últimos años, en los cuales se registraron cifra récords de 8,747 migrantes en 2023 y 8,962 migrantes en 2024. El año con menos tragedias de migrantes fue 2020, el año pandémico: 4,314.

De los 74,000 casos, 43,797 se registran como muertes y al menos 30,255 desapariciones.

Hasta el 23 de marzo de 2025, la OIM ya registra 1,042 muertes o desapariciones de migrantes en el mundo, 14 de estos son migrantes centroamericanos, pero ninguno salvadoreño.

La mayoría de las muertes de migrantes han ocurrido por ahogamiento (15,823), pero también por accidente de vehículos (6,515), condiciones climáticas (4,185), violencia (5,141), enfermedades (2,711) y muertes accidentales (1,189), de acuerdo con una tabla dinámica elaborada a partir de la base de datos que puede descargarse del sitio web de la OIM.

Desde 2014, la OIM ha registrado un total de 274 migrantes salvadoreños fallecidos o desaparecidos: la mayoría de casos ocurrieron en los años 2014 (83), 2016 (36) y 2019 (29 salvadoreños). En 2021, la OIM registró 23 muertes de migrantes salvadoreños.

Más recientemente, los casos de salvadoreños muertos en su camino migrante fueron 16 en 2022, ocho en 2023 y ocho en 2024.

En lo que va del año 2025, la OIM ha registrado 112 muertes o desapariciones de migrantes de todas las nacionalidades, 14 son centroamericanos: 6 en enero, 6 en febrero y 2 en marzo. Ninguno es salvadoreño, las víctimas provienen de Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

Del total de salvadoreños muertos o desaparecidos desde 2014, las causas de muerte mayoritarias han sido: 50 por las condiciones ambientales, 30 por ahogamiento, 26 accidentes de vehículos, 20 casos de violencia, 9 por enfermedad, 5 muertes accidentales y 53 por causas varias o desconocidas.

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El concejo de La Libertad Este dejó sin efecto dos reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Antiguo Cuscatlán aprobadas en julio y octubre de 2024 para que la misma fuera de aplicación general en todos los distritos que desde mayo se unieron por ley al municipio.

En diciembre del año pasado, se dio a conocer que el concejo de La Libertad Este aplicaría las tasas de Antiguo Cuscatlán al resto de sus distritos.

Desde el 1 de mayo de 2024, La Libertad Este es conformado por los distritos Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Huizúcar y Zaragoza, luego de que la Asamblea Legislativa y el gobierno decidieran reducir los 262 municipios a 44.

El concejo de La Libertad Este explicó que, hasta el 3 de marzo, la aplicación de la ordenanza no había dado “los resultados esperados” debido a las diferencias entre Antiguo Cuscatlán y el resto de distritos, diferencias que fueron detectadas en información catastral y la base tributaria de los distritos.

“Al tener este concejo municipal la obligación de gobernar en forma eficiente, se considera que mientras no se genere una ordenanza municipal que contemple las características y circunstancias propias de cada distrito, es conveniente mantener las ordenanzas municipales que en materia de tasas se aplicaban con anterioridad al proceso de reestructuración municipal”, indicó el concejo.

El decreto que da un paso atrás en igualar u homologar las tasas de Antiguo Cuscatlán con el resto de los distritos de La Libertad Este fue aprobado el 3 de marzo de 2025, fue publicado el 25 de marzo e iniciará su vigencia el 2 de abril, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial del 25 de marzo.

El decreto municipal es firmado por la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas; el síndico, Edwin Orellana Núñez, el primer regidor, Héctor Hernández Dale, la segunda regidora, Claudia Ventura de Umanzor, el cuarto regidor, Juan José Alas, y la secretaria municipal, Flor de María Flamenco.

La derogatoria, sin embargo, no menciona la reforma a la ordenanza de convivencia de La Libertad Este, que aumentó multas.

¿Cuáles son los decretos que se dejan sin efecto en La Libertad Este?

1. Reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales en Antiguo Cuscatlán: había sido aprobada el 29 de octubre de 2024, derogaba todas las disposiciones que contravinieran la ordenanza de Antiguo Cuscatlán, así como ordenanzas de San José Villanueva, Zaragoza y Huizúcar, y únicamente dejaba igual los cobros no mencionados en la ordenanza de Antiguo Cuscatlán.

2. Reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios del municipio de Antiguo Cuscatlán: había sido aprobada el 19 de julio de 2024, incorporaba los decretos de las ordenanzas reguladoras de tasas de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Vilanueva y Huizúcar, en la ordenanza.

La cantidad de migrantes salvadoreños deportados por los Estados Unidos triplica la cantidad de visas de trabajo otorgadas durante los últimos seis años, según el «Tercer informe diagnóstico sobre características y causas de la migración salvadoreña» presentado el miércoles por la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal «Dra. María Julia Hernández».

De 2019 a 2024, se otorgaron 21,089 visas de trabajo a los Estados Unidos, según el estudio, mientras que durante el mismo periodo se deportaron 65,268 salvadoreños, tres veces más.

Según la investigadora Celia Medrano, esto muestra que los programas de movilidad laboral no son suficientes para responder a las demandas laborales de los salvadoreños.

¿Cómo se va a responder, así como está planteado el Programa de Movilidad Laboral?, el Ministerio de Trabajo ha dicho que los cinco principales países son EE.UU., Canadá, España y Croacia. Estarían dando respuesta, de 364,700 personas, solo a 21,089 personas. Y de 65,268 deportados, solo se da respuesta a 21,089.
Celia Medrano, investigadora de diagnóstico sobre migración.

Medrano cree que debe haber una ampliación «significativa» de las posibilidades de una movilidad laboral para los salvadoreños; de lo contrario, no habría una «respuesta sostenible, pese a lo que la propaganda nos dice», dice.

Los programas de movilidad laboral permiten a los salvadoreños viajar con un permiso de trabajo a un país del extranjero durante periodos entre dos y nueve meses.

Según el mismo estudio, los beneficiarios del Programa de Movilidad Laboral hacia los Estados Unidos para áreas de agricultura, construcción y servicios fueron: 820 en 2019, 306 en 2020, 1,237 en 2021, 4,904 en 2022, 5,168 en 2023 y 8,654 en 2024. Los datos revelan un aumento del 67.4 % en la entrega de visas de trabajo a salvadoreños en 2024 respecto a 2023.

Según el estudio, durante los últimos dos años, de 2023 a 2024, las deportaciones desde México han aumentado en un 12.3 % en El Salvador, mientras han disminuido un 20 % en Honduras.

Así como se están deportando personas de los Estados Unidos, también se están desapareciendo y hay personas fallecidas que iban en ruta hacia los Estados Unidos. Muchos mencionan el sueño americano pero el sueño americano pero a veces se convierte en una pesadilla para la persona migrante que va hacia los Estados Unidos y sus familiares. Omar Jarquín, Cofamides.

El director de la asociación de derechos humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, Ovidio Mauricio, cuestionó la validez del acuerdo que permite que el gobierno de Estados Unidos entregue supuestos criminales extranjeros para ser recluidos por el gobierno de El Salvador en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

“Es un completa arbitrariedad de parte de ambos gobiernos, tanto estadounidense como salvadoreño. Debe haber un debido proceso en cualquier caso, tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, indicó el representante de la organización no gubernamental.

Argumentó que la Constitución de la República establece que el gobierno o el presidente solo tiene las funciones que establece la ley. “Si hay otras funciones para realizar esos acuerdos de encarcelar a una persona, está violando la Constitución”, señaló. Consideró que el acuerdo es «un chanchullo» o «negocio particular».

Según el director, los tratados o convenios internacionales tienen que pasar por la aprobación y ratificación de la Asamblea Legislativa. “Esto no se le puede llamar un acuerdo”, dijo esta mañana, durante la presentación de un estudio las características y las causas de la migración salvadoreña.

La madrugada del 16 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos deportó a 238 venezolanos y 23 miembros de la MS-13, quienes según el gobierno salvadoreño fueron recluidos en el Cecot, ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur. Oficialmente, no hay datos del récord criminal y migratorio de cada uno de los deportados.

Funcionarios estadounidenses han asegurado que unos (137) fueron deportados por la Ley de Enemigos Extranjeros y otros (101) fueron deportados bajo la norma migratoria Título 8. Sin embargo, no se ha dado a conocer un registro oficial con las condenas de las personas deportadas por Estados Unidos y que se recluyeron en el Cecot.

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, realiza este miércoles una visita al Cecot y se reunirá con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el fin de hablar de cómo se pueden aumentar los vuelos de las deportaciones de criminales extranjeros de los Estados Unidos. Estados Unidos dará $6 millones por la prisión de los 238 venezolanos durante un año.