Autor: Yolanda Magaña

Un total de 599 juntas de agua aparecen inscritas en el Sistema de Información Hídrica (SIHI) de la Autoridad Salvadoreña del Agua de acuerdo con su sitio web.

Las registradas en fecha más recientemente fue la Asociación de Desarrollo Comunal Milagro de la Paz, cantón San Juan, registrada el 18 de marzo de 2025 y que inició sus operaciones, en 1960; y la Asociación de Desarrollo Comunal Santa Lucía (Adescosal), el 6 de marzo de 2025, que inició sus operaciones en 1996.

La mayor cantidad de juntas de agua inscritas se encuentran en La Libertad (98), Sonsonate (75), Ahuachapán (72) y Chalatenango (71).

El Foro del Agua insistió en que siguen teniendo dificultades para inscribirse, ya que calculan que en realidad existen 2,600 juntas de agua que administran sistemas hídricos en comunidades.

Según las cifras oficiales de la ASA, solo un 23 % de las juntas de agua estarían inscritas.

La dificultad que enfrentan las comunidades, al tener una baja inscripción en la ASA, es que la institución puede autorizar la exploración o explotación de pozos en lugares cercanos a sistemas comunitarios no registrados. El 13 de marzo, un grupo de habitantes de comunidades y la organización Foro del Agua entregaron un mapa catastral a la ASA por esta razón.

Carlos Flores, miembro del Foro del Agua, considera que las dificultades tienen que ver con falta de información, comunicación o temor a que se sepa de la existencia de la junta de agua.

Flores aseguró que la ASA debe ayudar a las juntas de agua a resolver problemas de todo tipo, que calificó de administrativos, legales, jurídicos, políticos y sociales. Criticó, por ejemplo, que informan que la solicitud debe realizarse a través del sitio web pero en algunos de los casos se da «por extraviada» la información.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes el dictamen favorable de reforma para que la base de datos del historial crediticio de personas en El Salvador se almacene en la nube y se permita utilizar o compartir información de las personas para este objetivo.

Con la reforma, las agencias que manejan la información crediticia de los salvadoreños podrán transferir la información a empresas contratadas únicamente para guardar dicha información en la nube sin el consentimiento de los usuarios. Sin embargo, este uso de la nube no será obligatorio para las agencias.

El Banco Central de Reserva (BCR) ha dicho que la única facultad que tendrán las entidades, con esa información, es subirla a la nube. Tanto el BCR como de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) advirtieron que la contratación de la nube para el resguardo de información crediticia de los clientes del sistema financiero deberá garantizar la confidencialidad de los datos y mecanismos de ciberseguridad.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, les preguntó a los diputados de la Comisión si alguien tenía algún comentario u observación. Ningún diputado pidió la palabra. La diputada Elisa Rosales leyó el dictamen y lo aprobaron sin ningún cambio al proyecto de reforma.

“Luego de la lectura sometemos a votación nuestro dictamen favorable. Quienes estén a favor pueden votar. Se aprueba por mayoría de los presentes”, dijo González, en una reunión de 10 minutos.

La superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Daysi Mineros, había sugerido a los diputados que «debería ser transparente al usuario» al referirse a la contratación del uso de la nube para almacenar la información crediticia de estos usuarios del sistema financiero en El Salvador.

Antes, la diputada González, quien preside la Comisión, aseguró que en la sesión pasada estuvieron “conociendo a algunos representantes tanto del Banco Central de Reserva como de la Superintendencia del Sistema Financiero” para “poder tener un diálogo también, para poder profundizar en el estudio y en el análisis de dicha reforma”.

Sin referirse al contenido de la reforma, la diputada recordó otra reforma que en 2021 se hizo a la misma normativa. “Con el paso del tiempo tuvimos el tercer aniversario de esta reforma y creo que ha sido de utilidad a los salvadoreños”, dijo. La reforma de 2021 facultó a la SSF la fiscalización de agencias de información sin previo aviso, en lugar de las 72 horas de anticipación y que no fuera considerado un dato negativo la falta de pago de membresías a tarjetas de crédito sin saldo de capital o interés vencido.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, presente en la Comisión no votó por el dictamen. La diputada Claudia Ortiz, de ese partido, había sugerido considerar cuáles son las “garantías” para resguardar la información crediticia de los usuarios en la contratación de las empresas que guardarán dicha información.

El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa extender por cinco años más el decreto que facilita el traspaso de inmuebles en donde se encuentran los centros escolares al Ministerio de Educación, ahora incluidos los que estén hipotecados o en un proceso administrativo de legalización.

La petición ingresó en el pleno legislativo de este martes y será estudiada en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que está convocada para lunes 24 de marzo a las 11:00 de la mañana.

La reforma se haría a la «Ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación».

Primero, se declararía expresamente de utilidad pública e interés social los inmuebles que son ocupados por centros educativos oficiales o sus anexos, y permitiría procedimientos de legalización si los inmuebles están hipotecados o en proceso administrativo de legalización de tierras, dos factores que según la ley actual son improcedentes, junto a casos de litigio y en donde los propietarios son menores de edad.

La reforma propone introducir un nuevo artículo 25-A que permitirá transferir al Ministerio de Educación y al gobierno de El Salvador todos los inmuebles inscritos a favor de patronatos, asociaciones de padres de familia, fundaciones y asociaciones desaparecidas jurídicamente.

También busca que pasen al Ministerio de Educación los inmuebles de otras instituciones del Estado o autónomas activas o inactivas que estén en posesión de dicho Ministerio, para lo cual deberá identificarlos y solicitarlo al Centro Nacional de Registros (CNR).

La reforma, además, establece un proceso detallado para legalizar los inmuebles en donde se encuentren escuelas si Educación ha ejercido posesión del mismo por lo menos durante siete años.

El gobierno enfrentó durante el año 2024 una escasa inversión pública en la remodelación y construcción de escuelas. Según un informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda el Ministerio de Educación ejecutó 38.8 % de los proyectos de inversión «Mi nueva escuela», es decir, $96.6 millones de $249.1 millones que habían sido programados para ese fin.

El 4 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para agilizar las remodelaciones y construcciones de centros escolares, permitiendo las contrataciones con solo «la comunicación y aceptación de los contratistas» y que estos «hayan demostrado capacidad, compromiso, celeridad». Educación puede modificar contratos por circunstancias imprevistas, fuerza mayor o interés público.

El presidente salvadoreu00f1o, Nayib Bukele, se refirió nuevamente a su visión sobre las ideologías en el mundo y la inexistencia de las derechas e izquierdas, definiendo las existentes como «humanistas y extincionistas».

El mandatario hizo esta reflexión la noche de este miércoles durante la inauguración del Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias (Instituto Key) y después de firmar un convenio para el otorgamiento de becas con el fundador de la nueva institución de educación superior, el empresario Roberto Kriete.

«Los nuevos becarios van a poder desarrollarse profesionalmente en ingeniería industrial, en computación, mecatrónica, robótica, inteligencia artificial, software, automatización y desarrollo de nuevas tecnologías, a ellos les iru00e1 bien, le iru00e1 bien al Instituto, le iru00e1 bien a nuestro país y colaboraremos a que le vaya bien al mundo», indicó.

Luego agregó:

«Porque ya el mundo ya… realmente cuando vemos lo que estu00e1 pasando en todos lados, ya el mundo no se divide en izquierda y derecha, se divide entre humanistas y extincionistas, y nosotros debemos de trabajar por ser humanistas, para que los seres humanos lideren las nuevas tecnologías y el futuro».
Nayib Bukele, presidente salvadoreu00f1o.

En su intervención, Bukele recordó que el gobierno anunció el su00e1bado que se otorgaron 15,000 becas a las cuales pueden acceder estudiantes que tengan notas mayores de 7. «Se escucha fu00e1cil pero no es fu00e1cil», dijo.

También habló de una combinación que hace el gobierno de una «mano dura y firme» con una «mano que ayude».

«Es importante que la mano dura del gobierno le garantice la libertad a los jóvenes para que puedan moverse por todo el país sin problemas, sin riesgos, que puedan venir a estudiar y salir noche y que no pase nada, que tengan la seguridad. Esa mano firme del gobierno les garantiza eso, pero por otro lado también necesitan de la mano que les ayude y que les dé las oportunidades para que ellos las tomen y puedan salir adelante», fueron sus palabras. Aseguró que «ya solo queda en ellos aprovechar» las oportunidades.

En agosto de 2024, en una entrevista a la revista Time, Bukele dijo que la izquierda ha perdido el rumbo a diferencia de la derecha que, consideró, «al menos estu00e1 planteando un rumbo». En dicha entrevista le preguntaron su evolución de una izquierda radical en 2012 a una posición en la que la mayoría de sus aliados se ubican en la derecha.

«Definitivamente yo no me considero ni de izquierda ni de derecha… La izquierda perdió el rumbo mundialmente. Incluso, no tienen referentes, no hay exponentes. Si yo estuviera en ese cambio diría 'tenemos una crisis seria de identidad y tenemos que hacer algo ru00e1pido antes de que perdamos todos los cargos de elección popular' porque la gente no ve ningún rumbo en la izquierda», dijo en esa ocasión.

En febrero pasado, en una conversación con empresarios de la región latinoamericana que participaron en el XX Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025, aseguró que quiere que El Salvador sea un país capitalista, proempresa y con una libertad empresarial total con un gobierno pequeño. “Nosotros queremos ser un país full libertad empresarial, capitalista, proempresa, un gobierno lo mu00e1s fuerte pero pequeño posible, pero que no tenga grasa, solo músculo, pero que ese músculo vaya a enseñar a pescar, a invertir en educación, a invertir en infraestructura educativa, infraestructura en salud, invertir en esos proyectos de país”, expresó en esa ocasión.

Con 57 votos, el u00d3rgano Legislativo reformó el martes el presupuesto de 2025 para incorporar $1.9 millones de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública hacia el Ministerio de Gobernación.

La reforma presupuestaria se realiza luego de que el presidente Nayib Bukele u003ca href=»https://diario.elmundo.sv/politica/direccion-de-tejido-social-pasara-de-seguridad-a-gobernacion»u003ereformarau003c/au003e el reglamento del u00d3rgano Ejecutivo para delegar a Gobernación la dirección y ya no al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, debido a un necesario «reajuste» para «promover el desarrollo de la juventud de manera eficiente».

La u003cstrongu003eDirección de Tejido Socialu003c/strongu003e, la cual es manejada actualmente por Carlos Marroquín, estu00e1 bajo el ramo de Seguridad Pública, inició en 2020 con un presupuesto de $1 millón y proyecta un presupuesto de $2.4 millones para el año 2025.

El año con mayor presupuesto fue 2023, cuando se programaron $2.6 millones. Para el año 2025, esta dirección tiene $2.4 millones disponibles, de los cuales $943,330 se dirigen a remuneraciones, $1.4 millones en bienes y servicios, y $11,000 en gastos financieros.

A partir del año 2023, el gobierno también creó la Dirección de Integración, a cargo de Alejandro Gutman, con una función similar y un presupuesto de $23.3 millones en 2024 y $16.5 millones en 2025.

En julio de 2024 El Faro u003ca href=»https://diario.elmundo.sv/politica/bukele-pidio-deportar-a-los-cabecillas-de-pandillas-que-estan-en-eeuu-dice-embajadora-mayorga»u003erevelóu003c/au003e audios donde el director de Reconstrucción de Tejido Social decía que él habría sacado del país al cabecilla de la MS Élmer Canales Rivera, alias «Crook», por Guatemala. El su00e1bado, Estados Unidos envió a 23 pandilleros de la MS-13, entre ellos César Humberto López Larios, alias «El Greñas de Stoner», acusado en una corte de Nueva York por terrorismo.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) observó posibles irregularidades en el manejo de $34.9 millones durante el año 2024, un monto 24 % menor al determinado en los hallazgos de las auditorías de 2023.

Durante el último año, tanto los montos en condenas confirmadas por los magistrados de la Corte de Cuentas, como los montos observados en auditorías previas así como las resoluciones de condenas y absoluciones en primera instancia disminuyeron.

El informe, entregado ayer al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indica que el año pasado las cámaras de primera instancia emitieron condenas a funcionarios o exfuncionarios por anomalías que ascienden a $25.7 millones, 77 % menos que un año atr&aacutes; y que absolvieron casos por $11.9 millones, 55 % menos que un año atr&aacutes;.

Durante el año 2024, la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, conformada por el presidente y los dos magistrados nombrados por el Órgano Legislativo, confirmó condenas por $291,322.84, un monto 97 % menor al contemplado en condenas confirmadas en el año 2023.

La mayor disminución de montos cuestionados durante 2024 se registra en las condenas que fueron confirmadas por los magistrados de la Corte de Cuentas. En 2023, la Cámara de Segunda Instancia confirmó condenas por un monto de $13.8 millones, pero el año pasado confirmó condenas por $291,322.

Desde 2019, el año de mayor monto cuestionado en las condenas confirmadas por la CCR fue 2019, con $15.7 millones, monto que cayó en 2020 a $509,611.67; luego subió a $14.3 millones en 2021 y $13.8 millones en 2023.

Durante el año 2023, los montos cuestionados en las condenas emitidas por las Cámaras de Primera Instancia de la CCR sumaron $112.9 millones, un aumento de 783 % respecto al año anterior; en 2024, la tendencia bajó un 77 % a $25.7 millones.

Durante los últimos seis años, las auditorías de la CCR han cuestionado el manejo de $662,759,999.9, pero no todos los cuestionamientos son confirmados. Los casos son enviados a juicios de cuentas a las Cámaras de Primera Instancia y posteriormente, si hay solicitudes de revisión o apelación, son evaluados por la Cámara de Segunda Instancia, que es conformada por los magistrados de la CCR nombrados por los diputados.

En ese mismo periodo, las Cámaras de Primera Instancia han emitido condenas por $184,859,227.0, y la Cámara de Segunda Instancia ha confirmado condenas por $56,046,551.22 ante solicitudes de apelación o revisión que recibieron.

La Asamblea Legislativa reformó el presupuesto 2025 para que el Ministerio de Hacienda transfiera $40 millones, $20 millones para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) abastezca agromercados y centrales de abasto, y $20 millones para construir o mejorar escuelas.

Los fondos, según el decreto, provienen del presupuesto del Ministerio de Hacienda. «Serán tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda», reza el proyecto.

«Se han identificado asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda hasta por el monto de $40 millones que no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal y que pueden utilizarse para los fines antes descritos», señala el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, en su solicitud, acompañada de una carta del ministro de Hacienda, Jerson Posada.

Los fondos serán incorporados a la Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento del MAG, y a la línea de trabajo del MOPT «Inversión en infraestructura».

La reforma fue aprobada con 59 votos, de Nuevas Ideas, sus aliados PCN y PDC, y Arena.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en abstención, reclamó ante el pleno que no se conocían los detalles de la propuesta.

Ni siquiera hemos tenido acceso a pesar de haberlo solicitado, se está discutiendo movilizar recursos a tres importantes rubros del país, por favor, señor presidente, para poder votar de manera informada es importante tener a la mano esa información”.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La diputada Norma Lobo, de Nuevas Ideas, aseguró que con los agromercados están garantizando “la seguridad alimentaria” en El Salvador. No detalló cuántos agromercados o centrales de abasto se abrirán con los $20 millones.

Estamos garantizando que a nivel nacional tengamos la comida a un bajo precio y esto es lo que el presidente Nayib Bukele nos ha mandado, que abramos más agromercados… y así también abrir más centrales de abasto”.
Norma Lobo, diputada de Nuevas Ideas.

El diputado Geovanny Zaldaña, por su parte, dijo que se ha solicitando una reforma presupuestaria porque la realidad del país “es cambiante”. El legislador no detalló las unidades presupuestarias a las que estaban asignados los $40 millones en el Ministerio de Hacienda.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó la ley del presupuesto de 2025 para incorporar $4.59 millones a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), la oficina que tramitará los permisos de construcción en el país fuera del área metropolitana de San Salvador a partir de marzo.

La DOT asumió desde inicios de marzo todos los trámites activos de construcción en áreas mayores de 250 metros cuadrados que no sean parte del área metropolitana de San Salvador ni de la zona delimitada por la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).

Un total de $4 millones provienen del Centro Nacional de Registros (CNR) que por ley debe transferir un aporte inicial de ese monto; y $591,461 en concepto de tasas por la prestación de servicios por autorizaciones y permisos de construcción de lotificaciones nuevas, obras, actividades y proyectos de urbanización y construcción, y $7 millones de rendimiento de cuentas bancarias corrientes, según el considerando cuarto del decreto.

De los $4,598,461 inyectados a la nueva DOT, se destinarán $1,364,902 a remuneraciones, $821,323 a bienes y servicios, $107,775 a bienes muebles, $1,992,731 a bienes inmuebles, así como $2,000 a impuestos y $14,000 a seguros y otros gastos.

Un total de $477,676 estarán bajo la administración de la unidad presupuestaria «Gestión de permisos de construcción y registro de profesionales» y el resto, $4.12 millones, bajo la unidad presupuestaria «Dirección y administración institucional».

La DOT tendrá 56 plazas con salarios desde los $500 hasta más de $2,501: cinco ejecutivos por un monto anual de $224,000, 33 técnicos por un monto de $551,500, 14 administrativos por $277,000 y 4 empleados de servicios por un monto anual de $26,000.

Esta es una decisión totalmente estratégica que nos va a permitir que esta institución pueda cumplir con este mandato… Desempeña un papel clave en la planificación urbana». Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

Según la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, esta reforma traerá un «impacto económico y también mucho empleo», prometió una «reducción de los tiempos en la tramitación de permisos» y la autorización de obras «sin tanta burocracia, que es innecesaria».

González dijo que los proyectos estarán a cargo de especialistas para cumplir «estándares de seguridad y calidad».

La Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), vigente desde el 5 de noviembre de 2024, regula los permisos de construcción en áreas mayores a 250 metros cuadrados que no sean parte del AMSS –ya que estas son reguladas por la Oficina de Planificación del AMSS– y que no sean de la zona delimitada por la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).

El Estado de El Salvador ha destinado un total de $531.3 millones de enero de 2020 a diciembre de 2024 en su sistema carcelario, un promedio de $106.2 anuales, según el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

Durante la última década, el costo total del sistema carcelario salvadoreño ha sido $807.5 millones.

Un quinquenio atráes, de enero de 2015 a diciembre de 2019, el gasto en el sistema carcelario era la mitad: un total de $276.1 millones o un promedio de $55.2 millones anuales.

En los 11 años entre 2014 y 2024, si bien el gobierno programó presupuestos que sumaron $575.9 millones para la línea presupuestaria «Reclusión y rehabilitación» del ramo de Justicia y Seguridad, estos han sido modificados año con año que al final resultaron ser $864.5 millones, de los cuales fueron ejecutados $847.8 millones.

El 16 de marzo, el presidente Nayib Bukele aseveró que el sistema penitenciario cuesta actualmente $200 millones al año, día en que se conoció el envío de 238 venezolanos supuestos condenados del Tren de Aragua para ser recluidos, por un año renovable, en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) a cambio de $6 millones anuales.

«Con el tiempo, acciones combinadas con la producción que ya generan más de 40,000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, ayudarán a que nuestro sistema penitenciario sea autosostenible. Al día de hoy, cuesta 200 millones de dólares al año», escribió en X, la red social de Elon Musk. Por el acuerdo recibió agradecimientos de presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

El costo del sistema penitenciario se duplicó a partir de 2023, ocho meses después del régimen de excepción y el mismo año en que se inauguró, el 31 de enero, el CECOT.

El régimen de excepción, implementado desde el 27 de marzo de 2022 y que cumplirá tres años el próximo jueves 27 de marzo, ha dejado 85,000 individuos capturados según la solicitud de prórroga del régimen recibida el 4 de marzo por la Asamblea Legislativa.

El régimen de excepción en la suspensión de tres derechos constitucionales relacionados al derecho de defensa, tiempo máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones. El CECOT tiene capacidad, según el gobierno, para 40,000 presos y albergaba 15,000 pandilleros hasta enero de 2025.

Sin detallar los municipios y los instrumentos que deben derogarse,

el presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió hoy a los concejos municipales que este lunes 17 de marzo a las 12 de medianoche vence el plazo para que «reviertan todas las tasas, multas, licencias, permisos, impuestos y cualquier otro cobro» aprobados antes del 1 de mayo de 2024.

Espero que el 100% de los concejos municipales acaten esta instrucción. De lo contrario, serán acusados por el delito de EXTORSIÓN ante la Fiscalía General de la República».

Nayib Bukele, presidente salvadoreño, en X.

En el mismo mensaje, Bukele se manifestó en contra de «acosar» o hacer quebrar a los negocios, algo que calificó de «inaceptable».

«Los empresarios, especialmente los micro, pequeños y medianos, merecen el respaldo del Estado. Son clave para el crecimiento económico de nuestro país. Acosarlos, llevarlos a la quiebra o incluso cerrar sus negocios es inaceptable y no será tolerado», fueron sus palabras escritas en X.

El sábado, el presidente emplazó a alcaldías para que revirtieran los cobros que consideraba ilegales y restablecieran los cobros vigentes antes de mayo de 2024.

Hoy, lunes, a las 12 de la medianoche, vence el plazo para que todas las alcaldías del país REVIERTAN todas las tasas, multas, licencias, permisos, impuestos y cualquier otro cobro, devolviéndolos a la misma situación en la que se encontraban antes de la toma de posesión de los…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2025

El viernes, San Salvador Centro derogó la ordenanza de licencias el mismo viernes, aunque no se revirtió el tarifario de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador publicadas el 13 de enero y vigentes desde el 21 de enero de 2025, ni mencionó la aplicación del tarifario de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) a cinco nuevos municipios aprobada recientemente.

Ante el señalamiento específico de Ahuachapán Centro, el alcalde Carlos Milla, del Partido de Concertación Nacional (PCN), aseguró que derogaron un decreto de contribución especial aprobado el 15 de enero. Este municipio había aprobado un cobro de $200 mensuales a negocios destinados a la comercialización de telefonía celular.

La alcaldesa de La Paz Este, Marcela Pineda, negó que en su municipio se haya aprobado algún incremento y dijo que disminuyeron los cobros por licencia. El concejo de La Paz Este aprobó la «Ordenanza para la regulación, control y supervisión de actos y espectáculos públicos de La Paz Este» publicada el 21 de noviembre de 2024, que establece cobros de $300 para San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo, y de $500 para Zacatecoluca para la realización de espectáculos, y ordena que en todo espectáculo se mantenga la «compostura». En este municipio, la autorización para la venta de bebidas alcohólicas oscilará entre $300 y $500, y $1,000 a $2,000 en fiestas patronales.

La alcaldesa Milagro Navas dijo que «no ha realizado ningún tipo de modificación a las ordenanzas relacionadas con la gestión de tasas, impuestos y licencias de funcionamiento que están en vigencia desde el 1 de mayo de 2024».

El concejo de La Libertad Este aumentó multas mediante una reformas a la ordenanza de convivencia de Antiguo Cuscatlán aprobada el 8 de noviembre de 2024 y vigente desde el 11 de marzo. Se aumentaron multas por vender bebidas alcohólicas sin permisos, manchar infraestructura público, realizar espectáculos públicos sin permisos, obstaculizar el retorno de calles no principales, actividad comercial sin autorización, arrojar residuos en lugares no autorizados, contaminación con vehículo automotor, entre otras.

El alcalde de Santa Ana Oeste le respondió al presidente que acompaña «de manera total su visión». El concejo aprobó en julio de 2024 una ordenanza por cobros en fiestas patronales para Santiago de la Frontera.