Autor: Yolanda Magaña

El

secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que van a “realinear la ayuda exterior” para ayudar a los países en temas necesarios y buscar autosuficiencia, sin prolongarlos o hacerlos perpetuos, cuando se refirió al recorte de programas en la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), de 6,000 a 900.

Rubio aseguró en una entrevista con Donald Trump Jr. que buscan apoyar a los países con “lo que generalmente necesitan” como seguridad para que sean “autosuficientes” y no necesiten «ayuda exterior en el futuro”.

El funcionario rechazó la idea de «perpetuidad” de los programas de ayuda y criticó programas que llegan a durar hasta 25 años, un indicador de que “no ha cumplido su propósito” según Rubio.

El secretario estatal informó que los programas que quedaron de USAID están siendo administrados por el Departamento de Estado de EE.UU. “El objetivo es que todos esos programas sean administrados por el Departamento de Estado para que podamos revisarlos directamente”, dijo.

“La ayuda exterior es algo que debemos hacer y seguiremos haciendo, pero cada dólar que gastemos en ella debe lograr al menos uno de estos tres objetivos: fortalecer a Estados Unidos, hacerlo más próspero o hacerlo más seguro”.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

El representante del gobierno de Trump rechaza que la ayuda se destine a “políticas internas de extrema izquierda” y lo que llama “el complejo industrial de ayuda exterior”, en referencia a “organizaciones no gubernamentales” y a subcontratistas para entregar la ayuda. Rubio confirmó que el “objetivo” es que “todos esos programas” que seguirán “implementando” –habló de 900– serán administrados por el Departamento de Estado.

El funcionario informó que “parte de eso se ha remitido al Departamento de Justicia para su análisis”, ante una pregunta sobre si cree que hay alguna relación con que el dinero “se devuelva a los demócratas, a la maquinaria de recaudación de fondos u otros asuntos turbios”.

“Hay personas que han ganado mucho dinero formando parte del complejo industrial de ayuda exterior, formando parte de esta red de ONG que hacen cosas”, afirmó.

Durante casi 24 años, la USAID desembolsó $1,585.4 millones a El Salvador, de un total de $2,780.8 millones de todas las agencias de ayuda estadounidense según foreignassistance.gov. Los mayores montos desembolsados de la USAID a El Salvador ocurrieron en los años 2012, con $210.5 millones; 2020, $197.2 milllones; 2019, $192.7 millones; 2011, $187.6 millones; y 2010, con $170.9 millones.

En el año completo fiscal más reciente (2023), los sectores con más desembolsos fueron: gobierno y sociedad civil, con $51.8 millones; gastos de operación, con $21.3 millones; respuesta de emergencia, con $14.9 millones; educación básica, con $14.04 millones; negocios y otros servicios, $13.2 millones; HIV/sida, $5.7 millones; prevención de desastres, $3.4 millones; política comercial, $1.3 millones; conflicto, paz y seguridad, por $1.9 millones; y $989,800 para salud básica.

Mientras cinco instituciones de control tuvieron una disminución en su presupuesto para el año 2025, la Corte Suprema de Justicia tuvo un aumento en sus fondos y la Corte de Cuentas de la República se mantuvo con la misma asignación presupuestaria, según el informe de Acción Ciudadana presentado el viernes.

Para el año 2025, el Estado salvadoreño ha destinado $680.8 millones a siete instituciones de control, lo que constituye un 7 % del presupuesto general del Estado.

El 72 % del presupuesto de las instituciones de control está asignado al Órgano Judicial y el restante 28 % está repartido entre seis instituciones de control: la Fiscalía General de la República tiene el 13 % del presupuesto de las entidades de control y la Corte de Cuentas de la República (CCR), un 7.4 %.

Las instituciones de control tienen una cobertura del 95 % de su necesidad presupuestaria, les harían falta un poco más de $31 millones.”

Julio Amaya, investigador.

Así mismo, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene una asignación del 5 % del presupuesto de las instituciones de control; la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), un 1.5 %; el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), un 0.3 %; y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), un 0.35 %.

Los presupuestos de las instituciones de control bajaron desde un 37.7 %, en el caso de la FGR, hasta un 9.99 %, en el caso de la PGR.

Las necesidades presupuestarias planteadas originalmente por estas instituciones sumaban $711.9 millones, pero tuvieron un recorte de $31.1 millones a sus proyectos presentados a Hacienda.

La AC emitió siete solicitudes de información presupuestaria, una a cada institución de control: la Fiscalía denegó la información bajo el argumento de que la información es “reservada”; la CCR no entregó a información; la PDDH, el IAIP y el Órgano Judicial entregaron solo parte de la información, y solo la PGR y el TEG entregaron la información.

¿Qué información era?: monto del techo presupuestario comunicado por Hacienda, copia del proyecto de presupuesto presentado a Hacienda, copia de cualquier documento que ha servido de base para la elaboración del proyecto de presupuesto 2025 previo a los ajustes y modificaciones realizadas al techo presupuestario y presupuesto institucional aprobado por la Asamblea Legislativa para 2025.

El concejo municipal de San Salvador Este reformó la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales por

servicios del distrito de Coatepeque «siguiendo la directriz emanada por el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, relativa a las medidas de alivio económico» para disminuir el cobro que realizan sobre las tasas y contribuciones, y que se destina a las fiestas.

«Sobre todo ingreso generado por las tasas establecidas en la presente ordenanza, con destino el Fondo Municipal, los contribuyentes aportarán el 5 % que se utilizará para las festividades locales, cívicas y nacionales», indicó.

La reforma derogó las disposiciones que se basaban en el artículo 34 de la ordenanza, que establecía un cobro del 10 % para las festividades locales, cívicas y nacionales.

«Siguiendo la directriz emanada por el presidente Nayib Bukele, relativa a las medidas de alivio económico, considera oportuno continuar mejorando la situación económica de aquellas familias de escasos recursos, pequeñas y medianas empresas de este municipio, considera oportuno y alta necesidad normalizar y ajustar la ordenanza».

Concejo de Santa Ana Este.

La Ley de tarifa general de arbitrios de Coatepeque de 1987 estableció un cobro del 5 % sobre todo ingreso con destino al Fondo Municipal proveniente de tasas o derechos por servicios de oficina, impuestos y contribuciones municipales pagados por los contribuyentes, para la celebración de ferias o fiestas patronales, cívicas o nacionales. En 2010, el cobro aumentó al 10 % con la vigencia de la «Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Coatepeque».

Sin embargo, una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo, emitida el 19 de septiembre de 2024, dictó que la alcaldía de Coatepeque debía determinar el porcentaje legal regulado en la Ley de Tarifa General de Arbitrios, es decir, 5 %.

La reforma fue aprobada el 17 de marzo de 2025 y publicada en el Diario Oficial del 3 de abril de 2025. Según el decreto, «será de aplicación inmediata». Fue firmada por la alcaldesa, Cecy Carolina Elías Escobar, y el secretario municipal, César Antonio Toledo Vargas.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) transmitió el jueves una audiencia en la cual un ciudadano solicitaba información a la Universidad de El Salvador (UES) sobre el procedimiento de asignación de tres plazas de la Facultad de Ciencias Económicas. Los comisionados terminaron por declarar desierto el recurso de apelación luego de que el ciudadano apelante se retirara de la audiencia.

La audiencia fue presidida por Ricardo José Gómez Guerrero, presidente del IAIP.

En el caso, el apelante pidió información a la UES sobre detalles de procedimientos, los funcionarios involucrados en la asignación de plazas registradas bajo las partidas 2804, 2811 y 2819 de la ley de salarios de la Facultad de Ciencias Económicas durante el periodo 2021-2023. La oficial de información de la UES denegó la información porque «no ha sido generada».

El demandante propuso introducir dos documentos como pruebas pero el IAIP no se los aceptó. “Yo estoy proponiendo otros dos documentos, uno emitido por el secretario general de la UES, donde hace referencia sobre el procedimiento y otro documento emitido por el fiscal donde también alude al procedimiento que tiene que ver con las plazas”, explicó el demandante.

Nelson Boanerges López Carrillo, representante de la UES en la audiencia, indicó que el apelante «solicitaba prácticamente un detalle del procedimiento, copia del expediente de ese procedimiento y una nómina de las personas que participaron» y solicitaron agregar como prueba un informe emitido por el rector de la UES en el cual «establecía que no estaba generada dicha información».

Sin embargo, el IAIP decidió no aceptar las pruebas del demandante. «No coincide con la información requerida. No admite la prueba por no considerarse útil ni pertinente al presente proceso», dijo el presidente del IAIP.

«En vista que me han violentado mi derecho de defensa, paso a retirarme», respondió el demandante y se retiró.

El comisionado presidente del IAIP anunció que la «acción quedaría desierta» pero pidió salir de la transmisión pública para que los comisionados deliberaran y luego cerraron la audiencia.

«Se le estaba dando el derecho de defensa. Por abandono de audiencia de manera injustificada, el pleno da por finalizado el presente recurso de apelación», dijo el comisionado presidente del IAIP, quien citó el artículo 518 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gómez Guerrero dijo que incluso en redes sociales habían comprobado que el demandante iba a abandonar la audiencia si no le aceptaban las pruebas.

Posteriormente, este viernes, el demandante sostuvo que la Ley de Procedimientos Administrativos «no habilita» para declarar desierto un recurso de apelación, tras mensajes enviados a El Mundo a través de X.

En X, el solicitante de información señaló que los comisionados del IAIP «no les habilita para declarar desierta la apelación» porque la audiencia oral «no es acto indispensable en sede administrativa». «El incumplimiento de deberes no puede ser invocado para desestimar el derecho reclamado», señaló.

El IAIP bloqueó al demandante, cuando mencionó la inclusión de tres comisionados en la Lista Engel.

Los comisionados del @iaip_elsalvador olvidan que el artículo 17 de la LPA establece que el incumplimiento de los deberes no puede ser invocado para desestimar el derecho reclamado…

Así como hacen en el proceso NUE 35-A-2024, así que por este tipo de cosas son lista #Engel

— Fredis Pereira (@FredisPereira) April 11, 2025

Me retiré de la audiencia ref. NUE 35-A-2024 por violación a mi derecho de defensa por parte de los comisionados del @iaip_elsalvador, favoreciendo así la opacidad de las #AutoridadesUES de la @UESoficial

— Fredis Pereira (@FredisPereira) April 10, 2025

Esta fue una de las audiencias que han sido transmitidas por el IAIP, una institución pública encargada de dirimir las diferentes entre las instituciones del Estado y los ciudadanos que les solicitan información pública.

Durante los dos años más recientes, el IAIP únicamente ha transmitido cinco audiencias durante dos años desde su cuenta de Facebook:

1. Contra la Alcaldía de Santa Tecla Norte. 31 de octubre de 2024.
2. Contra la Alcaldía de La Libertad Norte, 16 de octubre de 2024.
3. Contra el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, 12 de marzo de 2024.
4. Contra Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 7 de septiembre de 2023.
5. Contra Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 20 de julio de 2023.

Fe de errata: Esta noticia fue corregida el mismo día de su publicación, ya que la información solicitada por el demandante fue sobre promoción o asignación de plazas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, no sobre contratación de plazas como inicialmente se había divulgado por error involuntario.

En una entrevista con Donald Trump Jr., el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que no se otorgarán visados a solicitantes que se acerquen a la Embajada de Estados Unidos de quienes crean que podrían quedarse más tiempo o de quienes no les gusten sus «actividades políticas ni sus opiniones».

El alto funcionario de la administración Trump explicó que el gobierno estadounidense niega visados todos los días porque creen que alguien podría quedarse más tiempo del permitido y también porque tienen dudas sobre alguien.

Puede leer: Los países con más rechazos de visas de turismo: ¿qué porcentaje de rechazo tiene El Salvador?

Trump Jr. manifestó, que sospechaba que el gobierno de Biden había cancelado visas de personas «que podrían ser el próximo astronauta, el próximo físico nuclear… porque probablemente no eran votantes demócratas confiables» pero que le sorprendía que antes no se rechazara visados agresivamente a grupos terroristas y extremistas.

«Uno pensaría que sería una señal de alerta muy seria, pero al parecer no o fue, solo quienes compran gorras MAGA o biblias serían blanco de la administración Biden», ironizó, para pedirle a Rubio una explicación sobre las prioridades hacia los extranjeros con visas que actúen contra los intereses de Estados Unidos.

El titular del Departamento de Estado explicó que hay muchas razones por las cuales Estados Unidos «no se le permitirá ingresar» a un extranjero que «ahora mismo» se acerque «a una ventanilla en una Embajada y solicita un visado estadounidense».

Detalló que entre estas razones están:
-«Porque creamos que podría quedarse más tiempo del permitido por su visado».
-«Porque no nos gusten sus actividades políticas ni sus opiniones, o tengamos dudas sobre ellas».

El funcionario explicó que están identificando personas a las que nunca les hubieran otorgado un visado para revocárselos. «Si hubiera cosas sobre usted que, de haberlas sabido, no le habríamos otorgado un visado, deberíamos revocarle el visado. Así de sencillo», indicó Rubio en la entrevista publicada el 8 de abril por el Departamento de Estado.

Eso es lo que intentamos hacer ahora mismo: identificar a las personas de las que tenemos información y que, de haberla tenido, nunca les habríamos otorgado un visado. Y estamos revocando esos visados, y tienen que irse.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

Reiteró su rechazo a visas para estudiantes que apoyen o participen en tomas de bibliotecas, pintas de monumentos con aerosol o disturbios, «nunca deberíamos haberle dado el visado» y, si lo hace, «deberíamos retirarle el visado».

«¿Qué país del mundo? ¡Qué estúpido, qué ridículo es que algún país diga: “Sí, traigan a más gente a nuestro país que va a causar disturbios en nuestras calles y en nuestros campus”! ¿Quién haría eso? Es una idiotez, y ya no hacemos idioteces», expresó Rubio.

También aseveró que no hay duda de que la migración masiva «se usó como herramienta» contra Estados Unidos y que «habrá pruebas y evidencias» sobre «un esfuerzo concertado para empujar a la gente hacia Estados Unidos»; señaló. Afirmó que tampoco tiene duda de que la llegada de pandilleros del Tren de Aragua haya sido «concertado del régimen de Maduro» como una «estrategia sacada directamente del manual de Fidel Castro«.

El 15 de marzo, Rubio aseguró que se revocarán todas las visas de inmigrante para las personas que se unan a disturbios pro terroristas y a finales de marzo indicó que han revocado más de 300 visas. En el año fiscal estadounidense 2024, El Salvador tuvo una tasa de rechazo a solicitudes de visa de turismo de un 52.65 %. Es el cuarto país con más rechazos de visas, después de Nicaragua, Canadá y Cuba.

Diputados de oposición, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), advirtieron un «grave riesgo» para el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) y la sostenibilidad fiscal del país, luego de la aprobación de la reforma que eliminó el límite del 50 % de fondos futuros que puede comprometer el Fovial para adquirir deuda y que permite invertir en proyectos de transporte.

Francisco Lira, diputado de Arena, consideró que la eliminación del límite del 50 % «pone en grave riesgo la sostenibilidad del fondo», algo que puede «comprometer operaciones esenciales como el mantenimiento de la red vial nacional».

La diputada Marcela Villatoro, del mismo partido, incluso habla de un riesgo de quiebra de la institución. “Puede comprometer fondos futuros e incluso quebrar la institución”, indicó la diputada, al solicitarle su opinión sobre la reforma al Fovial aprobada con dispensa de trámites el pasado 8 de abril. Explicó que la derogatoria del inciso segundo del artículo 28-A de la Ley del Fovial eliminó el techo que tenía para que dicha institución pudiera comprometerse y endeudarse.

“Significa que con esa reforma el Consejo Directivo (del Fovial) tendrá la atribución de decidir libremente el nivel de ingresos que comprometerá en deudas para el pago de servicios y obligaciones financieras”, afirmó la legisladora.

Sin embargo, según Lira, la reforma también puede ser «un cheque en blanco que puede burlar los acuerdos» a los que llegó el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó un financiamiento de aproximadamente $1,400 millones a El Salvador a cambio de un ajuste fiscal del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), algo que incluyó recortes de plazas estatales.

«Economistas han advertido que esta reforma abre la puerta a un uso irresponsable de la titularización, una técnica que compromete ingresos futuros sin registrarse como deuda, esto podría servir para evadir los límites de deuda acordados con el FMI, afectando la transparencia fiscal y debilitando la credibilidad internacional del país».
Francisco Lira, diputado de Arena.

Obras «pueden ser positivas» pero «sin planificación»

El legislador cree que la reforma provoca también que el Fondo pierda su enfoque y que se pierda planificación de los proyectos, los cuales considera que pueden ser positivos. «Creemos en el desarrollo, no nos oponemos», dijo, señalando que debe haber «transparencia».

«Se amplían las funciones del Fovial para permitir inversiones en proyectos de transporte, ciclovías, pasos a desnivel y terminales, tomando en cuenta que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene en marcha un proyecto para construir un metrocable en el Área Metropolitana de San Salvador, lo cual encajaría con las obras que se ha autorizado al Fovial. Aunque estas obras pueden ser positivas, esta ampliación llega sin planificación, sin nuevos mecanismos de financiamiento y sin controles técnicos, politizando una institución que debía mantenerse técnica y financieramente sostenible», opinó.

La reforma fue aprobada el 8 de abril con dispensa de trámites, mecanismo que fue rechazado por el partido de derecha. Esta permitirá al Fovial destinar también los recursos que obtenga a proyectos de transporte, como sistemas integrados de transporte y toda su infraestructura.

La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, rechazó la reforma a la Ley del Fondo de Conservación Vial (Fovial) aprobada con dispensa de trámites en la sesión plenaria del martes 8 de abril, porque considera que la propuesta trae más deuda y muestra que el dinero «no está alcanzando».

“Sin duda el dinero no está alcanzando y su interés es seguir metiendo mano al dinero del FOVIAL ya que en 2021 autorizaron los diputados oficialistas que el FOVIAL pudiera emitir títulos valores (deuda) respaldados por sus flujos futuros”.
Cesia Rivas, diputada suplente de Vamos.

La reforma a la Ley del Fovial elimina el límite del 50 % que tenía su Consejo Directivo para comprometer ingresos presentes o futuros y así poder adquirir deudas, así como para invertir fondos en proyectos de transporte como sistemas integrados de transporte y componentes electromecánicos.

La diputada, suplente de Claudia Ortiz, consideró una «excusa» la inversión para quitar el techo de los ingresos comprometidos para deuda. «Es una mala gestión en la administración del fondo y desnaturaliza para lo que fue creado», señaló.

Recordó que en el año 2021 los diputados de Nuevas Ideas autorizaron que el Fovial pudiera emitir títulos valores con un límite de hasta el 50 % de sus ingresos futuros. “Pero como hoy no les alcanza quitan ese techo y en las reformas presentadas derogan el artículo 28-A de ese techo”, insistió. El artículo 28-A limitaba al Fovial a comprometer hasta el 50 % de sus ingresos.

Según la diputada, citando datos de la Bolsa de Valores de El Salvador, entre marzo de 2022 y junio de 2024 se han colocado 12 tramos por $129.9 millones, respaldados por ingresos del Fovial por un monto de $1,380 millones.

La diputada Claudia Ortiz no votó en la aprobación, con dispensa de trámites, de la reforma del Fovial, aprobada únicamente por los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC.

Su diputada suplente criticó que la reforma fuera aprobada con dispensa de trámites; “traen más deuda y que no pasan al estudio de la Comisión para que la gente no se dé cuenta de las verdaderas intenciones y que los diputados no tengamos margen de maniobra necesario para advertir lo que hacen”.

Fovial fue fundada en el año 2000 para el mantenimiento de la red vial de El Salvador. Con la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, sus fondos podrán ser invertidos en proyectos de transporte y toda la infraestructura relacionada a los mismos.

El Ministerio de Hacienda ha solicitado incorporar los primeros $24 millones de los $350 millones que debe erogar durante 20 años para la conservación, la seguridad hídrica y restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa, como fruto del canje de deuda impulsado por el gobierno de EE.UU. durante la administración Biden.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, pidió al Congreso salvadoreño que le apruebe una reforma presupuestaria para incorporar $24 millones en el presupuesto general del Estado de 2025.

El gobierno salvadoreño tiene el compromiso con Estados Unidos de realizar aportes graduales para financiar un programa ambiental, con un monto de $17.5 millones anuales entre los años 2026 y 2044, y de $24 millones en 2025, distribuidos así: $12 millones en abril de 2025 y $12 millones en octubre de 2025.

Los diputados de la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto se reúnen el martes 22 de abril.

El fondeo para el ambicioso proyecto ambiental resultó del refinanciamiento de $1,000 millones a El Salvador aprobado en octubre de 2024 por el banco estadounidense JPMorgan Chase & Co., como parte del acuerdo con la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) que, aportando la garantía, logró amarrar el ahorro en intereses al proyecto ambiental.

La DFC proporcionó un seguro de riesgo político (PRI) para que la operación pudiera ser posible.

El programa tenía una junta directiva conformada por siete miembros, que incluía un representante del gobierno salvadoreño, uno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y cinco representantes gubernamentales. Los proyectos que EE.UU. mantiene de la USAID han sido asumidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos según ha asegurado el secretario estadounidense Marco Rubio.

El programa de conservación y restauración del río Lempa será liderado por el gobierno de El Salvador, junto al Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y el Catholic Relief Services (CRS). En la primera fase, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizará un diagnóstico con las comunidades.

Sin embargo, en el acuerdo el gobierno se comprometió a establecer una entidad para supervisar la restauración de la cuenca, aprobar un Plan Nacional de Recursos Hídricos Integrados, un sistema de monitoreo, un mecanismo de retroalimentación pública y quejas por violaciones a la Ley nacional de recursos hídricos y la Ley general de medio ambiente, desarrollar estándares para calcular los costos de agua potable y saneamiento y declarar 75,000 hectáreas de zonas de recarga de acuíferos para el año 2044.

En una entrevista con Donald Trump Jr., el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló que una de las primeras peticiones del presidente salvadoreño Nayib Bukele, al aceptar recibir a pandilleros del Tren de Aragua en las cárceles de El Salvador, fue que Estados Unidos envíe también a «sicarios de la MS-13» porque son buscados también por crímenes en territorio salvadoreño.

Rubio recordó que se reunió con el presidente salvadoreño y aseguró que lo conoce desde «hace mucho tiempo», reiterando lo considera un presidente proestadounidense y reiterando que el 14 de abril lo tendrán de visita en la Oficina Oval del presidente Donald Trump, en Washington, Estados Unidos.

Luego recordó así la negociación con presidente salvadoreño:

Y estuvo de acuerdo; dijo, miren, he construido estas cárceles y albergaré gente aquí. Primero, quiere a sus sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos, porque también son buscados por delitos en El Salvador.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, había dicho el 4 de febrero que el presidente Bukele había pedido deportar a los cabecillas de las pandillas que están en Estados Unidos y que fue un «tema de honor».

Según el relato de Rubio, Bukele también se manifestó «dispuesto a detener a miembros» de la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada como grupo terrorista por Trump desde el 20 de enero de 2025.

El funcionario estadounidense explicó que tuvieron que buscar un lugar para enviar a los miembros del Tren de Aragua porque «Venezuela no los aceptaba» y que Bukele «tiene el lugar perfecto», el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), ubicado en el distrito de Tecoluca, del municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente.

Venezuela no los aceptaba, así que tuvimos que encontrar un lugar donde enviarlos, y él tiene el lugar perfecto. Hicimos un trato con él a principios de febrero, y esta fue la forma en que se ejecutó. Estamos muy agradecidos.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

En rechazo al fallo judicial que buscaba que solicitaran al presidente Nayib Bukele que «ahora deben repatriar» a los venezolanos, expresó: «No podemos vivir en un país, no es constitucional, donde los jueces dirigen la política exterior de Estados Unidos».

El 16 de marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua y 23 miembros de la pandilla MS-13, incluido el cabecilla César Antonio López Larios, alias El Greñas; además, el 31 de marzo, deportó otros 17, entre miembros del Tren de Aragua y MS-13.

Según El Faro, hasta marzo de 2024, la justicia estadounidense solo había logrado capturar a seis de 27 cabecillas de la MS-13 acusados por el FBI de terrorismo en un proceso iniciado en 2020 en la Corte Este de Nueva York, otros 17 se encontraban en El Salvador y 4 se encontraban prófugos.

Se desconoce si los cabecillas de la MS-13 deportados a El Salvador quedarían con procesos penales o penas de prisión pendientes en los Estados Unidos.

La asociación Cristosal informó ayer que, de 94 casos de deportados de Estados Unidos a El Salvador, registrados mediante un formulario habilitado en línea llenado por los familiares, el 78 % tenía un trabajo cuando fue detenido y el 47 % tenía asilo.

Mientras, detalló que el 87 % de los registrados tiene tatuajes, al 48 % se le acusa de un delito o pertenecer al Tren de Aragua y solo el 13 % posee antecedentes penales, según información proveída por los familiares o allegados de las personas deportadas a Cristosal.

El secretario Rubio no detalló cuántos venezolanos y salvadoreños deportados están condenados, procesados por delitos o fueron deportados por razones migratorias pero señaló, si se mira «los antecedentes penales de algunas de estas personas», este «es uno de los peores grupos de seres humanos» que él ha visto en su vida.

El Consejo Directivo del Fondo de Conservación Vial (Fovial) podrá comprometer o titularizar sus ingresos futuros sin un límite definido por ley, ya que será su Consejo Directivo el que deberá autorizar dicho nivel.

Este martes, la Asamblea Legislativa reformó la Ley del Fovial con dispensa de trámites a solicitud de Nuevas Ideas. La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados; la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo; y Arena no votó.

Concretamente, reformó el artículo 21 para introducirle una nueva atribución, número 21, al Consejo Directivo del Fovial: podrá “autorizar el nivel de ingresos que se podrá comprometer para respaldar el pago del servicio de sus obligaciones financieras”.

Una segunda reforma clave para que la nueva atribución del Fovial fue la supresión del artículo 28-A, que permitía comprometer hasta el 50 % de los ingresos del Fovial, este límite había sido únicamente inaplicado en la autorización legislativa al Fovial, del 7 de noviembre de 2023, para emitir hasta $1,000 millones de deuda.

Así, el artículo 28-A, que había sido incorporado en la reforma del 20 de julio de 2021 y que permitía al Fovial “comprometer hasta el 50 % de sus ingresos anuales para respaldar el pago del servicio de sus obligaciones financieras”, fue derogado.

La reforma aprobada ayer fue solicitada por el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, quien argumentó que se busca “optimizar la obtención de recursos indispensables”.

La misma reforma amplía el destino de la inversiones del Fovial a proyectos de transporte y movilidad urbana, componentes electromecánicos y sistemas integrados de transporte, y no solo a mejoramiento vial.

Deudas del Fovial

Aunque su principal financiamiento proviene de un cargo de $0.20 a cada galón de combustible que compran los automovilistas, el Fovial ha adquirido deudas.

En el año 2024, el Fovial tuvo un presupuesto de $207.8 millones –que fueron ejecutados en un 100 %– con $114.76 millones provenientes del cargo al combustible.

Durante el mismo año 2024, la Asamblea Legislativa ha aprobado dos garantías soberanas para dos préstamos que suman $342.6 millones para el Fovial. Las aprobaciones se dieron el 24 de julio y el 20 de agosto, para los contratos de préstamos 2310 y 1886 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Fovial fue creado en el año 2000 y está autorizado desde agosto de 2012 a emitir títulos valores o deuda para su funcionamiento y desde julio de 2021 a comprometer flujos financieros futuros, es decir, a realizar titularizaciones.

El 7 de diciembre de 2021, el Legislativo lo autorizó a emitir una deuda y a comprometer flujos financieros presentes y futuros hasta por $1,000 millones; en el decreto original la Asamblea había permitido que estos fondos fueran respaldados por «un monto a ser acordado por el Fovial». Sin embargo, una reforma del 7 de noviembre de 2023 eliminó expresamente la aplicación del artículo 28-A, el cual permitía únicamente el compromiso de hasta el 50 % del flujo de fondos, únicamente para esta emisión de hasta $1,000 millones.

«El límite el 50 % establecido en el artículo 28-A de la Ley del Fondo de Conservación Vial relacionado con el total de ingresos anuales que Fovial puede comprometer para respaldar el pago del servicio de sus obligaciones financieras no aplicará para la emisión autorizada», indicaba la reforma.

El 22 de diciembre de 2022, mediante otra reforma, se autorizó al Consejo Directivo del Fovial autorizar la suscripción de préstamos con organismos internacionales bilaterales, financieras nacionales o internacionales, y países amigos.