Autor: Yolanda Magaña

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, llamó hoy a Estados Unidos a renunciar a las presiones como forma de hacer política y alertó de que la tensión nuclear no disminuye en el mundo, de cara a la cumbre ruso-estadounidense que se celebrará el 15 de agosto en Alaska.

«El tira y afloja, las acciones impulsivas, la presión (…), vemos que en Washington hay una tendencia a actuar a través de la presión. Pero creo que ahora es el momento de dar una oportunidad para que hablen los políticos y diplomáticos», comentó en declaraciones a la televisión pública.

Riabkov subrayó que en estos momentos se necesita «voluntad política para reducir la temperatura de estas recalentadas relaciones internacionales».

«Por lo menos, en el diálogo con EE.UU. surgen algunos brotes verdes de sentido común que tanto se echaron de menos en los últimos meses y años», destacó.

El diplomático admitió que «el riesgo de conflicto nuclear se mantiene» y que la tensión estratégica «no disminuye».

«Nosotros no somos los iniciadores de pasos de escalada. Nosotros tomamos medidas para contrarrestar y así seguiremos de aquí en adelante», subrayó después de que Moscú levantara la moratoria al tratado INF de eliminación de misiles de corto y medio alcance.

Denunció que «en algunas capitales siguen valorando la opción nuclear como posible reacción en caso de que alguna u otra circunstancia cambie radicalmente en su contra».

El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sólo después de que éste le impusiera un ultimátum de diez días para detener la guerra en Ucrania.

Según los expertos, uno de los temas a tratar en la cumbre será la seguridad estratégica, ya que el último tratado de desarme entre ambas potencias, el START III, expira a principios de 2026.

Ese tema ya fue abordado en la anterior cumbre celebrada por ambos mandatarios en junio de 2018 en Helsinki.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las principales potencias europeas reclamaron el sábado en un comunicado conjunto voz para Ucrania en la reunión del próximo viernes 15 de agosto entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

«Los intereses vitales (de Ucrania y la UE) incluyen la necesidad de garantías de seguridad sólidas y creíbles que permitan a Ucrania defender eficazmente su soberanía e integridad territorial. Ucrania tiene la libertad de decidir sobre su propio destino. Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania», reza el escrito.

En esta línea, se han mostrado tajantes con la posibilidad de un «intercambio de territorios» mencionada la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: «Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. La línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones».

A este fin, los países firmantes abogan por fomentar la vía diplomática al tiempo que mantienen su «sustancial» apoyo financiero y militar a Kiev, así como manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra Rusia para blindar los ya mencionados intereses ucranianos y europeos.

«Seguimos firmes junto a Ucrania», han sentenciado, incidiendo nuevamente en que «la invasión no provocada e ilegal de Ucrania por parte de Rusia constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest y los sucesivos compromisos rusos».

Previamente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había adelantado ya esta postura al declarar que «el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos, que llevan más de tres años luchando por su libertad y seguridad», según ha coincidido en conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz.

«Los europeos también serán necesariamente parte de la solución, ya que su propia seguridad está en juego», añadía el presidente francés.

«Seguimos decididos a apoyar a Ucrania, trabajando en un espíritu de unidad», ha añadido en un mensaje en línea con los transmitidos por Zelenski durante las conversaciones mantenidas este sábado con los líderes europeos tras conocer el anuncio de una reunión donde no tomará parte y se pondrá sobre la mesa un posible «canje de territorios» que el mandatario ucraniano no está dispuesto a aceptar.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos alertó el sábado a los estadounidenses de tener cuidado de invertir en Nicaragua tras la aprobación de una ley que declara propiedad del Estado una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras de ese país, que calificó de «confiscación masiva».

«La confiscación masiva por parte del régimen de Murillo-Ortega, de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua, devasta decenas de comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda nuestra región», señaló esa oficina adscrita al Departamento de Estado a través de cuenta en X.

«Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado», avisó esa oficina

La Ley de Territorio Fronterizo, que fue aprobada de forma expedita el martes pasado sin ser consultada en una comisión, y promovida por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, define y establece como «territorio fronterizo» el área del territorio nacional comprendido desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior.

Esta delimitación crea una zona de control especial bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua.

En su artículo 2 establece que «para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense».

La nueva normativa también derogó la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que establecía un régimen especial para el territorio fronterizo, tanto terrestre, marítimo como aéreo, con el objetivo de garantizar la soberanía, seguridad e integridad territorial, así como promover el desarrollo sostenible en esas zonas.

La medida, que según críticos afecta tanto a propiedades privadas como comunales, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, movimientos políticos de oposición y gobiernos de la región.

El economista nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro advirtió que el declarar propiedad estatal un radio de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras no solo afectará ciudades enteras, sino también negocios, cultivos y actividades productivas como camaroneras y plantaciones de naranja, entre otras.

La ley no establece mecanismos claros de compensación ni consulta previa para las comunidades y propietarios que se verán afectados, lo que ha generado fuertes cuestionamientos.