Autor: Yolanda Magaña

El concejal del partido Cambio Democrático en San Salvador Este, Hernán Carrasco, dio su respaldo al proyecto de Ley de la Dirección de Mercados Nacionales presentado por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa y, pese a las críticas sobre violación a la autonomía municipal, cree que puede mejorar la gestión de los mercados en el país.

«Pienso que la nueva ley mejoraría la gestión, la transparencia, la salubridad y garantizaría la libre competencia en los mercados», indicó.

Carrasco sostuvo que el sistema actual tiene «muchas deficiencias como el desorden, la corrupción y la falta de control real de los mercados» y la nueva normativa podría provocar potencialmente «una estandarización de la gestión a nivel nacional con reglas claras y homogéneas para todos los mercados».

También existiría un mayor control y fiscalización, mejorando la higiene y seguridad; esto ayudaría a qué más personas prefieran ir a comprar a los mercados.

Hernán Carrasco, concejal de San Salvador Este (CD).

Sobre la pérdida de autonomía municipal, aseguró que «las municipalidades han hecho muy poco» por la mejora en los mercados.

El regidor indicó que la nueva ley, que crea una nueva Dirección de Mercados Nacionales que estaría a cargo de los mercados intervenidos por el Ejecutivo, no provocaría aumento de precios en los productos en venta, como prevén concejales del FMLN.

«Si la administración es eficiente y transparente, los costos podrían incluso bajar y los productos para el consumidor serán más bajos. Si se evitan monopolios dentro de los mercados y se incentiva la competencia», señaló.

El proyecto de ley crea una Dirección de Mercados Nacionales que adjudicaría los puestos de venta a una tarifa que establecería la misma dirección y que recibiría en comodato los inmuebles de los mercados municipales que intervenga el Ejecutivo, ya sea en diseño, remodelación o construcción.

Así mismo, prohibiría en estos mercados ventas ambulantes o temporales en un perímetro de 100 metros y en los pasillos, así como multaría a los arrendatarios que no tengan sus locales completamente limpios.

Concejales del FMLN creen que la nueva Ley de Dirección de Mercados Nacionales, bajo estudio de la Asamblea Legislativa, violaría la autonomía de los municipios, aumentaría los precios de productos, debilitaría a los concejos municipales y se privatizarían los mercados municipales.

«Todo apunta a que hay un plan que tiene que ver con el hecho de desaparecer el municipalismo», dice el concejal Cayetano Cruz, concejal por el FMLN de San Salvador Este, municipio que reúne a los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.

El funcionario recordó que a las municipalidades ya les han quitado parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), a algunas le han quitado la administración de los desechos sólidos, con la creación de la Autoridad Nacional de Desechos Sólidos (Andrés) y el pago por la certificación de partidas de nacimiento.

El concejal Simón Paz, parte del concejo de San Salvador Centro, que reúne a los distritos de San Salvador, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado, también cree que el objetivo es «desaparecer» las municipalidades con una injerencia total del Ejecutivo y tener el control territorial sin responder a las necesidades de las comunidades.

La potestad que la Dirección de Mercados va a tener es total. Hoy por hoy pasan en manos del Ejecutivo aquellos mercados en donde el Ejecutivo intervino a través de la DOM, Obras Públicas, esos mercados pasan tácitamente al Ejecutivo y el ejemplo más claro es San Miguelito, en una clara violación a la autonomía municipal.
Simón Paz, concejal de San Salvador Centro.

Ambos concejales se refirieron al artículo 23 del proyecto que obligaría a las municipalidades a manifestar su voluntad de entregar en «comodato» a la Dirección los inmuebles de los mercados intervenidos por cualquier institución del Poder Ejecutivo.

El artículo, aunque expresa que la entrega sería «voluntariamente», aclara que la municipalidad «deberá» manifestar la intención de entregar el inmueble al Ejecutivo si este lo interviene.

«Voluntario según el gobierno es obligatorio. Lo que está diciendo es que el Ejecutivo se va a tomar el tema de los mercados y obviamente será a través de privatizaciones para lo cual no dudo que se van a crear las sociedades de economía mixta para trasladarlas a manos privadas. Obviamente al inicio será bonito, mercados nuevos, con un poco de tecnología pero a la larga va a ser un costo más para la crisis económica de la canasta básica», dijo el concejal Cruz.

La abogada Roxana Cardona manifestó en redes sociales que, si los mercados se declaran de «utilidad pública», como lo indica el artículo 22 del proyecto, podrá «expropiarse», algo que coincide con la prohibición del dominio sobre los puestos de venta.

Este traslado «voluntario» de los mercados municipales intervenidos por el Ejecutivo, según el concejal Cruz, también buscaría trasladar los cobros por servicios, como actualmente hace municipalidades con la Autoridad Nacional de Desechos Sólidos (Andrés).

«Detrás de todo ese decreto va la privatización de los mercados, que va a elevar los precios. El Hula Hula tiene parqueo, espacios limpios, pero tiene costos. El tema del regateo eso se va a ir acabando. Un local pequeño en el Hula Hula, de $300 a $500 andan… Eso llevaría a que la canasta básica incremente».
Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este.

Así, el trasfondo del proyecto de Ley de la Dirección de Mercados, según el concejal Cruz, es «decir que las municipalidades no sirven» y «quedarse con todo lo que manejan las municipalidades» incluidos presupuestos millonarios, cita. «¿Quiénes van a ganar?, las sociedades de economía mixta porque los servicios ya no van a ser públicos, sino privados», cuestionó. El objetivo «es centralizar todos los fondos en una sola bolsa pero que no se van a ver revertido en desarrollo comunal», concluyó, por su parte, el concejal Paz.

Paz cree que el Gobierno está «allanando» un camino para desaparecer los concejos municipales porque quieren mantener el «control territorial».

«Esa entidad va a tener toda la potestad, adjudicar, desadjudicar, poner multa, los empleados municipales en los mercados están en el limbo… ¿Y cuál es el camino que lleva esto?, el día de mañana van a desaparecer concejos, yo más creo que ese camino están allanando, que el día de mañana no hayan concejos municipales y lo que por hoy está va a ser una figura no más para seguir teniendo el control territorial», manifestó.

Para el regidor, el debilitamiento de los concejos municipales afectará a las comunidades ya que «la razón de ser de un concejo municipal es el trabajo en función de las necesidades de las comunidades».

La nnministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos».nnEl proyecto fue recibido a las 11:42 a.m. del 1 de abril, sin convocatoria de prensa, y pasó a estudio de la Comisión de Infraestructura, que ha programado su reunión el lunes 7 de abril a las 11:00 de la mañana.nnEl Gobierno argumenta que es necesario crear una Dirección que administre los puestos de venta o locales en los mercados y controle tanto a las personas o empresas que comercien en los espacios públicos, para «garantizar» una libre competencia y salubridad.nn

Esto sería lo más relevante de la nueva Ley de la Dirección de mercados y locales comerciales

n¿Cuáles mercados regulará?nMercados nacionales, locales comerciales en plazas, parques y espacios públicos. Habrá un «Registro Único de Puestos de Mercado» y un sistema informático de registro.nn¿Quién será la autoridad máxima?nLa ley crearía la «Dirección de Mercados Nacionales», que se relacionará con el Ejecutivo por medio de la Presidencia de la República.nEl nuevo director de Mercados Nacionales sería nombrado por el presidente de la República por un periodo de cinco años. Será la máxima autoridad. Deberá ser mayor de 30 años y tener «experiencia comprobable en materias relacionadas».nn¿Cómo se financiará?nPodrá recibir del Fondo General, de los cobros que realice y también podrá endeudarse. Podrán solicitar el Ejecutivo inversión para el diseño, construcción o remodelación de mercados municipales o de locales comerciales.nn¿Cuáles serán las atribuciones de la Dirección? –adjudicará los puestos de venta y podrá revocarlosnLa Dirección adjudicará los puestos de venta o locales o revocarán las adjudicaciones, y monitoreará el pago del arrendamiento de los puestos e impondrá sanciones. Usará los fondos para mejorar y expandir los mercados.nSegún el proyecto, la Dirección deberá dar «prioridad en la adjudicación» a los comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos del mercado» y a «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado».nEntre sus 15 atribuciones, también estarían: administrar los mercados, garantizar que los puestos de venta tengan energía, agua, servicios sanitarios, emitirá instrumentos normativos para los mercados. También definirá el horario de los mercados.nn¿Cuáles son las atribuciones más importantes que tendrá el director nacional de Mercados?n1. Conocerá y resolverá las solicitudes de adjudicación de los puestos de venta dentro de los mercados y de los locales comerciales dentro de plazas, parques o espacios públicos.n2. Revocará las adjudicaciones.n3. Firmará contratos de arrendamiento de los puestos de venta.n4. Impondrá sanciones por infracciones.n5. Fijará tarifas de arrendamiento de los puestos de venta.nn¿Podrán pasar los mercados municipales a la Dirección de Mercados Nacionales?nSí. Los municipios podrán solicitar inversión para obras en los mercados municipales, pero «deberá manifestar su intención de entregar voluntariamente el bien inmueble» a comodato «a favor de la Dirección de Mercados Nacionales«.nEn todo caso, es decir, «sin perjuicio» de lo anterior, la Dirección también «podrá solicitar a los municipios la entrega de los referidos mercados y locales cuando lo considere pertinente».nn¿Qué prohibiciones tendrán los mercados?n1. Ventas ambulantes dentro de 100 metros de superímetro.n2. Puestos en los pasillos o vías de circulación interior.n3. Transferencia de puestos de venta.n4. Almacenar sustancias prohibidas, promover juegos de azar, efectuar negocios no relacionados al giro y otros.nn¿Cuáles serán las infracciones?nLas muy graves serán almacenar, vender o consumir sustancias ilícitas o de contrabando, explosivos, material peligroso o hacer desórdenes públicos. Las graves serían realizar acciones que alteren la disciplina y orden del mercado, plaza, parque o espacio público, botar basura, obstruir pasillos; y las leves, mantener el puesto de venta sucio, sin depósitos de basura.nn¿De cuánto serán las multas para los puestos de venta?nDe $5 a $25 para infracciones leves; de $26 a $50 para infracciones graves; y revocación de la adjudicación para infracciones muy graves.

Cuatro diputados de Nuevas Ideas presentaron un proyecto para reformar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) con el objetivo de evitar que los legisladores se abstengan en las votaciones de las iniciativas propuestas.

La reforma propuesta consiste en agregar un inciso final al artículo 86: «Las votaciones deberán consignarse a favor o en contra, de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este reglamento y la Constitución».

En su solicitud, los diputados argumentan que las votaciones «de lo que se presente a consideración» de la Asamblea Legislativa «deberían de someterse dichas votaciones ya sea a favor o en contra», «para una mayor certeza jurídica».

La iniciativa de reforma es firmada por los diputados Ernesto Castro, Suecy Callejas, Elisa Rosales y Alexia Rivas, todos legisladores integrantes de la junta directiva del Legislativo.

La propuesta para evitar los votos en abstención de los diputados pasó a estudio de la Comisión Política, que está convocada a reunirse el lunes 7 de abril a las 2:00 de la tarde, día en que entrevistará a cuatro candidatos a procurador general.

Actualmente, el reglamento únicamente establece que los diputados pueden votar a mano alzada o por medio electrónico, y también de manera nominal y pública, a viva voz, después de nombrar a cada diputado.

También establece que los diputados podrán «razonar» su voto por un máximo de cinco minutos o de forma escrita a la junta directiva.

El mismo reglamento establece como derechos de los diputados «participar con voz y voto en las sesiones plenarias» así como a votar según su voluntad individual y sin ninguna coacción.

El sistema de conteo de votos en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa registra tres tipos de votos: a favor, abstención y en contra. Un diputado también puede optar por no registrar ninguno de los tres tipos de votación, no presionando el botón o no levantando su mano.

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, la abstención es una «opción voluntaria de participar en una votación parlamentaria sin manifestarse a favor ni en contra».

El artículo 125 de la Constitución establece: «Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan».

Con 58 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la «Ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación» para facilitar la legalización de propiedad de más de mil inmuebles a favor del Ministerio de Educación y Tecnología.

Con la reforma a la ley original, aprobada en 2015, los procesos para que las propiedades sean inscritas a favor de Ministerio se apilarán no solo a los terrenos donde operan centros educativos sino aquellos «en los que tenga interés el Ministerio, que sean propiedad de personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado».

Esta nueva disposición es introducida en el artículo 2 de la normativa, cuyos efectos fueron prorrogados por cinco años más, hasta el año 2030.

La diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, detalló que la ley actual ha permitido legalizar 1,976 inmuebles a favor del Ministerio de Educación, en donde funcionan 1,618 centros educativos, pero aún faltan 1,636 inmuebles que «deben ser legalizados» en donde hay 1,232 centros educativos «por encontrarse en terrenos que no están inscritos a favor del Mined». Merlos rechazó que sea expropiación.

Podrá aplicarse a hipotecados o bajo el ISTA

La reforma permitirá aplicar las disposiciones también a las propiedades hipotecadas o bajo legalización del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), ya que fue eliminada la exclusión que se hacía de estas condiciones en el artículo 4.

Listado con información del CNR

La reforma también establece que la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP) del Ministerio de Vivienda, a petición de Ministerio de Educación, realizará los levantamientos topográficos de los inmuebles que formarán parte del listado de interés del Ministerio de Educación y serán presentados al Centro Nacional de Registros (CNR) para su revisión hasta tener una «resolución favorable».

Así mismo, la Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) extenderá la reposición de los testimonios de los títulos de propiedad de los inmuebles en 30 días hábiles, «independientemente de qué fuere el titular del derecho», «con el solo requerimiento por escrito del Ministerio».

Con la reforma, la publicación necesaria para que se ciudadanos terceros se opongan a la legalización de propiedad se reducirá de dos a una sola vez en el Diario Oficial y el plazo para presentarse será 60 días. El listado también se publicará en el sitio electrónico del Ministerio de Educación.

¿Cómo será el proceso?

Si el Ministerio posee bienes inmuebles sin un título de dominio escrito, podrá «titular su derecho» mediante un proceso abreviado ante juez competente o notario.

Una condición es la posesión pacífica por al menos siete años. La reforma dice que, si hay un poseedor distinto, «bastará con la declaración jurada otorgada por el titular o a quien delegue para probar la posesión».

1. Ante notario el fiscal presentará solicitud escrita que exprese que el Ministerio es el poseedor.
2. El notario citará al síndico municipal y persona de quien se haya adquirido el inmueble, publicará un edicto en un periódico de circulación nacional, abrirá a pruebas en tres días hábiles.
3. Inspección del inmueble con un perito y ordenará citar al síndico municipal y se establecerá la posesión con base en la inspección, la prueba documental y la prueba testimonial.
4. Si hay derechos de varios propietarios (proindivisos) se realiza un proceso diferente: el fiscal presentará solicitud escrita ante notario, que realizará la inspección con perito, citando a los colindantes y al menos un copropietario, se levantará acta y la resolución.

Con 57 votos, de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este martes el «Informe sobre la cuenta del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal de 2024» que el Ministerio de Hacienda debe rendir en cumplimiento del artículo 168 ordinal sexto de la Constitución de la República.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron.

El informe indica que las 140 instituciones del Estado presupuestaron un total de $17,650.9 millones de ingresos y en realidad ingresaron $16,678 millones, un 94.4 %.

También indica que de un total de $17,650.9 millones de egresos presupuestados, las 140 instituciones gastaron o ejecutaron $15,379.4 millones, un 87.1 %.

El Estado –gobierno central, descentralizadas no empresariales y empresas públicas– tiene un total de activos de $25,056.2 millones, según el informe, lo cual incluye el patrimonio estatal mu00e1s pasivos o deudas.

El informe tiene detalles de gastos como los siguientes:
-El Gobierno Central presupuesto $2,695 millones en remuneraciones y ejecutó $2,685 millones. En remuneraciones permanentes previó $1,718 millones y ejecutó $1,715 millones. El resto son remuneraciones eventuales, gastos de representación u otros.
-El sistema penitenciario erogó $165.4 millones, cantidad similar a la programada.
-Se ejecutaron $14.1 millones en pasajes y viu00e1ticos. Se habían programado $15.1 millones.
-Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia programó $38.4 millones pero se ejecutaron $22.3 millones.
-Inteligencia del Estado programó $43.5 millones y ejecutó $43.5 millones.
-La Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República proyectó un presupuesto de $37.2 millones y ejecutó $14.7 millones.

El artículo 168 de la Constitución ordena como obligación del presidente de la República «presentar dentro de los dos meses siguientes a la terminación de cada año el informe de labores de la Administración Pública en el año transcurrido».

El mismo artículo obliga al ministro de Hacienda «además, dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada periodo fiscal, la cuenta general del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal».

La Constitución advierte que, si no se cumplen estas obligaciones, «quedará por el mismo hecho depuesto el ministro que no lo verifique», lo cual será notificado al presidente para que nombre al sustituto.

La deuda que el Estado salvadoreño tiene con el Fondo de Pensiones de los trabajadores que cotizan en las AFP creció en febrero de 2025 a $10,619.74 millones, 20 % de la cual fue adquirida desde la reforma de pensiones de diciembre de 2022.

Un total de $8,395.73 millones corresponde a la deuda de pensiones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que es la deuda heredada de periodos antes de la reforma de diciembre de 2022 y que antes estaba en Certificados de Inversión Previsional (CIP).

La reforma de diciembre de 2022 continuó permitiendo que el Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) pueda emitir Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para que estos puedan ser adquiridos por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) hasta en un 100 % y así el ISP pueda pagar las pensiones de jubilados del Sistema de Pensiones Público (SSP).

Desde la reforma, la deuda de pensiones en COP suma $2,224.01 millones, un 20.94 % del saldo de la deuda registrada por el Banco Central de Reserva.

Desde abril de 2023 a febrero de 2025, el saldo promedio emitido en nuevos certificados o COP ha sido de $96 millones mensuales según el registro del BCR, aunque se desconoce si el reporte de abril de 2023 incluye emisiones de meses anteriores.

Por otra parte, el saldo de la deuda estatal de pensiones emitida a través de CIP, ahora expresada en CFT, no estu00e1 recibiendo amortizaciones de intereses y capital por el acuerdo al que llegaron el Gobierno y las AFP de cuatro años de gracia, para reanudar el pago de capital e intereses del Estado al Fondo de Pensiones de los trabajadores cotizantes de las AFP.

Cuatro candidatos que aspiran a dirigir la Procuraduría General de la República (PGR) en el periodo del 2 de mayo de 2025 al 1 de mayo de 2028 hicieron diferentes propuestas como mejorar «la capacidad instalada», apostar a la investigación en adopciones, firmar convenios con universidades para que los estudiantes auxilien a los defensores públicos y «sanear» la institución de «sectores que dividen».

Dionisio Ernesto Alonso Sosa, abogado en el libre ejercicio y juez suplente especializado de niñez y adolescencia, fue el primer candidato a procurador general de la República entrevistado por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

Aseguró que actualmente es consultor de Unicef, de la Organización Internacional de Migración (OIM) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA).

En el pasado dijo que ha ocupado cargos como colaborador judicial en el Juzgado 9º de Instrucción, auxiliar de la Fiscalía General de la República, director ejecutivo de la Oficina para Adopciones (OPA) y coordinador de Niñez y Adolescencia de la PGR. Además, dijo que es juez suplente especializado de niñez y adolescencia desde 2015.

El diputado Christian Guevara, jefe de Nuevas Ideas, le preguntó cuáles son tres puntos de mejora que implementaría en la PGR.

Alonso Sosa respondió: mejora en la calidad de servicios de atención, fortalecer la gestión institucional y la capacidad instalada, mejorar la articulación con el resto de actores del sector justicia, con la cooperación internacional y con las organizaciones de la sociedad civil.

El diputado Serafín Orantes y la diputada Suecy Callejas consultaron a Alonso Sosa sobre las reformas que propondría en materia de adopciones. “Habrá que apostarle a la investigación de los casos», propuso, Además, señaló que la ley no establece si quien tiene que modificar una sentencia emitida por un juez de familia es el juez de familia o el nuevo juez especializado en niñez y adolescencia.

Agregó que la Ley Especial de Adopciones no establece un plazo de adoptabilidad y que Argentina ha fijado dos años como plazo máximo para resolver la adoptabilidad.

«Se escucha bien bonito»

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, preguntó cuál sería la manera de administrar la PGR tomando en cuenta el régimen de excepción y la creatividad necesaria “para cuidar el dinero del pueblo”.

El abogado Dionisio Alonso Sosa propuso “expandir los centros de mediación” de la PGR con ayuda de las universidades y que los estudiantes de derecho hagan sus prácticas jurídicas auxiliando con investigación a los defensores públicos.

“Se escucha bien bonito, pero le voy a explicar: ¿tiene usted cuántos expedientes lleva cada procurador auxiliar?”, lo cuestionó el diputado Navarro.

“Supera 100 expedientes”, le respondió el candidato.

“Y usted dice que se le puede poner un investigador para cada caso”, le replicó Navarro, quien agregó posteriormente que “la carga laboral es mucha” en la PGR.

Centralizar resolución de conflictos e informar telefónicamente a familiares

Cándida Dolores Parada de Acevedo es la actual procuradora general adjunta, tiene un posgrado en derechos del niño, fue coordinadora nacional de mediación y también fungió como presidenta suplente de la OPA. Su currículum también fue elogiado por el diputado Ernesto Castro, quien le preguntó por cuáles son los principales tres ejes de su propuesta.

Parada de Acevedo respondió: crear una Unidad de Solución Alterna de Conflictos en la PGR que centralice la resolución de conflictos del país; crear una aplicación con Inteligencia Artificial para que los resolutores accedan a los casos para fijar las cuotas alimenticias; y reorientar los servicios psicológicos a colectivos afectados de grupos delincuenciales, por ejemplo.

Parada de Acevedo propuso defensores públicos den información vía telefónica a los familiares de los privados de libertad porque, explicó, el 60 % del tiempo de los defensores públicos se destina a audiencias, el 20 % a atender a los familiares de los privados de libertad y solo un 20 % en la preparación técnica de sus casos.

La procuradora adjunta también propuso teletrabajo de un 40 % de personal, crear y acreditar a la institución con el sistema de integridad y antisobornos, actualización de la ley orgánica de la PGR que «no responde a la realidad», promover una reforma a la ley de mediación y arbitraje para fortalecer estos mecanismos e impulsar una Ley de Paternidad Responsable o reformar el Código de Familia para este fin, fortalecimiento de las alianzas institucionales –Fiscalía, Ministerio de Justicia, despacho de la Primera Dama, departamentos, municipios– y asistencia legal para los salvadoreños en el exterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La diputada Suecy Callejas preguntó por tres estrategias para fortalecer los derechos de la niñez y de las mujeres. La candidata respondió que ahora se puede trabajar «de cerca» con el resto de las instituciones, que es necesario bajar a niveles departamental y local, y «diseñar planes de abordaje para cada área».

«Nunca perdí un caso en materia penal»

Juan José Losa Lizama, el tercer candidato entrevistado, abogado, fue asesor jurídico de la Policía Nacional desde 1996 hasta el 31 de mayo de 2022 y es presidente en funciones de la Asociación Salvadoreña de Personal Policial con Discapacidad. “Les solicito que no me miren con discapacidad”, pidió en un inicio.

Aseguró que una de sus funciones fue hacer defensa en materia penal de los miembros de la PNC por hechos en el “cumplimiento del deber”. “Nunca perdí un caso en materia penal”, dijo.

El candidato agradeció al presidente Nayib Bukele por haber aumentado las pensiones en un 30 %, ya que así, dijo, le quedó “buena pensión”.

La diputada Suecy Callejas le preguntó por cuáles serían las medidas que implementaría para la población en situación de vulnerabilidad. Losa Lizama respondió que presentaría un proyecto al ministro de Educación para enseñar un oficio a los estudiantes a partir de 7º grado y posteriormente darles un capital semilla; además, propuso una nivelación salarial para favorecer a las mujeres.

El procurador debe asignar a un delegado para que lleguen a los hospitales y den atención psicológica a las menores de 15 años.

Trabajar con Innovación de la Presidencia y Google

Nelson Alexander Yanes Iraheta, el candidato que más preguntas recibió, es el director país del Consejo Independiente de Protección de la Infancia de España en El Salvador, ha sido coordinador departamental de promotores de la Gobernación Departamental y también fue asesor jurídico del actual viceministro de Salud, Carlos Alvarenga.

También, según Yanes Iraheta, fue miembro propietario de la directiva del Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP) y dijo que ayudó a “llevar la transición” al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Manifestó que estuvo en el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (Foprolyd) y ayudó a la “fusión” con el Instituto de Veteranos, del cual fue miembro fundador.

El diputado Ernesto Castro le preguntó por el presupuesto y cuánto personal tiene la PGR. El candidato respondió que la PGR tiene un presupuesto de $32.2 millones y que el personal de la PGR «se ha visto limitado» pero que es «algo favorable» por el ahorro.

“El personal se ha visto limitado pero considero que es algo favorable para la institución y para el país en cuanto al ahorro presupuestario». Nelson Yanes Iraheta, exasesor de viceministro de Salud.

El diputado Castro también le preguntó por «dos cambios puntuales»: «Apoyo total a la niñez y sectores vulnerables, y la transformación digital», contestó, para «transformar la PGR de un Blockbuster a un Netflix».

El diputado Christian Guevara también le preguntó tres acciones puntuales para mejorar los servicios al área de la niñez y la adolescencia. El candidato le respondió: trabajo articulado con el Conapina (Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia) y el despacho de la primera dama de la República.

La diputada Suecy Callejas le preguntó que, de ser electo procurador, cómo optimizaría los recursos de la PGR para mejorar los servicios manteniendo la gratuidad y su calidad, ya que casi todas las instituciones han tenido un recorte presupuestario.

El abogado Yanes Iraheta respondió que optimizaría los recursos haciéndose “acompañar de la Secretaría de Innovación” de la Presidencia de la República y trabajar “con la empresa Google” para “homogenizar la data” en la PGR y «trasladarla a los canales» y alfabetizar al personal para hacer uso de las nuevas tecnologías.

«Apoyarnos en la Inteligencia Artificial para crear actores que por sí mismos puedan darle respuesta a la población y una sola persona va a tener la oportunidad de manejar diferentes actores de Inteligencia Artificial para poderle dar respuesta a la población», dijo.

Sobre las adopciones, el candidato dijo que a partir de las reformas a la Ley de Adopciones «han hecho más ágiles los procesos». Aseguró que para analizar «por qué los adoptantes regresan a los niños», hay que analizar «en qué está fallando la OPA». «Estos casos son completamente excepcionales», aclaró posteriormente la diputada Callejas.

«Sanear» la PGR de «sectores que dividen»

Luego, el diputado Raúl Chamagua, también de Nuevas Ideas, le preguntó al abogado Yanes Iraheta por tres debilidades de la PGR para corregirlas si llega a ser procurador general.

Yanes Iraheta le respondió que «muchos» empleados «dan el plus», pero que “hay ciertos sectores que no se quieren sumar”.

«En ese sentido identificar quiénes son esos sectores que dividen las instituciones y cuando una institución se divide, la institución no progresa. Hay personas que son muy técnicas y de escritorio pero no conocen el territorio… Primero hay que sanearse internamente para poder garantizar esa atención integral y hay que sanear la institución”, añadió.

El candidato también dijo que es necesario ampliar la mediación y conciliación con un “despliegue territorial” y modernizar la institución.

La ejecución presupuestaria de egresos o gastos de las 140 entidades de todo el Estado ascendió a 87.1 % anual según el informe de gestión financiera del Estado cuyo dictamen favorable podría ser aprobado este martes en sesión plenaria.

De un total de $17,650.9 millones del presupuesto de ingresos, se ejecutaron $16,678 millones, un 94.4 %; y de un total de $17,650.9 millones de egresos presupuestados, se ejecutaron $15,379.4 millones, es decir un 87.1 %.

Esta es la ejecución de un total de 140 entidades: 32 del Gobierno Central, 41 instituciones descentralizadas entre las cuales están 31 hospitales, 54 instituciones descentralizadas no empresariales a las cuales el gobierno transfiere subsidios, 4 empresas públicas y 9 instituciones descentralizadas, explicó el director general de Contabilidad Gubernamental, Joaquín Montano, a diputados.

Montano explicó el lunes que el informe de gestión financiera del Estado se entrega a la Asamblea Legislativa con base en el artículo 168 de la Constitución de la República, ordinal sexto, que exige rendir cuentas al Legislativo sobre el estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal; así como el artículo 105 literal k de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

El informe fue entregado en la sesión plenaria del 25 de marzo de 2024 por el Ministerio de Hacienda al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

«Niveles óptimos»

Según el director de Contabilidad Gubernamental, “la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos alcanzó niveles óptimos y muy buenos, muy saludables para todos los ingresos y gastos del sector público”.

“El gobierno de la República a través de todas sus entidades realizaron sus gastos de manera controlada, no se despilfarró, no se gastó más de lo que ingresó. Las meta del gobierno se alcanzaron con sus objetivos aún con menos dinero del que se había presupuestado”, indicó Montano.

Los activos del Estado

El director de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda informó a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa también reveló que el Estado –gobierno central, descentralizadas no empresariales y empresas públicas– tiene un total de activos de $25,056.2 millones.

Los activos incluyen tanto el patrimonio más los pasivos, es decir, las deudas, es decir, incluye la infraestructura estatal aunque se realice con base a préstamos.

Sin embargo, estos podrían aumentar.

«Esos son los activos no financieros del Estado. Esto está en proceso en las entidades todavía de incrementarse un poco más, porque las entidades todavía están haciendo depuraciones, incorporaciones de los bienes de uso público, por ejemplo, carreteras y otra infraestructura que se construyó hace más de 10, 15, 20 años y que en ese tiempo las administraciones no se preocupaban por darle de alta a los activos que se construían de obra gris y eso hace falta incorporar», explicó el director de Contabilidad a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Informó que el Ministerio de Hacienda está ayudando a que depuren e incorporar todos los bienes de uso público «para que este total de activos se vean incrementados» y para que a través de normas internacionales de contabilidad para el sector público «las entidades empiecen a reconocer como activos» los patrimonios como el histórico, el cultural y el ambiental.

El dictamen 80 de aprobación del informe fue aprobado ayer por la Comisión de Hacienda y podría ser aprobado en la sesión plenaria de este martes.

En la primera jornada de entrevistas a procurador general de la República, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa rechazaron la mala evaluación que hizo la organización «Acción Ciudadana» al proceso de elección de fiscal general de la República.

Este lunes, fueron entrevistados «Dionisio Ernesto Alonso Sosa», abogado exdirector ejecutivo de la Oficina para Adopciones y juez suplente de niñez y adolescencia; «Cándida Dolores Parada de Acevedo», actual procuradora general adjunta; «Juan José Losa Lizama», exasesor jurídico de la Policía Nacional Civil (PNC) de 1996 a 2022; y «Nelson Alexander Yanes Iraheta», exasesor jurídico del viceministro de Salud Carlos Alvarenga.

Durante la primera entrevista, el diputado «Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas», quien elogió el currículum del candidato, rechazó la evaluación que hizo la organización Acción Ciudadana (AC) en la elección de fiscal general de la República, ya que la AC señaló que la elección realizada por la Asamblea no cumplió estándares internacionales.

El diputado «Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política», aseguró que los miembros de organizaciones como «Acción Ciudadana» “van a seguir molestos” porque no cambiarán la forma de elección de funcionarios de segundo grado.

El diputado Guevara cuestionó que en el pasado organizaciones no gubernamentales enviaban cuestionarios para los candidatos. “Había instituciones que le mandaban a uno el cuestionario, el baremo que ellos enviaban”, señaló.

Para elegir a los funcionarios de segundo grado, la actual Comisión Política emite un dictamen, sin calificarlos con una nota y sin emitir propuestas de candidatos. Luego, el dictamen es enviado al pleno legislativo, en donde cada jefe de grupo parlamentario menciona sus propuestas en el pleno y posteriormente votan por las propuestas, que coinciden con las propuestas del resto de partidos aliados.

El «diputado Serafín Orantes», del Partido de Concertación Nacional (PCN), también dijo que “hay organizaciones que hacen comentarios en los medios de comunicación”, en referencia a las críticas de la organización Acción Ciudadana del proceso de elección de funcionarios de segundo grado. “Deberían de lanzar un partido político para tener mayoría calificada y poder hacer lo que se hacía antes”, dijo.

Orantes dijo que las elecciones en el pasado, cuando no eran públicas, se hacían en “un hotel de la calle Padres Aguilar y posteriormente pasaban a Casa Presidencial”.

El último candidato de la jornada de este lunes, Nelson Yanes, elogió el proceso de elección que realiza la Asamblea Legislativa actual. “Es un proceso muy transparente a diferencia del pasado”, elogió a los diputados.

En la jornada de este lunes, los cuatro candidatos a la PGR propusieron:

«Dionisio Ernesto Alonso Sosa» (abogado exdirector ejecutivo de la Oficina para Adopciones y juez suplente de niñez y adolescencia): fortalecer la gestión institucional y capacidad instalada, mejorar la articulación con el resto de actores del sector justicia, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, apostarle a la investigación de los casos de adopción, expandir los centros de mediación y promover la práctica jurídica de estudiantes de derechos en la investigación de casos para los defensores públicos.

«Cándida Dolores Parada de Acevedo» (procuradora general adjunta): crear una Unidad de Solución Alterna de Conflictos, que centralice la resolución de conflictos; crear una aplicación con Inteligencia Artificial para que los resolutores accedan a los casos para fijar las cuotas alimenticias; reorientar los servicios psicológicos a colectivos afectados, por ejemplo, a grupos delictivos.

«Juan José Losa Lizama» (exasesor jurídico de la PNC): propuso enseñar un oficio a los estudiantes a partir de 7o. grado y posteriormente darles un capital semilla, una nivelación salarial para favorecer a las mujeres y asignar a un delegado de la PGR para que visite los hospitales y den atención a las menores de 15 años que son víctimas de violación.

«Nelson Alexander Yanes Iraheta» (exasesor del viceministro de Salud Carlos Alvarenga, exdirectivo del INPEP que ayudó a la transición al lnstituto Salvadoreño de Pensiones): propuso «sanear» e «identificar quiénes son esos sectores que dividen» dentro de la PGR, despliegue territorial de la mediación, hacerse acompañar de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, trabajar con la empresa Google para homogenizar la data, apoyarse en la Inteligencia Artificial y transformación digital.

El lunes 7 de abril a partir de las 2 p.m., serán entrevistados: René Gustavo Escobar Álvarez, Sara Nohemí García Leonardo, Sara Yolanda González Alfaro y Karina Jeannette Martínez Guevara.