Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa votó este lunes a favor de la autorización al Ministerio de Hacienda para que pueda otorgarle la garantía soberana del Estado a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) al préstamo de $150 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial.

El director general de Crédito Público e Inversión, Marlon Herrera, explicó el préstamo servirá para perforar “hasta 8 pozos profundos” y la construcción de una central geotérmica en el campo geotérmico del distrito de Chinameca, municipio de San Miguel Oeste, departamento de San Miguel.

Parte de los fondos también serán destinados a la construcción de un sistema de recopilación de vapor desde los pozos con tuberías de acero hacia la central geotérmica, una conexión de la central a la subestación, programas sociales y la creación de un Centro de Excelencia Geotérmica en donde se desarrollarían capacitaciones a estudiantes y profesionales en industria geotérmica y sectores afines.

“Esta operación de crédito que permitirá financiar los diferentes proyectos en esta temática vendría apoyar lo que es las diferentes alternativas o fuentes de energía que tiene la CEL, tanto la geotérmica, la hidroeléctrica, el gas natural licuado, entre otros”.
Marlon Herrera, director de Crédito Público.

Ante una pregunta del diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, el funcionario explicó el artículo 148 de la Constitución de la República indica que “corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al Órgano Ejecutivo para que contrate empréstitos” y el otorgamiento de garantías soberanas. Agregó que la CEL “tiene la facultad para contratar empréstitos o acceder a cualquier tipo de financiamiento” y por ello ha negociado este préstamo.

Las garantías soberanas también requieren dos votaciones, autorización y aprobación, por lo que el contrato de garantía soberana requerirá una votación adicional de aprobación.

Durante el año 2025, la Asamblea Legislativa ha autorizado y aprobado la suscripción de contratos de garantías para un total de $240 millones en préstamos, $50 millones por el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y $190 millones por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal). Con los créditos aprobados, el financiamiento avalado por la Asamblea Legislativa supera los $1,000 millones solo de deuda firmada durante 2025.

El dictamen favorable podría ser incluido en la agenda de la sesión plenaria convocada para este jueves 29 de mayo, la que se divulga el mismo jueves minutos antes del inicio de la sesión.

Durante el presente año, la Asamblea Legislativa ha autorizado y aprobado contratos de créditos y de garantías soberanas del Estado por un total de $1,033.9 millones,

todos relacionados a deuda suscrita únicamente en 2025, 77 % de la cual ha sido aprobada al Gobierno Central.

En detalle, los diputados han aprobado –y previamente autorizado– un total de $793.9 millones en contratos de préstamos otorgados por bancos internacionales al Ministerio de Hacienda, pero también por el Legislativo han pasado las aprobaciones de las garantías soberanas del Estado que requieren los créditos que son firmados por instituciones autónomas de crédito o empresas públicas que tienen la facultad de endeudarse sin aprobación legislativa.

Tomando en cuenta únicamente garantías para créditos nuevos, es decir suscritos este año, la Asamblea autorizó a Hacienda a que respalde con garantías soberanas del Estado un total de $240 millones adquiridos por el Fondo Social para la Vivienda (FSV), $50 millones, y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), $190 millones. El acreedor de estos préstamos de Bandesal y FSV es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los contratos de crédito fueron firmados el 28 de marzo (FSV) y el 10 de abril (Bandesal), ambos de 2025.

Los contratos de préstamo se han firmado entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de 2025.

Durante este año la Asamblea Legislativa aún no ha autorizado emisiones de títulos valores.

¿Para qué?

Los fondos de préstamos ya aprobados tienen como destinos programas de infraestructura de datos, Surf City fase I, sostenibilidad fiscal, mejora en salud y modernización educativa.

El Legislativo tiene un préstamo aún no aprobado, pero sí autorizado, que promete destinar al tratamiento de aguas residuales en La Libertad; y otro préstamo que busca suscribir con el Deutsche Bank para energía geotérmica, ambos aún están fuera del monto total aprobado.

Si se toman en cuenta estos dos préstamos aún no aprobados, la Asamblea estaría por llegar a los $965.7 millones únicamente en créditos a Hacienda, un total de $965,747,393.7.

De la misma manera, si la Asamblea Legislativa aprueba la garantía solicitada para respaldar un crédito de $150 millones del Banco Mundial a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para energía geotérmica, la deuda suscrita este año bajo esta modalidad sumaría $390 millones. Así, si las aprobaciones se dan, la nueva deuda suscrita relacionada con ambas aprobaciones legislativas podría superar los $1,355.7 millones.

La Asamblea ha aprobado también garantías soberanas de deudas suscritas en años anteriores (2008, 2017, 2022), por créditos que suman aproximadamente $580.9 millones adicionales. La CEL pidió estas garantías soberanas de préstamos que aún tienen saldos pero fueron suscritos anteriormente.

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El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) acordó emitir un conjunto de disposiciones transitorias para crear los comités locales de derechos de la niñez y de la adolescencia, que tendrán representantes de las comunidades, los cuales serán electos en procesos organizados por Conapina y los concejos municipales.

Según las disposiciones transitorias emitidas el 3 de abril y vigentes desde el pasado lunes 12 de mayo, día de su publicación en el Diario Oficial, los comités locales están obligados a vigilar la calidad de servicios públicos que se presten a niños y adolescentes, denunciar amenazas o violaciones a sus derechos y proponer al gobierno local reformas al ordenamiento municipal y medidas para garantizar sus derechos.

Las disposiciones permiten que los comités locales que se encuentren activos funcionen como «facilitadores» para crear los nuevos comités, ya que estos fueron creados inicialmente bajo la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Lepina) pero «finalizaron su vigencia» el 30 de abril con la reestructuración municipal.

Estos comités locales pueden promover la protección ante amenazas o violación de derechos de los niños y pedir al juzgado especializado de niñez y adolescencia la imposición de una «prestación o conducta» al funcionario, autoridad o particular responsable de la amenaza.

Cada comité local se activará «por denuncia, aviso o de manera oficiosa» cuando tenga conocimiento de posibles «amenazas o vulneraciones de derechos colectivos o difusos de niñas, niños y adolescentes».

Los comités locales de derechos de la niñez y la adolescencia están integrados por al menos siete representantes:

-1 del concejo municipal.
-1 de Salud.
-1 de Educación.
-3 representantes de la comunidad.
-1 del Conapina.

El Conapina dirigirá solicitudes al Sistema Básico de Salud Integral (Sibasi), a las direcciones departamentales de educación y al concejo municipal respectivo que tendrán un plazo de 15 días para designar a los representantes de cada uno de los comités locales.

Se prevé que los representantes de la comunidad sean nombrados por la Red de Entidades de Atención o las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adesco) y las “Defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia”. Los procesos de elección serán «organizados por el Conapina en coordinación y colaboración con la municipalidad respectiva».

Si no hay al menos seis entidades de atención, convocarán como «electoras» a las «Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia» y las Adesco legalmente constituidas.

De cada una de las 44 municipalidades, se designará a la persona «encargada de la Unidad Municipal de Niñez y Adolescencia» o dependencia similar.

Las inscripciones de candidatos se podrán realizar en un periodo de al menos 20 días, en los cuales podrá inscribirse cualquier persona sin distinción de sexo, raza, edad, credo, afiliación política u otra distinción ilegítima, con DUI, carnet de identificación personal si es adolescente, pasaporte o certificación de partida de nacimiento. Según las disposiciones, la asamblea de elección será pública pero podrá realizarse de manera virtual si las circunstancias lo ameritan.

Las disposiciones aprobadas por el Conapina, en su artículo 38, sobre «Promoción del derecho a opinar», indica que los comités locales promoverán la participación de niños, niñas y adolescentes en una especie de consejos consultivos donde se «respetará la autonomía de opinión de sus integrantes».

Andru00e9s Guzmu00e1n, quien fungió dos años como comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador, manifestó que su «respeto y gratitud» hacia el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «siguen intactos», tras la publicación de su frase: «Algunos remábamos, aun sabiendo que la tormenta era inevitable».

El exfuncionario del gobierno de Bukele manifestó que él fue uno de los que «remó» y que continuará haciéndolo.

«Hay tormentas que no se evitan, se enfrentan. Quien ha estado en cubierta sabe que no se trata de saltar, sino de resistir hasta que el mar se calme o el timón llegue a puerto», manifestó el colombiano, quien reaccionó luego de expresar que leyó «interpretaciones curiosas» sobre su frase en donde aseguraba que «la tormenta era inevitable».

Para saldar cualquier duda, el exfuncionario manifestó que Bukele es «quien capitanea esta travesía con firmeza».

Explicó también que «remar en una tormenta no es huir del barco» sino «sostenerlo».

Retomando un tuit del periódico El Faro, Guzmán también agradeció a «los medios que preguntaron con valentía, a las organizaciones sociales que abrieron sus puertas, al cuerpo diplomático que tendió su mano y a cada funcionaria y funcionario del Gobierno que entendió» que «servir» «se conjuga con dignidad».

Mencionó «más de 1,200 misiones» que, según Guzmán, fueron «vidas, territorios, luchas» y reveló que no está cerrando «un ciclo».

«Solo cambio de lugar. Sigo aquí, no como comisionado, sino como un amigo, no como funcionario sino como un ciudadano agradecido. El poder no transforma, solo revela quiénes somos realmente, gracias por permitir ser, simplemente, yo», indicó.

También en X, Guzmán había señalado que «el ruido pasará» y «que cada quien elija con qué hundirse, yo ya elegí por qué vivir», señalando a algunos que «lanzan insultos desde la comodidad de la orilla y la complicidad con los terroristas».

El decreto ejecutivo de creación del cargo de comisionado de derechos humanos y libertad de expresión fue emitido el 19 de mayo de 2023.

Guzmán puso su renuncia el 15 de mayo y esta fue aceptada el 16 de mayo, según los escritos que publicó a las 11:46 p.m. del domingo 18 de mayo, unos 40 minutos después de la captura de Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de la asociación Cristosal.

De 2006 a 2022, durante 16 años, Guzmán Caballero fue alto ejecutivo de Adalid Corp, que fue contratada por la Defensoría colombiana para implementar un “Laboratorio Forense de Evidencia Digital” denunciado por sindicatos colombianos de espionaje. Guzmán fungió durante seis meses hasta abril de 2023 delegado para los derechos en entornos virtuales y libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Su perfil de LinkedIn dice que Guzmán es especialista en derechos humanos en la red, inteligencia artificial, comercio electrónico, delitos de alta tecnología, aspectos técnicos y legales de BlockChain, protección de datos personales, pruebas técnicas, seguridad de la información, derecho informático y cibercrimen.

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Liz Throssel, manifestó este viernes la seria preocupación ante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el martes por la Asamblea Legislativa de El Salvador, ya que requiere a “personas naturales y jurídicas” que reciben fondos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros”, que pagarán un impuesto y se arriesgan a multas y sanciones.

“Esto podría estigmatizar y repercutir negativamente en la importante labor de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, algunas pudiendo verse obligadas a interrumpir sus actividades”, indicó la representante de la organización internacional.

“Es probable que afecte negativamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y algunas de ellas se verán obligadas a suspender sus actividades”, indicó la misma Oficina en X.

La Oficina considera que la nueva ley tiene un “lenguaje ambiguo” y disposiciones que podrían “restringir indebidamente” los derechos a la libertad de asociación y expresión, por lo que exhortó al gobierno a respetar “sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos” y pidió garantizar un entorno en el que la sociedad civil pueda desempeñar su función.

La Asamblea Legislativa aprobó el 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a todas las personas naturales y jurídicas que reciban fondos extranjeros o incluso financistas extranjeros a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que estará a cargo de un director nombrado por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, y que tendrá facultades de solicitar cualquier información que considere conveniente a estos «sujetos obligados» y de solicitar que les canceles, si son personas jurídicas, la personería jurídica que les ha otorgado Gobernación. El RAEX también tendrá la obligación de entregar un informe sobre los sujetos obligados a la Fiscalía General de la República.

La ley también obliga a que «cualquier material informativo» sea transmitido «con la etiqueta que indique que el mismo se transmite de un mandante extranjero o es financiado por este».

El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una garantía soberana para que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) –Banco Mundial– otorgue un préstamo de $150 millones para un proyecto de energía geotérmica a que desarrollará la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

La solicitud del ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, pasó a estudio de la Comisión de Hacienda, que se reunirá el lunes y podría ser aprobado en la sesión plenaria del próximo jueves 26 de mayo.

El gobierno tiene entre sus propósitos apoyar el incremento en la generación de electricidad renovable y el uso directo de la energía geotérmica para aplicaciones productivas.
Jerson Posada, ministro de Hacienda.

El proyecto busca mejorar la eficiencia energética y consolidar la infraestructura necesaria para aprovechar la energía geotérmica.

El decreto ya aprobado facultará al Ministerio de Hacienda para que, en nombre del gobierno salvadoreño, otorgue la garantía soberana del Estado al préstamo que suscriba la CEL con el BIRF.

El gobierno de El Salvador deberá pagar este préstamo en un plazo de 30 años, incluyendo seis años de gracia, en cuotas semestrales con una tasa de interés de referencia más un margen variable, o una tasa aplicable “después de una conversión”.

El decreto incluye dos comisiones: una comisión inicial del 0.25 % del monto total del préstamo, que se financiará “con los fondos del mismo”, es decir, $375,000; y una comisión de 0.25 % sobre el saldo no desembolsado del préstamo, esta última se denomina “comisión de compromiso”.

El préstamo, que fue aprobado el 28 de marzo por el Banco Mundial (BM), incluye la construcción de una nueva planta de 25 megavatios (MW), proyecto que estará a cargo de la subsidiaria de CEL, LaGeo.

Durante 2024 la Asamblea Legislativa aprobó cuatro garantías del Estado por $635.6 millones ($635,605,500), una de estas fue de $93 millones para el “Programa de acceso universal a la energía en El Salvador”, este fue aprobado el 9 de febrero de 2024, el deudor es CEL y el acreedor del préstamo fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese año también fueron aprobados dos garantías para que el Fondo para la Conservación Vial (Fovial) pudiera adquirir dos préstamos por un total de $342.6 millones.

Durante el año 2025, la Asamblea también ha aprobado garantías por $563.6 millones aproximadamente: un préstamo del BID al Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) por $60 millones, otro de $150 millones del BID para el FSV, otro de $100 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para CEL y otro de $253.6 millones del BCIE para CEL.

Mientras la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, asevera que las organizaciones que reciban fondos extranjeros y que operen dentro de un marco social podrán solicitar ser excluidas del pago del 30 % de impuesto que establece la nueva Ley de Agentes Extranjeros aprobada el martes 20 de mayo para regular a las organizaciones con financiamiento extranjero y extranjeras.

En la sesión plenaria del martes, la diputada Callejas reiteró que la nueva normativa obliga a personas naturales y jurídicas que reciban fondos extranjeros y sus financistas a pagar un impuesto al 30 %, lo que «incluye donaciones o pagos o importaciones en especie».

«¿Se puede solicitar exención?. Sí, se puede… ¿Quiénes pueden pedir estas exenciones? Todas las organizaciones que están realizando proyectos que están dentro del marco de todo lo social y bienestar de este país”.

Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

Según Callejas, el nuevo Registro de Agentes Extranjeros deberá evaluar ciertos criterios para aprobar una exención que podrá ser anual y renovable, «pero se podrá revocar si se incumplen», aclaró.

Sin embargo, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, le refutó que los criterios que establece la nueva ley son «discrecionales y ambiguos» y que los terminará definiendo el gobierno.

“Básicamente el gobierno va a decidir qué organización receptora de cooperación va a estar sujeta a control y al 30 %. No sorprenderá que estos sean aplicados solamente aquellos a quienes ustedes les conviene y a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder”.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La nueva Ley de Agentes Extranjeros establece que las solicitudes de exclusión las recibirá el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y, aunque no limita los criterios a evaluar, detalla cinco.

Estos son los cinco criterios que establece la Ley de Agentes Extranjeros para eximir a las ONG del impuesto del 30 %:

1. Naturaleza del proyecto.

2. El ente que genera los recursos.

3. La entidad destinataria de los recursos.

4. La obra, bien o servicio que se ejecutará o adquirirá con los recursos que se perciban.

5. El estricto cumplimiento a los mismos para su renovación automática.

Sin embargo, el RAEX podrá revocar la exclusión o su renovación cuando la ONG «incurra en dichos incumplimientos (en referencia a los cinco criterios mencionados) o en las prohibiciones establecidas en la presente ley».

«Ello (criterios para excluir a una ONG) sin perjuicio de que el RAEX pueda revocarla o no renovarla cuando se incurra en dichos incumplimientos o en las prohibiciones establecidas en la presente ley», reza parte del artículo 5, que regula las «exclusiones». La ley permite que las exclusiones también puedan otorgarse «por cada proyecto en particular».

La asociación Cristosal cree que la definición de exclusión en la ley puede favorecer a organizaciones afines al gobierno, ya que la exclusión incluye conceptos «indeterminados» y que pueden favorecer a organizaciones afines.

«La exclusión de la LAEX (Ley de Agentes Extranjeros) tiene conceptos jurídicos indeterminados que hacen prever el favorecimiento de organizaciones afines al gobierno».

Cristosal, en análisis sobre la Ley de Agentes Extranjeros.

Sobre la posible revocatoria de la exclusión, Cristosal critica que «la ley no dice cuáles» incumplimientos son causales para «revocar la exclusión». «Se supone que deberían ser incumplimientos de una gravedad significativa, pero puede darse por cualquier incumplimiento», indica en el análisis publicado el jueves sobre la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).

Antes de la aprobación de la LAEX, las organizaciones no gubernamentales estaban reguladas por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, normativa que ya las obliga a presentar sus balances financieros ante un Registro que también está bajo el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

La LAEX establece un impuesto, delega a un nuevo Registro la supervisión y la gestión de toda información sobre las organizaciones o personas que reciban fondos extranjeros, y les prohíbe expresamente su participación en actividades que generen desestabilización social, así como dispone un informe semestral a la Fiscalía General de la República sobre las organizaciones.

El director propietario representante del Ministerio de Economía en la Comisión Nacional de Activos Digitales, Miguel Serafín Flamenco, renunció a su cargo el pasado 4 de abril de 2025, pero el mismo día la ministra de Economía, María Luisa Hayem, nombró a Carlos David Aguilar Cerna en el cargo por el periodo de cinco años, hasta el 30 de abril de 2030.

El acuerdo 257 del Ministerio de Economía con fecha 10 de abril de 2025 fue publicado en el Diario Oficial del 12 de mayo de 2025.

El nuevo director representante del Minec en la Comisión, Carlos David Aguilar Cerna, es abogado y notario, que ha laborado en la Superintendencia del Sistema Financiero como jefe del Departamento de Litigios y Sanciones. Tiene una maestría en derecho de los negocios y especialización en derecho financiero, administrativo y criptoactivos, según un perfil publicado por la Comisión de Activos Digitales, y representó a El Salvador en el Taller Avanzado de Investigaciones sobre Criptoactivos en AbuDhabi.

El director saliente, Miguel Eduardo Serafín Flamenco, es abogado y notario con experiencia en la supervisión del Sistema Financiero, docente universitario y con experiencia en desarrollos tecnológicos con énfasis en Fintech, según su perfil en la memoria de labores de la Comisión.

El Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Activos Digitales es conformado por: un designado y su suplente nombrado por el presidente de la República; un designado y su suplente nombrado por la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia; y un designado y su suplente, nombrados por el Ministerio de Economía.

Actualmente, el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Activos Digitales es presidido por Juan Carlos Reyes García, y también es integrado por César Alejandro Córdova Figueroa, director propietario, además de Carlos David Aguilar Cerna.

Según la memoria de labores de la Comisión, más de 100 solicitudes de más de 20 países fueron presentados a la Comisión para integrarse al sistema de criptoactivos en El Salvador, los que provenían entre otros países de México, Colombia, Hong Kong y Estados Unidos. La Comisión es definida como “el primer regulador y supervisor a nivel mundial de los proveedores de servicios de activos digitales y los participantes del ecosistema” en El Salvador.

Un total de 50 venezolanos que fueron deportados a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) entraron legalmente a los Estados Unidos según un reporte del Cato Institute, con sede en Washington, que recopiló información sobre 174 casos.

“Hemos recopilado lo que las familias de los hombres informan sobre sus entradas y lo que probablemente desencadenó su encarcelamiento en El Salvador, sus relatos suelen estar corroborados por documentos gubernamentales de entrada, testimonios y declaraciones del gobierno sobre ellos”, indica una nota del Cato Institute.

El Cato Institute detalla que conocen el método de cruce migratorio de 90 venezolanos, de los cuales 50 ingresaron de manera legal en puntos fronterizos oficiales, y desconocen el método de 84, de los 174 venezolanos bajo estudio. El estudio no pudo encontrar información de tres venezolanos y presumen que su familia no sabe nada o tienen “demasiado miedo de hablar”.

“La proporción no es lo más importante: las asombrosas cifras absolutas sí lo son. Decenas de inmigrantes legales fueron despojados de su estatus y encarcelados en El Salvador”, indica el tanque de pensamiento.

Un estudio similar realizado por la asociación Cristosal, que hasta el 5 de mayo había entrevistado a familiares de 147 venezolanos presos en el Cecot, indicaba que un 9 % emigró por la “persecución política», 78 % emigró en busca de mejores oportunidades económicas y 35 % huía de la violencia social. También Cristosal señalaba que un 18 % consideró que “estaría el alto riesgo si volviera a Venezuela”.

Según el reporte de Cato Institute, un venezolano tenía una visa temporal, cuatro eran amparados en un programa de refugiados y otros 45 tenían citas mediante la aplicación CBP One, de los cuales 24 estaban en libertad condicional para vivir y trabajar legalmente hasta dos años, y 21 fueron detenidos en un punto de entrada donde habían sido autorizados a solicitar el ingreso. Sus ocupaciones, según el Cato Institute, fueron: obreros de construcción, instaladores de tuberías, cocineros, repartidores, entrenador de fútbol, maquillador, mecánico, veterinario, músico y un empresario. El estudio indica que ese grupo tiene 44 hijos y “solo dos parecen haber tenido alguna condena penal en Estados Unidos” sobre delitos relacionados con drogas.

Estados Unidos deportó 252 venezolanos que han sido recluidos en el Cecot, la megacárcel de máxima seguridad construida en 2024 en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente, con capacidad de recluir a 40,000 personas provenientes de pandillas. Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador acordaron recluir unos 300 venezolanos en el Cecot a cambio de $6 millones anuales.

El pasado 13 de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) informó que han hablado con las familias de “más de 100 venezolanos detenidos en CECOT sin acceso a abogados”. La vocera de la Oficina del Alto Comisionado aseguró que es «preocupante» la «retórica degradante contra los migrantes».

LaAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con sede en Madrid, se reunió este jueves con representantes de organizaciones no gubernamentales españolas que trabajan con El Salvador por la aprobación en El Salvador de laLey de Agentes Extranjeros.

La reunión fue dada a conocer este jueves por la cuenta de X de la AECID, que publicó imágenes de la reunión.

España es uno de los mayores cooperantes extranjeros en El Salvador.

Según la memoria de labores de Cancillería 2023-2024, se ejecutan tres iniciativas de cooperación de España que suman $1,578,121.95: estándares ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático en la eficiencia productiva; seguridad alimentaria y autonomía económica de mujeres rurales en cinco departamentos del país; y servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

También la Embajada de España en El Salvador informó a través de redes sociales que sostuvo una reunión este viernes con representantes de ONG españolas que tienen proyectos activos en El Salvador. En la publicación etiquetó a AECID, el Centro Cultural de España, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; y la Cooperación Española.

La cooperación internacional concretada por elMinisterio de Relaciones Exteriores para El Salvador bajó un 45 % en el último quinquenio 2019-2024, ya quela cooperación extranjera concretada por Cancillería salvadoreña fue $1,308 millones en el quinquenio 2009-2014 y de$919.1 millones en el periodo 2019-2024. El 28 de enero de 2025, Bukele derogó el decreto de creación de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), una unidad dentro de la Presidencia de la República que el 29 de junio de 2020 era encargada de optimizar las posibilidades de cooperación a El Salvador. Desde entonces, estas funciones fueron devueltas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con la aprobación de laLey de Agentes Extranjeros, tanto las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos extranjeros como los llamados “mandantes” extranjeros, que son los gobiernos, partidos, organizaciones o personas extranjeras que cooperan con agentes en El Salvador, serán controlados y supervisados, no solo en sus finanzas sino también en sus actividades, por unRegistro de Agentes Extranjeros dirigido por un funcionario nombrado por el Ministerio de Gobernación.

En la ley, sin embargo, se crearon “exclusiones” que aún no están definidas, ya que serán decididas por el Registro, de forma anual y según las solicitudes y criterios como “naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, la entidad destinataria de estos, la obra, bien o servicio que se ejecutará o adquirirá con los recursos que se perciban y el estricto de cumplimiento a los mismos para su renovación automática”. La RAEX también podrá “revocar” o “renovar” esta exclusión.

Elpresidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien anunció la Ley el martes 13 de mayo luego de una protesta de la cooperativa El Bosque, respondió: “No se preocupen, los auténticos obtendrán exenciones completas”.

La queja expresada en X de @MURPHSLIFE ante la inminente aprobación de la ley decía: “Espero de verdad que esto no se aplique a todas las ONG que muestran adónde van sus donaciones. Esto haría que muchas de ellas, que hacen cosas geniales para la gente de aquí, se fueran”.

La Ley de Agentes Extranjeros se aprobó el 20 de mayo sin ningún cambio a la propuesta entregada el mismo día por elministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín.