Autor: Yolanda Magaña

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitió un total de $1,032 millones de nueva deuda del Estado con el ahorro para pensiones que tienen los cotizantes en las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) durante 2024.

Con la nueva emisión de un año, según el Banco Central de Reserva (BCR), el total de la deuda estatal de pensiones aumentó a $10,525.06 millones hasta diciembre de 2024, de los cuales un total de $2,130.23 millones están en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).

Los COP constituyen el nuevo mecanismo para tomar prestados los fondos de las AFP con el fin de que el Estado siga pagando sus obligaciones previsionales con beneficiarios del sistema público.

Desde la reforma deuda de pensiones vigente desde el año 2023 la deuda total de pensiones ha aumentado en un 25 %

Según la nueva Ley Integral de Pensiones, el dinero ahorrado para las pensiones, en las AFP, se puede invertir en deuda estatal, con el fin de que el Estado pueda para pagar pensiones del Sistema Público de Pensiones (SPP) hasta un 100 % (ilimitadamente); así como en financiamiento habitacional hasta un 40 %, en obras públicas y acciones de sociedades salvadoreñas hasta 45 %.

El artículo 82 de la Ley Integral de Pensiones indica que los Fondos de Pensiones deberán adquirir los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) que corresponden al Programa Anual de Emisiones del ISP, dichos recursos serán utilizados «exclusivamente para la autosostenibilidad del sistema».

Los COP devengarán una tasa de interés del 7 % anual fija y tendrán un plazo de 50 años a partir de su emisión.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, iniciará este sábado una gira por los países que considera sus aliados en la región para combatir la migración irregular en Estados Unidos, el narcotráfico y terrorismo, y la influencia china en un continente que debería ser «proestadounidense».

Su primer apuesta es el Canal de Panamá, operado por una empresa de Hong Kong y que según el gobierno de los Estados Unidos es una amenaza no solo para la seguridad nacional de Estados Unidos y Panamá, sino para todo el hemisferio americano.

Su segunda apuesta es que los países estén dispuestos a recibir a sus respectivos deportados sin excepción y que otros países estén dispuestos a firmar acuerdos de asilo para evitar que pidan asilo a los Estados Unidos –los llamados acuerdos de «tercer país seguro» o acuerdos de asilo.

Otra de las grandes apuestas de Rubio es tener como aliados a los gobernantes que tienen liderazgo en la región para empujar otras de sus prioridades como seguridad y crecimiento económico en el hemisferio.

Rubio iniciaría su gira el sábado en Panamá en donde se reuniría con el presidente José Raúl Mulino el domingo; por lo que podría estar reuniéndose con el presidente Nayib Bukele el lunes.

«Si ven, el presidente Bukele en El Salvador, Chaves en Costa Rica, Abinader en la República Dominicana, los tres con mayor aprobación de liderazgo de toda la región. Esos tres líderes son francamente referentes en la región, en su gestión, en seguridad, crecimiento económico, son todos aliados de Estados Unidos».

Mauricio Claver-Carone, enviado de EE.UU. para Latinoamérica.

¿Cuál es la agenda de Marco Rubio en los cinco países que visitará esta semana?

Panamá: Rubio discutirá el Canal de Panamá y la influencia de China Popular. Según el enviado de EE.UU. para América Latina, Mauricio Claver-Carone, desde el traslado del Canal a Panamá en 1999 han «visto una fuerte influencia china» y, desde el reconocimiento del presidente panameño Juan Carlos Varela a China Popular en 2018, han visto «una gran presencia y control de China» en toda la zona y logística del Canal, incluidos puertos, comunicaciones y otra infraestructura.

El Salvador: Rubio considera al presidente Bukele «el presidente más consecuente de la región»; el combate a la migración irregular está en agenda. Uno de los temas con El Salvador será la posible inclusión de pandilleros del Tren de Aragua en un acuerdo de asilo con El Salvador. No se ha detallado qué pasará con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) que fue ampliado por la anterior administración.

Costa Rica: mencionó que Rubio se reunirá con el presidente Rodrigo Chaves, a quien considera un «aliado» que «entiende muy bien el tema de la amenaza china en la región» y donde dijo ha aumentado la influencia china. EE.UU. también trabaja, al igual que Panamá, un programa de repatriación de personas de otras partes del mundo que pasan por Panamá y luego por Costa Rica en dirección a Estados Unidos. Otro tema será Nicaragua y la dictadura de Daniel Ortega.

Guatemala: se reunirá con el presidente Bernardo Arévalo. Lo consideran un gobierno nuevo, pero señaló que han tenido una «comunicación excepcional» durante estas primeras dos semanas y han sido «muy cooperativos», al referirse a los vuelos de repatriación con guatemaltecos. «Estamos muy agradecidos», dijo. Además, elogió la decisión de Guatemala de reconocer a Taiwán y no a China: «Sigue siendo un gran aliado como el único país en América Central, junto a Belice, que reconoce a Taiwán, un país que muy bien entiende la amenaza china en ese sentido y estamos contentos de poder visitar».

República Dominicana: Conversarán con el presidente Luis Abinader sobre Haití, que sufre las consecuencias del vacío creado por la administración anterior. Consideran que República Dominicana se está perfilando como un líder, ya que se había convertido como «punto de tránsito de narcóticos» y quieren aumentar la cooperación para la lucha contra los narcóticos.

El nndirector ejecutivo de Cristosal en El Salvador, Guatemala y Honduras, Noah Bullock, aseveró que las oficinas de la organización no gubernamental no cerrarán, al consultarle sobre la suspensión de fondos ordenada por el gobierno de Estados Unidos y por la cual la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) comunicó la suspensión de los programas y subvenciones por 90 días mientras son revisados.nn»Las organizaciones de la sociedad civil no nacen solo para ejecutar proyectos de la cooperación internacional, nacen para atender a las necesidades, la organización, la libertad de asociación es un derecho que ha ejercido la ciudadanía por mucho tiempo para mejorar el mundo, para promover el desarrollo en las comunidades, para soñar con un mundo mejor y trabajar para que así sea. Entonces, esto continúa, igual, en el caso de Cristosal, Cristosal continúa… Estamos firmes», respondió, mediante un video a Diario El Mundo.nnLuego de que el presidente Donald Trump ordenara revisar toda la ayuda extranjera, el secretario de Estado tomó la decisión de suspender los programas mientras evalúan si los continúan financiando o los cancelan definitivamente, ya que evalúan si estos hacen que «EE.UU. sea un país más seguro, más fuerte y más próspero». «En este momento, para poder hacer una revisión exhaustiva, todos los programas y subvenciones sin una exención aprobada por el Secretario de Estado que utilicen fondos de asistencia extranjera están en pausa», informó el portavoz de USAID, lo que también fue comunicado a entidades en El Salvador.nnAnte la pregunta a Cristosal, su director ejecutivo explicó que en la coyuntura actual Cristosal se vuelve más relevante, en referencia a la asesoría a víctimas que denuncias violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción, como capturas arbitrarias y torturas.nn

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«El acompañamiento a las víctimas de violaciones a derechos humanos de delitos graves, estamos firmes en nuestro compromiso de acompañar a aquellas personas que con mucho coraje ha decidido poner denuncias, buscar justicia, después de traumas y violencias, reconstruir sus vidas y ahí va a estar Cristosal.
nNoah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

n

nnDetalló que tienen planes de contingencia en marcha y que se reenfocarán en representar legalmente a las víctimas, dar seguimiento a denuncias de corrupción y violaciones a derechos humanos, así como continuarlas documentando.nn»Tenemos una base de apoyo, de amigos, a nivel internacional, que nos quiere, que nos van a acompañar, tenemos la confianza de la filantropía internacional, que cree mucho en nosotros, no nos van a abandonar, tenemos amigos empresarios, la verdad que Cristosal está bendecido con una comunidad muy grande, muy amplio, de apoyo», indicó.nnSin embargo, el director de Cristosal aseguró que su preocupación no es qué pasará con las organizaciones, sino el «impacto en la gente», ya que muchas personas dependen de la cooperación para sus necesidades como educación, salud y alimentación.nn»Lo que más me preocupa es no tanto el impacto en las organizaciones, las organizaciones existen para servir a la población y las organizaciones que aprenden y saben adaptarse lo van a hacer, lo que me preocupa es el impacto en la gente, hay mucha gente que depende de la cooperación para sus necesidades básicas, la educación, la salud, la comida, incluso, más allá, depende del apoyo para soñar más allá de un mundo mejor, de justicia, sociedades más justas, democráticas», dijo.nnCristosal fue fundada hace 25 años como proyecto misionero de la iglesia episcopal para proteger a víctimas de desplazamiento en los en Guatemala, El Salvador y Honduras. Durante el gobierno del FMLN, ofreció un método para registrar desplazamientos de víctimas, muchos de los casos por pandillas, ya que el gobierno no los registraba.nn

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el mensaje del presidente Donald Trump sobre colocar a «Estados Unidos primero» «significa prestar más atención» a los países vecinos como El Salvador y otros cuatro países que visitará desde el sábado; avisó que los países que cooperen «serán recompensados» y, si no, «que le pregunten al presidente Petro».

«Confío en que los países que pronto visitaré sean socios dispuestos», indicó el funcionario de Trump. Prometió «tender la mano» a los países de «buena voluntad».

Rubio publicó este viernes un artículo en el cual aseguró que «no es casualidad» que su primer viaje al extranjero como secretario de Estado sea «a América Central», planteando una falla en la diplomacia antecesora de descuidar la región para estar atentos en otras regiones.

«Hemos perdido oportunidades y descuidado a nuestros socios. Eso se acaba ahora».
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

Rubio reiteró los objetivos de Estados Unidos en la agenda migratoria: proteger las fronteras de Estados Unidos, «revertir la desastrosa invasión«, trabajar con países de origen «para detener y disuadir» la migración y lograr que estos «acepten el retorno de sus ciudadanos presentes ilegalmente en Estados Unidos».

Advirtió recompensas o, sin mencionarlo expresamente, represalias:

Algunos países cooperan con nosotros con entusiasmo, otros no tanto. Los primeros serán recompensados. En cuanto a los segundos, el presidente Trump ya ha demostrado que está más que dispuesto a utilizar la considerable influencia de Estados Unidos para proteger nuestros intereses. Si no, que se lo pregunten al presidente Petro de Colombia. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

El alto funcionario de Trump prometió que «El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana pueden beneficiarse enormemente de una mayor cooperación con Estados Unidos» y criticó la política antecesora de descuido que «aceleró el desarrollo económico de China a menudo a expensas de nuestros vecinos». «Podemos revertir esta situación», dijo, criticando la dependencia de cadenas de suministros expuesta por la pandemia del covid-19.

En su escrito, el secretario Rubio rechaza la influencia del Partido Comunista Chino en la región para «convertir a los países soberanos en Estados vasallos» y señaló que Cuba Nicaragua y Venezuela están amplificando el «caos», señalando que los cárteles de la droga «se están apoderando» de las comunidades «sembrando la violencia y envenenando» a las familias con fentanilo.

American leadership is back! Under the Trump Administration we stand with our regional partners and look forward to working with them. For my first international trip as Secretary of State I am excited to visit Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, and the Dominican… pic.twitter.com/8zjzRimgXw

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 31, 2025

La gira del

secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por la región iniciará en Panamá y continuará en El Salvador, en donde se reunirá con el presidente, Nayib Bukele, informó hoy el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone.

«Francamente el presidente Bukele es el presidente más consecuente de la región en estos momentos, por eso la primera llamada a un líder de la región la semana pasada fue al presidente Bukele», declaró en una rueda de prensa, en la cual aseguró que uno de los temas con El Salvador será la posible inclusión de pandilleros del Tren de Aragua en un acuerdo de asilo con El Salvador.

El funcionario estadounidense destacó que «hace 10 años El Salvador era la capital de asesinatos del mundo y hoy en día es la ciudad más segura del mundo» y que ahora la seguridad ha «convertido al presidente Bukele en un líder regional» con quien «todos los líderes le piden visita de Estado».

La gira de Marco Rubio en la región se realizará del 1 al 6 de febrero de 2025. El primer país que visitará el secretario Rubio será Panamá.

«El tema del Canal va a ser un tema que se va a discutir. El presidente Trump ha recalcado correctamente la preocupación de los Estados Unidos desde el traslado del canal en 1999 a Panamá, hemos visto una fuerte influencia china y, desde el reconocimiento de China por el presidente Varela en 2018, se ha visto dentro de la zona del Canal, toda la logística, desde puertos, comunicaciones y otra infraestructura, una gran presencia y control de China», afirmó.

«Y eso (presencia y control de China en el Canal) no solamente es un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos pero francamente es un riesgo a la seguridad nacional de Panamá y de todo el hemisferio».
Mauricio Claver-Carone, enviado de EE.UU. para América Latina.

Luego de El Salvador, Rubio se dirigirá a Costa Rica, en donde se reunirá con el presidente Rodrigo Chaves, con quien conversará sobre un programa de repatriación de extranjeros que pasan por Panamá y Costa Rica en dirección a Estados Unidos.

Después Rubio se reunirá con el presidente Bernardo Arévalo en Guatemala, cuya relación consideran «muy cooperativa» por permitir vuelos con deportados guatemaltecos y entender «muy bien» la amenaza china ya que Guatemala reconoce a Taiwán y no a China Popular.

Por último, el secretario de Estado de EE.UU. llegará a República Dominicana en donde se reunirá con el presidente Luis Abinader, con quien conversarán sobre Haití y el combate al narcotráfico, ya que este país se había convertido en «punto de tránsito de narcóticos».

«Si ven, el presidente Bukele en El Salvador, Chaves en Costa Rica, Abinader en la República Dominicana, son tres de los cinco, los tres con mayor aprobación de liderazgo de toda la región, entre los cinco mayores. Esos tres líderes son francamente referentes en la región, en su gestión, en seguridad, crecimiento económico, son todos aliados de Estados Unidos».
Mauricio Claver-Carone, enviado de EE.UU. para América Latina.

El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, confirmó que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele, conversaron sobre la posibilidad de revivir un acuerdo de cooperación de asilo y de la posibilidad de recibir a miembros de las pandillas del Tren de Aragua si Venezuela no los recibe.

«En la conversación con el presidente, se habló específicamente de cómo nos podía ayudar nuevamente. En la primera administración, teníamos un acuerdo de cooperación de asilo (que) queremos revivir e incluir, ya que ha tenido tanto éxito el presidente Bukele con los miembros de la pandilla MS-13, de la Mara Salvatrucha, a incluir también a los miembros de las pandillas del Tren de Aragua», dijo el funcionario.

Claver-Carone dijo que Bukele es un «gran aliado» en los temas de migración.

Sin embargo, el enviado de EE.UU. para América Latina auguró que posiblemente los pandilleros del Tren de Aragua «van a querer regresar a Venezuela antes de tener que lidiar con las cárceles de las maras en San Salvador» y, además, confirmó la presencia de un asesor de Trump en Venezuela este viernes en lo que dijo «no es una negociación» sino una «obligación» de Venezuela aceptar a sus criminales.

«Son temas muy profundos, muy importantes, que se hablarán durante ese viaje», anunció de manera inmediata sin referirse más al tema.

En su visita a Panamá, Rubio se centrará en el Canal de Panamá, en donde han advertido una «fuerte influencia china» que Estados Unidos considera un riesgo no solo para la seguridad nacional de Estados Unidos sino de todo el hemisferio.

El 23 de enero, CBS publicó que ambos mandatarios analizaban la posibilidad de convertir a El Salvador en “tercer país seguro” y permitir recibir deportados extranjeros y que «se está considerando permitir que Estados Unidos deporte pandilleros venezolanos del Tren de Aragua a El Salvador», explicó el periodista.

Sin referirse específicamente al tema, el 27 de enero, Bukele acusó a la oposición de atacarlo basado en especulaciones: “Piensan que tienen oportunidad de ganar alguna narrativa y ponen su poca credibilidad en la línea de fuego, nosotros les damos unos días y revelamos el juego completo. Y vuelven a quedar como estúpidos”, fueron las palabras del gobernante.

Claver-Carone consideró que Venezuela tiene la obligación de aceptar a criminales venezolanos que sean deportados de Estados Unidos y este será un tema precisamente de un enviado especial de Estados Unidos que visitará Venezuela precisamente hoy.

«Esto no es una negociación, esto es trasladar un mensaje inequívoco sobre dos puntos: uno, los criminales venezolanos, de la gang del Tren de Aragua, que tienen que ser deportados, Venezuela los tiene que aceptar, es su responsabilidad, como es la responsabilidad de cada país del mundo, eso no es negociable y tiene que aceptarlo», enfatizó. Agregó que en segundo lugar Venezuela debe soltar y retornar a los rehenes norteamericanos a su país».

«Si no se cumple, habrá consecuencias del gobierno de los Estados Unidos, aquí no hay negociación sobre petróleo», advirtió, en referencia a que consideran que a «a Estados Unidos no le hace falta el petróleo de Venezuela».

Mi consejo a Nicolás Maduro, a Venezuela, es que atienda esas demandas y que las cumpla, ya que, si no, habrá consecuencias. Así que lo vea como una oportunidad».

Mauricio Claver-Carone, enviado de EEUU para América Latina.

Dos propuestas de ley presentadas el miércoles por el ministro de Salud, Francisco Alabi, proponen multas que van desde uno hasta 550 salarios mínimos por cometer infracciones en la realización de ensayos clínicos o investigaciones sobre salud.

Las normativas serán estudiadas por los diputados de la Comisión de Salud y Agricultura, que se reunirá el lunes 3 de febrero a las 2:00 de la tarde.

Un proyecto de “Ley de ensayos clínicos con productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria” pide aprobar multas desde 50 salarios mínimos del sector comercio, equivalentes a $18,250, hasta 500 salarios o $200,750.

Proyecto de Ley de Ensayos Clínicos

1. Multas de 50 a 150 salarios mínimos a infracciones leves
2. Multas de 200 a 350 salarios mínimos a infracciones graves
3. Multas de 400 a 550 salarios mínimos a infracciones muy graves

En esta normativa sería infracción leve el uso de productos no declarados a la Superintendencia en un ensayo clínico.

También, sería infracción grave usar productos en actividades distintas al ensayo clínico y no proporcionar información requerida por la Superintendencia.

Entre las muy graves, se incluyen alterar resultados del ensayo clínico, divulgar información confidencial de la investigación, comercializar o transferir muestras biológicas sin consentimiento del sujeto de investigación, y presentar información adulterada o falsificada en el proceso de autorización del ensayo clínico.

El ministro de Salud también pide la aprobación de una Ley de investigación para la salud que establece multas desde uno ($365) hasta 80 salarios mínimos ($29,200). Los obligados a cumplir esta ley son personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, organizaciones sin fines de lucro y entidades nacionales e internacionales que hagan investigaciones para la salud, así como entidades estatales. Las instituciones académicas públicas o privadas deberán asignar un presupuesto para realizar investigaciones para la salud e incluirlas como “eje transversal” en estudios de grado.

Proyecto de Ley de Investigación para la Salud

1. Multas de 1 a 10 salarios mínimos para infracciones leves
2. Multas de 11 a 25 salarios mínimos para infracciones graves
3. Multas de 26 a 80 salarios mínimos para infracciones muy graves

Un Comité de Etica cuyos miembros serán nombrados por el ministro de Salud podrá suspender o cancelar las investigaciones que “no se realizan de manera ética” y comités locales de ética también harán “monitoreo ético de los estudios” y comunicarán “cuando las investigaciones no se realizan de manera ética a fin de que se proceda a su suspensión o cancelación”.

Esta ley también crearía un Biobanco que albergaría datos y muestras para investigación de enfermedades y contribuir al desarrollo científico.

La propuesta de ley faculta al Ministerio de Salud a realizar “el cobro de los precios públicos por la prestación de los servicios a que se refiere esta ley”, sin embargo, eximen de pago de “las tarifas” a hospitales, clínicas, centros educativos en formación e instituciones financiadas con fondos públicos.

El proyecto de Ley Anticorrupción enviado por el presidente Nayib Bukele obligaría a funcionarios y empleados públicos a presentar al Ministerio de Hacienda declaraciones juradas de sus activos (lo que poseen), pasivos (sus deudas), adquisiciones y transferencias de bienes durante el periodo de declaración de renta.

Cada «Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos«, según el proyecto, será publicada por el Ministerio de Hacienda en no más de 15 días hábiles luego de su presentación, información a la cual tendrá «acceso irrestricto» la Corte de Cuentas de la República, que hará investigaciones y reportará a la Fiscalía General de la República (FGR).

El miércoles 29 de enero, Villatoro entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Anticorrupción para crear un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) y un Centro Nacional Anticorrupción (CNA), ambos dirigidos por la FGR, dirigida actualmente por Rodolfo Delgado, nombrado por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa desde de la destitución de su antecesor el 1 de mayo de 2021.

El CNA, según el proyecto, verificaría información de las instituciones del SINAC para investigar redes de corrupción, conexiones entre personas, instituciones y transacciones.

El nuevo SINAC estará conformado por: Fiscalía, Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía, Corte de Cuentas, Órgano Judicial, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Comisión Nacional de Activos Digitales, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Obras Públicas por medio del Registro Público de Vehículos, Registro Nacional de las Personas Naturales y Dirección Nacional de Compras Públicas.

El proyecto, que pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Ernesto Castro, reitera que no prescriben los delitos de corrupción como peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros y documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias; y considera la acción penal de orden público y aplicable independientemente de la fecha en la que se hayan cometido los hechos.

Bukele anunció la Ley Anticorrupción la noche del miércoles, poco después de la ratificación que requería la reforma al artículo 248 de la Constitución realizada precisamente para abreviar en un solo paso, sin necesidad de ratificación, cualquier reforma a la Constitución.

«Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador. Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes», escribió el mandatario, que funge su segundo quinquenio.

En enero de 2023, la organización Acción Ciudadana reveló que la Corte Suprema de Justicia denegó información estadística sobre las personas que habían declarado patrimonio y la cantidad de procesados por enriquecimiento ilícito.

Puede leer: Funcionarios no presentaron más de 11,000 declaraciones patrimoniales en los dos últimos quinquenios

Cronología de las declaraciones patrimoniales en El Salvador

24 de julio de 2015
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar la declaración patrimonial del entonces magistrado Rodolfo González a un ciudadano. La decisión vuelve públicas las declaraciones patrimoniales.

1 de septiembre de 2015
El IAIP ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar a ciudadanos solicitantes las auditorías de tres expresidentes de la República. Consideró que los exámenes, auditorías, análisis o dictámenes forman un solo cuerpo con la declaración y no pueden separarse. Fue así que inició un lapso muy breve en el cual informes de patrimonios de funcionarios eran públicos.

23 de febrero de 2016
La Corte entrega a dos ciudadanos solicitantes las auditorías patrimoniales realizadas a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes por la Sección de Probidad.

16 de marzo de 2016
La Corte entrega la declaración patrimonial del expresidente Francisco Flores, que constaba de 38 páginas.

20 de junio de 2017
La Corte reserva documentos en trámite con datos financieros, bancarios, contables y patrimoniales de funcionarios, y deliberaciones cuando no haya resolución definitiva de la CSJ o cuando dicha resolución exonere al investigado de indicios de enriquecimiento ilícito.

30 de julio de 2019
El IAIP ordena a la CSJ entregar versiones públicas de informes de Probidad de funcionarios investigados en 2018.

22 de julio de 2019
La Corte Suprema de Justicia resuelve entregar declaraciones patrimoniales del presidente pero rechaza la entrega de adendas.

22 de junio de 2020
El IAIP revoca la resolución de la oficial de la Corte Suprema de Justicia y le ordena entregar las adendas patrimoniales.

4 de noviembre de 2020
IAIP revierte orden de entregar adendas de informes patrimoniales por ser de naturaleza confidencial.

El proyecto de Ley Anticorrupción enviado por el presidente Nayib Bukele obligaría a funcionarios y empleados públicos a presentar al Ministerio de Hacienda declaraciones juradas de sus activos (lo que poseen), pasivos (sus deudas), adquisiciones y transferencias de bienes durante el periodo de declaración de renta.

Cada «Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos«, según el proyecto, será publicada por el Ministerio de Hacienda en no más de 15 días hábiles luego de su presentación, información a la cual tendrá «acceso irrestricto» la Corte de Cuentas de la República, que hará investigaciones y reportará a la Fiscalía General de la República (FGR).

El miércoles 29 de enero, Villatoro entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Anticorrupción para crear un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) y un Centro Nacional Anticorrupción (CNA), ambos dirigidos por la FGR, dirigida actualmente por Rodolfo Delgado, nombrado por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa desde de la destitución de su antecesor el 1 de mayo de 2021.

El CNA, según el proyecto, verificaría información de las instituciones del SINAC para investigar redes de corrupción, conexiones entre personas, instituciones y transacciones.

El nuevo SINAC estará conformado por: Fiscalía, Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía, Corte de Cuentas, Órgano Judicial, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Comisión Nacional de Activos Digitales, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Obras Públicas por medio del Registro Público de Vehículos, Registro Nacional de las Personas Naturales y Dirección Nacional de Compras Públicas.

El proyecto, que pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Ernesto Castro, reitera que no prescriben los delitos de corrupción como peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros y documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias; y considera la acción penal de orden público y aplicable independientemente de la fecha en la que se hayan cometido los hechos.

Bukele anunció la Ley Anticorrupción la noche del miércoles, poco después de la ratificación que requería la reforma al artículo 248 de la Constitución realizada precisamente para abreviar en un solo paso, sin necesidad de ratificación, cualquier reforma a la Constitución.

«Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador. Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes», escribió el mandatario, que funge su segundo quinquenio.

En enero de 2023, la organización Acción Ciudadana reveló que la Corte Suprema de Justicia denegó información estadística sobre las personas que habían declarado patrimonio y la cantidad de procesados por enriquecimiento ilícito.

Puede leer: Funcionarios no presentaron más de 11,000 declaraciones patrimoniales en los dos últimos quinquenios

Cronología de las declaraciones patrimoniales en El Salvador

24 de julio de 2015
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar la declaración patrimonial del entonces magistrado Rodolfo González a un ciudadano. La decisión vuelve públicas las declaraciones patrimoniales.

1 de septiembre de 2015
El IAIP ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar a ciudadanos solicitantes las auditorías de tres expresidentes de la República. Consideró que los exámenes, auditorías, análisis o dictámenes forman un solo cuerpo con la declaración y no pueden separarse. Fue así que inició un lapso muy breve en el cual informes de patrimonios de funcionarios eran públicos.

23 de febrero de 2016
La Corte entrega a dos ciudadanos solicitantes las auditorías patrimoniales realizadas a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes por la Sección de Probidad.

16 de marzo de 2016
La Corte entrega la declaración patrimonial del expresidente Francisco Flores, que constaba de 38 páginas.

20 de junio de 2017
La Corte reserva documentos en trámite con datos financieros, bancarios, contables y patrimoniales de funcionarios, y deliberaciones cuando no haya resolución definitiva de la CSJ o cuando dicha resolución exonere al investigado de indicios de enriquecimiento ilícito.

30 de julio de 2019
El IAIP ordena a la CSJ entregar versiones públicas de informes de Probidad de funcionarios investigados en 2018.

22 de julio de 2019
La Corte Suprema de Justicia resuelve entregar declaraciones patrimoniales del presidente pero rechaza la entrega de adendas.

22 de junio de 2020
El IAIP revoca la resolución de la oficial de la Corte Suprema de Justicia y le ordena entregar las adendas patrimoniales.

4 de noviembre de 2020
IAIP revierte orden de entregar adendas de informes patrimoniales por ser de naturaleza confidencial.

El economista Rafael Lemus explicó que la reforma elimina la participación de instituciones públicas en las operaciones con bitcoin y quita el carácter obligatorio en la aceptación de pagos.

«Esto queda opcional y solamente para personas naturales o jurídicas pero privadas», dijo.

Según Lemus, con esta reforma, el gobierno «está cumpliendo todo lo que el FMI les ha indicado, lo de moneda de curso legal de manera obligatorio eso está quitado».

«O sea, moneda de curso legal voluntario no existe, verdad», subrayó, en referencia a que la ley mantiene la frase «curso legal» pero establece expresamente que será de «aceptación voluntaria».

Siguiendo el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno envió el miércoles 29 de enero por la tarde un proyecto de reformas a la Ley Bitcoin, a través de la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la Asamblea Legislativa lo aprobó el mismo día con dispensa de trámite el mismo día.

En la reforma, establece el bitcoin de «aceptación voluntaria» y de manejo por privados; suprime el verbo «deberá» por «podrá» al referirse a la aceptación del bitcoin como forma de pago.

También, la reforma a la Ley Bitcoin en El Salvador derogó el artículo que permitía pagar impuestos o contribuciones tributarias en bitcoin y elimina la disposición para que el Estado contara con «convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar».