Autor: Yolanda Magaña

La cantidad de salvadoreños que expresan que han tenido la n
intención de migrar de su país durante el último año disminuyó 11 puntos, del 25.1 % al 13.6 %, según la medición del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) en su más reciente estudio.n
n
La comparación del último año fue incluida en la presentación que hizo la institución el jueves pasado sobre los resultados del estudio más reciente.n
n
En contraste, la proporción que no ha tenido la intención de migrar ha aumentado de 74.9 % a un 86.4 %, de diciembre de 2024 a mayo de 2025.n
n
De las personas que han considerado migrar, un 50.3 % dicen que solo lo han considerado, 40.5 % indicaron que está pensándolo «seriamente» y un 9.2 %, que «ya decidió migrar y lo hará».n
n
Durante los últimos 14 años, la población con intención de migrar llegó a su punto máximo en el año 2016, cuando el 40.3 % de los salvadoreños lo manifestaba. Desde entonces, cayó a ser un 33.4 % en 2017 y a un 27 % entre 2019 y 2021. Disminuyó a un 21.4 % en 2022, pero esta población subió en 2023 y 2024, a 24.8 y 25.1 %, respectivamente.n
n
El arresto de migrantes salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos ha disminuido severamente y se han estabilizado a mínimos históricos, aunque las deportaciones han tenido un repunte en mayo de 2025.n
n
n
!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»]){var e=document.querySelectorAll(«iframe»);for(var t in a.data[«datawrapper-height»])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data[«datawrapper-height»][t]+»px»;r.style.height=d}}}))}();n

Un proyecto de nueva «Ley de desarrollo social» presentado a la Asamblea Legislativa por la ministra de Desarrollo Local derogaría una ley similar aprobada en 2014 y, en la nueva normativa, se eliminaría toda referencia a la inclusión y a la desigualdad de género.

El proyecto de ley es acompañado de una carta de la «ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete», con fecha 19 de junio. Ingresó a la sesión plenaria del jueves pasado y será estudiado por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que se reunirá el lunes 23 de junio.

La ley, que crearía una Dirección que administraría el registro de los beneficiarios de los programas sociales de las instituciones de Gobierno, deroga el decreto legislativo 647 del 3 de abril de 2014, mediante el cual se aprobó la «Ley de Desarrollo y Protección Social».

En su artículo 3, la ley establecía como objetivo «establecer líneas estratégicas para el desarrollo, protección e inclusión social», «disminuir progresivamente la «desigualdad de género» y avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres». En su artículo 10, establecía un componente de «inclusión social» que buscaba «eliminar las brechas de desigualdad por razones de edad, sexo, religión, identidad indígena, género, discapacidad y nacionalidad».

En el proyecto de nueva «Ley de desarrollo social» se establece en el artículo 3 el principio de la no discriminación en torno a su nacionalidad, raza, sexo, religión, identidad indígena, edad, discapacidad, condición jurídica, social, económica, apariencia física, condiciones de salud o cualquier otra que resulte en violación de los derechos de las personas».

También, «la ley que sería derogada planteaba la formulación de un «Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social». En la nueva ley propuesta, este es sustituido por el «Plan de Desarrollo y Protección Social».

De la misma manera, el artículo 45 de la actual normativa establece que «se procurará la paridad de género» en la composición de una instancia de asesoría técnica para elaborar la propuesta de medición de la pobreza y la desigualdad.

La nueva normativa regulará los programas sociales que las instituciones del Estado entregan a diversos beneficiarios cuyos datos estarán incluidos en un Registro Social, administrado por la nueva Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS).

El gobierno actual ha mostrado su posición de rechazo hacia «ideologías de género» en el sistema educativo. A inicios de 2024, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «expresó» que en El Salvador no se permiten «ideologías de género» en la currícula educativa y se mostró a favor de incluir contenidos «útiles» y «tradicionales» como moral y civismo pero no ideología de género. En diciembre de 2024, una investigación «reveló» que el género era de las materias menos legisladas por el Congreso actual.

Mientras un poco más de la mitad de salvadoreños (54.7 %) percibe que la imagen del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha mejorado, más de la quinta parte de la población (23.3 %) sostiene que «ha empeorado».

Los datos provienen de la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA) realizada a finales de mayo (del 14 al 24) con un error muestral de 2.75 %.

Cada grupo poblacional da sus razones para argumentar que ha mejorado o empeorado la imagen del mandatario.

Un 41.7 % dice que su imagen ha mejorado porque está combatiendo la delincuencia, el 24.5 % dice que se debe a que está trabajando bien y el 8.8 % indica que «ayuda a las personas».

En menor cantidad, lo atribuyen a su «forma de pensar y actuar» (6.7 %), escucha a la población (4.5 %), a mejoras en servicios básicos de salud y educación (2.3 %), mejoras en la economía (2 %) o en la infraestructura (1.7 %), mencionan medidas económicas (1.3 %) y un 1 % dice que combate la corrupción y es transparente.

Del segundo grupo, el cual percibe que la imagen del gobernante ha empeorado, la mayoría menciona el «abandono a los sectores» y el «mal trabajo del gobierno» (29.6 %), aunque un buen grupo dice que es autoritario y escucha poco a la población (20.4 %).

El resto de razones señaladas son: la falta de respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a los arrestos injustificados (15.6 %), la mala situación económica y el desempleo (11.9 %), porque «es corrupto y por su falta de transparencia» (8.8 %), «no prioriza la educación y la salud de la gente (3.7 %), ha impulsado la minería metálica (2.7 %) y el cierre de escuelas y centros de salud (1.4 %).

El estudio deja clara una considerable presencia mediática del presidente, ya que el 56.2 % de los salvadoreños dicen que lee, ve o escucha información sobre las acciones de Bukele «siempre» o al menos «una vez por semana».

El desempeño y la confianza

Según el estudio de opinión, la imagen de Bukele sigue siendo positiva aunque tuvo una leve baja en el último año. Mientras, es aprobado por los salvadoreños con una nota de 8.15, su desempeño es aprobado por el 84.3 % además de que un 67.3 % le tiene alguna o mucha confianza, hay una proporción de la población que dice tenerle poca o ninguna confianza al gobernante (32.7).

Si bien solo un 15.6 % ve un mal o regular desempeño, de quienes lo aprueban, un 58.3 % califican su desempeño como «bueno» y un 26 % como «muy bueno».

Quienes le atribuyen logros plantean la seguridad y el combate a la delincuencia (66.6) y quienes piensan en fracasos mencionan desafíos económicos sobre costo de la vida (22.8) seguido del arresto de personas inocentes o autoritarismo (6.6).

Además de los desafíos económicos, la cercanía a la población es, al parecer, otra debilidad señalada, en esta ocasión, por más de la mitad de la población en el estudio. Un 33.5 % dice que se siente muy cercano o cercano al presidente versus el 51.7 % responde que se siente distante o muy distante del mismo.

La reforma a la «Ley especial contra los delitos informáticos y conexos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, faculta a personas, entidades o empresas, a que puedan presentarse como víctimas del delito de fraude informático en procesos penales seguidos contra un empleado que ha extraído o manipulado datos personales de clientes para obtener algún provecho o beneficiar a otra persona.

La reforma permite que los llamados “controladores» o «procesadores” de datos personales puedan mostrarse como víctimas del delito de “fraude informático” y no únicamente los propietarios de dichos datos personales.

La Cámara Americana de Comercio (AmCham) urgió esta reforma a los diputados, tomando como base lo que ha ocurrido en “call centers” en El Salvador.

Karla Machón, presidenta del Comité de Call Centers de AmCham El Salvador, aseguró que el uso indebido de los datos personales de bases de datos manejadas por estas empresas «debilita la confianza de socios internacionales”. “Estimamos que por delito de este tipo hemos perdido 5,000 puestos de trabajo”, indicó.

La AmCham ve la modificación como una gran oportunidad estratégica ya que la inversión de los call centers en El Salvador supera los $100,000 millones y se proyecta que llegue a los $162,000 millones en 2029.

Según la redacción de la reforma, esta no solo aplicará a los «call centers», ya que el artículo habla de las personas que tienen acceso a un “sistema informático” y una “base de datos” en general, aunque también menciona expresamente a quienes tengan acceso a: los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), plataformas de venta, centros de contacto (call centers), servicios de tecnologías blockchain y, nuevamente de forma amplia, a «sistemas donde los registros de información de terceros estén disponibles».

Actualmente, el fraude informático únicamente es imputado a quienes manipulan sistemas informáticos o sus datos para sacar provecho, pero no menciona en perjuicio de quién se comete el delito; y la pena oscila entre 6 y 10 años de prisión. Esta disposición no se elimina en la reforma.

Con la reforma, se deja detallado que el delito ocurrirá cuando los empleados de estos lugares consulten, extraigan o manipulen información de las bases de datos para obtener un beneficio “en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos”; y el delito, en este caso, tendrá una pena entre 10 y 12 años de prisión.

La reforma a la «Ley especial contra los delitos informáticos y conexos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, faculta a personas, entidades o empresas, a que puedan presentarse como víctimas del delito de fraude informático en procesos penales seguidos contra un empleado que ha extraído o manipulado datos personales de clientes para obtener algún provecho o beneficiar a otra persona.

La reforma permite que los llamados “controladores» o «procesadores” de datos personales puedan mostrarse como víctimas del delito de “fraude informático” y no únicamente los propietarios de dichos datos personales.

La Cámara Americana de Comercio (AmCham) urgió esta reforma a los diputados, tomando como base lo que ha ocurrido en “call centers” en El Salvador.

Karla Machón, presidenta del Comité de Call Centers de AmCham El Salvador, aseguró que el uso indebido de los datos personales de bases de datos manejadas por estas empresas «debilita la confianza de socios internacionales”. “Estimamos que por delito de este tipo hemos perdido 5,000 puestos de trabajo”, indicó.

La AmCham ve la modificación como una gran oportunidad estratégica ya que la inversión de los call centers en El Salvador supera los $100,000 millones y se proyecta que llegue a los $162,000 millones en 2029.

Según la redacción de la reforma, esta no solo aplicará a los «call centers», ya que el artículo habla de las personas que tienen acceso a un “sistema informático” y una “base de datos” en general, aunque también menciona expresamente a quienes tengan acceso a: los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), plataformas de venta, centros de contacto (call centers), servicios de tecnologías blockchain y, nuevamente de forma amplia, a «sistemas donde los registros de información de terceros estén disponibles».

Actualmente, el fraude informático únicamente es imputado a quienes manipulan sistemas informáticos o sus datos para sacar provecho, pero no menciona en perjuicio de quién se comete el delito; y la pena oscila entre 6 y 10 años de prisión. Esta disposición no se elimina en la reforma.

Con la reforma, se deja detallado que el delito ocurrirá cuando los empleados de estos lugares consulten, extraigan o manipulen información de las bases de datos para obtener un beneficio “en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos”; y el delito, en este caso, tendrá una pena entre 10 y 12 años de prisión.

Un 28.5 % de los salvadoreños estaría «muy de acuerdo» y un 42.1 % estaría «de acuerdo» con que Nayib Bukele se postulara para un tercer periodo presidencial, según la encuesta divulgada el jueves por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop).

Las personas entrevistadas que avalarían en algún nivel un tercer periodo presidencial para Bukele sumarían un 70.6 %.

Sin embargo, el 25.4 % de los salvadoreños respondieron que estarían en desacuerdo (14.7 %) o muy en desacuerdo (10.7 %).

Solo 2.4 % de la población se muestra indeciso ante la pregunta sobre la reelección para un tercer periodo consecutivo; la encuesta fue realizada mediante entrevistas personales a una muestra de 1,272 personas con un error de 2.75 %, más o menos, y un nivel de confianza del 95 %.

La misma encuesta indica que el 95 % de la población salvadoreña considera «muy o algo» importante que se respete la Constitución de la República: un 85.8 % dice que es «muy importante» y 9.2 %, que algo importante.

Según el estudio, Bukele obtuvo una nota de 8.15, tres décimas menos que hace un año, y 7.85 para su gobierno.

Las emociones predominantes sobre Bukele en la población son confianza (29.6 %) y esperanza (25.4 %); y la frase que definen los seis años de gobierno de Bukele es «un presidente que pone orden con mano dura», mencionada por un 54.3 % de los entrevistados.

La inscripción de Bukele en su candidatura presidencial para su segundo periodo 2024-2029 se basó en la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida el 3 de septiembre de 2021, la cual fue un argumento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la resolución de inscripción. El TSE, en ese entonces, rechazó los recursos presentados por Luis Parada, de Nuestro Tiempo, y por los abogados Enrique Anaya y José Marinero, que pedían al TSE rechazar la solicitud de inscripción por considerarla inconstitucional citando, entre otros, los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248 de la Constitución.

En ese entonces, el TSE resolvió la inscripción de Bukele bajo el argumento de que la resolución de la Sala de lo Constitucional emitida el 3 de septiembre de 2021 indica que la prohibición de la reelección del artículo 152 de la Constitución está relacionada al «periodo inmediato anterior» y a la condición de «candidato».

El artículo 152 dice que «no podrán ser candidatos a Presidente» quien «haya desempeñado la Presidencia» «por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial».

La Asamblea Legislativa ratificó ayer un préstamo por $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que según el decreto de autorización se puede destinar a «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

El préstamo fue ratificado con dispensa de trámites con 55 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

El contrato de préstamo se denomina «Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador», pero la diputada Ortiz expresó su duda de que en realidad se destine a educación.

Ortiz señaló que en septiembre de 2025 el ministro de Hacienda prometió que el presupuesto para 2025 «no iba a incorporar deuda para gasto corriente» y que los préstamos serían destinados a obra pública.

«Este proyecto solo tiene el nombre bonito. Después dice que estos recursos se pueden destinar para atender prioridades estratégicas del gobierno, a saber cuáles son, obligaciones generales del Estado, pago de deuda, y transferencias varias, apoyo a la caja fiscal», advirtió.

Citó que el artículo 2 del decreto «no dice que se va a utilizar para educación», sino «para atender prioridades estratégicas del gobierno», lo que implica, afirmó, que el dinero se utilizaría para «lo que quiera» el gobierno. «Es muy probable que esto se vaya a gasto ordinario del gobierno», auguró.

«Si en la tercera vuelta, quizás la próxima semana, vemos en qué rubro del presupuesto se ingresan estos fondos y no va para educación, para mejorar escuelas, para apoyar a los docentes (…), entonces, ha sido una gran mentira y el gobierno sí se está endeudando para gasto ordinario, se los dejo como reto», planteó la diputada de oposición.

La «tercera vuelta» del préstamo es la reforma presupuestaria que será necesaria para realizar el desembolso y la incorporación de los fondos al presupuesto.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, respondió que para el gobierno es «prioridad estratégica» la educación.

«Está clarísimo que para este gobierno es una prioridad estratégica la educación, así como ha sido el tema de la salud, la seguridad y la infraestructura pública, esto busca impulsar acciones centradas en la mejora de la calidad educativa y se trabaja para cerrar brechas estructurales, tecnológicas y de infraestructura que tuvimos por años relegadas en este país», afirmó.

La Asamblea Legislativa también autorizó, «en primera vuelta», la firma de un contrato de crédito también por $75 millones del CAF que pueden ser utilizados para «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal» pero cuyo nombre es «Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador».

Las 44 municipalidades tuvieron una nota promedio de 5.13 en una escala del 0 al 10 otorgada por la población salvadoreña según la encuesta realizada en mayo y presentada este jueves por el Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).nnLa alcaldía de Ahuachapán Norte –Atiquizaya, El Refugio, San Lorenzo y Turín– aparece como la única aprobada por la población, con una calificación de 6.4; seguida de La Paz Este, reprobada con un 5.7, y Santa Ana Centro, con 5.5.nnAhuachapán Norte es gobernado por Darwin Regalado, La Paz Este –conformado por San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y Zacatecoluca– por la exdiputada Marcela Pineda y Santa Ana Centro, por Gustavo Acevedo, todos de Nuevas Ideas.nnSegún el estudio de opinión pública, las municipalidades peor evaluadas son San Salvador Sur y San Salvador Oeste, con un 4.5; la segunda peor nota, según el boletín de la UCA, la obtuvo Santa Ana Oeste, con una nota de 4.7.nnSanta Ana Oeste es gobernado por el exdiputado Jorge Castro, San Salvador Sur por Mario Vásquez, exalcalde de Ciudad Delgado; San Salvador Oeste, por el exdiputado José Urbina, todos de Nuevas Ideas.nnSanta Ana Oeste es conformado por Candelaria de la Frontera Chalchuapa El Porvenir San Antonio Pajonal San Sebastián Salitrillo Santiago de la Frontera; San Salvador Sur, por Santo Tomás, Santiago Texacuangos, Panchimalco y Rosario de Mora; y San Salvador Oeste, por Apopa y Nejapa.nnPara buena parte de la población, la reducción de fondos para las municipalidades perjudicó el trabajo de las mismas. Un 20.3 % sostiene que la derogación del Fondo de Apoyo Municipal (FAM) afectó algo el trabajo de las alcaldías, el 25.4 %, sostiene que un poco y el 15.3 %, que mucho, en total, un 61 % sostiene que el recorte del fondo afectó el trabajo municipal algo, un poco o mucho.nnEl Iudop de la UCA realizó esta encuesta del 14 al 24 de mayo a 1,272 personas con un error muestral de 2.75 % y un nivel de confianza del 95 %. Tanto en el boletín como en la presentación de la encuesta, no se divulgaron todas las alcaldías municipales debido a que únicamente se tomaron en cuenta alcaldías con más de 40 personas entrevistadas.

La calificación que la población otorga al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, disminuyó tres décimas de 8.46 a 8.15 en su sexto año de gestión, según la encuesta del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) presentada este jueves.

La nota que otorgó la población al gobierno de Bukele bajó por segundo año consecutivo, de 8.28 en el año 2024 a un 7.85 en el año 2025, es decir, 0.43. Esta es “la calificación más baja desde el 7.69 otorgado en 2020”, observa el Iudop.

Desde los primeros 100 días del año 2019, la nota al gobierno de Bukele ha fluctuado entre 7.69 –la peor nota, en 2020– y el 8.51, la mejor nota que ha logrado su gobierno, en su segundo año de gobierno, 2021.

El Iudop advierte que la nota otorgada a Bukele concuerda con que el 67.3 % de la población tiene mucha o alguna confianza en el mandatario y el 75.2 % dice que la seguridad es lo mejor que actualmente sucede en el país. El principal logro, según el 66.6 % de los entrevistados, es la seguridad.

Cuando se le preguntó a la población por el principal fracaso del gobierno de Bukele, el 37.3 % respondió que ninguno y el 11.6 % no respondió o no sabe. Esta pregunta no fue de opción múltiple, ya que sus resultados suman el 100 %.

Un 51 % de la población mencionó como fracasos los siguientes.
1. Economía y el desempleo (9.4 %).
2. Alto costo de la vida (8.3 %).
3. Las malas decisiones del gobierno (5.4 %).
4. El deterioro de la economía de las familias salvadoreñas (5.1).
5. El arresto de personas inocentes (4.6).
6. La aprobación de la Ley de Minería (3.5).
7. La corrupción y la falta de transparencia (2.5).
8. La falta de apoyo a algunos sectores de la población (2.4 %).

Si se organizan los fracasos mencionados, un 22.8 % de la población menciona fracasos económicos, un 10.6 % reclama derechos humanos, ambientales y de acceso a la información o combate a la corrupción, pero un 7.8 % señala “malas decisiones” del gobierno y “falta de apoyo a sectores de la población”.

El Iudop realizó esta encuesta del 14 al 24 de mayo de 2025 a 1,272 personas con un error muestral de 2.75 % y un nivel de confianza del 95 %, mediante entrevistas personales con visita a las viviendas.

Para el 69.6 % de los salvadoreños, el principal problema de El Salvador está relacionado con temas económicos: economía (39.2), desempleo (15.3), alto costo de la vida (10.1), pobreza (5).

Otros, el 3.9 %, ven la mala calidad de los servicios básicos como el principal problema del país y el 2.1 % cree que es el encarcelamiento de personas inocentes y otras violaciones a derechos humanos.

Las instituciones que reciben peores notas son el Ministerio de Vivienda (5.97), Ministerio de Salud (6.76) y Ministerio de Economía (6.68); los mejores evaluados son Seguridad Pública (8.43) y Turismo (7.98).

El año 2025 muestra también una leve disminución de la imagen del actual gobierno en otros estudios de opinión pública.

Bukele bajó su aprobación del 89 % al 85 % de 2024 a 2025 según CID Gallup presentada en mayo y su calificación cayó de 8.43 a 7.73 de 2024 a 2025 de acuerdo con la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia presentada públicamente en enero.

La extracción o el uso ilegítimo de información personal de clientes, por parte de algún empleado de call centers, ha provocado la pérdida de cinco mil empleos durante los últimos años según datos contabilizados por el Comité del Call Centers para la Cámara Americana de Comercio (AmCham).

“Un solo incidente grave puede alejar al cliente y ocasionar pérdida de contratos, estimamos que por delitos de este tipo en años recientes hemos perdido alrededor de 5,000 puestos de trabajo”, dijo ayer presidenta del Comité, Karla Machón en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

Explicó que la reforma a la «Ley especial contra los delitos informáticos y conexos», para permitir presentarse como víctimas en este tipo de fraudes, es «urgente» para proteger la información de «clientes internacionales cuando esta se ve vulnerada por empleados locales».

“Actualmente, si un colaborador comete un acto ilícito que afecte al cliente final, por ejemplo, filtración de información, confidencialidad, extorsión, o incurre en fraude, no podemos proceder legalmente si el cliente no está inscrito en El Salvador. Esto genera impunidad, limita nuestra capacidad de acción y debilita la confianza de nuestros socios internacionales”, argumentó, ante los diputados.

El dictamen favorable de la reforma fue aprobado el miércoles y posiblemente sea aprobado este jueves en el pleno.

¿Cómo ocurren los fraudes por extracción de información?

El presidente del Comité de Ciberseguridad de AmCham El Salvador, Héctor Cuchilla, explicó a los diputados que los “call centers o centros de contactos contratan empleados, los entrenan y les dan una cantidad de permisos sobre los datos que les confía las empresas que contrata el call centers”.

Así, acceden a información como nombres, direcciones, teléfonos, correos, saldos de cuentas e medidas de seguridad de las cuentas.

Sin embargo, advirtió que “algunos de esos empleados deciden tomar una mala decisión” y que miembros del crimen organizado los buscan “les ofrecen dinero o sobornos para facilitar información que está en esa base de datos”, entonces, “esa información es utilizada para secuestrar cuentas, hacer compras, desviar fondos, robar dinero”.

“Los fondos que se roban van para todos los peores usos que se puedan imaginar: compra de drogas, armas, terrorismo, trata de personas, otros cibercrímenes más grandes”.
Héctor Cuchilla, presidente del Comité de Ciberseguridad de la AmCham El Salvador.

Sin embargo, no solo es la extracción de datos la conducta fraudulenta del uso de la información de los usuarios, sino otras.

¿Cuáles son las conductas típicas de este tipo de fraudes en los call centers?

1. Identificar cuentas de alto perfil.
2. Extracción de los datos.
3. Uso indebido de información como beneficiar a terceros.
4. Manipulación de registros de las cuentas.
5. Generación de datos falsos, por ejemplo, para realizar ventas falsas.
6. Borrado de interacción.

Cuchilla explicó que, cuando el cliente pierde su dinero y se queja con la entidad –farmacia, centro comercial, ferretería, emisor de tarjetas, banco– y esta le pasa los costos del fraude al call center, lo que les acarrea pérdida de reputación y en ocasiones de contratos y empleos.

Sin embargo, advirtió que no pueden judicializar los casos porque actualmente no pueden presentarse como víctimas. “Estos empleados nosotros los podemos detectar y lo más que podemos hacer es decir ‘usted ya no trabaja con nosotros porque rompió las reglas de ética de la compañía’ pero no hay forma de denunciarlos. Puedo denunciarlo, el problema es que no voy a poder suministrar evidencia porque no fui víctima”, indicó.

Por ello, urgen una reforma para “permitirle a todos los actores” de la cadena del manejo de información de los usuarios y permitirles que se presenten como víctimas el propietario, el controlador y el procesador de los datos.

La AmCham detalló que los call centers en El Salvador suman una exportación anual de $500 millones, generando entre 36,000 y 48,000 empleos directos en todo el país con un mercado global que supera los $100,000 millones y proyecta a crecer hacia $162,000 millones a 2029. Solo en 2024, los call centers crearon 12,000 empleos nuevos.

¿Qué dice la reforma?

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma para que en el artículo 11 se establezca que se sancionará con penas de 10 a 12 años de prisión «quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a un sistema informático base de datos, sistemas de gestión de relaciones con clientes, sistemas y plataformas de ventas, servicios de centros de contacto» (call centers), así como a servicios de blockchain, para «consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros» o para otorgar beneficios no autorizados, ocultar interacciones, realizar manipulaciones indebidas o «crear información falsa a nombre del propietario de los datos» para «un beneficio para sí o para un tercero».

La reforma establece que este delito se cometería «en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos», siendo el propietario quien tienen la propiedad sobre sus datos, el controlador, la entidad que determina medios para el procesamiento de sus datos; y el procesador, la entidad que recopila, almacena, modifica o elimina dichos datos en nombre del controlador de dichos datos.