Autor: Yolanda Magaña

Diputados de Nuevas Ideas y del Partido de Concertación Nacional (PCN) defendieron ayer la transferencia de una porción de terreno estatal de 55,711 metros cuadrados de la finca El Espino para el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), que será aprobada en un decreto en donde se argumenta que el CIFCO no tiene sede.

Por una parte, Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas que preside la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, así como el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, argumentaron que con este decreto no están autorizando la construcción y que es su competencia constitucional aprobar las transferencias de inmuebles del Estado.

Por otra parte, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aseguró no se puede correr antes que caminar y que de los diputados depende si se mantienen “encerrados en una cueva” mientras otros países se desarrollan, o siguen avanzando para apostarle al desarrollo de El Salvador.
«No somos responsables de la construcción»
La diputada Ana Figueroa subrayó que no estaban aprobando la construcción y leyó una disposición constitucional para argumentar que les compete aprobar transferencias de inmuebles «Los bienes inmuebles propiedad del Estado podrán ser transferidos a personas naturales o jurídicas dentro de los límites y en la forma establecida por la ley», leyó el artículo 104 de la Constitución.

Figueroa añadió que recordaba que «es una porción de terreno que ha sido segregada» y el «Ministerio de Hacienda ya otorgó su anuencia».

“De nuevo, estamos hablando de un traslado. No somos responsables aquí de la construcción, ni de nada de eso, nos toca como Asamblea Legislativa de acuerdo a la Constitución autorizar o no estos traslados”.
Ana Figueroa (Nuevas Ideas).

La diputada de Nuevas Ideas también argumentó que hay «excelentes relaciones diplomáticas y comerciales» que El Salvador «ha reforzado» y que se deben cumplir con responsabilidades adquiridas en el convenio marco con China. «Es parte de la seriedad de un Estado cumplir con estas responsabilidades adquiridas y sobre todo cuando van a traer una mejora en la calidad de vida de nuestros compatriotas salvadoreños», dijo.

“En este momento no me puedo oponer, a aventarle piedras o a desbaratar un proyecto que nos va a dar un país amigo, a hablar mal de un proyecto, cuando ni siquiera conozco el diseño. No estamos autorizando permisos de construcción, no estamos tirando cemento”.
Reynaldo López Cardoza (PCN).

Minutos antes, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, también aseguró que no están autorizando una construcción sino la transferencia de un terreno.

“Este día no estamos autorizando una construcción. Vamos a tener el Estadio, creo que el mejor de Centroamérica, al 2027 creo que está la proyección, que ojalá que hagamos un buen equipo porque equipo es el que no tenemos… Y ahora vienen con el nuevo CIFCO. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es un traspaso de terreno. No tenemos el diseño, no tenemos absolutamente nada, no sabemos cómo va a ser, por ende, yo no puedo decir ‘vamos a comenzar a desbaratar El Espino, yo voy a comenzar a hablar en contra de eso cuando ya esté el diseño de la construcción”, aseguró.

El diputado aseguró que cuando alguien comienza a construir una casa, ve un árbol y analiza si lo va a conservar o no. Ortiz respondió que, si bien solo es un traslado de terreno, el objetivo es el proyecto de construcción.

La construcción del CIFCO es un proyecto que será donado por el gobierno de la República Popular China, cuyo embajador reveló en mayo pasado que el CIFCO estará frente a Cancillería.
“Este tipo de proyectos impulsan el desarrollo”
El diputado Raúl Chamagua, de Sonsonate, aseguró que “todos los países del mundo tienen definido su sistema de seguridad y desarrollo nacional”. Chamagua dijo, con el gobierno de Nayib Bukele, se cambiaron los objetivos “para beneficio de todos los salvadoreños y no de unos pocos”.

El legislador de Nuevas Ideas agregó que El Salvador es un país seguro y que “este tipo de proyectos impulsan el desarrollo del país”.

“De nosotros depende si nos quedamos encerrados en una cueva a ver cómo los países siguen avanzando o decidimos salir de esa cueva, quitarnos las telarañas que podamos tener en nuestra mente y apostarle al desarrollo de El Salvador”.
Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.

Chamagua comparó el desarrollo del país con el de un niño que empieza a caminar. “Es inconcebible poder correr antes de poder caminar, evidentemente van a haber unos poquitos que van a estar en contra o en desacuerdo”, dijo el legislador.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien solicitó un estudio de impacto ambiental de la construcción del CIFCO en el terreno que será trasladado de la finca El Espino, le respondió que esa “visión de desarrollo está dejando a mucha gente atrás y solo algunos con acceso al círculo de poder están avanzando en su calidad de vida” y cuestionó cómo puede haber desarrollo si no hay suficiente agua, hay estrés hídrico y más demanda de agua.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, solicitó el martes a los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior que soliciten al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que les remita o realice el estudio del impacto ambiental de la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en una porción de terreno de 55,711 metros cuadrados ubicado en la Finca El Espino.

“Quiero llamar la atención de la Comisión en el sentido que la Finca El Espino es un área natural del área metropolitana de San Salvador que da servicios ambientales muy importantes a los capitalinos, tecleños y a la población de Antiguo Cuscatlán. El Espino ha sufrido destrucción durante décadas en el marco de los gobiernos anteriores, empezaron a acabarse El Espino”, expresó la diputada de Vamos.

El terreno, que colinda con Cancillería, es parte de lo que tiene el Estado salvadoreño en la Finca El Espino.

La diputada calificó de preocupante «lo poco que queda de la finca El Espino», mostrando dos imágenes de antes y después de la finca, y advirtiendo que repercutirá en el riesgo de inundaciones en lugares como las comunidades José Cecilio del Valle, Cristo Redentor, San Pablo, en San Salvador, y también en el distrito de Santa Tecla.

“La Finca El Espino es una zona de recarga hídrica, la lluvia se infiltra y previene inundaciones… ¿Saben cuántas comunidades urbanas hay alrededor cuya población vive a la orilla de quebradas? Hay un potencial riesgo de que, al seguir la destrucción de la finca El Espino, repercuta en mayor riesgo de inundaciones”.
Claudia Ortiz (Vamos).

Para Ortiz, la construcción del CIFCO en la Finca El Espino impactará en la disponibilidad de agua, en la conservación de especies y en el clima de la zona.

“No se está transfiriendo edificio, sino un área natural. El Espino es un pulmón de la ciudad», argumentó.

Luego de expresar su rechazo a la transferencia del terreno al CIFCO, solicitó que los diputados exijan al Ministeri estudio de impacto ambiental y un diagnóstico territorial y urbanístico.
¿Qué pidió la diputada Claudia Ortiz sobre la transferencia de una porción estatal en la finca El Espino al CIFCO?
1. Que se pregunte al MARN si ha realizado un estudio de impacto ambiental del proyecto de construcción del CIFCO en El Espino, que lo remita a la Comisión en cumplimiento al artículo 18 y siguientes de la Ley de Medioambiente; y que, si no lo tiene, que pida su elaboración.

2. Que se solicite a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) el «diagnóstico territorial y urbanístico integral sobre la compatibilidad del proyecto con el uso de suelo, la zonificación metropolitana, los riesgos y las condiciones ecológicas del área involucrada, en cumplimiento al artículo 7-A reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS que exige dicho diagnóstico obligatorio para «todo proyecto con un área mayor a 10,000 metros cuadrados» en zonas ambientalmente sensibles.

«Quiero llamar la atención de la Comisión que antes de tomar la decisión y de emitir un dictamen favorable de manera exprés de este tema, esté bien documentado el impacto que habría de este proyecto», prosiguió al final de su intervención.

“Gracias, diputada, se toma nota”, respondió Ana Figueroa, legisladora de Nuevas Ideas que preside la Comisión.

La diputada Ortiz entregó una carta a la Comisión con la petición, en la cual advierte que podrían cometer una «acción de inconstitucionalidad por omisión o por vulneración de derechos fundamentales colectivos».

Diputados de Nuevas Ideas y del Partido de Concertación Nacional (PCN) rechazaron la opinión de Ortiz argumentando que no se está autorizando la construcción pero también explicando que El Salvador debe optar por el desarrollo y no esconderse bajo una «cueva».

Ortiz respondió que, si bien solo es un traslado de terreno, este traslado tiene un fin y un proyecto, e insistió en pedir los informes a Medio Ambiente y a la Opamss. “Espero que la comisión no se apresure a tomar una decisión”, insistió.

“Gracias, se toma nota”, le volvió a responder la diputada Figueroa.

El presidente del CIFCO, Guillermo Hasbún, solicitó a Hacienda la transferencia del inmueble propiedad del Estado a finales de enero de 2025. En el decreto propuesto, se argumenta que el CIFCO «no cuenta con un inmueble o recinto propio que le permita desarrollar sus funciones esenciales«. Parte de las instalaciones del CIFCO fueron usadas para el Hospital El Salvador para instalar camas con oxígeno con el fin de atender a los pacientes con síntomas graves de covid-19 durante la pandemia.

Sin modificación a la propuesta de transferencia, la Comisión de Salvadoreños, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un dictamen favorable de un decreto especial para transferir 55,711.13 metros cuadrados de terreno de la finca El Espino a favor del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), cuya nueva sede construirá el gobierno de China Popular.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió que antes de aprobar el decreto se preguntara al Ministerio de Medio Ambiente si existe un estudio de impacto ambiental del proyecto y se remitiera si existía; y se consultara a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana (Opamss) si ha realizado un diagnóstico territorial urbanístico integral.

Antes de tomar la decisión, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), dijo que no están autorizando una construcción sino la transferencia de un terreno.

“Este día no estamos autorizando una construcción. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es un traspaso de terreno. No tenemos el diseño, no tenemos absolutamente nada, no sabemos cómo va a ser, por ende yo no puedo decir ‘vamos a comenzar a desbaratar El Espino, yo voy a comenzar a hablar en contra de eso cuando ya esté el diseño de la construcción”, aseguró López Cardoza.

“En este momento no me puedo oponer, a aventarle piedras o a desbaratar un proyecto que nos va a dar un país amigo, a hablar mal de un proyecto, cuando ni siquiera conozco el diseño. No estamos autorizando permisos de construcción, no estamos tirando cemento”. Reynaldo López Cardoza (PCN).

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aseguró que no se pueden quedar encerrados «en una cueva» viendo cómo el resto se va desarrollando, a lo que Claudia Ortiz le cuestionó cómo puede haber desarrollo sin agua. «Estamos hablando de un traslado, no somos responsables aquí de la construcción, ni de nada de eso, nos toca como Asamblea Legislativa autorizar o no estos traslados», expresó la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, presidenta de la Comisión.

«No se está transfiriendo edificio, sino un área natural que da servicios ambientales a la población. El Espino es un pulmón de la ciudad». Claudia Ortiz (Vamos).

«Estamos hablando de un traslado, no somos responsables aquí de la construcción ni de nada de eso». Ana Figueroa (Nuevas Ideas).

La porción de terreno de la Finca El Espino que se transferirá al CIFCO es propiedad del Estado, que tiene un total de 475,806.716 metros cuadrados inscrito a la matrícula 30054518-0000 del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas, y colinda instalaciones de Cancillería y de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA).

El embajador de China Popular en El Salvador, Zhang Yanhui, dijo el 29 de mayo que el nuevo CIFCO estará ubicado frente a Cancillería. “Está en proceso de estudio” y de investigación de suelos, expresó, en el programa La Tribu.

En su solicitud, el gobierno argumentó que el CIFCO «no cuenta con un inmueble o recinto propio que le permita desarrollar sus funciones esenciales» y que el presidente del Cifco solicitó el 31 de enero de 2025 al Ministerio de Hacienda la transferencia de esa porción de terreno ubicada en la finca El Espino para el proyecto de cooperación con China Popular.

La sede original del CIFCO, fue utilizada para el Hospital Nacional El Salvador en donde se ubicaron camas con sistema de oxígeno para enfermos de covid-19 pero actualmente aloja al «Instituto Especializado Hospital El Salvador» según el gobierno.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa estudia este martes una reforma a la Ley Orgánica Judicial para convertir el Juzgado de Dulce Nombre de María en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, que mantendrá la competencia sobre nuevos casos penales de Dulce Nombre de María y conocerá además procesos laborales.

Los juzgados de instrucción de Chalatenango y Tejutla se repartirán los procesos penales que tenía primera instancia de Dulce Nombre de María, según el proyecto de reforma solicitada por la Corte Suprema de Justicia. El Juzgado deberá realizar un inventario y remitir los procesos en 180 días o menos.

“Se advierte una sobrecarga de trabajo del Juzgado de lo Civil y Mercantil en el distrito de Chalatenango, por lo que es necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de respuesta mediante una redistribución de los recursos con los que ya cuenta el Órgano Judicial”, asegura la propuesta de decreto.

La Asamblea Legislativa recibió el 2 de julio la solicitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial, Henry Alexander Mejía. La Corte acordó el 24 de junio aprobar un anteproyecto de reforma.

Actualmente el Juzgado de Dulce Nombre de María recibe 130 procesos al año, “una carga baja”, dijo el magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal. Con la conversión, afirmó que proyectan 389 casos al año. «La idea es mejorar los tiempos de respuesta», indicó.

Los cambios son:
Juzgado de Dulce Nombre de María
El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María se convierte en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, pero conservará su residencia en el distrito de Dulce Nombre de María.

Por ello, hoy habrá dos juzgados civil y mercantil de Chalatenango, el actual será 1o. y el convertido será el Juzgado 2o. de lo Civil y Mercantil de Chalatenango.
Competencia laboral, civil, mercantil
Los dos juzgados 1º y 2º de lo Civil y Mercantil de Chalatenango tendrán competencia de conocer los procesos de lo laboral y los regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil dentro de la circunscripción territorial del departamento de Chalatenango.

Los procesos laborales, civiles, mercantiles o de inquilinato del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María serán continuados por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango hasta su conclusión.
Competencia penal y los casos penales
El Juzgado de Instrucción de Chalatenango asumirá la competencia en materia penal en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.

El Juzgado de Instrucción de Tejutla y el Juzgado de Instrucción de Chalatenango asumirá los procesos penales del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.
Segunda instancia
La Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla: conocerá en segunda instancia los procesos civiles, mercantiles y de inquilinato de los juzgados primero y segundo de lo civil y mercantil de Chalatenango.

La Cámara de lo Laboral de San Salvador conocerá procesos laborales de dichos juzgados civil y mercantil de Chalatenango.

Y la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro: procesos penales de dichos juzgados.

La Secretaria de Innovación de la Presidencia de la República contratará una consultoría para crear el diseño de lo que será un Centro de Datos del Estado, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuyos fondos empezarán a integrarse al presupuesto general del Estado de 2025.

La incorporación solicitada por el gobierno asciende a $9 millones, y su dictamen favorable fue aprobado el lunes. Los fondos serán transferidos a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, que ejecutará el proyecto.

Con estos primeros fondos se financiará la consultoría para la adecuación, la distribución y el equipamiento de un edificio estatal ya existente que tendrá aproximadamente 3,500 metros cuadrados y que se convertirá en el Centro de Datos del Estado que busca mejorar los servicios digitales en 57 instituciones públicas.

“Básicamente busca la adecuación y equipamiento de un edificio de aproximadamente 3,500 metros cuadrados para el funcionamiento de un centro de datos, no se pretende la adquisición de un nuevo edificio ni la construcción de uno, se pretende usar algún inmueble propiedad del Estado que permita ser adecuado y equipado”. Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público.

Se trata de un préstamo que promete financiar la mejoría en los servicios digitales estatales a ejecutarse durante los próximos años hasta 2029.

Según el director de inversión de Hacienda, Marlon Herrera, estos primeros $9 millones se usarán en la contratación de una consultoría para la elaboración del diseño del Centro de Datos del Estado. Con el proyecto, se promete que 57 entidades del Estado tengan acceso a la nube del Estado alojada en el Centro de Datos TIER III, es decir capacidad de continuar sin interrupciones, gracias a «sistemas redundantes» y «múltiples rutas de distribución de energía y enfriamiento”.

El contrato de préstamo Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador de $60 millones fue aprobado en octubre de 2024 por el BID y autorizado el 7 de febrero y aprobado el 25 de marzo de 2025 por la Asamblea Legislativa. Su objetivo, según el BID, es mejorar la prestación de los servicios digitales del Estado para impulsar la economía digital en El Salvador. Uno de los primeros componentes es encontrar un “edificio existente adecuado y equipado para la infraestructura de datos del Estado” que cumpla los estándares, para lo cual se asigna un total de $30 millones.

Un centro de datos TIER III, según el Uptime Institute, puede funcionar sin interrupción. Es común en bancos, gobiernos o empresas tecnológicas y un máximo de 1.6 horas de inactividad al año.

“Para la definición de la meta se ha estimado que, a partir del año 3, se podrá sumar 1 entidad al mes a la nube del Estado”, indica el informe de monitoreo del proyecto del BID, compartido el pasado 25 de junio. Se busca certificar en habilidades digitales a 2,500 funcionarios públicos anuales desde 2025 durante tres años con un puntaje mínimo de 7.5 base 10.

La “gran y hermosa ley” de presupuesto del presidente Donald Trump aprobada a inicios de julio incluye una tarifa de visa de integridad para los turistas extranjeros en Estados Unidos que ascenderá a $250 ajustable por la inflación.

Esta “Tarifa de Integridad de Visa” será exigida por la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos “además de cualquier otra tarifa autorizada por ley” “a cualquier extranjero al que se le haya emitido una visa de no inmigrante al momento de dicha emisión”.

La ley establece una tarifa de $250 o “el monto que el secretario de Seguridad Nacional establezca mediante reglamento”.

Aunque la ley establece que estas tarifas “no se eximirán y reducirán”, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. “podrá reembolsar a un extranjero la tasa de $250 “tras el vencimiento de su periodo de validez” si el extranjero cumplió sus condiciones como no aceptar “empleo no autorizado” y si “no ha solicitado la extensión de su periodo de admisión” y ha salido de EE.UU. a más tardar cinco días después del último día; o se le extendió su estatus de no inmigrante o un ajuste al estatus de residente permanente.

La ley fue aprobada el 1 de julio por el Senado de Estados Unidos y firmada por el presidente estadounidense el 4 de julio.

El decreto fiscal y presupuestario del gobierno estadounidense incluye más de 20 tarifas de inmigración, como la tarifa de formulario I-94, de $24, y la tarifa relacionada con la renovación y prórroga de la Autorización de Empleo para personas en libertad condicional, de $275, o de renovación o prórroga de la Autorización de Empleo para solicitantes de asilo, también de $275, y para Estatus de Protección Temporal, por $500.

Las tarifas mencionadas se establecen “para el año fiscal 2025” en curso, que inició el 1 de octubre de 2024 y terminará el 30 de septiembre de 2025 y ajustables desde el año fiscal 2026, que inicia en octubre próximo.

Actualmente la tarifa para realizar el trámite de visa de no inmigrante no reembolsable asciende a $185. Esta tarifa se aplica para visas de turismo, negocios, tratamiento médico, tránsito, estudiante, medios de comunicación, intercambio, formación profesional, víctimas o testigos. La tarifa para el trámite de visa basadas en petición es $205 y aplica a trabajadores temporales, transferencias intraempresariales, personas con habilidades extraordinarias, entre otros.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador no ha anunciado algún cambio.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes cuatro dictámenes favorables, incluido el dictamen 109, para la ratificación del contrato de préstamo por $75 millones suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) “Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador” y que podrá ser usado para pago de obligaciones estatales o manejo de caja fiscal.

Los dictámenes serán aprobados posiblemente en la sesión plenaria, programada para este miércoles 16 de julio.

El crédito, cuya suscripción fue autorizada por la Asamblea Legislativa el 19 de junio de 2025, tendrá un plazo de 18 años, con dos años de gracia y, según la explicación de Hacienda, es un «reconocimiento» del CAF a esfuerzos del Ministerio de Salud, que de acuerdo al artículo 2 del decreto de autorización puede ser utilizado para pago de deudas del Estado.

En la sesión de este lunes, el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, explicó a los diputados que el objetivo del programa del crédito del CAF es “contribuir a la consolidación del proceso de transformación integral del sector salud”, “fortalecimiento de infraestructura hospitalaria, atención primaria, integración de tecnología de vanguardia y el fortalecimiento del capital humano en salud”.

El préstamo incluiría, en palabras del funcionario, “la ampliación de hospitales y unidades de salud especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad”, salud digital y capacidad de respuesta de emergencias.

Sin embargo, el funcionario inmediatamente agregó que esos “objetivos ya el Ministerio de Salud en estos años está trabajando, ha desarrollado diferentes iniciativas, diferentes acciones con recursos de préstamos externos” o “del fondo general”, por lo que la CAF con este préstamo “lo que hace es reconocer esos esfuerzos y acciones” con este nuevo crédito con la modalidad SWAT o “Crédito de Enfoque Sectorial Amplio).

El préstamo puede ser utilizado en “obligaciones generales del Estado, diversas transferencias y apoyo a caja fiscal” según su decreto de autorización, así como otro crédito similar del CAF por $75 millones ya ratificado y que también puede ser utilizado en manejo caja fiscal.

Los legisladores también votaron por tres reformas presupuestarias:

1. Dictamen 106: Incorporación de $9 millones para la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República para la contratación de una consultoría con el fin de «la elaboración del diseño del Centro de Datos del Estado» que se realizará en un edificio del Estado que tengan un área de 3,500 metros cuadrados.

2. Dictamen 107: de recursos propios incorporaron $549,419 al Instituto Salvadoreño del Bienestar Magisterial (ISBM) para construir y equipar la clínica de de diálisis y prediálisis en San Miguel.

3. Dictamen 108: Incorporación de $500,000 de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Ministerio de Salud.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), una de las cuatro empresas públicas del Estado salvadoreño, cerró el año 2024 con un patrimonio de $301.4 millones, $17 millones menos respecto al año 2023 cuando era de $318.4 millones pero más que los $282.8 millones con los cuales cerró el año 2022.

Sus activos cerraron en $900.5 millones y sus deudas o pasivos totales, $615.3 millones, lo que hace que se concluya una diferencia o patrimonio a su favor de $301.4 millones.

Sus balances, publicados en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda, muestran también que los ingresos por ventas han aumentado en la ANDA, pero que los gastos han superado sus ingresos al menos durante los últimos cinco años.

Por ello, los «resultados» de los últimos cinco años han sido negativos: en 2023 fue -48.9 millones y en 2024 -16.2 millones.

En 2024, la ANDA tuvo $256.5 millones de ingresos pero $272.7 millones en gastos, una diferencia de $16.2 millones. Esta diferencia en donde los gastos dejan atrás a los ingresos ha sido más grande en tres años anteriores: $65.9 millones en 2020, $61.2 millones en 2021 y una diferencia de $21.2 millones en 2022, siempre los gastos mayores a los ingresos.

El mayor gasto de la administradora estatal de agua se concentra en personal, gastos financieros y costos de venta. Sus ingresos, en su mayoría, provienen de sus ventas, que durante los últimos años van en aumento: desde $120.4 millones en 2020, $133.6 millones en 2021, $147.6 millones en 2022, $149.5 millones en 2023 y $158.6 millones en 2024.

El Ministerio de Hacienda publica en su Portal de Transparencia Fiscal los balances financieros y estados de resultados de las empresas públicas.

La publicación de la información está comprendida dentro del ángulo de transparencia del acuerdo del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el 27 de junio pasado aseguró que en la primera revisión del Servicio Ampliado para el gobierno salvadoreño «se promulgó una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal; (ii) se publicó un decreto presidencial que limita las excepciones a la Ley de Contratación Pública; (iii) se publicó información financiera sobre las empresas estatales más grandes; y (iv) se facilitó el acceso a la información sobre contratos públicos». El FMI también reconoció que se «siguen tomando medidas para mitigar los riesgos asociados al Bitcoin y deshacer la participación del sector público en Chivo».

El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa que incorpore en el presupuesto estatal $9 millones de un préstamo de $60 millones para la contratación de una consultoría en la elaboración del diseño y la adecuación del edificio en donde funcionaría un centro de datos.

Con el préstamo, se busca que se cumplan «estándares internacionales de certificación TIER III».

Se trata del contrato de préstamo 5937/OC-ES para financiar el «Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador», aprobado el 25 de marzo de 2025.

Los fondos serán recibidos en el presupuesto de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, según el proyecto de decreto, concretamente, $8,500,000 para bienes y servicios, y $500,000 para inversiones en activos fijos.

El proyecto de reforma presupuestaria no incluye más detalles. Los fondos solicitados terminarían de ejecutarse en diciembre de 2025.

Los fondos del préstamo buscan adecuar y equipar un edificio que ocupará un Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

Según el BID, este proyecto beneficiaría a 57 instituciones públicas, 1,140 trabajadores de tecnologías de información y 10,000 funcionarios públicos, y permitiría que todas las instituciones del Estado accedan a la «nube del Estado», aumente la disponibilidad de servicios en línea y mejore la gobernanza.

La iniciativa fue recibida el 9 de julio y será estudiada en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa este lunes.