Autor: Yolanda Magaña

El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Alejandro Quinteros, aseguró en la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa que tres reformas solicitadas por el gobierno buscan evitar que las estructuras criminales se «reorganicen» o «sigan operando desde los centros penitenciarios» de El Salvador.

Los diputados analizan tres reformas solicitadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: a la Ley Penal Juvenil, para que los menores de edad procesados por crimen organizado sean trasladados a centros penitenciarios comunes con separación de pabellones de separación; a la Ley contra el crimen organizado, para que los tribunales y cámaras especializadas asuman la vigilancia penitenciaria en esta materia; y a la Ley penitenciaria, para el mismo fin.

El magistrado Quinteros respaldó que los menores procesados por crimen organizado estén separados de los menores con «menor grado de peligrosidad». No explicó si actualmente están combinados.

Detalló que actualmente hay 44 jueces distribuidos en 11 tribunales en todo El Salvador y dos cámaras especializadas, además de 17 jueces de vigilancia penitenciaria en todo el país.

«Se busca evitar el uso de beneficios penitenciarios que pueden generar impunidad o facilitar la reorganización de estructuras criminales dentro del sistema penitenciario».
Alejandro Quinteros, magistrado de CSJ.

Quinteros aseguró que la reforma busca «mayor seguridad jurídica» «en principio» para evitar que estas «estructuras sigan operando desde los centros penitenciarios».

Cumplimiento gradual y con refuerzo

Sin embargo, el magistrado propuso que la implementación de la vigilancia penitenciaria del cumplimiento de las penas de crimen organizado sea gradual, evitando un colapso de la carga judicial en los 44 jueces de crimen organizado. Así, propone un juez de apoyo con su equipo en cada tribunal.

También, propuso «que los actuales jueces de ejecución de medidas al menor sigan controlando las medidas y penas ya impuestas a menores de edad», ya que la propuesta no hace referencia a qué pasará con los menores señalados de crimen organizado.

Además, pide que se refuerce presupuestariamente a la CSJ en un artículo 4 de la reforma a la Ley contra el crimen organizado: «La Corte Suprema de Justicia dispondrá de los refuerzos presupuestarios, cuya necesidad se derive de las medidas institucionales adecuadas para racionalizar la sobrecarga de trabajo que originará la implementación de esta reforma legal».

El Salvador disminuyó cuatro posiciones en el ranking mundial del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 publicada hoy por Transparencia Internacional, de la posición 126 a la posición 130, en una lista de 180 países encabezada por Dinamarca y con los últimos lugares para Nicaragua, Corea del Norte y Sudán.

En una escala en donde el puntaje 0 es mucha corrupción y 100 es muy baja corrupción, El Salvador logró un puntaje de 30. En el listado mundial de 180 países está en la posición 130, a 50 peldaños del último; y en el listado de América está en la posición 24, a ocho del último peldaño que lo ocupa Venezuela.

El Salvador está 12 puntos abajo del promedio de América (42), sobre México (26), Guatemala (25), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10).

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), capítulo de El Salvador de Transparencia Internacional, explicó que durante el último año «se ha mantenido la cooptación sobre las principales instancias de control interno», mencionando la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República (CCR), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), «algunas de estas reducidas a su mínima expresión».

Así mismo, advierte que en El Salvador hay «reserva de información y la falta de respuesta de los entes obligados, con la complicidad» del IAIP; leyes dispersas que permiten la discrecionalidad en las compras estatales y falta de participación ciudadana en la contraloría de las compras y las contrataciones en el Estado.

El comunicado del informe de El Salvador menciona préstamos del estatal Banco Hipotecario a diputados y funcionarios de Nuevas Ideas por un total de $4.9 millones y la contratación de familiares, modelos, edecanes y camarógrafos como asesores en la Asamblea Legislativa.

El promedio del Índice de Percepción de Corrupción para los países con democracia plena resultó en 73, los países con democracias defectuosas lograron 47 puntos en promedio y para los 95 países no democráticos el puntaje promedio fue 33.

¿Cuál es la metodología del Índice de Percepción de Corrupción? Según Transparencia Internacional, varias fuentes diferentes proporcionan percepciones entre empresarios y expertos nacionales sobre el nivel de corrupción en el sector público, usando 13 fuentes de datos de 12 instituciones diferentes que capturan las percepciones de corrupción en los últimos dos años.

Transparencia internacional recibe financiación de agencias gubernamentales, instituciones multilaterales, fundaciones, sector privado e individuos. En 2023, en su informe sobre donantes, se encuentra el Departamento de Estado de Estados Unidos, gobiernos de Corea, Lituania, la Agencia Española de Cooperación Internacional, Open Society Foundation, entre otros.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, luego de ganar su segundo mandato presidencial continuo, es crítico de las organizaciones nacionales e internacionales que emiten informes como el de Transparencia Internacional. Recientemente aseguró que sin la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (USAID) «no hay oposición» en El Salvador.

En su primera conversación con el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, Bukele dijo que habían hablado «de los efectos a veces dañinos de ayuda estadounidense» y de las «ONG respaldadas por Soros», en referencia al filántropo millonario George Soros, fundador de Open Society Foundations, una red activa en más de 120 países para financiar proyectos de transparencia gubernamental, derechos humanos, políticas climáticas y defensa a comunidades LGBTIQ+.

Mientras, el gobierno de Trump suspendió por 90 días la ayuda que canaliza Estados Unidos a través del Departamento de Estado y USAID mientras deciden si la cancelan definitivamente la que consideren que no responde a los intereses de Estados Unidos.

Los proyectos de reconstrucción o remodelación de centros escolares podrán adjudicarse de manera urgente a contratistas ya conocidos por el Ministerio de Educación y esta cartera de estad podrá modificar las órdenes de compra o los contratos por imprevistos, fuerza mayor o de interés público.

Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa incluyeron la infraestructura escolar en el decreto transitorio que permite contratar obras de manera urgente relacionadas al turismo, como calles, puentes, obras de mitigación, escenarios deportivos y culturales.

El decreto, que vence el 31 de marzo de 2025, fue prorrogado un año más, además de incluir las obras en las escuelas en esta forma de contratación.

Así, el reformado decreto transitorio permitirá así adjudicar obras a contratistas que “hayan mostrado capacidad, compromiso y celeridad”, contrataciones que se denominan “adjudicaciones por conexión”.

También, permitirá que la institución pública encargada modifique las resoluciones por “imprevistos, fuerza mayor o interés público” y exime de toda responsabilidad a la administración pública.

“Hemos podido observar que tenemos la necesidad de agilizar las intervenciones en la infraestructura educativa”. Edgar Eliseo Alvarenga, viceministro de Educación a Comisión de Hacienda.

El funcionario justificó que actualmente los procesos de licitación, «por las características de la logística», la «ubicación», el «acceso» a los materiales y la búsqueda de mano de obra “están generando algunas limitaciones para poder tener más ofertas”.

“Hay una frase que todos conocemos y es ‘por los hechos los conoceréis’, ahí podemos identificar todo el tema de infraestructura pública y nosotros, como Educación y teniendo como finalidad los niños, nosotros pedimos la incorporación de infraestructura educativa, con la finalidad de agilizar los procesos de contratación”, solicitó a los legisladores.

El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, preguntó cuántos serán los proyectos en las escualas que van a desarrollar en los próximos meses o en el año.

El viceministro de Educación respondió que la prioridad son los «municipios de pobreza multidimensional» y reiteró que las obras de construcción sean en esas zonas «es una limitante para posibles oferentes» por la elevación de «los costos para movilizar recursos y hacer mediciones».

El programa «Mi primera escuela», que prometía la reconstrucción de las escuelas de El Salvador con una inversión de $140 millones en el año 2024, tuvo apenas una ejecución de $2.7 millones hasta noviembre.

La inversión de $2,709,386.12 es apenas un 5.2 % de lo programado en el año según el informe «Programa anual de inversión pública» del Ministerio de Hacienda.

Los diputados incorporarán $84.6 millones de uno de los préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el presupuesto 2025 para empezar los estudios y el diseño relacionados a la construcción de un cable submarino «de alta capacidad» en El Salvador.

La instalación del cable submarino que se instalaría entre El Salvador y Panamá buscaría garantizar la conectividad del país con la red global de telecomunicaciones.

Los fondos serán incorporados al presupuesto del Ministerio de Economía, en la unidad presupuestaria de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

El dictamen fue aprobado el lunes y sería posiblemente aprobado por la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria del miércoles.

Según el Ministerio de Hacienda, un total de $81.2 millones serán utilizados para actividades relacionados a la contratación del diseño, construcción, despliegue y operación del sistema de cable submarino. Los restantes $3.4 millones servirán para la contratación de profesionales que conformarán la «Unidad Gestora del Programa».

La subdirectora de inversión y crédito público, Delia Reyes, detalló que con estos fondos se harán las siguientes acciones:

1. Estudio marítimo de viabilidad y diseño.
2. Identificación de puntos de aterrizaje en la costa salvadoreña y panameña.
3. Estudio de topologías para el recorrido.
4. Estudios oceanográficos de fauna marina y fallas sísmicas.
5. Desarrollo del Plan del Manejo Ambiental y Social del proyecto.
6. Supervisión de la obra.

La mayor parte de los fondos, $80.9 millones, se destinarán a inversiones en activos fijos; $2.5 millones se destinarán a adquisiciones de bienes y servicios; y $1.2 millones en gastos financieros.

El Ministerio de Hacienda informó a la Comisión de Hacienda y General de Presupuesto de la Asamblea Legislativa que los créditos que financiará el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) con los fondos de dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiarán proyectos que buscan disminuir los efectos del cambio climático pero también proyectos que buscan la transformación digital.

Los beneficiarios de los créditos podrán ser microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas (mipymes) que estén solventes y sean sujetas de crédito. Los fondos están siendo gestionados por Bandesal: un crédito por $60 millones para ahorro energético y otro por $130 millones para transformación digital.

Concretamente, los créditos que podrá financiar en la búsqueda de disminuir los gases de efecto invernadero son: calderas de alta eficiencia, iluminación de alta eficiencia, motores y bombas eléctricas de alta eficiencia, hornos de alta eficiencia, sistemas solares térmicos, sistema de biogás y generación solar fotovoltaica.

Los créditos que podrá financiar para la transformación digital: compra de equipo, maquinaria y programas informáticos, contratación de garantías extendidas, actualizaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias, capacitación en transformación tecnológica digital, certificaciones y capital de trabajo asociados a la transformación tecnológica, y para la construcción o remodelaciones de centros de datos.

La Comisión aprobó el lunes los dictámenes 62 y 63 que autorizan a Hacienda a respaldar con «garantías soberanas del Estado» los dos créditos a Bandesal, que serán otorgados a un interés variable con un periodo de gracia de 7 años y un plazo de 23 años y medio.

Los créditos serán otorgados por las instituciones financieras intermediarias o bancos. En la comisión, no se informó sobre la tasa de interés a la que serán otorgados los préstamos.

La tasa cobrada a lEstado será la tasa SOFR, que actualmente está al 6 % anual, más un margen «aplicable a préstamos de capital ordinario».

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa exoneró del pago de impuestos, incluyendo IVA y derechos arancelarios a la importación (DAI) «una donación de medicamentos para leucemia» y la compra de otro medicamento para el» tratamiento contra el cáncer de pulmón» no microcítico con mutación positiva de EGFR.

Según el proyecto enviado por el ministro de Salud, Francisco Alabí, el Ministerio de Salud compró 475 cajas de «Osimertinib Tagrisso 80m (30 comprimidos) a AstraZeneca», en «sustitución parcial» de un «contrato de compraventa por anticipado para el «suministro de AZD2222», nombre que le dio a la vacuna contra el «covid-19» desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.

Este contrato de compraventa sustituido parcialmente fue firmado entre la FundaGeo y el Ministerio de Salud. La adquisición del nuevo medicamento para cáncer de pulmón está amparado en la factura 6400025032 del 28 de agosto de 2024 y el convenio de cooperación entre Minsal y LaGeo del 22 de abril de 2022.

La Comisión también aprobó una exoneración a una donación de otro medicamento para la leucemia que realizará la «Fundación MaxAid», una organización con sede en Seattle, Estados Unidos, que tiene un programa global sobre el cáncer.

La donación busca beneficiar a «pacientes del Hospital Nacional Rosales que padecen leucemia mieloide crónica o tumores de estroma gastrointestinales «(GIST).

Son «900 cajas de Glivec FCT 400 mg. y 500 cajas de Glivec FCT 100 mg». Los diputados aprobaron ambas exoneraciones por unanimidad.

Aunque en la presentación de la Dirección General de Aduanas se presentaron ambas como donaciones, el diputado Christian Guevara aclaró que una era donación y el otro expediente es una exoneración a la adquisición que está haciendo el Ministerio de Salud.

Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobaron este lunes los dictámenes 62 y 63 para autorizar al Ministerio de Hacienda a otorgar las «garantías soberanas del Estado» en dos créditos que suman $190 millones y que están siendo gestionados por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El primer préstamo por $60 millones servirá para dar préstamos a las micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) que quieran invertir en ahorro de energía y reducción de gases de efecto invernadero.

El segundo préstamo por $130 millones serviría para dar créditos a las mipymes para que inviertan en centros de datos o compra de equipo o programas informáticos. Es el «Programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de mipyme en El Salvador».

Los créditos a las mipymes serán otorgados mediante las instituciones financieras intermediarias (IFI) o bancos a condiciones aún no detalladas.

Según Delia Reyes, subdirectora de Inversión y Crédito Público, el artículo 148 de la Constitución permite al Poder Ejecutivo otorgar una garantía previa autorización de la Asamblea Legislativa. La gestión de estos préstamos, según la funcionaria, inició en el segundo semestre de 2023.

Ambos préstamos deben ser cancelados al BID en un plazo mayor a los 23 años. Para otorgar los créditos a las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, conocidas como «mipymes», que serán beneficiadas, se exigirá «ser un cliente solvente sujeto de crédito».

Las condiciones de dos créditos por $130 millones que dará el BID a Bandesal para préstamos a las mipymes

1. Préstamo de $60 millones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de las mipymes
Condiciones:
Plazo del préstamo: 23.6 años.
Periodo de gracia: 7 años.
Tasa de interés: variable base SOFR más margen aplicable a préstamos de capital ordinario.
Comisión del crédito: hasta 0.75 % por año.

¿Para qué destinos darán los créditos a las mipymes en el programa de reducción de gases de efecto invernadero?
1. Calderas de alta eficiencia
2. Iluminación de alta eficiencia
3. Motores y bombas eléctricas de alta eficiencia
4. Hornos de alta eficiencia
5. Sistemas solares térmicos
6. Sistema de biogás
7. Generación solar fotovoltaica

¿Quiénes serían los beneficiarios?
Micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) de todos los sectores de la economía.

¿Cuáles serán los requisitos?
1. Ser un cliente solvente sujeto de crédito.
2. Usuarios que califiquen como mipymes.
3. Cumplir con requisitos del crédito de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI).

2. Préstamo de $130 millones del BID a Bandesal la transformación digital de las mipymes
Condiciones:
Plazo del préstamo: 23 años y seis meses.
Periodo de gracia: 7 años.
Tasa de interés: variable base SOFR más margen aplicable a préstamos de capital ordinario.
Comisión del crédito: hasta 0.75 % por año.
Pagos: semestrales.

¿Para qué destinos darán los créditos a las mipymes en el programa de transformación digital?
1. Compra de equipo, maquinaria y programas informáticos.
2. Contratación de garantías extendidas, actualizaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias.
3. Capacitación en transformación tecnológica digital, certificaciones y capital de trabajo asociados a la transformación tecnológica.
4. Construcción o remodelaciones de centros de datos.

Durante la aprobación, la diputada Dania González (Nuevas Ideas), preguntó cuáles son las instituciones financieras intermediarias (IFI) para que los propietarios de los negocios lo sepan y cuáles podrían ser las tasas de interés para los créditos que serían otorgados a las mipymes.

La subdirectora de crédito público respondió que las IFI son «todos los bancos, las facultadas para otorgar créditos a los usuarios». Explicó que las micro, medianas y pequeñas empresas están definidas por la cantidad de sus empleados a partir de 10, 50 y 100 trabajadores; y en función del volumen de sus ventas, de $175,000 anuales, $1.7 millones anuales y $7 millones anuales.

El diputado Edgardo Mulato (Nuevas Ideas) preguntó detalles sobre la tasa de interés que deberá pagar el Estado salvadoreño al préstamo al BID.

La representante de Hacienda explicó que la tasa SOFR sustituyó a la tasa LIBOR, la base para determinar el costo del financiamiento y es variable, pero que actualmente asciende al 6 % anual.

El Gobierno creará una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que estará adscrita a la Presidencia de la República y coordinará actividades relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA) en El Salvador.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, entregó a la Asamblea Legislativa el proyecto de «Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías» el pasado 6 de febrero, a las 2:48 p.m. El proyecto ingresó mediante cambio de agenda en medio de la sesión plenaria.

La ley promete que el Estado asistirá a los desarrolladores para registrar sus innovaciones de IA que sean de su propiedad intelectual.

El proyecto, que será estudiado por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, exige a las entidades o personas que realicen actividades con datos de dominio abierto o de su propiedad, que no tengan fines comerciales o uso público general, se inscriban en el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA.

Los sujetos que se encuentren en el Registro deberán cumplir una normativa técnica «según las hubiera» y tendrán ciertos beneficios como ser exentos de «responsabilidad alguna» por «consecuencias no deseadas o errores que deriven de ellas».

Otra salvaguarda para ellos es la exención de responsabilidad a desarrolladores de IA por el uso «indebido» de herramientas, si demuestran «esfuerzos razonables» de garantizar estándares de seguridad y ética.

La normativa también busca que ninguna entidad privada ponga condiciones para mejorar resultados generados por la IA, excepto «la legislación salvadoreña». Sin embargo, toda propiedad intelectual desarrollada de la IA pertenecerá a la entidad o persona desarrolladora.

Si estas actividades de la IA se relacionan con las funciones de instituciones públicas o son supervisadas por alguna autoridad administrativa también deberán cumplir normas de seguridad establecidas por la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE).

Además, la Agencia de Inteligencia Artificial diseñará el marco de «evaluación de riesgos» que deberán aplicar los sistemas con «datos confidenciales, reservados o personales»; tendrá 90 días para hacerlo.

Las víctimas o denunciantes del delito de administración fraudulenta deberán presentar una “auditoría contable que demuestre la existencia del delito a investigar” cuando presenten su denuncia, y deberán asumir el costo económico de las pericias para acreditar o desvirtuar los hechos.

Esta fue una reforma al artículo 27 del Código Procesal Penal aprobada el viernes por la Asamblea Legislativa y que regula los delitos de “instancia particular”, es decir, que se perseguirán penalmente únicamente a petición de la víctima o de su representación legal.

El decreto de reforma se incluyó junto al dictamen con un primer decreto de reforma que permitirá extender la detención provisional de los imputados sin sentencia firme.

Según la reforma, si la víctima no presenta la “auditoría contable” que “demuestre” la existencia de administración fraudulenta, “la víctima deberá demostrar la imposibilidad de su obtención” e indicará el lugar donde está la documentación necesaria para realizar esta auditoría.

Delitos patrimoniales serán perseguidos pese a conciliación

El decreto también modifica el artículo 38 del Código Procesal Penal, que extingue la acción penal en ciertos delitos menos graves cuando hay conciliación o mediación. Recientemente, se excluyó de esta extinción el delito de conducción temeraria por consumo de alcohol.

El viernes, la Asamblea Legislativa también excluyó los delitos de hurto agravado, robo, robo agravado, estafa, estafa agravada y extorsión de los delitos que pierden la acción penal si el imputado concilia.

Peritos de FGR y CCR

Además, incorporó como peritos permanentes los técnicos de la Fiscalía General de la República y los auditores nombrados por las dependencias tributarias de Hacienda o de la Corte de Cuentas de la República.

Archivo de casos

Otra reforma al artículo 293 permitirá al fiscal el archivo de las investigaciones cuando “se tenga la certeza de que no se ha afectado el bien jurídico protegido atendiendo a los resultados de la investigación efectuada”.

La reforma también obliga al imputado a responder por los daños causados, autoriza el procedimiento abreviado para los imputados que confiesen y señalen copartícipes, y permite procedimientos sumarios por conducción peligrosa pero no para delitos graves como homicidios.