Autor: Yolanda Magaña

Cuatro radios comunitarias asociadas a la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) estarían en proceso de cierre de acuerdo con un informe presentado el viernes por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

El estudio, realizado a partir de entrevistas a representantes de 19 medios comunitarios, hace un relato del cierre de Radio Sumpul, en julio de 2024 debido a la precariedad económica y técnica, y un clima de hostilidad contra la radio que denunciaron desde la implementación del régimen de excepción.

El investigador Carlos Amaya aseguró que después de finalizar el estudio «Micrófonos bajo el régimen de excepción» que fue presentado el viernes, se dio el cierre de tres radios comunitarias más. «El cierre de estas otras radios se dio después cuando ya teníamos el informe, es totalmente grave», indicó.

Explicó que Radio Sumpul cerró el año pasado por diferentes factores: el régimen de excepción y el factor económico. «Porque no tienen recursos para operar y tienen que operar como un voluntariado», señaló.

El estudio indica que luego del cerco militar de 2022 que también comprendió a Guarjila, Chalatenango, donde estaba ubicada la radio, decidieron autocensurar programas críticos como «Agropolítica» y «Ambiente popular». Luego de su cierre en la frecuencia 92.1, Radio Sumpul había quedado activa en Facebook, pero según el estudio el 6 de septiembre de 2025 su director anunció su renuncia.

Una de las dificultades, según representantes de las radios, es la falta de fondos.

Según el estudio, en cada radio hay un promedio de 6 y 7 colaboradores con salarios o incentivos económicos.

Sin embargo, solo cuatro radios, según el informe, contaban con algún tipo de cooperación internacional en noviembre de 2025 y el resto «opera en condiciones de alta precariedad».

Además, 16 de las radios comunitarias consultadas en la investigación se declararon perjudicadas por el recorte de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

El estudio detalla que Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) se registró como «entidad receptora de cooperación internacional» ya que el 70 % de su presupuesto proviene de fondos internacional, pero consideran que la posible aplicación del impuesto del 30 % «amenaza con paralizar las operaciones de varias emisoras».

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) adjudicó la adquisición de camiones con furgón mediante un proceso de licitación competitiva.

La adjudicación por un monto certificado de $590,400 se dio el 13 de enero de 2026, luego de que se publicara el 2 de septiembre y se abriera el proceso el 31 de octubre de 2025.

La fecha de adjudicación, según el sitio de compras públicas Comprasal, fue el 5 de febrero de 2026. La empresa que proveerá las unidades de transporte sería Goldwill, S.A. de C.V. y el beneficiario final, según Comprasal, es Bo Yang, salvadoreño. El código del proceso es 4200-2025-P0113.

En el sitio de Comprasal, aparecen tres montos adjudicados: $220,576, $64,240.50 y $234,468.

De acuerdo al aviso de licitación pública internacional, publicado el 2 de septiembre, en el sitio del MAG, la adquisición de camiones con furgón es financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En junio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó de manera unánime la donación de $725,000 del BCIE para apoyar la cadena de suministros de productos agropecuarios hacia los agromercados.

Este financiamiento se aprobó con el fin de abatecer de productos agropecuarios desde las fincas o parcelas de los pequeños y medianos productores agropecuarios hacia la Central de Abastos y Agromercados administrada por el MAG.

Según el proyecto aprobado, el MAG tenía programada la compra de 12 tráileres de carga con capacidad de 10 quintales, ocho camiones de 3.5 toneladas de capacidad, cuatro de 10.5 toneladas, dos camiones de 2.5 toneladas y dos pick ups.

Bajo la presidencia de la magistrada Roxana Soriano, expresidenta de la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó en un año un total de 870 acuerdos y ha emitido un total de 55 actas de sus sesiones ordinarias y extraordinarias.

Sin dar detalles de su contenido, la memoria de labores de la institución electoral dice que los acuerdos fueron notificados oportunamente.

Actualmente, las actas del TSE en donde se tomaron las casi 900 decisiones, no han sido publicadas, como ordena la Ley de Acceso a la Información Pública; la más reciente data del año 2017.

«En el período comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, se elaboraron cincuenta y cinco (55) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Organismo Colegiado. Estas actas incluyen ochocientos setenta (870) acuerdos que fueron notificados de forma oportuna a las distintas áreas institucionales para asegurar su ejecución», indica la memoria de labores.

Para el TSE, la capacidad de respuesta mostrada a través de esa cantidad de acuerdos «es un avance significativo en la coordinación interna» y «un logro clave para garantizar el funcionamiento administrativo y la preparación eficiente del proceso electoral 2027».

La desactualización de las actas del TSE no es nueva; el acta más reciente publicada en el Portal de Transparencia del TSE data de 2017.

Ante una solicitud de información, la Secretaría General del TSE ha informado anteriormente que las actas y acuerdos del nuevo organismo colegiado “se encuentran en proceso de elaboración” en la versión pública para “su publicación de conformidad” a la Ley de Acceso a la Información Pública.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que el Tribunal debe publicar proyectos de agenda, actas, resoluciones, calendario electoral, listados de candidatos, resultados de escrutinios y la conformación organismos electorales temporales.

Nueve radios comunitarias que integran la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (Arpas) se han inscrito en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que regula la nueva Ley de Agentes Extranjeros en el país, según un estudio de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

La cantidad equivale al 53 % de las radios comunitarias asociadas a Arpas. El resto no se ha inscrito, ya sea porque operan bajo una organización no gubernamental que se ha inscrito como tal o porque no reciben fondos extranjeros, explicó el investigador Carlos Amaya.

De las nueve radios comunitarias inscritas en el RAEX, una cantidad no detallada no están exoneradas del 30 % del impuesto a las transferencias hacia los agentes extranjeros. El RAEX puede autorizar la exención dependiendo de la naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, el destinatario, el proyecto a ejecutar y el cumplimiento de la ley. Asimismo, tiene la facultad de revocar dichas exclusiones.

Para la mayoría de radios comunitarias, la LAEX les afectará su sostenibilidad y su labor.

El 88 % de los representantes de las radios comunitarias dijo que ley afectará su labor y limitará la sostenibilidad del medio de comunicación, frente al 6 % que indica que no les afectará. El resto no respondió.

Un poco más de una tercera parte (36 %) cree que la nueva normativa obstaculizará el acceso a los fondos a la cooperación internacional. Así mismo, la LAEX es vista por el 29 % de radios comunitarias como un instrumento que «podría utilizarse para criminalizar a los medios comunitarios» y por el 21 % como posible instrumento de temor y autocensura. Según el 14 %, podría aumentar la carga burocrática.

En los últimos tres meses de 2025, según Gobernación, un total de 29 organizaciones solicitaron su inscripción como agentes extranjeros y 38 organizaciones pidieron ser consideradas “sujetos excluidos” del impuesto.

El periodista y excandidato a diputado Erving Ortiz anunció este miércoles la creación del movimiento Sociedad Organizada por la Libertad (SOL) que busca participar en las próximas elecciones del 28 de febrero de 2027, con una alianza con el partido político Frente Patriótico Salvadoreño (FPS) para buscar aspirantes y proponérselos.

“Estamos más conectados con El Salvador que del propio lugar donde residimos, porque nos preocupa el país, El Salvador ha caído en manos en personas que están haciendo de El Salvador su finca particular”, aseguró en el Encuentro TV El Salvador.

Explicó, en la entrevista, que buscan reclutar a personas idóneas, incluso dentro de Estados Unidos, para participar en las elecciones como candidatos y así “ser garantes a través de un consejo evaluador quiénes están aptos y a qué partidos políticos los pueden proponer”. Según Ortiz, están creando un sitio web en donde se aceptarán currículums.

Erving Ortiz fue candidato a diputado por San Salvador del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana).

Señaló que buscarán personas “que tengan la capacidad de debatir” sin pasado político manchado y que, si no tiene la capacidad de debatir, “pero tiene gente detrás, bienvenido sea”.

Detalló que el partido FPS se les acercó y que formalizarán un encuentro para ofrecer los candidatos que ellos evaluarían.

El partido FPS fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2022 formalmente como partido político, luego de haber sido cancelado en 2018 por insuficientes votos. El partido FPS era dirigido por José Óscar Morales Lemus.

En 2018, uno de los candidatos del FPS era José Luis Safie, quien fue diputado suplente de Nuevas Ideas de la diputada Evelyn Merlos, del departamento de Santa Ana, en el periodo 2021-2024.

El 28 de febrero de 2027, El Salvador celebrará elecciones del presidente y vicepresidente, además de 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales. Las presidenciales se adelantaron debido a una reforma constitucional que adelantó las elecciones para equiparar las presidenciales, cada seis años, con las legislativas municipales y legislativas, que serían cada tres años.

Casi la totalidad de periodistas comunitarios salvadoreños entrevistados en una investigación de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) dijeron que sienten temor de ejercer su labor debido a la vigilancia militar, el acoso policial y la persecución judicial relacionada al régimen de excepción.

El estudio, que se realizó a través de entrevistas a representantes de las 17 radios comunitarias afiliadas a Arpas, así como a un conjunto de sus periodistas, registró 57 agresiones contra periodistas comunitarios en 2025, un aumento de 342 % respecto a las agresiones reportadas en 2022 y 2023, y cerca de las 53 denunciadas en 2024.

En el estudio se menciona que hubo 17 casos de acoso, 15 de intimidación, 7 de agresión física, 4 de vigilancia, 3 de acoso digital, 2 de declaraciones estigmatizantes y 2 amenazas legales; los agresores mencionados fueron: policías en 10 casos, militares en 18 casos, agentes metropolitanos en 9 casos, funcionarios o instituciones públicas en 8 casos y ciudadanos en 5 casos de agresiones.

Un 94 % de los periodistas entrevistados dijo que sienten temor y un 6 % dijo que no. Una proporción idéntica dice ser afectado por el régimen de excepción y dice conocer periodistas comunitarios que tuvieron que exiliarse.

Según el estudio casi la tercera parte de las radios comunitarias han recurrido a la autocensura como mecanismo d protección y el 40 % ha reducido su cobertura de temas sensibles.

“Existe un miedo generalizado por parte de las y los colegas periodistas, que manifiestan que han sentido temor de ejercer el periodismo comunitario en el actual contexto autoritario”, dijo el investigador del informe, Carlos Amaya.

La misma investigación detalla que un 76 % de los periodistas entrevistados declaró sentir temor de “abordar temas de derechos humanos o relacionados con el régimen autoritario” frente a un 24 % que dijo tener “poco temor”.

La mitad de una muestra de periodistas mujeres de radios comunitarias dijo haber enfrentado “intimidación o amenazas en los últimos 12 meses” y todas redujeron o evitaron coberturas a raíz de esa intimidación; y siete de cada diez revelaron inseguridad de cubrir temas de seguridad, militarización, régimen de excepción, abuso de poder, corrupción o gobierno. “Constituye un efecto silenciador y una victoria tácita del Estado en la producción del silencio”, señala el estudio de la APES.

Las radios entrevistadas fueron: Radio Izcanal (Nueva Granada, Usulután), Radio Mangle (Jiquilisco, Usulután), Radio Fonseca (La Unión), Radio Segundo Montes (Meanguera, Morazán), Radio Tehuacán (Tecoluca, San Vicente), Radio Victoria (Victoria, Cabañas), Radio Suchitlán (Suchitoto, Cuscatlán), Radio Juventud (Nejapa, San Salvador), Radio Guazapa (Guazapa, San Salvador), Radio La Klave (San Salvador), Radio Bálsamo (Zaragoza, La Libertad), Radio Juvi (Ahuachapán), Radio Tazumal (Santa Ana), Radio Fe y Alegría (Coatepeque, Santa Ana), Radio Sumpul (Guarjila, Chalatenango), Radio Sensunat (Sonsonate) y Radio Maguey antes Guija, (Metapán, Santa Ana).

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, instó a avanzar hacia una “gobernanza latinoamericana del trabajo digital” que tenga estándares regionales que garanticen la protección de los derechos laborales ante la evolución tecnológica mundial.

Ulloa participó en el XI Congreso Internacional sobre “Derechos habitantes y nuevas fronteras jurídicas del derecho del trabajo ante la Inteligencia Artificial”, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, República Dominicana, según el comunicado de prensa de Vicepresidencia.

“La justicia laboral continúa siendo el último resguardo de la dignidad humana frente a los abusos dentro del entorno económico, corporativo o tecnológico”, es citado Ulloa.

Ulloa reflexionó sobre “la evolución tecnológica de la humanidad desde las revoluciones industriales hasta la actual revolución algorítmica, señalando que, a diferencia de procesos anteriores, hoy los algoritmos comienzan a sustituir funciones cognitivas propias del ser humano” y que este es un desafío para el derecho laboral contemporáneo.

Durante el XI Congreso Internacional, Ulloa recibió una medalla de reconocimiento, según el comunicado, “por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del derecho laboral y la institucionalidad democrática en la región”. En el Congreso participaron el rector de la Universidad, Alberto Ramírez, la presidenta de la Asociación de Abogados Laboristas de La Romana, Cleopatra González, y el ministro de Trabajo dominicano, Eddy Olivares.

La Comisión Electoral Nacional (CEN) del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena) exhortó este viernes a su militancia a respetar el calendario electoral y a no realizar “autoproclamaciones”, en la carrera electoral hacia los comicios presidenciales, municipales y legislativos que se celebrarán el 28 de febrero de 2027.

“Nuestra fuerza no reside en las individualidades adelantadas”, indicó la CEN, en un comunicado publicado este viernes.

Según la CEN del partido de derecha, han “observado con preocupación el surgimiento de autoproclamaciones prematuras y rumores sobre supuestos ofrecimientos de candidaturas” y aseguran que estos “ofrecimientos” no existen en la normativa del partido y “envían un mensaje contradictorio de desorden a la ciudadanía y afectan la unidad” del instituto político.

La CEN de Arena advirtió que las acciones que buscan “saltarse los canales oficiales” podrían “conllevar sanciones éticas por parte de los organismos disciplinarios” y que estas serán tomadas en cuenta cuando evalúen la idoneidad de los aspirantes. Indicó que el respeto a las reglas será “un requisito no negociable”.

En las elecciones presidenciales de 2024 Arena tuvo 177,881 votos, lo que implicó una pérdida de 679,203 votos, 79.25 % menos, respecto a 2019, año en que tuvo 857,084 votos en coalición con PCN y PDC, ahora aliados de Nuevas Ideas. Desde 2004, el partido Arena ha perdido 1,136,555 votos (1.1 millón), una caída del 86.47 %.

En la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Arena aparece con el 1.5 % de las preferencias cerca del FMLN, que tuvo el 1.7 %, y Vamos, con el 0.2 %. En esta misma encuesta, Nuevas Ideas es el favorito del 34.9 % de los salvadoreños y el 57.6 % no tiene partido político favorito.