Autor: Yolanda Magaña

El director de la Asociación Agenda Migrante de El Salvador, César Ríos, descartó este lunes que el fin del TPS no es sinónimo de deportación masiva ya que la ley otorga un plazo de seis o 180 días meses para que la familia se prepare para una salida del territorio estadounidense.

“El fin del TPS no es sinónimo de deportación masiva; uno, porque si dicen hasta aquí el TPS y dicen no hay nada, ninguna resolución, dan seis meses para que la familia se prepare y para que agilice los trámites administrativos migratorios”, afirmó en la entrevista “Punto de vista” de YSKL.

El experto señaló que “no hay capacidad logística para hacer esa deportación masiva” ya que en un año tendrían que estar enviando a mil personas por día a El Salvador.

Según Ríos, mucha población salvadoreña con TPS “está siendo solicitado por los hijos mayores de 21 años” ya que tienen 26 años de estar en Estados Unidos; un segundo grupo lo conforman personas que están casadas con ciudadanos estadounidenses; un tercer grupo son empresarios; y un cuarto sector, dijo, son salvadoreños con orden de deportación por infracciones de ley o penales.

El especialista en temas migración advirtió de esperanzas de una alternativa por la “buena relación de país a país y de presidente a presidente”, Nayib Bukele y Donald Trump, quienes se reunieron el 16 de julio durante no más de 20 minutos sin divulgar el contenido del encuentro.

Según Rios, la decisión del TPS es política y ya no humanitaria, un enfoque que podría ser la razón por la cual el TPS de El Salvador aún está vigente.

“Podría ser que así como antes el TPS se alargaba más, podría ser el contrario, que den un permiso de trabajo que se alargue más del tiempo del TPS, si en un dado caso cancelan el TPS el 9 de septiembre… porque muchos de los compatriotas están a la espera de resoluciones que han gestionado administrativamente, como por ejemplo han sido solicitados por sus hijos, por sus esposas ciudadanas, porque el patrono los está solicitando; y esto te rompe el matrimonio con TPS y te quedas con un trámite administrativo migratorio”, planteó.

Ríos también aclaró que la más reciente alerta de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) prolongó la vigencia de los permisos de trabajo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha programada para la terminación de la más reciente prórroga del programa.

Ello se debió, explicó, a que, “hace un par de años se distorsionó el calendario”. “El TPS tenía 18 meses pero los permisos de trabajo tenían menos tiempo porque se rompió el calendario de los permisos vigentes. Ahora se vencía el permiso y no había esa resolución oficial de renovar el permiso”, señaló.

Algunos expertos han interpretado esta alerta de la USCIS como una confirmación del fin definitivo del TPS.

“La sorpresa grande, que las autoridades migratorias el 9 de septiembre, cuando se termina el TPS y uniforman el fin”, indicó. Agregó que esa resolución fue copiado por los migrantes para mostrárselas a sus respectivos patronos.

La designación del TPS para El Salvador tiene fecha de vencimiento 9 de septiembre de 2026; la USCIS emitió una alerta en la que reiteró la fecha de vencimiento y extendió los Documentos de Autorización de Empleo (DAE) hasta esa fecha.

Bajo el programa están amparados un aproximado de 170,100 salvadoreños según datos del Centro Pew Research.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha cancelado durante la administración Trump los TPS de Honduras, Nicaragua, Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Sudán del Sur, Burma, Somalia y Etiopía, afectando a 1,044,700 personas. Están pendientes de un anuncio El Salvador, Ucrania, Líbano y Sudán, cuyos programas tienen las siguientes fechas de vencimiento: 6 de septiembre, 19 de octubre, 27 de noviembre y 19 de octubre, respectivamente. La población pendiente del anuncio asciende a 273,200 migrantes.

El Salvador está dentro de un listado de cuatro países para los que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha anunciado una cancelación definitiva del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a unos 170,000 salvadoreños residir y trabajar en Estados Unidos.

La finalización del TPS para El Salvador está programada para el 9 de septiembre y el DHS ha subrayado que el programa en general es “temporal”. La oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recordó que esa es la fecha de finalización del TPS para los salvadoreños, 9 de septiembre, y extendió todos los Documentos de Autorización de Empleo (DAE) hasta esa fecha.

El centro de investigaciones Pew Research calcula que son 273,200 migrantes de El Salvador, Líbano, Sudán y Ucrania sin un anuncio oficial de terminación del programa.

“Si bien la administración Trump se ha movido para poner fin a la designación de TPS para la mayoría de los países que la tenían, sigue vigente para unos 273,000 inmigrantes de cuatro países… Queda por ver si la administración los volverá a extender”, detalla el centro Pew Research.

En el caso de El Salvador, el secretario de DHS, Markwayne Mullin, aseveró en una carta a un congresista demócrata que haría el anuncio a través del Registro Federal.

De estos cuatro países, la administración Trump extendió el TPS para Líbano pese a que la catalogó de una extensión automática por seis meses hasta el 27 de noviembre de 2026.

En este caso, el DHS explicó que la extensión automática aplica cuando el secretario de DHS «no determina si un estado extranjero continúa cumpliendo con las condiciones» para el TPS.

“Bajo el estatuto de TPS, si el Secretario no determina si un estado extranjero continúa cumpliendo con las condiciones para la designación de TPS al menos 60 días antes de la expiración de la designación actual de TPS del país, el período de designación se extiende automáticamente por seis meses”, indica la publicación del Registro Federal sobre Líbano.

Luego, aclaró que no hubo capacidad para del DHS para evaluar las condiciones del país ante acontecimientos en el Líbano en marzo de 2026.

En el caso de Sudán y Ucrania, la finalización del TPS está programada para el 19 de octubre de 2026.

La finalización de los TPS para estos cuatro países están programados para finales de 2026.

El 14 de agosto pasado, el DHS replicó un listado emitido por su asesor jurídico, James Percival, en el cual excluye a estos cuatro países. El listado enumera 13 países con “terminación efectiva” del TPS y uno en donde escriben el nombre del juez, “Brian Murphy”, para mostrar que la cancelación está en suspenso judicial. “Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o será deportado”, escribió el DHS.

El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) presentó el domingo su fórmula presidencial, compuesta por Mayteé Iraheta y Verónicar Henríquez a sus afiliados de la zona oriental del país.

La candidata presidencial exhortó a cerrar filas y a unirse.

«Esta fórmula presidencial está al servicio de ustedes y vamos a generar impacto para lograr ese equilibrio de poderes que necesita El Salvador. Como partido estamos para cerrar filas, para unirnos, construir y proponer; juntos hacer país», expresó la candidata presidencial.

Por su parte, la candidata a vicepresidenta, Verónica Henríquez, expresó a los militantes su confianza en que «son parte» de una «generación de nacionalistas que no se rinde, la que no se vende». «Yo no vengo a pedirles que confíen en mí. Vengo a decirles que yo confio en ustedes. En su trabajo, en su compromiso, en su historia dentro de este partido», expresó.

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Arena), Carlos Saade, expresó que «este paso» que están dando «de cara al 2027 es una renovación para el país». «Y ese cambio empieza aquí en Oriente; Esa es la valentía que nos caracteriza hoy», expresó.

Según el comunicado de prensa, Arena continuará desarrollando una gira de acercamiento con estructuras comunidades del país.

El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa que reforme el presupuesto general del Estado de 2026 para incluir $54.7 millones que serían destinados para «financiar obligaciones urgentes y prioritarias del Ramo de Salud».

La propuesta de reforma no fue divulgada en el sitio web de la Asamblea Legislativa, aunque ya la recibió el pleno legislativo. Sin embargo, sí fue publicado el listado de las seis piezas de correspondencia que recibió el pleno en la sesión que sostuvo el viernes 14 de agosto.

De acuerdo con el listado, la transferencia al Ramo de Salud provendría recursos del Fondo General por $54,750,000 y tendría «el propósito de financiar obligaciones urgentes y prioritarias del Ramo de Salud».

El Ministerio de Salud tiene un presupuesto de $1,343,2 millones, de los cuales ya había ejecutado $608.2 millones.

La Red Nacional de Hospitales, entidad descentralizada y de la cual depende el Hospital Rosales, tiene programados $177 millones, de los cuales no aparece ejecución, aunque aparecen $108.7 millones comprometidos.

El exalcalde de El Congo que perteneció a Nuevas Ideas, Wilfredo Ramos, se afilió al Partido Demócrata Cristiano (PDC) luego de que lo invitara el director municipal pedecista en Santa Ana Este, Rodrigo Rivas, para buscar la candidatura de alcalde del municipio.

Ramos, conocido como «Piro», fue policía hasta el año 2018 «en los tiempos más difíciles», fue víctima de las pandillas y señala que están «encantados con el tema de la seguridad» pero cree que es necesario «valorar para que las personas detenidas bajo sospecha pero que no eran miembros de una estructura criminal es injusto que estén bajo detención». «Nunca vamos a estar defendiendo al injusto y culpando a justo, cada quien tiene que ser tratado en cuanto a la ley establece», indica.

El exalcalde asegura que aceptó ser candidato del PDC por sus valores y principios cristianos. Tiene 44 años, es licenciado en educación con especialidad en idiomas y docente universitario. En 2021 fue capturado por el delito de lesiones cuando fue acusado de agredir a un hombre en un centro de tolerancia.

Su propuesta para el municipio es comenzar por atender necesidades básicas de los habitantes como calles y agua potable antes de centrarse en proyectos en busca del crecimiento económico.

Asevera que financiará su campaña con fondos propios y de sus familiares tanto en el país como en la diáspora, y miembros de su equipo de trabajo. «Nos gusta las cosas bien hechas, somos una familia que quiere el desarrollo del municipio», dice.

Él ve «normales» los cuestionamientos de diputados de Nuevas Ideas sobre exfuncionarios que buscan ser reelectos y solicitan el finiquito a la Corte de Cuentas. «El trabajo de la Corte de Cuentas es auditar las municipalidades, fui alcalde tres años y la CCR ha auditado esos tres años, nos ha hecho observaciones, las hemos subsanado», responde.

¿Cómo fue su paso por Nuevas Ideas y cómo se pasó al PDC?

Tomé la decisión de cambiar de partido por varias razones, en primer lugar, los partidos son aparatos que sirven para que una persona pueda ostentar un cargo de elección popular. El hecho de apartarme de Nuevas Ideas es simplemente que no estoy de acuerdo con las personas que localmente están frente al partido, porque siempre puede existir diferencia de visión y no comparto algunas cosas de la directiva local en Santa Ana Este.

Reconociendo mi entrega y mi esfuerzo por trabajar por mi pueblo, fue que opté por cambiarme al Partido Demócrata Cristiano, por el tema de valores políticos, de que es un proyecto renovado y a la vez que me permite y acepte la visión de Wilfredo Ramos pueda ser desarrollada desde una administración pública local. Como es la condición para poder participar fue que decidí afiliarme al PDC y representarlo en esta elección.

¿Qué diferencia tiene con las autoridades locales de Nuevas Ideas?

Es una diferencia de visión de trabajo. Alguien que está en el tema político tiene que estar claro qué quiere para su pueblo, desarrollo, prosperidad, mejorar las condiciones de vida. Dentro de eso, también está el tema de la madurez política. Por ahí creo que va la diferencia con estas personas. No es bueno dilatar el tiempo o mermar fuerzas en discusiones estériles que nunca van a llegar a nada.

¿Qué funciona mal en Santa Ana Este?

Actualmente la administración municipal ha desatendido algunos aspectos básicos de las necesidades. En esta nueva realidad política municipal, las administraciones públicas deben primero establecer prioridades básicas para luego atender aspectos que generen crecimiento. La gente lo expresa, piden tener mejores calles, piden mejores servicios de agua potable, hay comunidades que no tienen agua potable.

¿Qué proyectos que tenía como alcalde retomaría?

Es un proyecto que quedó avalado aprobado, con carpeta técnica, presentado a la Dirección de Obras Municipales (DOM), que dio su aval, era la Ruta del Sur, un proyecto que pretende conectar toda la zona sur de Santa Ana Este con el casco urbano de El Congo. Esa ruta haría que toda la riqueza agrícola que genera Santa Ana Este llegaría a la urbe de El Congo, tendríamos mejor acceso a granos básicos. Actualmente esa producción agrícola sale hacia otros municipios. Es una carretera de siete, ocho kilómetros desde el cantón La Presa hacia El Congo.

¿Cuál es su visión sobre el desarrollo en el Lago de Coatepeque y el cuestionamiento ambiental en la zona?

Como nativo de El Congo donde se ubica nuestra perla, el Lago de Coatepeque, el desarrollo turístico que tuvo auge del año 2000 hacia acá, lo que hay que hacer es generar condiciones para que el desarrollo turístico en primer lugar sea responsable con el medio ambiente y sostenible porque se nos vuelve inevitable retroceder en el desarrollo turístico, lo que hay que hacer es generar condiciones que, a pesar que el turismo crece, que podría ocasionar un deterioro al medio ambiente, se debería utilizar técnicas para reducir el impacto en contaminación al lago. He estado estudiando proyectos con el ánimo de reducir ese impacto negativo. El lago en un 20 % está en Santa Ana Centro, sin embargo, fuera buena idea que la alcaldía de Santa Ana Este y la de Santa Ana Centro pudieran generar proyectos de sostenibilidad ambiental.

¿Y en el tema de deforestación por los proyectos de construcción, qué hizo durante su gestión como alcalde?

Nosotros en nuestra administración, 2021-2024, siempre fuimos muy cuidadosos de, a la hora de dar un permiso, se cumplieran las garantías que la ordenanza establece para los proyectos de construcción, muelles, comercios, porque hay zonas donde se tienen que considerar aspectos relacionados con el tema riesgo. Hay zonas en donde la construcción es un riesgo por las laderas.

¿Qué piensa de la reducción del Fodes (Fondo para el Desarrollo Económico y Social)?

Era una decisión que se tomó en otras esferas y había que respetarla, yo era alcalde en ese tiempo cuando se reduce el Fodes. Aprendí a ejecutar proyectos a partir del recurso que generaba la municipalidad a través de sus tasas y se ejecutaban proyectos a través de la Dirección de Obras Municipales. La DOM hizo el bacheo más grande que se ha hecho en la historia de El Congo… Lo que deben hacer los gobiernos locales es analizar sus realidades, sus posibilidades, y el recurso que el Ejecutivo les ofrece cada mes, y eso orientarlo al beneficio de los pueblos. Las administraciones municipales deben realizar su trabajo bajo la primicia de la austeridad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó a El Salvador, Guatemala y Honduras que cumplen con 10 condiciones relacionadas al combate a la corrupción y al narcotráfico, a la defensa del Estado de derecho y la protección de derechos de defensores de derechos humanos, publicó el Registro Federal el pasado 6 de agosto.

La certificación es firmada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, el 1 de julio de 2026, al señalar que está facultado para ello por la sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de asignaciones de seguridad nacional, Departamento de Estado y programas relacionados de 2026 de Estados Unidos.

“Certifico que los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras están luchando contra la corrupción y la impunidad (…), implementando reformas, políticas y programas que fortalecen el Estado de Derecho, incluyendo el incremento de la transparencia de las instituciones públicas (…), protegiendo los derechos de los defensores de derechos humanos”, reza la primera de la certificación estadounidense.

La certificación incluye el reconocimiento de que los tres gobiernos están cooperando con Estados Unidos y otros gobiernos «para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes».

Son 10 condiciones las que según el Departamento de Estado de Estados Unidos cumplen los tres gobiernos, una exigencia de la Ley de asignaciones del Departamento de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados para poder liberar el 50 % de los fondos de asistencia económica y de seguridad de cada uno de los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras. Las condiciones han persistido, con algunos cambios, desde años anteriores.

“De los fondos puestos a disposición de conformidad con el párrafo 1 bajo el epígrafe Programas de inversión en seguridad nacional y el título IV de la presente ley, el 50 por ciento de dichos fondos destinados a la asistencia para cada uno de los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras solo podrá comprometerse una vez que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones que dicho gobierno está combatiendo la corrupción y la impunidad, lo que incluye investigar y procesar a funcionarios gubernamentales, personal militar y agentes de policía sobre quienes existan acusaciones creíbles de corrupción”, reza la ley citada por Landau en su certificación, y que incluye el listado de 10 condiciones.

Incluye respeto a derechos de sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, la implementación de políticas contra la pobreza, y la independencia judicial y del órgano electoral.

De acuerdo a la certificación, al Congreso de Estados Unidos entregarán adjunto un Memorando de Justificación.

El Departamento de Estado certificó que El Salvador, Honduras y Guatemala están:

i. Combatiendo la corrupción y la impunidad, incluyendo investigaciones a oficiales de gobierno, personal militar y policías con vinculaciones corruptas creíbles, así como mejorar estrategias antilavado de dinero y otros delitos financieros a nivel mundial.

ii. Implementando reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de Derecho, incluso el incremento de la transparencia en las instituciones públicas, el fortalecimiento de la independencia de las instituciones judiciales y electorales; y la mejora de la transparencia en el financiamiento de la campaña política y partidos políticos.

iii. Protegiendo los derechos de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, partidos políticos opositores y la independencia de los medios de comunicación.

iv. Proporcionando seguridad y aplicación de la ley eficaz y sujetos a rendición de cuentas para sus ciudadanos, restringiendo el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública y respetando el debido proceso legal.

v. Implementado programas para reducir la violencia contra mujeres y niñas.

vi. Implementando políticas para reducir la pobreza y promover crecimiento económico y oportunidades, incluyendo la ejecución de reformas para fortalecer el sistema educativo, programas de formación profesional y los dirigidos a jóvenes en riesgo.

vii. Cooperando con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, así como otros delitos transacionales.

viii. Cooperando con Estados Unidos y otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes.

ix. Adoptando medidas demostrables para asegurar las fronteras nacionales y contener la migración masiva, lo que incluye informar a la ciudadanía sobre los peligros del viaje hacia la frontera suroeste de Estados Unidos e impulsar esfuerzos para combatir la delincuencia y la violencia, generar oportunidades económicas, mejorar los servicios gubernamentales y proteger los derechos humanos.

x. Implementando políticas que mejoren el entorno para que las empresas incluidas las extranjeras operen e inviertan, incluyendo reformas fiscales transparentes, asegurando mecanismos legales efectivos para el reembolso de impuestos adeudados a empresas estadounidenses y resolviendo disputas relacionadas con la confiscación de bienes inmuebles de entidades estadounidenses.