Autor: Yolanda Magaña

El plan de fiscalización para detectar el uso de vehículos nacionales durante las épocas vacacionales en El Salvador no era realizado por la Corte de Cuentas desde el año 2021 según el presidente de la institución, Walter Sosa.

“Realizamos el plan de fiscalización de vehículos nacionales, un plan que no se venía realizando desde 2021”, expresó Sosa a la Comisión Política, en su reunión que sostuvo con los diputados que lo entrevistaron como aspirante a la reelección en su cargo. El funcionario no profundizó la razón por la cual los planes de fiscalización se suspendieron en el periodo dirigido por la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano.

El funcionario asumió su cargo de presidente de la CCR 7 de febrero de 2025 luego de ser electo por Nuevas Ideas y sus aliados.

Luego de esa toma de posesión, lanzaron el plan de fiscalización en las vacaciones de Semana Santa de 2025 y aseguró que hasta de las vacaciones agostinas 2026 ya tienen finalizados “cuatro planes de fiscalización de vehículos nacionales en los periodos vacacionales”.

En las vacaciones de Semana Santa de 2025, la CCR reportó 26 vehículos que no portaban autorización para circular con placas nacionales, de un total de 262 vehículos nacionales verificados. La Corte indicó en esa ocasión que no portaban logotipos institucionales y las misiones no tenían un objetivo claro o fechas.

En su memoria de labores de 2025, la Corte de Cuentas informó de unas “Políticas y procedimientos para el control y uso de vehículos institucionales” aprobadas en septiembre de 2024.

En el sitio web de la institución, un reglamento del uso de vehículos nacionales aprobado el 6 de diciembre de 2001 indicó que ordenaba a la CCR a verificar que los vehículos de uso administrativo, general u operativo “estén guardados al final de cada jornada en el lugar dispuesto” y lleven las placas “que les correspondan”, excepto los que circulan con “la debida autorización”.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) encontró 18 vehículos con placas nacionales que no portaban la debida autorización para circular durante las vacaciones agostinas, de un total de 181 vehículos nacionales verificados por la institución.

En un comunicado de prensa, la institución informó que desplegó 78 auditores, que encontraron 163 vehículos que sí portaban la autorización correspondiente para realizar una misión oficial en vacaciones.

«18 vehículos no portaban ningún documento que respaldara que su desplazamiento obedecía al cumplimiento de una misión oficial. En otras palabras, 1 de cada 10 vehículos nacionales fiscalizados no demostraron transitar con una misión oficial», informó la institución en un comunicado.

Durante las vacaciones los equipos de auditoría verificaron que los vehículos nacionales se desplazaran en cumplimiento de una misión oficial debidamente autorizada, que el conductor pudiera comprobar la finalidad de la misión oficial, la fecha, el horario y el nombre de la persona responsable del uso del vehículo, y que los automotores portaran las placas correspondientes y los distintivos institucionales de manera visible.

Los empleados o funcionarios públicos se exponen a una multa regulada por el artículo 7 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

El artículo 107 de la Ley de la Corte de Cuentas indica que la multa no podrá ser inferior al 10 % ni mayor a 10 veces el salario mensual del responsable y si es reincidente puede duplicarse.

Sin embargo, la Ley de transporte terrestre impone una multa de $50 a la licencia de conducir de la persona que circula con vehículos de placas nacionales fuera de la jornada laboral sin la debida autorización.

El presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa, dijo a diputados de la Comisión Política, el pasado lunes, que la Corte de Cuentas no desarrollaba planes de fiscalización de vehículos nacionales desde 2021 y que él reanudó este tipo de planes.

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitió el 12 de agosto una alerta que recuerda la finalización del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador programada para el 9 de septiembre de 2026.

«La designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador y los beneficios relacionados finalizarán el 9 de septiembre de 2026», indica la alerta.

Para el experto migratorio Reynaldo Alvergue, es un claro mensaje del fin del TPS para El Salvador.

«La verdad que sí, porque lo han hecho de una manera elegante, diciendo que los permisos se extienden hasta el 9 de septiembre, que es la fecha cuando vence el TPS, ahí está clarito que le están ayudando a la gente que su permiso le llegue hasta el 9 de septiembre, que es cuando termina el TPS. Es una manera elegante de decir ‘ya terminó y no hay ni un anuncio de prórroga’, entonces, la verdad que sí, hay que entenderlo de esa manera», respondió el experto migratorio a la pregunta si cree que esa alerta significa el fin del TPS para El Salvador.

Además, la oficina de la USCIS, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), recordó que está notificando a los salvadoreños beneficiarios que sus permisos de trabajo vencidos de TPS «quedan prorrogados» hasta el 9 de septiembre de 2026.

La USCIS detalló que envía notificaciones «a los beneficiarios del TPS de El Salvador que siguen siendo elegibles para el programa pero que no han recibido documentos de autorización de empleo (EAD) de renovación con los códigos de categoría A-12 o C-19, y cuya solicitud de EAD basada en el TPS aún está pendiente».

Estas notificaciones, según la autoridad estadounidense, informan que sus EAD vencidos basados en el TPS quedan prorrogados hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que concluye la designación de TPS para El Salvador».

Las autoridades migratorias de la USCIS detallaron que enviarán las notificaciones por correo postal y por vía electrónica a quienes tengan una cuenta en myUSCIS.

Durante la administración Trump, Estados Unidos ha suspendido el TPS para 13 países, lo cual ha impactado directamente a 1,044,700 migrantes de Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.

El gobierno estadounidense no han informado de un programa alternativo para los 170,000 salvadoreños que resultarían directamente afectados por la inminente finalización del TPS.

Un total de 1,044,700 migrantes de 13 países han resultado afectados por las terminaciones del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) de acuerdo con un conteo realizado por Pew Research, centro de investigación con sede en Washington.

De acuerdo al centro de investigación con sede en Washington, la terminación del TPS no presenta procesos judiciales pendientes, es decir, sería definitiva en: Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.

Ese grupo de 11 países suma más de 1,038,600 beneficiarios afectados por la terminación de los programas.

Seis de cada diez afectados son venezolanos, son un total de 615,000. Mientras, el segundo grupo más grande lo conforman los haitianos, el 32 % de todos los afectados.

El TPS para los migrantes de dos países, Etiopía y Somalia, se mantienen en suspenso en medio de disputas legales; y solo para cuatro países el TPS sigue vigente por el momento: El Salvador, Ucrania, Líbano y Sudán aunque tienen fecha de vencimiento antes que concluya el año 2026.

Según el centro de investigación eran casi 30 países los que tenían designación de un programa TPS y, cuando Donald Trump asumió la presidencia estadounidense en enero de 2025,  eran 17 países los que tenían TPS vigente.

Este listado de países con TPS con finalización definitiva, es decir pasando por una decisión judicial, fue publicado recientemente por el asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), James Percival, quien a un comentario de las 11 terminaciones definitivas del TPS escribió «Hasta la vista, baby», con una imagen del personaje «Terminator».

El pasado 7 de agosto, el asesor señaló a jueces de estar «impidiendo la terminación del TPS para Somalia y Etiopía”. “Los jueces Burroughs y Murphy siguen retrasando la terminación del TPS para Somalia y Etiopía”, señaló, junto con un listado de los 11 países con «terminación efectiva» y 2 países restantes con el nombre del respectivo juez con la decisión pendiente. En el listado excluyó a El Salvador.

Percival había escrito en su cuenta de X que la jueza Patti Saris levantó su orden que les impedía “terminar el TPS para Sudán del Sur” y sugirió a “los demás jueces de TPS hacer lo mismo”.

We just got Burma TPS too. Thank you, Judge Kennelly! pic.twitter.com/OrosU7QBdr

— James Percival (@DHSGenCounsel) August 7, 2026

“Cada día de estas suspensiones administrativas son un día más de negarle a los americanos por lo que votaron”, escribió, hasta llegar al listado de los 11 países con terminaciones definitivas y los dos pendientes de resoluciones judiciales.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) también se ha manifestado contra los TPS en general.

“El estatus de protección temporal es exactamente eso: TEMPORAL. Para aquellos con TPS terminado: es hora de cerrar. No tienes que irte a casa, pero no puedes quedarte aquí. No es demasiado tarde para obtener un cheque de $2,600 y un vuelo GRATIS de regreso a casa”, escribió la cuenta de DHS, el 27 de julio, junto al link DHS.GOV/CBPHOME, para aplicar a la autodeportación.

El centro de investigaciones Pew Research detalla que un total de 273,200 migrantes de cuatro países tienen TPS extendidos pero su designación vence este año: El Salvador, con 170,100 afectados; 140 de Líbano, 1,800 de Sudán y 101,200 de Ucrania. En el caso de El Salvador fue concedido en marzo de 2001 a raíz de los efectos de los sismos que golpearon al país en enero y febrero de 2001.

Para El Salvador, el programa se vence el 9 de septiembre de 2026 luego de la más reciente prórroga otorgada en enero de 2025. Trump recibió en una reunión privada el pasado 16 de julio al presidente salvadoreño, Nayib Bukele; sin embargo, oficialmente no se informó sobre el contenido de la reunión o sobre alguna gestión acerca de una prórroga del programa.

El Ministerio de Gobernación informó que desde julio de 2025 hasta junio de 2026 la Dirección General del Registro de Agentes Extranjeros «registró un total de 1,073 inscripciones» de «personas sujetas a la Ley de agentes extranjeros».

Según la memoria de labores 2025-2026 del Ministerio de Gobernación, entregada a la Asamblea Legislativa, inscribieron y actualizaron 957 expedientes “de personas jurídicas”; y 43 expedientes de personas naturales.

En ambos tipos de inscripción, Gobernación consideró que «mejoró el tiempo de respuesta en los trámites y se fortaleció la atención al usuario mediante orientación más eficiente».

Gobernación había reportado que de 2025 a marzo de 2026 había inscrito 45 organizaciones, tres personas naturales y un mandante extranjero y que 75 organizaciones habían solicitado la exclusión del impuesto del 30 % sobre las donaciones o transferencias desde el extranjero para actividades en territorio salvadoreño.

La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el 20 de mayo de 2025 y vigente desde junio de 2025, dio paso a la creación del Registro de Agentes Extranjeros, una dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Conocido como RAEX, es la entidad encargada de la «administración, fiscalización, calificación, supervisión y control de las actividades de los agentes extranjeros, mandantes o directores extranjeros». El RAEX puede requerir información y remite a la Fiscalía un informe semestral de las actividades, tiene el poder de aplicar multas y cancelar personerías.

La normativa aplica a personas que «respondan a intereses o sean financiadas» por extranjeros e incluye a los «mandantes extranjeros», que son los financistas que tienen su sede en el extranjero; aunque permite una exclusión anual, a solicitud de los afectados, si las actividades realizadas son humanitarias o ayuden a proyectos de desarrollo, salud, seguridad, educación o sean de interés público.

Una de las proyecciones de Gobernación es la finalización y la «puesta en marcha» del Registro de Agentes Extranjeros, programado para diciembre de 2026. Según Gobernación, sería un ahorro de $191,623.93. Esta proyección está a cargo de la Dirección de Desarrollo e Innovación Tecnológica (DDIT).

Miembros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), integrantes de sindicatos de trabajadores del Seguro Social, manifestaron este miércoles su respaldo al médico Rafael Aguirre y a la enfermera Madaí Santos como candidatos a presidente y vicepresidente del país por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La conferencia fue dirigida por Modesto Díaz Jovel y Juan Carlos Hernández, de Conadesa; Roxana Quintanilla, del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss); y Mirna Perla, de Conadesa; y miembros del Sindicato para la Defensa de los Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Sidetisss).

En un comunicado, exigieron el pago inmediato de las indemnizaciones a todo personal despedido, agilización la entrega del Fondo de Protección del ISSS, el cese de los despidos arbitrarios y del acoso laboral, y el respeto a la libertad y a la asociación sindical, y revisión de los despidos así como restitución si legalmente procede.

El respaldo difiere de la aclaración que hizo el pasado 16 de julio la junta directiva del Simetrisss en un comunicado de prensa, en el cual aclaró que la candidatura era una “decisión personal” y no representaba al Simetrisss. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), que integra Conadesa, también se distanció de la candidatura de Aguirre.

Para el candidato presidencial, esta no es una división de Conadesa sino muestra de pensamientos diversos.

“Más que divisiones son pensamientos. Nosotros toleramos el disenso, nosotros toleramos que una persona piense diferente”, indicó, después de la conferencia de respaldo.

Díaz aseguró que hay “un cierre del diálogo con el gobierno central” pero que ven como “punto de inflexión” a la candidatura de Rafael Aguirre. Según el sindicalista, el candidato del FMLN tiene respaldo de los trabajadores del ISSS en distintas zonas del país.

Aguirre exhortó a tener un diálogo “respetuoso, sincero y resolutivo”.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, cuestionó al presidente de la Corte de Cuentas de la República, Walter Sosa Funes, por qué la institución dejó de publicar desde el año 2024 los informes de auditorías realizados por la institución en cumplimiento pese a que se lo obliga el artículo 46 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

“Quisiera saber por qué no conoce la población porque, siendo los que ven cómo se manejan los fondos públicos, pues, hay que comenzar dando el ejemplo, también”, dijo la legisladora, en la reunión de Comisión el lunes, cuando entrevistaron a los primeros cinco candidatos a la CCR, de un listado de 18.

Sosa Funes reconoció que el artículo 46 de la ley de la Corte de Cuentas establece que los “informes son públicos”. “Efectivamente así es, pero recordémonos que tenemos la Ley de protección de datos personales, tenemos la Ley de acceso a la información pública y la Ley de la Corte de Cuentas. Al armonizar estas leyes con los informes, lo que nos impide es no publicar información sensible”, dijo.

“No podemos poner información confidencial en los informes”, respondió el presidente de la Corte de Cuentas, y que deben armonizar los informes de auditorías con esas normativas.

La Corte de Cuentas no publica informes de auditorías desde el año 2024.

La diputada Villatoro también cuestionó que mayoría de jefaturas de la Corte de Cuentas forma parte de la asociación de la Asociación Salvadoreña de Abogados Empleados Judiciales (Asajelp), una asociación creada en 2017 por el abogado Luis Enrique López Jerez.

“Quisiera saber por qué esa buena relación con miembros de esa asociación para darles las jefaturas”, cuestionó.

“Esto nos refleja que vivimos en un país con libertades, un país con libertades de reunirnos, de asociarnos, yo creo que todos los que estamos acá y el pueblo salvadoreño, que nos mira, ya vivimos en un país de libertad, en el que nos podemos asociar libremente, en el que no nos pueden juzgar porque yo pertenezco a una asociación o a un partido político. Y doy gracias a dios que sé que a eso no vamos a retroceder nosotros”, afirmó.

“¿No sé, diputada, si es delito asociarse?, cuestionó el presidente de la CCR.

La legisladora también cuestionó también por qué desde 2021 no se fiscalizaba los vehículos nacionales, algo que fue informado en la Comisión por el titular de la CCR.

“La Corte de Cuentas estaba a cargo de la actual magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Prácticamente me dijo que hizo una mala gestión en su tiempo. Es triste saber que alguien que no hizo su bien trabajo dentro de la CCR pues se le haya premiado por esta Asamblea Legislativa para darle la presidencia del TSE”, señaló Villatoro. El funcionario no respondió.

La Corte de Cuentas es dirigida actualmente por Walter Sosa Funes, quien sucedió en el cargo a Roxana Soriano, ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral y quien en el pasado fue excandidata a diputada por Nuevas Ideas.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió con una delegación de la Asociación Mundial de Juristas integrada por su presidente, Javier Cremades, y Aranzazu Calvo-Sotelo y Aaron Feldman.

Según la Vicepresidencia, la visita de representantes de la Asociación Mundial de Juristas tenía el propósito de conocer la realidad del país y “ampliar el intercambio en temas vinculados con la gobernanza democrática”, ya que, aseveró el gobierno, esta organización desarrolla “procesos de certificación”. Según la Vicepresidencia, la Asociación también explora “posibles áreas de cooperación de interés común”.

Esta organización desarrollará en mayo de 2027 el 30º Congreso Mundial de Derecho, para el cual ya se acordó la “Declaración de Tirana para el Futuro del Estado de Derecho” que busca fijar estándares globales para la independencia judicial.

La Asociación Mundial de Juristas también se reunió con la Corte Suprema de Justicia, algo que “fortalece los vínculos” y “abre oportunidades de cooperación en áreas estratégicas” según la Vicepresidencia.

La Asociación Mundial de Juristas es una organización sin fines de lucro que reúne a jueces, abogados y académicos, desde su fundación en 1963. En su sitio web, dice ser una organización que “trabaja para construir un mundo gobernado por la ley, no por la fuerza” y que reúne a jefes de Estado, presidentes de tribunales supremos y constitucionales, jueces de tribunales internacionales, ministros de justicia, entre otros en torno a un foro de diálogo sobre los desafíos legales actuales, como la independencia judicial, la estabilidad constitucional, la protección de derechos humanos, la resiliencia democrática, entre otros.

En uno de los más recientes eventos organizados por la Asociación fue la sesión de apertura del Congreso de Apertura del Congreso Mundial de Derecho 2027, que reunió a unos 500 juristas y en el cual el presidente de la Asociación, Javier Cremades, dijo: “Vivimos en un momento en el que las democracias están cansadas y las autocracias se vuelven cada vez más funcionales”.