Autor: Yolanda Magaña

El médico Rafael Aguirre, candidato a la Presidencia de El Salvador por el partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), sostiene que las elecciones generales de febrero de 2027 serán observadas por «todo el mundo» y confía en que el proceso se desarrolle respetando las leyes electorales, aunque la balanza está inclinada al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

«(Las de 2027) son elecciones constitucionales, son elecciones legales (…) a raíz de toda la problemática democrática en el país esto ha permitido que los ojos del todo el mundo estén puestos sobre el país, por lo que sabemos que estas elecciones van a ser importantes y van a ser observadas por todo el mundo», dijo en una entrevista a EFE.

Aguirre, especializado en medicina interna y líder sindical, es uno de los dos candidatos de la oposición que se enfrentarán a Bukele en los comicios del próximo año, en los que el mandatario salvadoreño busca reelegirse para un tercer período luego que su partido, Nuevas Ideas (NI), modificará la Constitución en el Congreso para tal efecto.

Su participación bajo la bandera del FMLN, exguerrilla que se convirtió en partido tras el final de la guerra civil (1980-1992), obedece a la «necesidad de acabar con las injusticias que actualmente se están cometiendo», según aseguró.

Candidatura desde el movimiento social

Aguirre explicó que su candidatura viene impulsada desde organizaciones del movimiento social y ciudadano, que se ha venido debilitando en los últimos años, y que el FMLN es «el vehículo» que necesita para estar dentro de la contienda electoral.

«Obviamente tenemos que ocupar la bandera de un partido político, así lo demanda la Constitución (…) desde el movimiento social necesitamos a un ente político que ya sepa manejarse en el territorio para poder tener una mejor presencia y poder hacer una estrategia comunicacional en el territorio», apuntó.

El FMLN gobernó entre 2009 y 2019 de la mano del ya fallecido periodista Mauricio Funes (2009-2014) y del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos recibieron la nacionalidad nicaragüense y enfrentaron procesos judiciales por diversos casos de corrupción. Desde 2019 el FMLN dejó de estar entre las primeras fuerzas políticas de El Salvador, cuando Bukele ganó la Presidencia y rompió con tres décadas de gobiernos del partido de izquierda y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

Aguirre es consciente de la alta popularidad que mantiene el presidente Bukele, en gran parte por su llamada «guerra» contra las pandillas, pero a su criterio las elecciones de 2027 «no es un concurso de popularidad, es más bien la oportunidad de presentarle a la comunidad una alternativa».

«En este momento se presenta una alternativa real y viable, que sí cumple con los requisitos constitucionales y legales para poder participar y eso motiva a continuar», dijo el también secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss).

Apuntó que el camino electoral es «una cuesta arriba» y señaló que no se enfrenta a un partido político, sino «a toda una maquinaria propagandística de un Estado como tal», aunque considera «que hay mucho más descontento de lo que a simple vista se ve o lo que las encuestas reflejan».

«Descontento» por el régimen de excepción

De acuerdo con el médico, su decisión electoral ha generado una «alta expectativa» y busca hacer eco en aquellas personas «que actualmente están ofendidas y descontentas porque no hay diálogo en el país y por decisiones arbitrarias», como el régimen de excepción.

Aseguró que «hay mucho descontento entre las personas afectadas por el régimen de excepción», una medida implementada desde marzo de 2022 señalada de violentar derechos, pero respaldada por buena parte de la población y que le permitió a Bukele su reelección inmediata en 2024 a pesar de ir, en ese momento, contra la Constitución.

Para el candidato presidencial, el régimen de excepción representó «una herramienta constitucional necesaria en un momento de violencia extrema, pero tiene límites y temporalidad».

«No queremos volver a El Salvador de las pandillas, a los territorios controlados por criminales, por eso debemos garantizar seguridad sin miedo y con debido proceso», apuntó el médico que desde mayo pasado enfrenta un proceso administrativo de despido por parte del Seguro Social tras denunciar la escasez de medicamentos en los hospitales nacionales.

Abogados, expertos e incluso el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, han explicado cuáles podrían ser los caminos legales posibles que podría tener un salvadoreño amparado bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), cuya prórroga más reciente vence el 9 de septiembre de 2026.

Las alternativas legales mencionadas para que los beneficiarios del TPS permanezcan en los Estados Unidos son las siguientes:

Estatus de residente permanente legal (Green Card) por petición de familiar: es la búsqueda de la residencia con la petición de un familiar que sea calificado que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Fue mencionada por el secretario de Seguridad Nacional.

El abogado Carlos Magaletta, en sus redes sociales, explicó que esta opción depende de condiciones como quién realiza la petición, si la hace un hermano, hijo, esposo o padre. Cuando la petición se da entre hermanos, el problema que observa es que se enfrenta a una línea de espera de 15 años, plazo que para ante un proceso de deportación.

Sostuvo que, si la petición es de un hijo y si el migrante entró con una visa, una entrada legal, “ese es el camino más claro y abierto”, “el problema aparece si esa persona que viajó tiene una orden de deportación vieja”, indicó.

Este abogado añadió la situación es diferente si el migrante tiene un hijo de 21 años y nunca viajó. «Si nunca viajaste, ahí no vas a pedir la residencia como esa persona que tiene entrada legal”. Otra opción es la petición de un esposo residente o ciudadano, “ahí sí, en esa categoría hay perdón”.

Visas de inmigrante basadas en el empleo: podrían ser elegibles si tienen un empleador dispuesto y capaz de patrocinarlos, además de cumplir requisitos de elegibilidad y admisibilidad pertinentes.

Asilo: salvadoreños presentes en Estados Unidos pueden solicitar asilo independientemente de cómo hayan llegado a los Estados Unidos o de su estatus migratorio actual.

Formas relacionadas de protección: si no califican para el asilo pueden aplicar a la «suspensión de la remoción o protección bajo la Convención Contra la Tortura, dependiendo de sus circunstancias individuales» o también existen oportunidades para personas que han sido víctimas de un crimen o de abuso.

Estatus de no inmigrante: clasificaciones temporales de estudiante, empleo u otras clasificaciones, si cumplen con los requisitos estatutarios y reglamentarios.

Acción diferida: esta medida puede estar justificada en circunstancias extraordinarias donde un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decide caso por caso basados en las circunstancias.

La ley de 10 años: haber vivido al menos 10 años de forma ininterrumpida y sin problemas legales puede volverse un argumento para el migrante ante una corte cuando hay un proceso de deportación de un migrante. Puede servir para migrantes que no tienen a familiares, según el abogado.

 

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para ratificar un préstamo de $100 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para frenar la deserción escolar de jóvenes en situación de vulnerabilidad en sus estudios de educación media y postsecundaria.

La ratificación sería aprobada en la sesión plenaria del jueves 20 de agosto.

Los recursos financiarán el “Programa de integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador”, que tendría una duración de cinco años e incluirá actividades de refuerzo académico, cursos extracurriculares, orientación vocacional, becas para programas de postsecundaria, transferencias económicas y apoyo financiero a la Dirección de Integración para implementar un sistema de alerta temprana sobre riesgos de deserción estudiantil.

El crédito deberá ser pagado en un plazo de 23 años y contempla un período de gracia de 7.5 años. Además, establece una comisión sobre el saldo no desembolsado de hasta 0.75 % anual, a partir de los dos meses posteriores a la firma del contrato.

Baja continuidad educativa

De acuerdo con el diagnóstico incluido en la propuesta de préstamo del BID, en El Salvador, de cada 100 estudiantes que comienzan la educación primaria, 56 llegan a noveno grado, 43 terminan el bachillerato, 16 ingresan a la universidad y únicamente 14 logran graduarse de educación superior.

El organismo, con base en datos del Ministerio de Educación correspondientes a 2025, señala que el 62 % de los egresados de centros escolares públicos no continúa estudiando. Además, indica que más del 75 % de quienes abandonan sus estudios lo hacen por motivos económicos, ya sea porque necesitan incorporarse al trabajo o porque los costos de estudiar resultan demasiado altos.

El diagnóstico también señala que El Salvador presenta tasas de culminación del bachillerato inferiores al promedio de América Latina y el Caribe. El promedio de escolaridad en el país es de ocho años, frente a nueve años en la región.

A esto se suma la situación educativa de la población retornada desde el extranjero: solamente el 16 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años ha completado el bachillerato.

Becas y alerta temprana

Según el BID, la Dirección de Integración cuenta con un modelo que proyecta otorgar hasta 20,000 becas anuales mediante convenios con instituciones públicas y privadas.

El nuevo programa priorizaría el acompañamiento para evitar el abandono de los estudios de educación media, además del financiamiento de becas, seguimiento y mecanismos de alerta temprana para identificar riesgos de deserción en el nivel postsecundario.

El BID aprobó el préstamo el pasado 24 de junio y proyecta que, con la ejecución del programa, la tasa de graduación de educación media aumente del 75 % al 78 %. También prevé elevar del 50 % al 54 % la tasa de transición de educación media a educación superior y del 14 % al 16 % la tasa de graduación en educación superior.

El programa tendría como meta beneficiar a 60,000 jóvenes, equivalentes a unos 12,000 beneficiarios anuales durante los cinco años de ejecución. Entre sus componentes contempla transferencias económicas para 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes. Además, se prevé atender a 1,000 migrantes retornados con potencial de reintegración.

En lo que va del año, la Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes relacionadas con préstamos, títulos o garantías estatales crediticias por un monto acumulado de $1,556.4 millones.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa realizó el lunes una nueva jornada de entrevistas al segundo grupo de cinco candidatos a presidente, primer y segundo magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), cuyos actuales funcionarios concluyen su periodo el 27 de agosto de 2026.

José Rodrigo Flores Ramos, segundo magistrado de la Corte de Cuentas, fue el primer entrevistado de este lunes. El funcionario hizo énfasis en el enfoque preventivo del trabajo de la Corte de Cuentas y argumentó que así que habrá mejores obras, más recursos y menos incumplimiento normativo.

Flores Ramos propuso “fiscalizar mejor, resolver mejor, funcionar digitalmente y generar confianza y valor público”.

Propuso enfocar las auditorías en prevención. “Las auditorías tienen que ser enfocadas en una prevención, siempre estamos acostumbrados a que el auditor llega cuando la gestión ya terminó, pero internacionalmente esto está cambiando y nacional, también debe cambiar. Tenemos que seguir la línea”, sostuvo. Agregó que avanzarían digitalmente a través de un Centro de Analítica de Datos.

A esto agregó la implementación de un sistema de seguimiento de recomendaciones para, según la explicación, evitar esperar a que se realice la auditoría y genere un hallazgo.

“Los administradores de fondos y los titulares de las instituciones tienen acceso a la CCR. Me he encontrado que las personas no saben que esa función existe. Si las instituciones consultaran ante una duda, los errores no se cometieran. Si nos enfocamos en auditorías orientadas a riesgos y a prevención, la función de la CCR pasará a no estar enfocada en cantidades sino en el impacto de la fiscalización”, dijo el actual segundo magistrado de la CCR.

El funcionario propuso “un sistema inteligente de gestión jurisdiccional” que alerte a los magistrados de segunda instancia y utilizar la Inteligencia Artificial para disminuir los tiempos a los juzgadores y colaboradores, “no a juzgar, nos va a ayudar a consolidar los criterios, a manejar precedentes”.

El segundo entrevistado fue Julio Alberto Jule Herrera, juez propietario del tribunal tercero contra el crimen organizado y exsecretario del juez cuarto de sentencia Ramón Iván García, dijo que su motivación es que “se puede vislumbrar un proyecto de país”.

“Los hechos notorios y públicos no requieren prueba dice un adagio del artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil”, dijo Jule Herrera durante su entrevista.

Al pronunciarse sobre la mora de 2,099 apelaciones sin resolver en la Cámara de Segunda Instancia, conformada por los tres magistrados de la CCR, aseguró que “habrán millones de reparos que se han declarado a funcionarios que, al no finalizarse con firmeza esos fondos jamás podrán ser recuperados por el Estado”.

“No hay que ser efectivos solo auditando, hay que ser efectivos ejerciendo jurisdicción, esa es mi especialidad, nosotros manejamos juicios masivos y complejos, creo tener la capacidad para ejercer el cargo”, expresó a los diputados como juez contra el crimen organizado.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, le preguntó qué haría para comprometerse en desvanecer la mora en la primera y segunda instancia de la Corte de Cuentas.

El juez respondió que iniciaría un programa de depuración de procesos y realizaría un inventario del más antiguo al más reciente. “Hay que verificar en la Corte de Cuentas ese equipo técnico de colaboradores encargados de sustanciar los procesos, hay que capacitar ese personal en motivación de resoluciones judiciales”, indicó.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, le preguntó si considera que la Dirección Anticorrupción de la CCR está combatiendo la corrupción o “solo es una pantalla publicitaria”.

“Que sea pantalla, no creo que sea así”, le respondió el candidato, luego de comentarle que el artículo 13 de la Ley Anticorrupción “tiene un abanico de posibilidades”.

Jule Herrera explicó que la Unidad Anticorrupción de la Corte de Cuentas tiene acceso a las declaraciones patrimoniales y a esas 12 instituciones que forman parte del Sistema Integrado Nacional Anticorrupción: Ministerio de Hacienda, Registro Nacional de las Personas Naturales, Policía Nacional Civil, Dirección de Activos Digitales y Corte Suprema de Justicia, mencionó.

Agregó que un funcionario o empleado público puede responder por acción y omisión. Ejemplificó que si un funcionario “adquiere bienes por $1 millón, $50,000, $200,000, tendrá que activarse de manera inmediata ese sistema integrado porque para inscribir un bien”.

“¿Qué nos piden?, la solvencia del Ministerio de Hacienda, todos los bienes que excedan de $250,000, pero se va a generar la primera alerta, la Superintendencia del Sistema Financiero, veamos si este funcionario tiene la capacidad para adquirir ese bien, pero en sus cuentas nunca ha manejado nada; sistema de gestión antisobornos, ¿de dónde lo obtuvo?, si no, allá estarán los informes que se tendrán que remitir a la Fiscalía, por un soborno que se haya generado”, afirmó. El juez dijo que conoció del caso de los auditores detenidos de la CCR que formaron parte de la unidad de San Miguel y del caso Argoz.

El tercer candidato entrevistado fue Carlos Aníbal Cruz Flores, juez de cuentas de la Cámara Segunda de Primera Instancia de la CCR, quien aseveró que propuso un “trabajo colaborativo” en dicha Cámara luego de realizar un diagnóstico; y afirmó que quiere formar parte de un «proceso de transformación”. “La CCR no es la misma del año 2023, ha habido avances significativos y eso es evidente”, afirmó.

La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, le preguntó su opinión sobre la gestión actual de la CCR. El candidato contestó que la CCR está “realizando acciones” para cumplir su función constitucional y que “está en esa dinámica del Estado”. El candidato también señaló que él haría un diagnóstico y diseñaría un plan con posibles “giros de timòn”.

El cuarto aspirante entrevistado fue José Arnoldo Gaitán Castro, quien fue juez de cuentas, fue asesor jurídico de la alcaldía de San Miguel y ha sido apoderado de distribuidoras de energía eléctrica. Antes de relatar su trayectoria, expresó: “Tengo el honor y el placer de dirigirme a ustedes y agradecerles que he sido electo entre los demás miembros que nos presentamos y deseo expresarles en primer lugar que tengo un currículum bastante bueno”.

Gaitán Castro afirmó que se enfocará en el enriquecimiento ilícito de servidores públicos a costa del Estado y presentó un plan que promete un modelo basado en resultados y en las demandas de los salvadoreños.

“Contribuirá al gobierno y sus entidades a mejorar su gestión pública, la rendición de cuentas, transparencia, combatir la corrupción, fortalecer la confianza pública y la fiscalización del uso de los fondos públicos”, propuso.

Criticó la gestión de dos de los tres magistrados actuales de la CCR. “Si dentro de tres años que vuelvan a entrevistar posiblemente van a andar en los 2,500 o 3,000 y eso no puede ser, porque no ha habido voluntad política de la institución”, dijo. Según el funcionario, la mora hace tres años era de 1,500 casos en la Cámara de Segunda Instancia.

“Hay dos magistrados que han tenido seis años, hay un presidente que acaba de comenzar, yo no lo conozco pero le miro bastante buena fe, pero los otros dos magistrados no sé por qué no han podido sacar esa mora porque ellos saben a perfección de la mora existente con que agarraron, que era de 1,500 casos”, expresó.

El abogado señaló que en la CCR había una “bodega de la corrupción”, que de esos «juicios que están dormidos ahí” «hay plata”. Así mismo, aseguró que no le fallará al presidente Nayib Bukele y denunció que en el año 2016 fue presionado para que «le ayudara a limpiar» auditorías.

Arnoldo José Parada Pineda, actual director Anticorrupción de la CCR, el quinto entrevistado de este lunes, aseguró tener 15 años de experiencia como servidor público colaborador jurídico de las unidades antinarcotráfico, patrimonio, contra las extorsiones y crimen organizado y coordinador de fiscales.

“Mi labor es dejar un legado donde los ciudadanos puedan tener accesibles esos canales de denuncias”, dijo.

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, le preguntó cuál sería su principal cambio durante su gestión. El funcionario respondió que darle las herramientas necesarias a la población para tener transparencia y rendición de cuentas más cercana a la ciudadanía, tener una Corte de Cuentas más moderna y una estrategia formal de optimizar los recursos de la institución.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes los informes de labores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sin haber citado a los titulares de los ministerios.

El diputado Ricardo Rivas, quien preside la Comisión, aseguró que tenían tres expedientes de nuevo ingreso.

“Se hace constar que los informes labores del MAG, del Ministerio de Salud y del MARN, todos correspondientes al periodo 2025-2026 cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 104 del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa ya que contienen resumen ejecutivo del contenido de los documentos, exposición de objetivos, metas, resultados obtenidos por las instituciones en el periodo que se informa, plan de trabajo del periodo, detalles del presupuesto asignado, ejecutado y obras pendientes, los logros obtenidos, listado de los sectores favorecidos durante la gestión respaldados con documentos y datos y estadísticas”, leyó el legislador.

Rivas agregó que ello constaba en los documentos “que les fueron entregados” a los diputados “al inicio de la comisión” de este lunes.

Lo expresó así: “Tal como consta de los documentos anexos que les fueron entregados, colegas, al inicio de esta comisión a cada uno de ustedes; en este sentido, de conformidad con el artículo 107 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, daremos lectura a los dictámenes de aprobación de los informes de labores correspondientes a las fechas que hemos mencionado, vamos a empezar con el informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

Los dictámenes de aprobación de las tres memorias de labores fueron avalados con siete votos.

El diputado Francisco Lira, de Arena, explicó que él no dio sus votos porque no ha visto los documentos y pidió a los técnicos que le envíen las memorias; y pidió que lleguen los ministros para dar un informe.

“No es lo mismo que vengan a dar un análisis de esta comisión a que pueda venir el referente del Ministerio respectivo”, argumentó.

El diputado Rivas pidió al equipo técnico enviarle las memorias de labores y sometió a votación la propuesta de citar a los ministros. Solo el diputado Lira votó a favor.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable de reforma a la Ley del Fondo de Conservación Vial (Fovial) para que pueda constituir o poseer acciones en todo tipo de sociedades para la rehabilitación, mantenimiento, operación o explotación de la red vial nacional prioritaria mantenible y la red vial urbana prioritaria mantenible, así como los servicios asociados.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, dijo, en la comisión legislativa, que la mayoría de instituciones autónomas ya tienen la facultad de crear sociedades de economía mixta.

“Sacar terminales, se da el terreno y una empresa privada construye la terminal y la administra. Al dar un terreno, tenemos que tener cierta participación y ciertos ingresos de eso, no es que se le da de gratis… Por dar un ejemplo”, aseveró.

La reforma prohibiría que, al participar en sociedades, el Fovial comprometa su sostenibilidad financiera o asuma obligaciones o riesgos “desproporcionados” para el Estado o la institución.

Aerocable o terminal de occidente

El funcionario ejemplificó que esta figura puede aplicarse en la administración del Aerocable el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) o la construcción de la nueva terminal de occidente.

Explicó que tienen entre sus planes movilizar la terminal de occidente. “Los mismos empresarios del transporte público han venido diciendo que ellos están dispuestos a construir una terminal y administrarla”, afirmó, “por el sector de Santa Tecla”, algo que podría realizarse mediante un asocio público privado o una sociedad de economía mixta.

Busca sostenibilidad de proyectos

Según la solicitud, la reforma busca fortalecer la capacidad operativa del Fovial, “la sostenibilidad de sus actividades, y mejorar la calidad y continuidad de los servicios vinculados con la conservación vial”.

De acuerdo con la petición del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), se busca participar en la constitución o funcionamiento de sociedades de cualquier naturaleza” para el “mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, a la gestión de riesgos y a la ejecución de actividades técnicas, administrativas o logísticas relacionadas con sus funciones”.

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana Nacionalista (Coena), Carlos García Saade, defendió la decisión del partido político de participar en la elección presidencial adelantada que se celebrará el 28 de febrero de 2027.

“Nosotros no es que estamos legitimando una candidatura, lo que nosotros estamos haciendo es compitiendo… ¿Cómo vamos a cambiar de rumbo si no hay nadie que quiera participar? Si yo no estoy conforme con las reglas, si yo no estoy conforme con quien está en el poder, yo lo que no voy a hacer es quedarme de brazos cruzados… ¿Cómo vamos a perder una vocería?”, fueron frases expresadas este lunes en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

El titular del partido Arena aseguró que esta vez llevan a una mujer como candidata a la presidencia de la República, algo calificado por el dirigente como “nunca antes visto en la historia”.

Elogió las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de El Salvador de la exdiputada Mayteé Iraheta y la dirigente Verónica Henríquez, respectivamente. «Son 100 % areneras, ellas han dialogado con la sociedad civil».

El dirigente hizo referencia a que muchos no quieren ser candidatos de Arena y también sostuvo que asumir las candidaturas es cargarse con una carga considerable.

“Mujeres valientes que no cualquiera se echa ese gran, no sé cómo decirlo de forma bonita, don Moisés, esas candidaturas encima, verdad”, expresó en la entrevista.

Cuando el entrevistador le preguntó sobre si no estaban legitimando la elección presidencial de febrero de 2027. “Muchas cosas se dicen en redes… Todos quieren decirnos qué hacer a los partidos pero ninguno se compromete a ser candidato”, afirmó.

Arena es uno de los dos partidos de oposición que tiene presencia en la Asamblea Legislativa con dos escaños, de un total de 60, ocupados por los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, quienes se postularon nuevamente para participar en las elecciones de 2027. La oposición únicamente ocupa tres curules de 60. Por otro lado, Arena es el único partido de oposición que lidera una alcaldía municipal, por Milagro Navas, de un total de 44.

En las elecciones de 2024 el partido Arena perdió 679,203 votos, una caída de 79 %, respecto a los 857,084 que había tenido en 2019. Tuvo 177,881 en la elección presidencial de 2024.