Autor: Yolanda Magaña

La viceministra de la Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, se reunió este viernes con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la magistrada Roxana Soriano, para “coordinar esfuerzos de cara a los comicios de febrero de 2027”, informó la vicecanciller.

“Reafirmamos en compromiso de garantizar que nuestra #DiásporaSV ejerza plenamente sus derechos políticos en un proceso inclusivo, eficiente y cercano”, sostuvo la funcionaria salvadoreña, junto a un video de la reuníón en cuyo audio se escucha música.

El Tribunal Supremo Electoral se coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de implementar la jornada de votación de salvadoreños en el extranjero en las elecciones de 2027.

La jornada de votación remota por internet se realizará desde el 30 de enero de 2027 hasta el 28 de febrero de 2027, mientras la jornada de votación electrónica presencial se realizará el 28 de febrero de 2027 según el horario del país en donde los salvadoreños residan.

En los procesos electorales, una de las coordinaciones entre ambas instituciones suele ser la definición de centros de votación.

Para las elecciones de 2027, el TSE debe definir los centros de votación, las Juntas Receptoras de Votos en el Exterior (JRVEX) y la cantidad de dispositivos o máquinas de votación a utilizar en cada centro, del 20 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Del 25 al 27 de febrero de 2027, los centros de votación en el extranjero se deberán adecuar y señalizar.

Así mismo, el TSE debe nombrar los jefes de los centros de votación, del 4 de enero al 14 de enero de 2027, a quienes deberán capacitar del 25 al 29 de enero de 2027.

Por ley, los centros de votación en el extranjero son definidos por el TSE. Sin embargo, la presidenta del TSE dijo en mayo de 2026 que cambiaron los términos de referencia del contrato de la empresa para el voto electrónico en el extranjero con el fin de que sea el Tribunal el que defina los centros de votación y no la empresa, como asegura fue en 2024.

En abril de 2026, sobre el papel de Cancillería, la diputada opositora Marcela Villatoro solicitó a cónsules y embajadores «no incidir» en las elecciones, al advertir una reunión del embajador de Bélgica, Javier Helaman Reyes, con el presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah Bukele, y su declaración de que está «trabajando por el voto de la diáspora en Europa».

Las elecciones generales en El Salvador están programadas para el 28 de febrero de 2027, fecha en que se elegirán a 44 alcaldes y 60 diputados de la Asamblea Legislativa, pero también se definirá presidente y vicepresidente dado que adelantaron por reforma constitucional las elecciones presidenciales de 2029.

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Soriano, Magistrada Presidente del <a
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para coordinar esfuerzos de cara a los comicios de febrero de
2027.<br><br>Desde la Cancillería, reafirmamos el compromiso
de garantizar que… <a
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Patricia Godinez (@PattyNGodinez) <a
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26, 2026</a></blockquote>
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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se reunió este viernes en Washington, con la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, para hablar sobre migración, seguridad y comercio.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que discutieron sobre las “formas de avanzar en la asociación” de ambos países, sobre todo respecto a la “migración, la seguridad y el comercio”.

También, el funcionario estadounidense agradeció a la ministra por el liderazgo de El Salvador en la región y reconoció la incorporación de El Salvador a la Pax Silica, una iniciativa impulsada desde 2025 por Estados Unidos, integrada por 24 países, para fortalecer las cadenas de suministro de Inteligencia Artificial (IA) en una estrategia ante la creciente competencia de China en la alta tecnología.

El gobierno de Estados Unidos no detalló si en la reunión de ambos funcionarios se tocó el tema del próximo vencimiento de los permisos laborales de los salvadoreños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), que se cumple el 9 de septiembre de 2026, es decir, dentro de tres meses.

La Cancillería, al cierre de esta nota, aún no había informado de la reunión.

Ambos funcionarios se reunieron hace menos de un año, en septiembre de 2025, para conversar sobre la crisis en Haití y la cooperación internacional y la cooperación entre ambos países; en ese entonces, Hill Tinoco detalló que algunos temas del diálogo fueron las iniciativas de nearshoring, la atracción de inversión privada y el impulso de empresas tecnológicas en El Salvador.

La mayoría de los casos finalizados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) durante el año 2025 se cierran sin que los comisionados del IAIP conozcan el fondo del asunto, declarando improcedencias o inadmisibilidades, entre otras medidas, según un análisis de Acción Ciudadana (AC).

De los 51 casos finalizados por el IAIP, los comisionados finalizaron 41 o un 80 % declarando improponibilidades, improcedencias, inadmisibilidades, sobreseimientos o desistimientos, entre otros.

De los casos resueltos, tres favorecieron a la ciudadanía, 6 %; y siete favorecieron la actuación de las instituciones estatales.

Los ciudadanos interponen demandas de apelación ante el IAIP cuando, por ejemplo, no están satisfechos con la respuesta de una entidad pública que les ha negado una solicitud de información pública.

Sin embargo, los casos resueltos mediante salidas alternas disminuyeron levemente en 2025 del 85 % en 2023 y 2024, al 80 % en 2025.

Según el estudio de la AC, los procesos finalizados en el año 2025 por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fueron resultados mediante salidas alternas.

Para realizar el análisis de trabajo del IAIP durante el año pasado, organización solicitó datos estadísticos de los casos iniciados y activos durante el año 2025. El IAIP reportó 201 casos, de los cuales 161 fueron apelaciones a las resoluciones de las instituciones públicas.

“Los resultados observados durante 2025 sugieren una capacidad reducida del IAIP para actuar como mecanismo efectivo de protección del derecho de acceso a información, debido a la baja prorporción de resoluciones favorables a la ciudadanía y al predominio de decisiones que no abordan el fondo de las controversias”, consideró la organización.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señaló un poslble conflicto de interés de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) al asumir las funciones reguladoras del sector eléctrico de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

“Estas reformas lo que hacen es trasladar las competencias de la Siget en relación a la electricidad en relación a la Dirección de Hidrocarburos y Minas, siendo que sería entonces esta Dirección el ente regulador del sector y además ente rector de la política energética”, indicó la diputada, en la comisión, que dictaminó este viernes las reformas a las leyes de ambas instituciones.

La legisladora consideró que la Asamblea Legislativa debería dar seguimiento ante un posible conflicto de intereses. “Pero también quisiera hacer notar que el señor director de Hidrocarburos y Minas es también el presidente de la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroléctrica del Río Lempa), que es una generadora de energía… La misma persona va a dirigir una institución que va a ser la que va a regular el sector y una institución que va a ser regulada, podría existir algún tipo de conflicto de intereses”, afirmó.

Ortiz también lamentó que no haya habido un espacio más amplio para invitar al superintendente de la Siget y consideró que el informe del director de Energía fue “tan escueta”.

El director general la DGEHM, Daniel Álvarez, aseguró que el objetivo de las reformas es “consolidar un marco institucional integrado y que sea ágil” y eficiente.

El traslado de funciones y activos de la Siget a la Dirección se realizará en un periodo máximo de seis meses; en el proceso, la Dirección decidirá sobre el traslado o no del personal o la terminación de sus contratos.

El director consideró que no están centralizando funciones sino ordenando las competencias y argumentó que la planificación no solo se requiere a un año, sino a corto, mediano y largo plazo, en un momento en donde habrá inversionistas nuevos y las nuevas tecnologías.

La Siget, que pasará a llamarse Superintendencia General de Telecomunicaciones, dejaría de tener competencias relacionadas al sector energético, ya no sería la institución competente para dictar normas y estándares técnicos al sector de electricidad y para dirimir conflictos entre operadores de electricidad.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dictaminó el traslado de las funciones en torno al sector de electricidad que tiene la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Los dictámenes 36 y 37 de reformas a las leyes de la DGEHM y de la Siget fueron aprobados por mayoría sin el voto de Claudia Ortiz.

El director general la DGEHM, Daniel Alejandro Álvarez, explicó que el objetivo es “consolidar un marco institucional integrado y que sea ágil y coherente con los objetivos estratégicos del sector”.

“Es hacerlo eficiente prácticamente”, expresó hoy en su intervención en la Comisión, que recibió, también este viernes, las solicitudes de reformas a ambas leyes.

En un periodo máximo de seis meses se trasladarían los expedientes y la información en materia de electricidad, los registros, los activos y bienes relacionados a la electricidad, además de las facultades regulatorias, administrativas y de registro.

El traslado del personal o la terminación de sus contratos, sin embargo, dependerá de la Dirección de Energía.

“No es que va a pasar un 100 % de la Siget a la Dirección sino que se va a evaluar quiénes son los que se van a trasladar, quiénes van a trabajar en la Dirección y quiénes se quedan en la Siget”, advirtió.

Los procesos judiciales, dijo, van a continuar a cargo de la Siget hasta la resolución y los procedimientos administrativos en trámite pasarán a la DGEHM.

“No se trata de centralizar o hacer una sola institución marco. No estamos centralizando el sector energético, lo que estamos es ordenándolo y con este orden precisamente van a tener los inversionistas nuevos, con las nuevas tecnologías que se piensan, baterías, páneles solares, con todo lo que se ha venido trabajando, vamos a tener un mejor orden y poderlo llevar hacia más adelante”, dijo.

Insistió en que no están “concentrando” funciones a una institución y argumentó que la energía “no se planifica en base a un año” sino a corto, mediano y largo plazo, con base en hechos como la crisis que provocará el súper Niño, una ola de calor o la disponibilidad de energía en el futuro.

Vamos ve posible conflicto de interés

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cuestionó por qué no se invitó al superintendente de la Siget, al advertir que ahora la DGEHM será también el “ente regulador y ente rector de la política energética”.

Ortiz señaló un posible conflicto de intereses dado que Daniel Álvarez preside la institución que regulará al sector y también es director ejecutivo de una institución que va a ser regulada, en referencia a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

“Gracias, se toma nota, ¿alguna otra observación?, y, si no, someto a votación el proyecto de decreto y su respectivo dictamen, quienes estén a favor pueden votar”, respondió la diputada Dania González, presidente de la Comisión.

Se sometió a votación el dictamen 36.

En la votación, se incorporó el voto de la diputada Norma Lobo, de Nuevas Ideas, quien se encontraba ausente, ante lo cual la diputada Ortiz pidió que se dejara constancia en el acta su desacuerdo con la consignación de un voto de una diputada ausente, ante lo cual la diputada Dania González dijo que se había levantado al baño y que, cuando regresara, el voto de Lobo se incorporaría.

Se continuó con la lectura del dictamen 37 y se sometió a votación. Nadie solicitó incorporar el voto de Norma Lobo, quien no había regresado a Comisión.

Un 63.3 % de los salvadoreños daría su voto a Nuevas Ideas si las elecciones de presidente y vicepresidente de la República hubieran sido un domingo de mayo, mientras un 16.5 % no votaría por ningún partido o anularía su voto, de acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).

El estudio de opinión fue realizado del 15 al 26 de mayo de 2026.

Le preguntaron a los ciudadanos entrevistados que, si las elecciones fueran el próximo domingo, por cuál partido votaría para presidente y vicepresidente.

El 63.3 % dijo que votaría por Nuevas Ideas. La oposición sumó el 3.5 % de la intención de voto presidencial (1.4 % para Arena, 1.2 % para Vamos y 0.9 % para el FMLN) y los partidos aliados del gobierno sumaron el 0.5 %, apareciendo únicamente Gana y PDC.

Además, 13.9 % dijo que no votaría por ninguno o que anularía su voto, 2.6 % respondió que no iría a votar, un 9.3 % no sabía por qué partido votaría y el 6.9 % no respondió a la pregunta; estas respuestas, que no implicarían un voto válido, suman 32.7 %.

Al tomar en cuenta únicamente las respuestas que se podrían traducir en votos válidos, Nuevas Ideas se llevaría el 94.1 % de los votos. La oposición se llevaría 5.2 % (Arena, 2.1 %; Vamos, 1.8 %; FMLN, 1.3 %) y los aliados del gobierno, 0.7 % (Gana, 0.4 %; y el PDC, 0.3 %).

Sin embargo, este último cálculo, que no lo realiza el Iudop-UCA en su presentación, aumentaría el margen de error de cada porcentaje ya que excluye las respuestas del 32.7 % de los entrevistados, casi la tercera parte de la muestra del estudio.

La encuesta fue realizada a 1,271 personas con un nivel de confianza del 95 % y un error muestral de 2.75 % hacia arriba o debajo de los resultados obtenidos.

En 2024, Nayib Bukele (Nuevas Ideas) ganó con el 84.65 % de los votos válidos en unas elecciones que tuvieron una participación del 51.8 % de la población.

En 2019, Bukele ganó con el 53.1 % de los votos válidos, en unas elecciones con la participación del 52.6 % de la población.

Un 51.5 % votaría por Nuevas Ideas para la Asamblea

Para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa, el 51.5 % de la población entrevistada manifestó que votaría por Nuevas Ideas, 11.8 puntos abajo de la intención de voto que lograría el mismo partido en las presidenciales.

Los partidos restantes suman 8.2 % de la intención de voto para diputados, repartida entre 7.3 % para la oposición y 0.9 % para los partidos aliados.

En detalle, un 3.4 % de la población dijo que votaría por Arena, 2.4 % por Vamos, 1.5 % por el FMLN, 0.5 % por Gana, 0.2 % por el PDC, 0.1 % por Democracia Salvadoreña y el 0.1 % por el PCN.

Cuatro de cada diez salvadoreños (40.4 %) no expresaron una intención de voto en las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa. Un 16.2 % respondió que anulará su voto o no votará por ningún diputado, un 2.3 % consideró que no irá a votar, un 6.3 % no respondió o argumentó que el voto es secreto, un 15.4 % no sabía y el 0.2 % dio otra respuesta.

Al tomar como un 100 % las intenciones de voto que se convertirían en votos válidos, Nuevas Ideas lograría un 86.3 % a nivel nacional para Asamblea Legislativa, muy por arriba del 5.7 % de Arena, 4 % de Vamos, 2.5 % del FMLN, 0.8 % de Gana, 0.3 % del PDC, 0.2 % de Democracia Salvadoreña y del 0.2 % del PCN.

Sin embargo, las elecciones de Asamblea Legislativa se realizan por circunscripción departamental.

Los resultados de la elección de diputados podrían verse influidos por dos cambios en el escenario electoral aprobados por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2025 y mayo de 2026: adelantar las presidenciales de 2029 a 2027 y disminuir la cantidad de escaños legislativos de San Salvador y La Libertad para dárselos a la circunscripción de salvadoreños en el exterior

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, solicitó el miércoles reformar las leyes de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) y de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), para que la primera asuma todas las funciones y registros del sector eléctrico.

La funcionaria argumentó que buscan mayor claridad de las competencias en el sector de electricidad y “evitar superposiciones funcionales”.

Con la reforma, según el proyecto, la DGEHM asumiría todas las atribuciones en el sector de electricidad, incluso la aplicación de la Ley general de electricidad.

Todos los activos, bienes y asignaciones presupuestarias relacionados con el sector eléctrico se transferirían de la Siget a la Dirección con ayuda de una comisión de transición que funcionaría en un plazo de seis meses.

Luego de la transición, será la DGEHM la entidad que administraría el Registro de Electricidad donde se inscriben las concesiones, los contratos y las resoluciones del sector y la Siget se quedaría con el Registro de Telecomunicaciones.

Así, la Siget pasaría a denominarse “Superintendencia General de Telecomunicaciones” conservaría su acrónimo Siget y sus funciones únicamente en el área de las telecomunicaciones.

La Dirección podrá decidir qué personal de la Siget continuará bajo su cargo para cumplir las funciones en el sector eléctrico que absorberá pero podrá terminar relaciones laborales.

“Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la terminación de las relaciones laborales que se originen como consecuencia del traslado de funciones de Siget a la DGEHM, la primera de estas autoridades coordinará las acciones pertinentes a efecto de indemnizar a los servidores públicos conforme a la ley», reza el proyecto.

En la propuesta, se establece en un artículo que, cuando se mencione a la Siget en disposiciones sobre el sector electricidad, deberá entenderse que se refiere a la DGEHM.

Las propuestas de reforma serán recibidas por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que está convocada para el martes 30 de junio a las 10:00 de la mañana.

La población salvadoreña reprobó con una nota de 5.1 a los alcaldes de las municipalidades de El Salvador, mientras otorgó un 6.34 a los diputados de la Asamblea Legislativa, en una escala de 0 al 10.

Los datos provienen de la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas realizada en mayo de 2026 y presentada el miércoles.

Los alcaldes y diputados de Nuevas Ideas no tienen la misma popularidad que el presidente Nayib Bukele.

El 68.6 % de las personas entrevistadas manifestó poca o ninguna satisfacción con el trabajo de la alcaldía de su localidad: solo el 31.4 % dijo estar «muy satisfecho o algo satisfecho» con la municipalidad respectiva.

Los principales problemas que según los ciudadanos deberían resolver las alcaldías son las calles en mal estado (38.1 %), la falta de acceso a agua potable (14.4 %) y el mal servicio de recolección de basura (11.6 %).

Las alcaldías mejor evaluadas, según el Iudop-UCA, fueron La Libertad Oeste, 6.64, gobernado por el partido Gana; Santa Ana Norte, con una nota de 6.43, municipio gobernado por Nuevas Ideas; y San Miguel Centro, gobernado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Las alcaldías peor evaluadas fueron Ahuachapán Centro (4.31), gobernado por el Partido de Concertación Nacional (PCN); Sonsonate Este (4.25) y San Salvador Sur (3.54), gobernados por Nuevas Ideas.

La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), que asumió funciones municipales con parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) que se daba a las alcaldías, no goza de la aprobación de la mayoría de los salvadoreños, ya que un 43.6 % está algo o muy satisfecho, pero un 52 % se declara «poco o nada» satisfecho con la DOM.

El Iudop preguntó a los ciudadanos quién ha respondido mejor para ayudar a resolver los problemas del lugar en donde viven: un 38.1 % respondió «ninguno», un 31.7 % contestó que la «alcaldía», un 25.8 % mencionó al gobierno central y apenas 1.6 % dijo que los diputados.

Por otro lado, un 45.6 % de la población cree que los diputados no están trabajando para resolver los grandes problemas del país, aunque un 50.4 % lo cree.

Para casi la tercera parte de los salvadoreños, los diputados «deberían trabajar y velar por el bienestar del pueblo», un 9.8 % piensa que deberían favorecer a los salvadoreños en el exterior, un 5.1 % por los salvadoreños que viven en el país y un 5.8 % por «las necesidades de la gente».