Autor: Yolanda Magaña

La subdirectora general de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, aseguró que los $359 millones que serán incorporados al presupuesto estatal 2025, provenientes de deuda y recursos propios, “son necesidades que han surgido durante la ejecución del presupuesto, es decir que no estaban programadas”.

Arce indicó que estas necesidades “surgen debido a la implementación de programas y proyectos que se han ejecutado” y que “en algunos también es fortalecimientos a todos los proyectos que las instituciones ya están ejecutando”.

“Es una iniciativa de refuerzo presupuesto para diversas instituciones por un valor de trescientos cincuenta y nueve millones novecientos treinta mil dólares. Actualmente existen varias instituciones del sector público que tienen diferentes de gastos de funcionamiento que han surgido durante la ejecución del presente ejercicio fiscal, por lo que no disponen de cobertura presupuestaria”, explicó la funcionaria ante los diputados de la Comisión de Hacienda, el lunes.

Para explicar el objetivo de los recursos, la funcionaria mencionó algunos destinos y en general mencionó las funciones generales de cada cartera de Estado.

¿Para qué usarán los $359.93 millones en las 15 instituciones del Estado según Hacienda?

Hacienda no detalló concretamente si se usarán para salarios o compra de bienes o servicios. Así detalló el destino de los fondos la subdirectora de Presupuesto, Laura Michelle Arce:

Educación: $116 millones, para fortalecimiento institucional y reducir brecha en acceso a recursos tecnológicos y plataformas educativas.

Obras Públicas: $57.5 millones para continuar con la ejecución de proyectos de infraestructura pública, para movilidad y logística.

Seguridad: $48.5 millones, para apoyar acciones para garantizar seguridad, desempeño policial eficaz y sistema penitenciario integral, y para fortalecer la ciberseguridad en el sector público.

Salud: $38.73 millones para “profundizar las acciones en los diferentes niveles de atención, ampliando la oferta y la cobertura en salud”, y “continuar priorizando el control y las enfermedades contagiosas y epidémicas, la detección temprana y el tratamiento oportuno de las enfermedades crónicas no transmisibles”.

Defensa: $37.47 millones para el fortalecimiento institucional para colaborar con la PNC en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.

Agricultura: $20 millones para continuar el proyecto de fortalecimiento de capacidad logística de abastecimiento de productos a precios justos, y fortalecimiento de la operatividad de 61 puntos en funcionamiento.

Gobernación: $16.1 millones para el fortalecimiento institucional para “seguir articulando la planificación, el ordenamiento y el desarrollo territorial sostenible”, y acciones de prevención de riesgos y respuesta inmediata ante desastres y emergencias.

Fiscalía: $11.4 millones para “fortalecer la capacidad institucional” y “esfuerzos para brindar una pronta respuesta en la persecución del delito”.

Turismo: $4.13 millones para el desarrollo de eventos sobre Surf City y otras actividades de fin de año.

Ministerio de Cultura: $2.8 millones para organización de eventos culturales y remodelación teatral, inventario de libros de la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES).

Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería): recibirá $2.5 millones para «sostenibilidad a la política exterior», mayor eficiencia de los intereses del país y de la diáspora.

Procuraduría General de la República: $1.3 millones para continuar cumpliendo con el mandato constitucional de facilitar los servicios de defensa pública en diferentes áreas.

Ministerio de Trabajo: $1.1 millones para el fortalecimiento institucional para cumplir los derechos laborales, fomentando el diálogo social en el mercado laboral.

Tribunal Supremo Electoral (TSE): $700,000 para fortalecer la institucionalidad del ente electoral que permita seguir administrando “procesos electorales democráticos”.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): $700,000 para acompañar a población “cuyos derechos han sido vulnerados”.

El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) tendrá la facultad de contratar préstamos, no solo para inversión, sino para satisfacer otras necesidades que no puedan ser financiadas con sus ingresos ordinarios, además de que podrá hipotecar sus inmuebles para cumplir sus fines.

Actualmente, el INABVE puede “contratar empréstitos únicamente para la inversión en programas que no puedan ser financiados con los ingresos ordinarios del Instituto”, según el literal «h» del artículo 14.

Con la reforma dictaminada ayer lunes, esta facultad quedará ampliada así: “Contratar empréstitos para la adquisición de inmuebles e inversión en programas o proyectos de inversión en relación a los beneficios regulados en esta ley y otras necesidades que no puedan ser financiadas con los ingresos ordinarios del Instituto”.

La Comisión de la Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes dos dictámenes de reformas que disuelven el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), y trasladan las funciones de estas dos entidades al INABVE.

Un tercer dictamen reformará la “Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1º de enero de 1980 al 16 de enero de 1992”.

La reforma a la Ley de veteranos y excombatientes amplía las facultades de la junta directiva del INABVE, que además podrá disponer de los bienes inmuebles que adquiera pudiendo hipotecarlos, entregarlos en comodato, usufructo o a “cualquier título”, estos inmuebles podrán ser utilizados para oficinas, hospitales, centros de atención al adulto mayor, albergues u hogares.

La junta directiva, según el literal «n» actual, puede «autorizar la tradición de dominio de bienes muebles e inmuebles», es decir, la transferencia de inmuebles. Con la reforma, en este mismo literal se agrega la facultad de hipotecar los inmuebles, es decir, colocarlo como garantía de una deuda.

La reforma le agrega funciones en materia de protección a personas con discapacidad y adultos mayores a esta junta directiva del INABVE, que originalmente atendía únicamente a veteranos y excombatientes.

A la junta directiva del INABVE se le agrega un representante del Ministerio de Desarrollo Local, donde se encuentra aún el Conaipam; y un representante de asociaciones de personas con discapacidad, con sus respectivos suplentes.

La abogada Francesca Rivas de Apostolo, asesora jurídica de la Primera Dama de la República, aseguró ayer que el objetivo de la reforma es «darles más beneficios», en referencia a las personas con discapacidad y adultos mayores, y citó que este año han otorgado más de $7 millones en créditos a veteranos militares y excombatientes del FMLN.

Con la reforma, el Conaipd y el Ministerio de Desarrollo Local deberán indemnizar a sus empleados, cerrar y trasladar los bienes al INABVE, que no podrá continuar con dichos contratos. El Conaipd tuvo un presupuesto de $345,354 para 2025 y 18 empleados, y tenía asignados $346,537 con 18 plazas en el proyecto de presupuesto para 2026, cuyo proyecto deberá ser modificado.

La ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, recibió y se reunió con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, y una delegación del Cuerpo de Paz, el Grupo Militar y Diplomacia Pública y otras secciones de la oficina diplomática, publicó este lunes la oficina diplomática.

Según la Embajada, el acercamiento se dio para «conversar sobre el trabajo conjunto y la colaboración de ambas naciones en pro de la educación de los niños y jóvenes salvadoreños».

La Embajada destacó que «Estados Unidos comparte la visión de El Salvador de hacer de la educación una prioridad».

A inicios de noviembre, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseguró que aunque se conoce que existe una «reconfiguración» de la cooperación de Estados Unidos en general, el gobierno de El Salvador continúa trabajando en temas de cooperación con Estados Unidos.

En marzo pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció que muchas de las funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) debían «alinearse con los intereses nacionales” luego de que que se suspendieran sus programas.

La ministra Karla Trigueros, nombrada el 14 de agosto por el presidente Nayib Bukele, ordenó el 20 de agosto normas de disciplina en las escuelas como saludar y dar las gracias. El 2 de octubre, prohibió el lenguaje inclusivo en todos los centros educativos y dependencias del Ministerio de Educación, como “todos y todas”, amigue, compare o nosotrxs y argumentó que busca evitar “injerencias ideológicas o globalistas que puedan perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”.

El viernes, la funcionaria anunció que, en el proyecto de cambio de currícula escolar, proyectan sustituir completamente los programas de estudio y entregarán seis millones de libros de texto actualizados.

En julio de 2024, el Gobierno propuso una reforma a la Ley de desarrollo social de 2014 que eliminaba toda referencia a la inclusión y a la desigualdad de género.

En septiembre de 2024, el presidente Nayib Bukele aprobó un nuevo decreto del Consejo Nacional para el Desarrollo del cual fue eliminada la referencia a la Agenda 2030, que ha recibido algunas críticas por el mandatario.

La Comisión de la Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa aprobó al final de la tarde del lunes tres dictámenes de reforma para disolver dos entidades que atienden a personas con discapacidad y adultos mayores, indemnizar a su personal y trasladar sus funciones a la entidad que actualmente atiende a excombatientes y veteranos militares.

Las reformas disuelven el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), y traslada sus funciones al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).

Se aprobaron tres dictámenes:

1. Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd).
2. Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam).
3. Reforma a la “Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1º de enero de 1980 al 16 de enero de 1992”.

Gobierno: «Queremos darles más beneficios»

Francesca Rivas de Apostolo, abogada de la niñez y adolescencia y asesora jurídica de la Primera Dama de la República, quien llegó a la Comisión a explicar las iniciativas, aseguró que el objetivo de la reforma es ampliar los beneficios.

“Lo que queremos es darles más beneficios”, dijo. Señaló que este año se han otorgado más de $7 millones en créditos a veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN.

Vamos: «¿quién las va a proteger?»

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, preguntó si se realizaron consultas a las organizaciones y a las personas con discapacidad ya que hay un principio de las personas con discapacidad que indica “nada de nosotros sin nosotros”.

“Se está cerrando el Conaipd. Usted decía que no se están vulnerando derechos. Yo difiero un poco”, opinó Rivas, quien sostuvo que se pasará el Conaipd a una institución no creada para las personas con discapacidad.

“Son 489,000 personas, ¿quién las va a proteger?, el Conaipd es el encargado de proteger los derechos de estas personas”, cuestionó. La diputada señaló que es un retroceso a la participación, especialización y “sí se están vulnerando derechos”.

Gobierno: «No se están vulnerando derechos»

La abogada y asesora de la Primera Dama respondió que sí se consultó a la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) y “trabajado de la mano con el Consejo Directivo del Conaipd”.

“No se están vulnerando derechos. No es que los derechos vaya a ser desprotegido”, afirmó. Señaló que el artículo 2 del decreto dice que las funciones del Conaipd contempladas en la ley “serán transferidas al Instituto”.

Apostolo agregó que la reforma crea una comisión integrada por cuatro especialistas de cada una de las materias y por tanto “no se pierde la especialidad”. “La misma institución será la encargada de velar de los derechos de esas poblaciones”, reiteró.

NI: «No se ha hecho un trabajo real»

Por su parte, la diputada Cesia Rivas agregó que “65,552 personas con discapacidad no estudian por no estar apta, tienen derecho, la Ley Crecer Juntos es para ellos”. “No es por venir a criticar, cada ley, cada reforma, cada disolución afecta”, insistió.

“No se ha hecho un trabajo real y sustantivo que la población (…) puedan decir ‘aplaudo esta ley’, ‘hemos avanzado’, una cosa es ganar en el discurso y otra es ganar en la vida real”, indicó la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, ante los cuestionamientos de la diputada de Vamos. Aseguró que son una administración “rápidas y eficientes” y no necesitan mucho tiempo para discutir una ley.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó hoy el dictamen favorable 165 para reformar la Ley integral del sistema de pensiones con el fin de que las pensiones de Navidad se cancelen desde el 20 de octubre hasta el quinto día hábil de diciembre.

Así mismo, aprobó el dictamen favorable 166 para reformar el decreto 140 del 6 de noviembre de 1997 que regula los descuentos que se realizan a los aguinaldos de trabajadores obligados para garantizar el pago pensiones alimenticias adicionales de diciembre. La reforma busca que el pago de estas pensiones alimenticias se realicen desde el 20 de octubre hasta el primer día de diciembre.

Los dictámenes fueron explicados por el técnico de la Comisión. «La Ley integral de pensiones en el artículo 97 reconoce el derecho del afiliado en condición de retiro a una pensión de Navidad equivalente a la mitad de la pensión en curso pagadera los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre y que, además, en el artículo 153 de la citada ley, menciona que los pensionados del sistema de pensiones público también tendrán un beneficio adicional anual en el mes de diciembre de cada año con un límite al sueldo anual complementario otorgado por el gobierno central para dichos empleados», leyó.

Continuó diciendo que se solicitó que las medidas «han sido positivas para los pensionados» y «para la economía», por lo que requieren que la reforma sea definitiva.

El decreto 440 aprobado el pasado 29 de octubre por la Asamblea Legislativa, que adelantó el pago de las pensiones de Navidad, fue transitorio y solo aplicó para el año 2025; luego de este decreto, tanto el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) pagaron las pensiones de Navidad el 31 de octubre de 2025.

Con la reforma permanente, los plazos para pagar ambas obligaciones podrán ser canceladas desde el 20 de octubre de cada año.

Para el pago de aguinaldos, sí se aprobó una reforma permanente, con lo cual el Gobierno argumentó que tenía excedentes y que por ello pagaba el 24 de octubre los aguinaldos a los empleados públicos luego de una reforma al Código de Trabajo y a la Ley de compensación económica por servicios prestados en el sector público, que regula las bonificaciones en el Estado.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para incorporar $359 millones a 15 instituciones, provenientes de deuda y también de impuestos, en la Ley general del presupuesto del Estado 2025.

El dictamen favorable fue aprobado de manera unánime por los diputados presentes en la reunión.

La subdirectora general de presupuesto, Laura Michelle Arce, explicó hoy a la Comisión que los $359 millones “son necesidades que han surgido durante la ejecución del presupuesto, es decir que esto no estaban programadas”. Mencionó en la mayoría de casos que los fondos se destinarán a «fortalecimiento institucional» relacionados a los fines de cada institución.

Educación recibirá $116 millones que serían destinados al «fortalecimiento institucional para reducir brecha en acceso a recursos tecnológicos y plataformas educativas».

Obras Públicas, que recibirá $57.5 millones, servirán para continuar con la ejecución de «proyectos de infraestructura pública, para movilidad y logística».

Seguridad Pública y Justicia recibirá $48.5 millones para «garantizar seguridad», un «desempeño policial eficaz y sistema penitenciario integral», y para fortalecer la ciberseguridad en el sector público.

Turismo recibirá $4.13 millones nuevos, que los ocupará para desarrollar eventos de la estrategia «ancla» es decir, Surf City y «otras actividades de fin de año».

El Ministerio de Cultura también destinará el dinero para para la «organización de eventos culturales y remodelación teatral» y para el «inventario de libros» de la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES).

¿De dónde provienen los fondos? Un total de $150 millones, de una colocación de títulos autorizada el 22 de mayo de 2024 por hasta $1,500 millones –el resto de la emisión ya fue incorporado al presupuesto 2024– y $209.93 millones, de excedentes de ingresos del Estado.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó el lunes una reforma a las leyes de los presupuestos de las elecciones 2024, nacional y voto en el extranjero, con el fin de establecer como fecha límite de liquidación presupuestaria el 31 de diciembre de 2025 luego de que el plazo original, hasta el 31 de diciembre de 2024, no se cumpliera.

El dictamen fue emitido luego de la visita de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, quien aseguró que en septiembre de 2024 los presupuestos “no habían sido ni conciliados por la anterior gestión” y que aún mantienen deudas con proveedores. El actual TSE pagó $16,919,751 a INDRA la empresa para voto en el extranjero.

Además, hubo un reintegro de fondos a un partido político por $88,035 liquidado hasta mayo de 2025; y se recuperaron el pago de impuestos de IVA y renta a la empresa que está a cargo de la auditoría en el exterior un total de $660,000.

La gestión del TSE dirigida por Soriano terminó de pagar a la empresa española INDRA, que administró el voto electrónico de los salvadoreños en el extranjero, a la cual la anterior administración había realizado únicamente el adelanto, según Soriano.

Según el TSE, de un presupuesto para voto nacional de $70 millones, se han ejecutado $58 millones y hay un saldo pendiente de $11,705,815; y del presupuesto para el sufragio en el exterior, $59 millones, hay $32 ejecutados y $27 millones de saldo. “El saldo pendiente de ambos presupuestos por ejecutar asciende a $38,743,867”, afirmó la presidenta del TSE.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este lunes que aún está intentando «cuadrar» el presupuesto destinado a la organización de las elecciones nacionales y en el extranjero de 2024.

El TSE tenía como fecha límite para liquidar el presupuesto el 31 de diciembre de 2024; sin embargo, no se realizó según las autoridades actuales del órgano electoral.

“Nos encontramos con que no habían sido ni conciliados los presupuestos por la anterior gestión, tampoco habían sido cancelados proveedores, personal que trabajó en las pasadas elecciones… ¿Por qué no se liquidó?, habían pagos, por ejemplo el pago a Indra se lo tuvimos que liquidar nosotros, también hay personas que no se les ha pagado», afirmó este lunes la presidenta del TSE, Roxana Soriano, quien llegó este lunes a la Comisión de Hacienda a la Asamblea Legislativa a solicitar que se modifique la fecha límite de liquidación al 31 de diciembre de 2025 en ambas leyes de presupuestos, nacional y en el extranjero.

Soriano, quien en el pasado fue precandidata a diputada de Nuevas Ideas partido del cual se desafilió, fue electa presidenta del TSE el 26 de septiembre de 2024.

“La cuadratura de los presupuestos no los dejaron hechos, hemos tenido que preparar nosotros para que cuadre todo y hemos estado trabajando con Hacienda para hacerles ver la necesidad de que estos presupuestos se nos otorgue una ampliación para poder liquidarlos”. Roxana Soriano, magistrada presidenta del TSE.

Según la funcionaria, durante la gestión actual del TSE, pagaron a la empresa española Indra, quien administró el voto electrónico en el extranjero, una deuda que se tenía de $16,919,751, que «tampoco se había cancelado». «El 68 % del contrato lo cubrimos en nuestra gestión», indicó.

También, detalló que cancelaron un total de $11 millones a un «tercero contratado»; según la presentación, este pago se hizo a una empresa «que desarrolló e implementó el sistema de votación en el extranjero».

«Hicimos un proceso de verificación, a ellos únicamente se les había dado el adelanto y todo lo demás nos tocó a nosotros hacer un análisis», afirmó.

Los números del actual TSE también incluyen un «reintegro de fondos a un partido político –que no detalló– por $88,035 liquidado hasta mayo de 2025».

Además, detalló que a la empresa a cargo de la auditoría del voto en el exterior no se le había cobrado ni IVA ni Impuesto sobre la Renta, por lo que tuvieron que negociar para recuperar $660,000.

“Verificamos que no se le había contemplado el pago de impuestos de IVA y renta a la empresa que está a cargo de la auditoría en el exterior y después de ciertas negociaciones con ellos logramos recuperar $660,000 que fueron depositados al Fondo General de la Nación”.

Entre las deudas pendientes que aún tiene el TSE sobre las elecciones de 2024, mencionó $92,887.50 con la Dirección General de Correos y $99,105 a las personas que trabajaron en las elecciones de 2024.