Autor: Yolanda Magaña

El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, criticó ayer el informe del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) en el cual se asevera que se han cometido delitos de lesa humanidad en el régimen de excepción de El Salvador.

“Nosotros en el léxico de los diputados les decimos ‘se toma nota y seguimos con nuestro trabajo porque nosotros vamos a seguir porque nosotros no estamos trabajando para esos expertos. Y no nos vamos a detener”, expresó.

“Dicen de que no están de acuerdo con el régimen de excepción y que tenemos que quitarlo, dicen que de los 89,000 pandilleros que están en la cárcel ellos no están de acuerdo con el proceso que se les ha hecho, pues obviamente una cosa lleva a la otra, como el proceso está mal hecho, ¿qué es lo que sigue a continuación?, pues, que salgan”, añadió.

Castro subrayó que ellos seguirán “firmes apoyando las decisiones de presidente Bukele y del pueblo salvadoreño” en relación a la aprobación del régimen de excepción prorrogado desde el 27 de marzo de 2022. “Siempre ellos sostuvieron que, si aquí las maras se acababan iba a haber una crisis social, cínicos, sinvergüenzas, cómplices”, criticó.

El presidente legislativo acompañó ayer una entrega de una obra de mitigación en el Reparto La Campanera, de Soyapango, un proyecto realizado con una inversión de $600,000 según el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

“Los visité en 2023 para rendir un informe de labores ante sus habitantes. Luego en 2024 inauguramos nuestra segunda escuela de fútbol, en la que actualmente asisten casi 100 alumnos. No improta lo que puedan decir los expertos en derechos humanos. Dios ha obrado un milabro en nuestro país. Por eso seguiremos al lado del presidente Nayib Bukele para defender esta paz que se respira en cada rincón de El Salvador”, expresó Castro.

El Grupo Internacional de Expertos y Expertas para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), conformado por cinco personas, presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual se sostiene que durante el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad como encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos.

Con la la bendición de Dios y el apoyo del pueblo salvadoreño, seguiremos adelante. 🇸🇻 pic.twitter.com/ouw4TErq6Q

— Ernesto Castro (@ECastroES) March 17, 2026

El Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (Coamss) reformó el decreto de “Disposiciones transitorias aplicables a los proyectos de inversión inmobiliaria e infraestructura del Gobierno Central para los Trámites ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS)”.

El Coamss argumentó que han advertido que el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) es “uno de los territorios con mayor auge y dinámica económica en torno al sector construcción de obra pública” y que por ello es estratégico “buscar soluciones que permitan minimizar los costos en la inversión pública de los diferentes proyectos de desarrollo urbano que ejecuta el Gobierno Central en beneficio de la población nacional en general y del AMSS en particular”.

La reforma flexibiliza los requisitos para aplicar a la exención de pago de tarifas de la Opamss.

El artículo 1 reformado establece que los proyectos de inversión inmobiliaria o de infraestructura del Gobierno o descentralizadas deberán cumplir “con al menos uno de los criterios”, mientras que, sin la reforma, se exigía el cumplimiento de seis criterios juntos.

Los criterios vigentes son: ejecutados a través de cualquier dependencia del Gobierno, que sean propiedad de cualquier institución pública, que el inmueble esté en posesión de cualquier dependencia del Gobierno, que el proyecto se desarrolle con fondos de cooperación o Fondo General de la Nación o que el proyecto sea destinado al uso público o de cualquier institución pública del Gobierno. Los proyectos beneficiados no incluyen el componente de tramitología, autorización o permisos.

Con la reforma, no hay inversión mínima exigida para eximir del pago de los trámites de la Opamss a los proyectos de inversión pública dentro del AMSS.

Uno de los criterios suprimidos en la reforma fue el número 6, que beneficiaba con la exención de pagos de tarifas de la Opamss a los “grandes proyectos de inversión y utilidad pública” con un mínimo de inversión que “supere los $4 millones y el área de construcción mínima sea de 5,000 metros cuadrados”. Con la reforma, los proyectos más pequeños también podrán gozar del beneficio.

Así mismo, los proyectos podrán ser exentos de las tarifas de la Opamss si son destinados al uso público o de cualquier institución pública del Gobierno; y no solo para uso en áreas de “salud, educación, deporte, cultura o turismo”.

La reforma fue aprobada el 13 de febrero de 2026; y fue publicada en el Diario Oficial del 6 de marzo de 2026.

El cardenal Gregorio Rosa Chavez fue preguntado esta mañana sobre la situación de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, sobre personas consideradas presas políticas en El Salvador y también sobre un polémico informe del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) en el cual se asevera que se han cometido delitos de lesa humanidad.

El religioso exhortó a tener paciencia histórica.

“Creo que es bueno tener esa información objetiva, que obliga a tomar postura y obliga a ser responsable. Decía Romero la mentira tiene las patas cortas. Hay que tener paciencia histórica para que las cosas encuentren de repente la luz de la verdad y también de la justicia y también del perdón porque sin perdón no hay justicia verdadera, la venganza nunca traerá paz”, opinó.

El líder religioso consideró que “la gente tiene fuentes de información independientes, gente que se arriesga para que la gente conozca la verdad”, y lo comparó con lo que está pasando con la guerra y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “está en apuros, la gente está conociendo que no tiene sentido”.

Rosa Chávez ve algo “no correcto” en el estado de excepción desde su origen. “Excepción es ‘para mientras’, llevamos cuatro años, por tanto, hay algo que está, una especie de pecado original, verdad, y por tanto algo está totalmente no correcto”, expresó.

“Lo hemos dicho públicamente, incluso por escrito, ese caso, con nombre y apellido, baste ese documento que pide que ese trato se trate como tiene que ser, así que eso está clarísimo, y estamos esperando la respuesta”, indicó, sobre la situación de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, quienes según las organizaciones se encuentran presos sin tener comunicación con sus abogados ni con sus familiares y para quienes la CIDH ha solicitado medidas cautelares.

La detención de personas como estos abogados es un tema de discusión en El Salvador, en el cual el Gobierno argumenta que los defensores de derechos humanos no están inmunes a la justicia por la comisión de delitos.

El Gobierno también defiende el régimen de excepción como una medida de seguridad que ha logrado disminuir los homicidios y sacar a los pandilleros de las calles; y está dispuesto a seguirlo aprobando mientras la población lo respalde.

El informe presentado por el GIPES pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que analice la situación salvadoreña “evaluando la existencia de bases razonables para iniciar una investigación de oficio por la Fiscalía de la CPI por crímenes de lesa humanidad como encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos, cometidos en el marco de la política de seguridad iniciada en 2021 por el presidente Bukele”.

El Gobierno ha señalado que el GIPES ha pedido liberar a los pandilleros, basándose en que en el informe asegura que las detenciones masivas de más de 89,000 personas “han estado marcadas por la arbitrariedad, la ausencia de órdenes judiciales, el uso de perfiles discriminatorios y la inexistencia de pruebas individualizadas”. “Bajo esa lógica, la liberación del 100 % de los detenidos pasaría a ser una obligación de todo Estado”, se pronunció el presidente Bukele en rechazo al informe.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, anunció este lunes que no participarán en las elecciones presidenciales, pero sí en las elecciones municipales y legislativas en los 44 municipios y 14 departamentos.

La diputada Rivas aseguró que el 20 de marzo, la Comisión Electoral Permanente (CEP) de Vamos hará la convocatoria a elecciones internas de los candidatos a alcaldes y concejos, y de diputados de la Asamblea Legislativa.

“Se tomó la decisión de solo participar en la Asamblea Legislativa y en los concejos municipales, no vamos a participar en las presidenciales”, anunció el lunes en Pulso Ciudadano. Rivas detalló que la decisión se fundamentó en que no legitimarán una elección que para ellos es inconstitucional.

“La máxima autoridad, que es la Asamblea Nacional, se tomó la decisión de solo participar solamente en la Asamblea Legislativa y en los concejos municpales no vamos a participar en las presidenciales, no vamos a acompañar esa elección. La valoración a nivel de bases y de todos aquellos que somos parte de las autoridades a nivel nacional fue que no podíamos legitimar una elección que claramente es inconstitucional”. Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.

Por el contrario, anunció que participarán en las elecciones de diputados y alcaldes en los 14 departamentos. “Vamos a participar en los 14 departamentos, diputados y concejos municipales, ahí está la gente emocionada y nosotros también con un gran reto, desde el tema económico, desde el tema logístico, siempre hemos participado en cinco departamentos”, indicó.

La dirigente observó que esta sería la primera elección en la que el partido opositor participará en las elecciones legislativas y municipales de todo el país. “La gente es la que nos lo ha pedido. ¿Cómo no vamos a escucharles cuando el clamor es que participen a nivel nacional?”, comentó.

Rivas sostuvo que en el partido político aceptan personas que han militado en otros partidos políticos pero no que hayan sido funcionarios públicos.

“Así como hay gentes que viene de tener su corazón por un lado, eso nosotros lo entendemos, una cosa es alguien que fue activista pero cuando ya hay una función, ya ahí sí nosotros debemos prestar atención”, dijo. Incluso se han acercado muchos que han militado en el partido de Nuevas Ideas.

Otros partidos de oposición, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ya decidieron que participarán en las elecciones presidenciales 2027. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) decidió no participar en las elecciones presidenciales pero por razones diferentes a las de Vamos, ya que creen que el presidente Nayib Bukele tiene el respaldo de la mayoría para ganar las elecciones presidenciales. El Partido de Concertación Nacional (PCN) aún evalúa participar en las presidenciales.

Los partidos políticos tienen hasta el 7 de agosto de 2026 para convocar a elecciones internas de candidatos para las elecciones generales 2027 y hasta el 29 de julio para elegir a sus candidatos.

Las elecciones presidenciales fueron convocadas para 2027 luego de que la Asamblea Legislativa reformara la Constitución para extender el periodo presidencial de cinco a seis años, de tal manera que el nuevo periodo presidencial es 2027-2033, y ya no 2024-2029, periodo para el cual fue electo Nayib Bukele en las elecciones de febrero de 2024. En esa misma reforma constitucional se habilitó la reelección presidencial indefinida.

Los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizaron el lunes una visita institucional a las instalaciones de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) para verificar el funcionamiento de los mecanismos que habría para que los partidos políticos consulten el Registro Electoral.

La visita fue informada a través de un comunicado de prensa. En la jornada de verificación estuvieron un técnico del partido Democracia Salvadoreña (DS) y el director ejecutivo de la JVE, José Antonio Palacios.

“Definitivamente podemos dar fe de que los partidos políticos tienen acceso irrestricto al Registro Electoral”, sostuvo la magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano.

El TSE anunció que hará «espacios de verificación y acompañamiento institucional» para que los partidos y la ciudadanía puedan «constatar el funcionamiento» de estos mecanismos de consulta.

Consultado al respecto, Ciro Alexis Zepeda, director de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), aseguró que «sí hay acceso» al Registro Electoral.

Sin embargo, la secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, quien en el acto de recordatorio del plazo legal para las elecciones internas partidarias de candidatos 2027 afirmó que no había acceso al Registro Electoral, aseveró ayer que «fue hasta este lunes que llegaron los magistrados del TSE y que, ante la presencia del director ejecutivo de la JVE y del único técnico que estaba en la oficina de informática, del partido de DS (Democracia Salvadoreña), hicieron la verificación”.

Señaló que «lo bueno que al fin se verificará la información del Registro Electoral», aunque opinó que «lo malo es que lo hacen hasta hoy, por obvias razones». La dirigente de Vamos reveló que el técnico de Vamos verificará el Registro Electoral mañana martes.

Según la diputada Rivas, en la verificación que hizo el TSE no estaban los técnicos de todos los partidos. Detalló que el técnico de Vamos estaba en el segundo nivel en las oficinas de los partidos en la JVE.

El TSE informó que «se ha verificado que desde la llegada de este nuevo Organismo Colegiado el 27 de septiembre de 2024, todos los partidos políticos sin restricción han tenido acceso al sistema del Registro Electoral de forma permanente».

Soriano aseveró que el organismo colegiado aprobó «por unanimidad que todos los partidos políticos tuvieran acceso irrestricto al Registro Electoral», reconociendo el mandato de ley que les corresponde para fiscalizar dicho registro.

Según el TSE, el Registro Electoral está «sujeto a procesos permanentes de revisión, depuración y auditoría, en los cuales participan activamente los partidos políticos a través de sus representantes acreditados ante la JVE».

El 6 de marzo pasado, el TSE informó que el Registro Electoral tenía 6,477,745 de salvadoreños inscritos, un incremento de 263,346 personas desde el Registro Electoral de las elecciones 2024; de estas hay 5,533,061 salvadoreños en territorio nacional y 944,684 salvadoreños en el extranjero. La cifra difiere con la proveída por el director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, quien aseguró que en territorio nacional hay 4.8 millones de salvadoreños habilitados para votar y 1.13 millones en el extranjero.

La Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda presentada por cuatro ciudadanos mediante la cual pedían que se declarara inconstitucional el artículo 46 de la Ley especial para la intervención de las telecomunicaciones.

La resolución 57-2025 fue firmada por los magistrados Henry Alexander Mejía, Luis Suárez Magaña, Elsy Dueñas, Héctor Nahum Martínez y Ramón Iván García. Fue emitida el 13 de marzo de 2026.

La demanda fue declarada improcedente porque los magistrados consideraron que la demanda carecía de un “contraste normativo debidamente argumentado”, algo que consideran es un requisito del control constitucional.

“Aunque los pretensores enfaticen que la falta de uno de los interlocutores es capaz de transgredir su esfera de honor e intimidad, no explican de qué manera habilitar ese tipo de grabación puede resultar en tal transgresión”.

Los demandantes argumentaron que el artículo 46 de la Ley especial para la intervención de las telecomunicaciones (LEIT) viola el artículo 2 inciso segundo de la Constitución, que reconoce los derechos al honor y a la intimidad personal. El artículo 46 indica que la “grabación de las telecomunicaciones autorizada por uno de los participantes legítimos en la comunicación no será considerada intervención y podrá ser valorada como prueba conforme a las reglas generales”.

Según los demandantes la grabación unilateral “puede prestarse a abusos y manipulaciones” contra los derechos al honor y a la intimidad personal.

Sin embargo, la Sala advirtió que los demandantes introdujeron un texto de Inteligencia Artificial en su demanda a la hora de desarrollar su argumento sobre derecho comparado: “Perfecto. A continuación te presento un texto que integra directamente el análisis comparado con el texto original, incorpora artículos constitucionales y legales de los países mencionados y vincula explícitamente los derechos vulnerados en la inconstitucionalidad, que son el derecho al honor y el derecho a la intimidad”.

Sobre el uso de la IA, la Sala advirtió que los demandantes “han empleado IA generativa para realizar su demanda sin que lo hayan indicado en esta”, lo cual consideraron “riñe con principios fundamentales” como transparencia, explicabilidad, supervisión y control humano.

“No han señalado que la utilizaron ni el alcance con que lo hicieron, omitiendo proveer información relevante para evaluar si se trató de un uso ético”, sostuvo.

La Sala indicó en la resolución que el uso de IA “es admisible en los procesos constitucionales” pero siempre que se cumpla con dichos principios éticos.

La Red Nacional de Hospitales publicó nuevamente las plazas de médicos especialistas, enfermería y para personal administrativo que estarían disponibles en la bolsadetrabajo.gob.sv: son 43 tipos de plazas administrativas, 66 tipos plazas para médicos especialistas y 3 tipos de plaza de enfermería.

El anuncio no detalla la cantidad de plazas requeridas. Para la mayoría de especialistas piden dos años de experiencia o haberse graduado en los dos años previos a la contratación, es decir, en 2024, de la especialidad respectiva. Pero también se requiere un perfil de “especialista recién graduado”, para quienes se pide ser graduado o egresado de una especialidad médica o quirúrgica en el año 2025.

En el anuncio general, se indica que se requieren profesionales internacionales capacitados.

“El Gobierno de El Salvador se encuentra en la búsqueda de profesionales internacionales calificados para la gestión diaria del servicio de salud, construcción y administración”, indica la Bolsa de Trabajo del Gobierno, en la introducción del listado de plazas.

Sin embargo, en X, la Bolsa de Trabajo no detalla que en las plazas para médicos especialistas se contratarían únicamente personas extranjeras. “Oportunidad laboral para médicos especialistas recién graduados”, indica el anuncio.

El último día para aplicar es el 30 de marzo, es decir, quedan 14 días. El anuncio fue reposteado ayer y originalmente divulgado el 10 de marzo pasado.

Entre las plazas disponibles están para: cirujanos generales, asistentes dentales, cirujanos plásticos, dermatólogos, endocrinólogos, ginecólogos, oftalmólogos, médico forenses, médicos internos, neumólogos, laboratoristas clínicos, infectólogos, gastroenterólogos, coloproctólogos, diabetólogos, fisioterapista, ingenieros biomédicos, jefe de la Unidad de Sangre, médicos especialistas en medicina familiar y en medicina paliativa, cardiólogos, cirujanos laparoscópicos, fisiatras, radiólogos, nefrólogos, nutriólogos, ortopedas y traumatólogos, urólogos, entre otros.

Para los especialistas médicos, piden al menos dos años de experiencia en puestos de similar naturaleza y conocimiento intermedio en ofimática y otros idiomas. Ofrecen bonos semestrales en junio y enero, y seguro de vida, indemnización anual, vacaciones y aguinaldo según la ley.

Para las plazas de recién graduados, la Red Nacional de Hospitales detalla que requiere vocación de servicio, alto compromiso con el país para mejorar la salud de la población, habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos establecidos, capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Para los médicos generales, deberán estar disponibles para trabajar en horarios rotativos con servicio 24/7 o extendidos. Se requiere ser graduado o egresado de la especialidad a contratar en los dos años previos,  y tener “habilidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos establecidos”.

La Comisión Electoral Nacional del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) convocó para el 29 de marzo de 2026 a sus militantes a las elecciones internas de la dirigencia para los próximos tres años.

«Convocar a elecciones internas para elegir al Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) del partido ARENA, que ejercerá funciones para el periodo 2026-2029. Dichas elecciones se llevarán a cabo el 29 de marzo de 2026 en las sedes que oportunamente se habiliten para tal efecto», anunció este lunes Arena en redes sociales.

Según el calendario publicado por Arena, el registro de afiliados o padrón se cerrará el 20 de marzo, luego de un periodo de revisión del registro de miembros activos que se realizaría los días 18 y 19 de marzo.

Los aspirantes a miembros de Coena deben retirar la información sobre el proyecto y requisitos del 17 al 18 de marzo, y deben presentar los documentos de las planillas, el 18 o el 19 de marzo.

El periodo para la revisión del Consejo Nacional de Arena (Coena) de las planillas de candidatos será del 20 al 22 de marzo. El resultado de evaluación se notificará el 22 de marzo según el calendario, fecha en que se notificaría a los aspirantes si son admitidos.

Luego, la CEN de Arena sorteará la posición en la papeleta el 23 de marzo y permitirá un periodo de promoción interna del 24 al 27 de marzo, para realizar la elección el 29 de marzo.

El actual Coena es dirigido por el exdiputado Carlos García Saade, quien fue reelecto en febrero de 2024 como presidente del Coena con 2,392 votos, con un 2 % del del padrón que en ese momento tenía 116,000 afiliados.

En ese entonces, la dirigencia electa participó como planilla única; y también estaba conformada por: Ricardo Ernesto Godoy Peñate, vicepresidente de Ideología; Mario Enrique Calderón Menéndez, vicepresidente de Organización; Norma Carolina Ramírez, vicepresidente de Campaña; César Enrique Reyes Guevara, director de Asuntos Electorales y Defensa del Voto; Marcela Guadalupe Villatoro Alvarado, directora de Asuntos Políticos; Carlos Antonio Borja Letona, director de Asuntos Económicos y Financieros; Ondina Marily Ramos González, directora de Proyección Social; Tirza Verónica Henríquez, directora de Asuntos Jurídicos; Ricardo Arquímedes Aparicio Batres, director de Información y Comunicaciones; Eduardo Salomón Lacayo Cáceres, director de Afiliación y Estadística; Jacinto Eleuterio Tobar, director de Actas y Acuerdos; y Elsa Roxana Mendoza Loarca, directora de Relaciones Internacionales.
 

Los diputados de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente acordaron este lunes citar al presidente del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), Mauricio Sansivirini, para consultarle sobre una reforma a la “Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café”.

Luego de leer el proyecto de reforma enviado por el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, acordaron citar al titular del ISC.

“Sé que es un tema que los viveristas están bien interesados en este tema”, dijo el presidente de la Comisión, diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas.

La propuesta de reforma del Gobierno busca agrega infracciones contra las actividades de procesamiento de café sin acreditación del ISC, contra las compras o ventas de café con registros vencidos y obliga a informar a los beneficiadores, pergamineros, intermediarios y exportadores a informar sobre los registros de café de terceros para su procesamiento como “contratación de servicios”.

El proyecto también agrega a los semilleristas en la cadena productiva del café que debe inscribirse en los registros del ISC y establece un plazo máximo de dos días hábiles para que la Policía Nacional Civil (PCN) traslade al beneficio más cercano, con la coordinación respectiva, el café que es decomisado. Los cafés se decomisan según la ley por falta de documentos del origen y destino.

La reforma también permitiría que “el resultado del análisis de calidad no será vinculante para la autorización del permiso de exportación” y los exportadores tendrían un plazo de tres días hábiles para enviar la muestra de café al ISC.

También, se permitirá a los exportadores omitir provisionalmente datos sobre el mes de embarque, puerto de embarque y puerto de destino, si no tiene la información, y ya no deberá incluir la fecha de caducidad del permiso porque estos tendrían una vigencia de 60 días hábiles renovables.