Autor: Yolanda Magaña

El Ministerio de Hacienda ha solicitado que se extienda por un año más la fecha límite para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) liquide los presupuestos de las elecciones generales de 2024, tanto el presupuesto para el voto nacional como el que financió el voto en el extranjero.

El 31 de diciembre de 2024 venció el plazo para que el TSE presente la liquidación del presupuesto pero, según Hacienda, hay actividades del presupuesto electoral que aún no han sido ejecutadas en su totalidad.

“Dado que dichas actividades son indispensables para el cumplimiento de los objetivos que fueron previstos para dicho presupuesto, se hace necesario establecer una reforma”, indica el proyecto de decreto.

La extensión del periodo hasta el 31 de diciembre de 2025. Luego de la liquidación del presupuesto, el remanente debería ser integrado al Fondo General del Estado.

El TSE dispuso de $129,431,881 millones para las elecciones generales de 2024; en julio de 2024, fuentes del TSE informaron que gastó $89,431,881, de los cuales usó $57,418,962.74 para el voto nacional y $32,012,918.23 para el voto electrónico en el extranjero.

El “Presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 2024” para la elección de presidente, vicepresidente, diputados de Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano (Parlacen) y concejos municipales tuvo un monto de $70,250,480, de los cuales $24.3 millones se destinaron a remuneraciones y $43.2 millones a bienes y servicios.

Mientras, el “Presupuesto especial extraordinario para el sufragio en el extranjero para el evento electoral 2024” ascendió a $59,066,690, de los cuales $1 millón se asignó a remuneraciones y $58 millones a bienes y servicios.

Ambas leyes de presupuestos indicaban que debían liquidarse “a más tardar el 31 de diciembre de 2024”, lo que según la petición no se ha concretado.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, solicitó hoy reformar la Ley integral del sistema de pensiones y el decreto 140 que regula las pensiones alimenticias de los aguinaldos de los trabajadores obligados con el fin de que las pensiones de Navidad, incluyendo las alimenticias, se paguen entre el 20 de octubre.

La fecha límite para pagar las pensiones de Navidad siempre sería el quinto día hábil de diciembre y la fecha límite para pagar las pensiones alimenticias adicionales de diciembre, el primer día de ese mes.

Las propuestas de reforma pasarán a estudio de la Comisión de Hacienda, que se reúne los lunes para estudiar las solicitudes de reformas.

El decreto aprobado el pasado 29 de octubre pasado solo aplicó para el año 2025.

El decreto 440 de “Disposiciones especiales y transitorias relativas al pago de la pensión de Navidad y del beneficio adicional anual previsto en la Ley integral del sistema de pensiones, así como el pago de pensiones alimenticias establecido en el decreto legislativo número 140 de fecha 6 de noviembre de 1997” fue aprobada el 29 de octubre pero su carácter fue temporal o transitorio.

Este decreto amplió la fecha de pago de ambos tipos de pensión desde la vigencia del decreto mismo sin modificar las fechas límites. El decreto 440 fue publicado en el Diario Oficial del 29 de octubre, iniciando su vigencia ese mismo día.

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) hicieron efectivo el pago de las pensiones de Navidad el 31 de octubre.

La Ley integral del sistema de pensiones autoriza el pago de una pensión de navidad equivalente a la mitad de la pensión y establece que era “pagadera en los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre”.

Este año, el Gobierno también pagó el 24 de octubre los aguinaldos en el Gobierno, luego de una reforma permanente al Código de Trabajo y a la Ley de compensación económica por servicios prestados en el sector público (que regula las bonificaciones en el Estado) que dejó el pago de los aguinaldos del 20 de octubre al 20 de diciembre.

La Asamblea Legislativa incorporó hoy $150 millones de dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para proyectos de calidad de salud y educación a la partida de “obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda, que según el decreto podrá utilizarlos para prioridades, obligaciones o apoyos a la caja fiscal.

Los préstamos, de $75 millones cada uno, se denominan “Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador” y “Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador”, ambos aprobados en junio y julio de 2025.

El considerando IV del decreto recuerda que los recursos “podrán utilizarse para atender prioridades estratégica del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal”.

«Obligaciones generales del Estado» en el presupuesto del Ministerio de Hacienda es una partida compuesta por 12 “líneas presupuestarias”. Las 12 líneas son: clases pasivas, aportes al régimen de salud del Seguro Social, contribuciones a organismos internacionales, devolución de ingresos de años anteriores, devolución de IVA a exportadores, financiamiento a operaciones de reporto del Banco Central de Reserva, seguro de vida de empleados públicos, devolución de Impuesto sobre la Renta, financiamiento de pensiones de militares (IPSFA) y financiamiento de compensación de gastos al Banco Central de Reserva. Hacienda no ha especificado a qué líneas se orientarán los fondos.

Hacienda argumentó que ambos préstamos de la CAF se otorgaron “en reconocimiento por parte de dicho banco de acciones de política, programas y estrategias que han desarrollado ambos ministerios” de Salud y Educación, sin embargo, Hacienda ha prometido que no usará fondos provenientes de deuda para gasto corriente, es decir, para pago de salarios, compra de bienes y servicios, transferencias, gastos de funcionamiento estatal.
La deuda nueva avalada en la sesión plenaria de este martes sumó $521 millones: $170 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de los mercados de Santa Tecla y del Puerto La Libertad y los $344 millones en títulos para prioridades del Gobierno, pagar deudas o reforzar la caja fiscal. Los préstamos por $135 millones para más obras adicionales en el Puerto de La Libertad, conocido como Surf City, ya estaban autorizados fueron ratificados este martes.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la donación de un inmueble ubicado en el Barrio de San Jacinto, en el distrito de San Salvador, de una extensión de 335.09 metros cuadrados, en donde se encuentra el parque Rafael J Rivera, a favor del municipio de San Salvador Centro.

El decreto no fue leído en la sesión plenaria y los diputados votaron a favor de omitir la lectura.

El inmueble, en la intersección de Calle Bolívar y Calle Barrundia, fue valorado en $21,700 el 3 de mayo de 2021.

La transferencia fue aprobada el 26 de agosto pasado por el Consejo de Ministros y estará exenta de pagos registrales e IVA.

Según el dictamen, el objetivo es garantizar la conservación del parque y contribuir al esparcimiento e interacción social entre los habitantes de la zona.

La escritura pública de donación estará exenta del pago de derechos registrales y de Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, así como de la obligación de presentar solvencia municipal.

La alcaldía de San Salvador Centro deberá pagar los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble y sus construcciones. La donación será irrevocable según el decreto.

El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, pidió este martes a la Asamblea Legislativa la disolución del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam).

El gobierno argumentó en sus proyectos que tiene la finalidad de “optimizar la utilización de los recursos del Estado” y “realizar una reconfiguración de ciertas instituciones del Estado creadas con fines sociales”.

Las funciones de ambas instituciones serían transferidas al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE), según ambos proyectos de decreto, recibidos por los diputados en la sesión plenaria de este martes.

El Conaipd y el Conaipam deberán trasladar al INABVE sus recursos, sus registros y los expedientes de sus beneficiarios, tanto personas con discapacidad como personas adultas mayores.

Con el decreto de disolución, tanto el Conaipd como el Conaipam indemnizará a los servidores públicos “conforme a ley” y el INABVE “no tendrá obligación de dar continuidad a las relaciones laborales ni de cualquier otro compromiso de carácter colectivo en esa materia”.

Las obligaciones derivadas del proceso de liquidación serán pagar las indemnizaciones del personal, liquidar los contratos a los proveedores, arrendamientos y cualquier otra obligación pendiente relacionada a su funcionamiento.

El Ministro de Hacienda deberá trasladar al INABVE el Fondo Especial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y estas ingresarán al Fondo General de la Nación.

El Conaipd tiene un presupuesto de $345,354 para 2025 con una planilla de 18 empleados. Para el año 2026, el Gobierno había previsto un presupuesto de $346,537 con las 18 plazas.

Mientras, el Conaipam está dentro del Ministerio de Desarrollo Local y tuvo un presupuesto de $814,220 para su funcionamiento en el año 2023 con cinco pllazas y consultorías.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó al Ministerio de Hacienda para que pueda emitir títulos valores hasta $344 millones que según el decreto pueden destinarse a prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones o necesidades prioritarias en áreas social, ambiental o económica, este o el próximo año.

La diputada Suecy Callejas aseveró que los fondos no se colocarán “de una vez” sino que serán “múltiples emisiones”, además de que aseveró que servirán para pagar deuda ya existente, de décadas, cubrir gastos operativos y para programas de inversión.

“Esta gestión es crucial por tres causas. Primero, asegura la solvencia del Estado, la emisión de la deuda permite al Estado salvadoreño cumplir con sus obligaciones generales ya adquiridas, estamos hablando de deuda ya existente, de décadas; manteniendo su estabilidad y credibilidad financiera; también impulsa el desarrollo nacional porque estos fondos no solo serán previstos para cubrir gastos operativos sino que están destinados a respaldar programas de carácter social, ambiental y económico, lo cual se traduce en inversión pública hacia la población, infraestructura, sostenibilidad y crecimiento productivo; y aprovecha las oportunidades de financiamiento”, fueron las palabras de la diputada Callejas.

Callejas mencionó que Hacienda “es el autorizado para reorganizar o refinanciar esta deuda ya existente”. No detalló qué proporción de los fondos serían utilizados para refinanciar deuda.

Indicó que “los fondos no se colocarán de una vez”, no será “una emisión única”, sino que serán “múltiples emisiones”.

“El objetivo de estos fondos es fortalecer la capacidad financiera del Estado, atender obligaciones generales y respaldar programas de carácter social, ambiental y económico”. Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

Ministro de Hacienda mintió: Claudia Ortiz

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que no pueden callar ante “la cantidad exagerada de deuda” en aprobación este martes y señaló al ministro de Hacienda de mentir ya que prometió que no usarán deuda para financiar gasto corriente del Estado en 2025 y 2026.

“Mentira, mentira de las más grandes”, afirmó.

Ortiz aseguró el presupuesto 2025 se ha modificado porque “necesita dinero para funcionar” y ejemplificó los $150 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) de dos préstamos de salud y educación, y que fueron incorporados al Ministerio de Hacienda a una partida de “Obligaciones generales del Estado”.

Aseguró que, cuando se aprobaron los dos préstamos del CAF por $150 millones, ella aseguró que serían incorporados a “Obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda.

“Dicho y hecho, no viene al Ministerio de Educación, no viene al Ministerio de Salud, no viene a los hospitales, ¿para dónde viene?, obligaciones generales del Estado, ¿no les da vergüenza?”, criticó.

Este martes, la Asamblea Legislativa también incorporó $150 millones de dos préstamos de la CAF de proyectos de calidad de educación y de salud, a la partida de Obligaciones generales del Estado del Ministerio de Hacienda. Estos fondos podrán ser usados en prioridades del Estado, transferencias, obligaciones o apoyos a la caja fiscal.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes la autorización para que el Ministerio de Hacienda suscriba un nuevo préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $170 millones para construir los mercados de Santa Tecla y La Libertad con rehabilitación de espacios públicos cercanos.

En su visita a los diputados, el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, aseguró que el plazo para pagar el préstamo son 25 años, con 5.5 años de gracia.

Según el director, “incluye no solamente la infraestructura básica del mercado sino obras complementarias”. «No solo se trata de construir edificios», dijo, sin desglosar cuánto se destinará a la infraestructura de los mercados.

Al consultar la propuesta del préstamo en el sitio web del BID, se puede ver que $152 millones se destinarían al diseño y obras en las «centralidades urbanas» de Santa Tecla y La Libertad, desarrollo de los mercados, mobiliario e infraestructura de los locales comerciales con sistemas de ahorro energético y uso racional del agua. El crédito también promete rehabilitar «espacios públicos en el entorno de los mercados» como «calles, parques, plazas y áreas verdes».

De los fondos, $7.7 millones se dirigirán a la formación de comerciantes; $5.3 millones a mantenimiento y operatividad, y $115,000 para un proyecto piloto de gestión de residuos sólidos orgánicos en mercados municipales, y $100,000 para un proyecto piloto de digitalización de pagos. El programa sería ejecutado a lo largo de cinco años.

Nuevas Ideas celebra: «Generará empleos»

En la plenaria, la diputada Sharon Salazar aseguró que “como tecleña” sabe lo que significan estos mercados para la sociedad y las comunidades. “Esta iniciativa permitirá estos espacios para que se conviertan en mercados más seguros, limpios y ordenados”, afirmó.

La diputada de Nuevas Ideas dijo que beneficiará a “más de dos mil personas”, cifra que coincide con los 2,342 comerciantes censados en Santa Tecla. En el proyecto también fueron censados 736 comerciantes en el mercado de La Libertad, según la documentación del BID.

El diputado Walter Alemán, del mismo partido, recordó que recientemente se finalizó la construcción del mercado del distrito de Chalchuapa, en Santa Ana Oeste, que costó $17.6 millones.

“Esta inversión generará cientos de empleos directos e indirectos durante su construcción y posterior a su etapa de operación. La construcción de estos mercados son un claro ejemplo de cómo la inversión puede convertirse en un motor de crecimiento”, dijo el legislador cian.

Arena a NI: «No le mientan al pueblo»

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), preguntó a Nuevas Ideas si ya vieron los testimonios de los comerciantes del Mercado San Miguelito y reclamó que quitaron la administración de los mercados a las municipalidades.

“Este día, ustedes van a aprobar un crédito de $170 millones, pueblo salvadoreño, ¿quién va a pagar estos millones?, no lo va a pagar ningún diputado de Nuevas Ideas, estos créditos y estas tasas las van a pagar ustedes. No estamos en contra que tenga estructura nueva, agradable, bonita, que tenga un montón de luces”, afirmó.

Según Lira, están en contra del “manejo propagandístico” ya que aseguran que “no van a pagar más de lo que ya pagaban”. “Les hago un llamado, diputados, que no le mientan al pueblo salvadoreño”, dijo.

El diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, aseguró que la oposición veía normal el mal estado de los mercados y que ellos lo que ven normal es que los salvadoreños tengan instalaciones de “primer nivel”.

En San Miguelito los vendedores deberán pagar $90 mensuales con vigilancia, mantenimiento y servicios sanitarios, además deberán pagar otra cantidad por luz y agua, deberán trasladar el IVA. Los costos por los puestos también podrían ser $60 y $180 mensuales dependiendo el tamaño.

En una conversación con el exprecandidato a diputado Herbert Esmahan, el exasesor y operador político de Donald Trump, Roger Stone, aseguró recientemente que Trump es muy parecido a Bukele, porque no buscan ser populares sino hacer “lo correcto”.

El exprecandidato a diputado de Nuevas Ideas, Herbert Esmahan, publicó el video de 10:40 minutos de conversación con Roger Stone, con subtítulos en español en el cual tagueó a @RogerJStoneJr y a @nayibbukele.

“Tuve el honor de compartir un rato con mi buen amigo, @RogerJStoneJr”, comentó, presentando a Stone como un asesor con una vasta experiencia política y a la vez elogiando “la notable transformación” en El Salvador y elogiando a Bukele.

Stone le comentó a Esmahan que los resultados electorales en Estados Unidos, a favor de los demócratas, no tienen un gran significado para las elecciones de 2026 y que estaban ahí “para celebrar el gran éxito de tu amigo”, Nayib Bukele.

Aseguro que ha convertido a El Salvador “en una sociedad modelo” “para la región”, por la seguridad, la justicia que encierra a los narcocriminales, criptomonedas, Bitcoin.

“Y no solo lo digo porque me envía café cada mes”, dijo Stone.

Esmahan aseguró que “es la respuesta definitiva para acabar con el comunismo” y que le resultaba “curioso” cómo estos líderes son calificados como “dictadores”.

Stone le respondió que “la influencia marxista sigue siendo real” porque aún siguen “al mando” en Cuba y Venezuela.

“Si miras Europa, ¿dónde están las sociedades más fuertes?, Rumania, Hungría y Polonia, tres países que no permiten la inmigración ilegal… Creo que es debido a su éxito que Bukele está siendo atacado y lo llaman de todo pero atrapó a las bandas criminales vinculadas a los partidos principales”, le afirmó Roger Stone.

Esmahan menciona que también Trump es calificado como dictador y “para ellos”, en referencia a organizaciones internacionales, dictadores son líderes que usan sus poderes constitucionales “democráticamente”.

Luego, Stone dijo que “la gran ironía de la izquierda” que organiza “mítines de No a los Reyes” es que “el partido” que destituyó al presidente en funciones y eligió a una mujer, no electa en primarias, les “acusa de tener un rey”.

Luego, aseguró: “Trump es muy parecido a Bukele, no le interesa hacer lo popular, está interesado en hacer lo correcto” y “tiene la determinación de resolver problemas difíciles”.

Ante un comentario sobre estos cambios en el mundo, Stone menciona que duda de si las democracias europeas “están tan infectadas de inmigrantes ilegales que han sobrepasado el sistema”.

Stone criticó que Instagram y Facebook lo bloquea, y que en X aunque tiene su cuenta, aún percibe “cancelación y censura de conservadores”; “sigue siendo un gran problema”, afirmó. Luego, le dijo a Esmahan que él es apreciado por la familia Trump, así como por Matt Gaetz y otros congresistas: “¿Estás listo para postularte?”, le preguntó.

Esmahan fue precandidato a diputado de Nuevas Ideas pero no logró votos suficientes.

“Absolutamente”, le responde.

Stone dijo que Trump venció un “tsunami corrupto” que intentó meterlo a la cárcel o inhabilitarlo, y que intentaron destruirlo a él también. “Se necesitan líderes fuertes como Bukele y Trump”, dijo.

En enero de 2019, Stone fue arrestado de siete cargos por supuestamente obstaculizar la investigación de una posible colusión entre la campaña electoral de Donald Trump y Rusia, una acusación que partió de comunicaciones con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Esmahan, por su parte, fue precandidato a diputado de San Salvador en Nuevas Ideas y anteriormente ha sido cantante.

 

“Creo que es debido a su éxito que Bukele está siendo atacado.

Atrapó a las bandas criminales vinculadas a los partidos principales (del pasado), de las que nadie estaba a salvo. Las encarceló y creó una sociedad muy segura.

Es un milagro, y él es un gran líder.”

—… pic.twitter.com/V30k3noQiv

— Herbert Esmahan (@HerbertEsmahan) November 11, 2025

Los gobiernos de El Salvador y Bolivia firmaron un memorándum de entendimiento para la conformación de la primera Cámara Binacional El Salvador–Bolivia, algo que fue calificado como «hito histórico en las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones», informó la Vicepresidencia en un comunicado.

A la firma, asistió como testigo de honor el vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa, quien asistió al acto de toma de posesión del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Ambos sostuvieron una reunión.

Ulloa invitó a los empresarios a explorar las oportunidades que ofrece el país como un centro estratégico para los negocios en la región pero el objetivo de la Cámara es impulsar la inversión bilateral.

La Vicepresidencia informó que el encuentro reunió a 13 empresas bolivianas de los sectores de telecomunicaciones, tecnología, agroindustria, comercio exterior, seguros; y aseguró que están «comprometidas con impulsar la inversión bilateral». También, se conformó un Comité de Trabajo Conjunto que dará seguimiento a los acuerdos según dicha oficina pública.

Según la Vicepresidencia, la embajadora de El Salvador en Bolivia, Ana Guadalupe Rivas, fue quien realizó las gestiones «tanto en Santa Cruz de la Sierra como en otras ciudades importantes para agrupar a los empresarios».

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio del país suramericano es Eduardo Olivo Gamarra.

Ulloa aseguró que El Salvador ha tenido avances en materias económica y de seguridad, resaltando que el país ofrece un entorno estable, confiable y atractivo para la inversión extranjera; y habló del interés del gobierno de Nayib Bukele en «continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación» con Bolivia.

La Asamblea Legislativa aprobará este martes la incorporación de $150 millones de dos préstamos para el fortalecimiento de salud y educación a la partida de “obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda, que podrá utilizarlos, o bien para prioridades del Gobierno o bien para pagar obligaciones o apoyos a la caja fiscal según el dictamen aprobado.

El director de Inversión, Marlon Herrera, confirmó ayer que los $150 millones se destinarán a obligaciones generales del Estado del Ministerio de Hacienda y explicó que estos fondos se dan “en reconocimiento a acciones ya implementadas” por el Gobierno.

El dictamen favorable, leído y aprobado de manera unánime este lunes en la Comisión de Hacienda, citó el artículo 2 de los decretos de los préstamos estableció que dichos recursos “podrán utilizarse para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal”.

“Por lo que a efecto de darle cobertura presupuestaria de forma oportuna a aquellas obligaciones del Estado, es necesario viabilizar la incorporación de recursos en el presupuesto vigente del ramo de Hacienda hasta por $150 millones”, indica el dictamen según la lectura del dictamen que sería aprobado hoy en sesión plenaria del Congreso.

En la presentación de los proyectos de presupuestos de 2025 y 2026, el Gobierno prometió que no usará recursos de deuda para el gasto corriente del Estado, es decir, remuneraciones, compra de bienes y servicios, subsidios, entre otros, sino solo para inversión, por ejemplo, proyectos de infraestructura.

Herrera argumentó que ambos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) se otorgaron “en reconocimiento por parte de dicho banco de acciones de política, programas y estrategias que han desarrollado ambos ministerios” de Salud y Educación.

El funcionario confirmó que los fondos serán desembolsados dentro de la unidad presupuestaria de «Obligaciones generales del Estado», algo que también lo establece el proyecto de decreto de reforma presupuestaria. “Se incrementa el rubro endeudamiento público, contratación de empréstitos externos… Y en el apartado tres, gastos en la parte correspondiente al ramo de Hacienda, se refuerzan las asignaciones a las diferentes líneas de trabajo, unidad presupuestaria 3 Obligaciones Generales del Estado hasta por el monto de $150 millones”, expresó Herrera.

«Obligaciones generales del Estado» en el presupuesto del Ministerio de Hacienda es una partida compuesta por 12 “líneas presupuestarias”. Las 12 líneas son: clases pasivas, aportes al régimen de salud del Seguro Social, contribuciones a organismos internacionales, devolución de ingresos de años anteriores, devolución de IVA a exportadores, financiamiento a operaciones de reporto del Banco Central de Reserva, seguro de vida de empleados públicos, devolución de Impuesto sobre la Renta, financiamiento de pensiones de militares (IPSFA) y financiamiento de compensación de gastos al Banco Central de Reserva. Hacienda no ha especificado a qué líneas se orientarán los fondos.

Los préstamos se llaman “Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador” y “Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador”, fueron autorizados el 10 y 19 de junio de 2025 y ratificados el 19 de junio y 16 de julio de 2025.

La Asamblea Legislativa votará este martes, en sesión plenaria, por cuatro decretos crediticios, dos para la segunda fase del programa Surf City en La Libertad, una garantía crediticia para construir una cúpula de 21 metros en el Aeropuerto del Pacífico y un préstamo para construir dos mercados. También autorizarán $344 millones en títulos valores para prioridades u obligaciones del Estado, deudas que suman $666.1 millones.

La deuda nueva avalada suma $521 millones: $170 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de los mercados de Santa Tecla y del Puerto La Libertad y los $344 millones en títulos para prioridades del Gobierno, pagar deudas o reforzar la caja fiscal. Los préstamos por $135 millones para más obras en el Puerto de La Libertad, conocido como Surf City, ya están autorizados y hoy se someterán a ratificación.

En su reunión del lunes, los diputados también aprobaron la incorporación de $161.4 millones de deudas en el presupuesto: $11 millones irán a la contratación de personal y compra de equipo para el programa de Telemedicina, los $150 millones de préstamos que podrían usarse en prioridades, obligaciones, transferencias y apoyos a la caja fiscal, y $344,917 para un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento en La Libertad.