Autor: Yolanda Magaña

  • Entrevistan a candidatos del Ministerio Público para el CNJ: candidato propone modificar manual de evaluación de jueces, presidente del CNJ defiende proceso

    Entrevistan a candidatos del Ministerio Público para el CNJ: candidato propone modificar manual de evaluación de jueces, presidente del CNJ defiende proceso

    La Comisión Política de la Asamblea Legislativa continuó hoy las entrevistas a los 42 candidatos a miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), este jueves entrevistaron a los representantes propuestos por el Ministerio Público.

    Este jueves, están siendo entrevistados Josué Nehemías Caballero Ábrego, Miguel Ángel Calero Ángel, Larissa Nataly Ventura Peñate, como la terna de candidatos a miembros propietarios; y Jennifer Isa Mansell García de Vásquez y Silvia Carolina Rodríguez de Rivas Zamora como la terna de candidatos a miembros suplentes.

    Josué Nehemías Caballero Ábrego, fiscal auxiliar, coordinador de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico, cuenta con capacitaciones de organismos internacionales de Estados, España y Naciones Unidas, y es instructor de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA San Salvador) y destacó su labor en la investigación de pandillas.

    Caballero Ábrego propuso modificar el manual de evaluación a través de una verdadera auditoría, revisando temas de fondo y de fundamentación de las resoluciones judiciales para lograr saber si hay diferencias reiteradas en el tratamiento o patrones de resolución, si hay retraso selectivo, uso desigual de criterios procesales.

    Señaló que según el manual de evaluación actual se otorga al juez un 30 % si asiste a la jornada laboral, 10 % si realiza la audiencia en la hora señalada, 10 % si realiza todas las audiencias señaladas dentro del plan, 30 % con una dirección adecuada de la intervención de las partes en audiencia y el otro 20 % si hay una intervención oportuna en la audiencia.

    «Considero que está demasiado fácil… Esto es un llamado de atención, es algo que debemos tomar en cuenta, la evaluación así establecida ¿cumple con una expectativa de justicia verdadera?, considero que no», dijo.

    También, propuso realizar una transformación de las capacitaciones por ejemplo según los cambios en las modalidades criminales, actualización de la malla curricular, realizar convenios con instituciones para enfrentar la falta de capacitadores y evaluar el impacto de las capacitaciones.

    Mencionó que antes se desempeñaba el Programa de Formación Inicial, pero este requiere patrocinadores, pero propuso una capacitación antes de desempeñar su cargo en la materia que va a ejercer, para «formarlos antes de» ejercer como juez.

    También planteó que se debe «transparentar los resultados» de la selección de jueces, por ejemplo, dijo, él aplicó para una judicatura y no sabe qué ocurrió con su proceso, «no se conoce cuáles son los criterios para tomar preponderancia de una persona sobre otra», señaló.

    El segundo candidato, Miguel Ángel Calero Ángel, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, aseguró que el proceso de selección de candidatos a jueces y magistrados es «por mérito», tiene una ponderación y es «trazable». «El mérito es una valoración integral de conocimientos, competencias, de forma de razonar, de la disponibilidad para poder valorar juicios», dijo.

    Ante una pregunta del diputado Ernesto Castro, sobre los cambios desde 2001, respondió que «nadie puede llegar a manipular el proceso». «Nadie se deja influenciar porque nos debemos al pueblo salvadoreño», expresó.

    El presidente de la Comisión Política sugirió que, cuando encuentran a un juez que acumula o aumenta su mora judicial, el CNJ debería tener una responsabilidad de sugerir a la Corte Suprema de Justicia «que mejor cambien» al juez. El candidato respondió que la mora judicial no es competencia del CNJ pero «no significa» que no hagan nada.

    El presidente del CNJ respondió que cuando se identifican hallazgos en el informe de conclusiones los casos, así como evaluaciones de seguimiento, se envían a la División de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Agregó que el CNJ hizo una rotación de los evaluadores de los tribunales y que «la plantilla de evaluadores cambió».

    «Quiero ser enfático en algo. Cuando hicimos la reforma al manual, encontramos resistencia. Se decía que nosotros andábamos en persecución. No. El CNJ no sanciona, coadyuva a la Corte en el tema de evaluaciones», subrayó. Antes de esa evaluación, observó, no había malos resultados.

    El funcionario titular del CNJ indicó que en el año 2021 había 11,000 beneficiados de capacitaciones y han incrementado a 38,000. «Estamos todavía implementando estrategias, porque no hemos logrado llegar al 100 % del personal jurídico, por eso estamos tratando de buscar los apoyos necesarios para poder dar las capacitaciones en los 14 departamentos», remarcó.

    Al iniciar la gestión en el CNJ, también relató que realizaron un diagnóstico y encontraron que no había indicadores de cumplimiento y destacó la aprobación de la certificación del sistema antisoborno hasta el año 2028. Agregó que tomaron estrategias para maximizar el presupuesto como lanzar las ofertas de compras en la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros) y el sitio de Compras Públicas (Comprasal).

    Castro señaló que durante la gestión del presidente del CNJ «ha hecho un excelente trabajo, ha sido tangible» pero que los funcionarios, a pesar de que están viendo de que a partir desde el gobierno de Nayib Bukele «no hay nadie que pueda negar que este país ya cambió». «Así es», dijo el presidente del CNJ. Castro prosiguió: «Este país ya cambió y eso es innegable y hay muchos funcionarios que no entienden que ellos deben proponer los cambios».

    El diputado le dijo que, de continuar, le hará una sugerencia: «Yo quisiera hacer esa propuesta, que lo dejo, no se sabe qué va a pasar, es una decisión de 60 diputados, es que propongan cómo hacer para mejorar sus instituciones, que se haga cargo cada quien de su trinchera y que se haga responsable».

    Larissa Nataly Ventura Peñate, delegada departamental de Chalatenango de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), aseguró que una de sus apuestas es que la justicia tenga un enfoque multisectorial y de derechos humanos con respuestas sostenibles en lugar de conflictuar más que se le resuelvan los problemas a la población.

    «Es una institución en la cual se puede impactar, ya no vamos caso a caso», afirmó, sobre el CNJ.

    Ventura Peñate aseguró que el CNJ puede hacer algo contra la mora judicial identificando qué está saturando el sistema, resaltó el papel de los facilitadores judiciales para promover la resolución de conflictos y que las comunidades que se cohesionen.

    La candidata señaló que un juez debe ser empático, conocer el contexto en el que se están desarrollando los conflictos y el resto de partes pueden dar elementos para que los casos no sigan creciendo. Agregó que la justicia tiene que ser efectiva y los procesos tienen que ser educativos para que las personas se inhiban de continuar con incumplimientos.

    «Yo como consejal lo que haría sería enfocarme en el fortalecimiento de las capacidades de los jueces para que tenga esa capacidad de análisis con base en contexto, con base en las dinámicas sociales, que sepan relacionarse con las demás instituciones que tienen mucha información sobre los casos que se ventilan en el territorio», afirmó.

    Ventura Peñate sugirió identificar cuáles son los factores que están imposibilitando una pronta y cumplida justicia, y qué factores se pueden reforzar, y trasladar a la Corte Suprema de Justicia para que tome decisiones.

    Esta tarde también serían entrevistadas Jennifer Isa Mansell García de Vásquez y Silvia Carolina Rodríguez de Rivas Zamora, candidatas a consejeras suplentes.

  • Arena y Vamos piden exigir a las empresas cantidad de empleos para recibir incentivos fiscales

    Arena y Vamos piden exigir a las empresas cantidad de empleos para recibir incentivos fiscales

    Las diputadas de oposición Claudia Ortiz, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), exhortaron a Nuevas Ideas a exigir de las empresas y corporaciones que recibirán incentivos por expandir sus inversiones en el país una cantidad mínima de empleos a generar como compromiso a cambio del beneficio.

    Las sugerencias, dadas con ciertos matices, fueron manifestadas en la plenaria del miércoles en la cual Nuevas Ideas y sus diputados aliados reformaron la ley de expansión de las inversiones para abrir los incentivos fiscales a corporaciones que tengan al menos cinco años de operar que amplíen inversiones de al menos $75 millones. La ley otorga, a cambio, créditos tributarios de hasta el 30 % utilizables gradualmente contra el pago de Impuesto sobre la Renta.

    Ortiz señaló que la ley carece de mecanismos «que exijan una inversión que se traduzca en empleo, no se le exige la creación de determinado número de fuentes de empleos» y sugirió un mecanismo para indagar si la inversión que será realizada por la empresa será «destinada a la automatización», con el fin de disminuir el incentivo, dado que generaría menos empleo.

    La tesis de Ortiz es que no necesariamente la inversión en tecnología, automatización o expansión «se va a traducir en la creación de empleos». «Es una realidad. No es un tema solo de El Salvador», dijo, en referencia al uso la Inteligencia Artificial (IA).

    Mientras, a diputada Marcela Villatoro observó que debería hacerse un artículo que busque que existan resultados en determinado plazo e incluir «un mínimo de empleos permanentes». «Todo esto basándose en resultados completos», dijo la diputada de Arena.

    «Sí es importante que dentro de estas inversiones que se busquen existan determinadas características, digámoslo así, por ejemplo, cuando se van a dar estos aspectos a determinadas empresas tenemos que conocer también los resultados y un plazo estimado para que esos resultados realmente se transformen en energía laboral para este país», indicó.

    La legisladora de derecha explicó que, con el incentivo fiscal a las empresas «el Estado va a dejar de percibir dinero», por lo que sugirió ver que «ese contraste entre cuánto empleo se va a dar» la empresa y «cuánto va a ser el gasto en que el Estado va a incurrir» en eximirle de Impuesto sobre la Renta «realmente valga la pena».

    En la Comisión de Tecnología de la Asamblea Legislativa, la diputada Ortiz preguntó cuánto es el monto de incentivos fiscales otorgado hasta el momento; la ministra de Economía, María Luisa Hayem, aseguró que es un dato que tendrá el Ministerio de Hacienda.

  • Vamos suspende elecciones internas de dirigencia luego de renuncia de miembros de su Comisión Electoral

    Vamos suspende elecciones internas de dirigencia luego de renuncia de miembros de su Comisión Electoral

    La dirigencia del partido Vamos acordó, a solicitud de la Comisión Electoral Permanente (CEP), suspender temporalmente el proceso de elecciones internas de la nueva dirigencia, las cuales estaban programadas para el domingo 20 de septiembre.

    En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Nacional de Vamos informó que ha suspendido las elecciones para esa fecha porque la CEP «solo cuenta con un integrante por lo que es imposible su operatividad» y debe estar integrada por tres miembros.

    Una integrante del partido informó que los dos integrantes de la CEP renunciaron.

    Así, el partido político abrió un plazo para recibir a concurso la integración de su comisión electoral, del 8 al 11 de septiembre, lapso que se vence mañana viernes; y dispuso el correo vamoscep@gmail.com para recibir hojas de vida de los postulantes.

    Los requisitos para ser miembros de la CEP, según el partido, son ser mayor de 25 años, tener como mínimo un periodo de dos años de estar afiliado al partido, contar con conocimientos en materia electoral o en derecho, y no ser candidato a ningún cargo de autoridad partidaria.

    El partido Vamos enfrenta una disputa interna iniciada por diferencias en la selección de precandidatos a cargos de elección popular manifestadas entre la diputada Ortiz, quien denunció criterios muy cerrados de selección, y la también diputada Rivas, quien defendió el proceso de selección argumentando que estos requisitos son estatutarios.

    El Tribunal de Honor del partido abrió un proceso disciplinario contra Ortiz y uno de los integrantes de su planilla de candidatos a la dirigencia; mientras un grupo de simpatizantes rechazó la integración del Tribunal de Honor por conflictos de interés y consideró que se arriesga la candidatura de Ortiz para las elecciones de 2027.

  • Afiliados de Vamos temen que proceso disciplinario contra Claudia Ortiz arriesgue su participación en elecciones 2027

    Afiliados de Vamos temen que proceso disciplinario contra Claudia Ortiz arriesgue su participación en elecciones 2027

    Afiliados de Vamos, seguidores de Claudia Ortiz, expresaron el miércoles su preocupación por que los procedimientos disciplinarios iniciados por el Tribunal de Honor y Disciplina del partido impidan la participación de la diputada Ortiz en las elecciones de 2027.

    Los afiliados temen que los plazos electorales y la resolución pendiente del Tribunal sean obstáculos para «la participación de Claudia Ortiz en las elecciones legislativas de 2027» y consideran que «podría ocasionar consecuencias políticas y electorales graves e irreversibles para VAMOS».

    «Está en juego la institucionalidad del partido, los derechos de sus militantes y la posibilidad de que VAMOS participe en las elecciones de 2027 en condiciones que permitan ofrecer a la ciudadanía una verdadera alternativa democrática», indicó.

    En la sede de San Salvador del partido, señalaron que los integrantes del Tribunal de Honor, Karmy Abiu Ramos y Carlos Alfredo Martínez Trigueros, tienen conflictos de interés vinculados a la fórmula contendiente de Ortiz para aspirar a la dirigencia del partido.

    Ortiz, quien aspira a la secretaría general, denunció que el Tribunal está integrado por dos personas cercanas a su contrincante, la diputada suplente Cesia Rivas: una excandidata de la planilla de Rivas y el esposo de una candidata de la misma planilla.

    Una de las afiliadas, Alejandra Pinto, aseguró que creen en la importancia de cuidar la institucionalidad del partido y en respaldo a la diputada Claudia Ortiz. «Nuestro rechazo a las resoluciones adoptadas por el Tribunal de Honor y disciplina que consideramos contrarias a las garantías y procedimientos establecidos en nuestros estatutos», expresó.

    «Que estas peticiones sean conocidas y resueltas con carácter urgente antes de que puedan producirse consecuencias irreversibles para los afiliados y para la participación electoral de VAMOS en 2027… Estas circunstancias deben ser resueltas antes de que continúen adoptándose decisiones que afecten los derechos de los afiliados», leyó uno de los afiliados del partido político.

    En el comunicado, los afiliados solicitaron al Consejo Ejecutivo Nacional y a la Asamblea General que los actuales integrantes del Tribunal se aparten del conocimiento de los casos, se deje sin efecto la suspensión de Claudia Ortiz, Pacífico Chávez y cualquier otro afiliado afectado, mientras no haya una integración imparcial del Tribunal, al cual se designen miembros ad hoc para dichos casos. Señalaron que son aproximadamente un poco más de 300 afiliados que respaldan esta propuesta

  • TSE y PGR renuevan convenio para mediar controversias y conflictos en elecciones 2027

    TSE y PGR renuevan convenio para mediar controversias y conflictos en elecciones 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que suscribió un convenio con la Procuraduria General de la República (PGR) para la prevención, atención y mediación de controversias y conflictos «que pudieran presentarse entre los diferentes actores durante el proceso de las Elecciones 2027».

    La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, destacó la importancia de la prevención y del diálogo como herramientas para contribuir al adecuado desarrollo del proceso electoral, informó el TSE en un comunicado de prensa.

    «Hoy no solamente firmamos un convenio. Hoy construimos un puente institucional para el diálogo, la mediación y la democracia», expresó la magistrada presidente, Roxana Soriano.

    La PGR acompañará en momentos clave de los comicios, la jornada de votación, hasta la transmisión y procesamiento de resultados, y los escrutinios preliminar y final.

    Por su parte, el procurador, René Escobar, confirmó que incluye la transmisión, el procesamiento y el escrutinio de los resultados.

    El Tribunal capacitará el personal especializado designado por la PGR, facilitará las herramientas para su formación y acreditación, y dará apoyo logístico.

    De acuerdo con la institución, ambas instituciones cuentan con experiencias  previas de coordinación en procesos electorales, particularmente en la atención de controversias relacionadas con partidos políticos, organismos electorales temporales, juntas de vigilancia y ciudadanía.

  • Permisos de trabajo de salvadoreños con TPS siguen vigentes hasta nuevo aviso de EEUU: USCIS

    Permisos de trabajo de salvadoreños con TPS siguen vigentes hasta nuevo aviso de EEUU: USCIS

    La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aclaró que los salvadoreños bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) mantendrán sus permisos de trabajo hasta que haya un anuncio oficial sobre el TPS de El Salvador luego de haber pasado su fecha de vencimiento oficial 9 de septiembre de 2026.

    La oficina de Migración replicó el mensaje del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) que ayer informó que «se hará un anuncio sobre el TPS» de El Salvador «en el momento oportuno» y que, mientras tanto, «los salvadoreños conservan su protección» sin mencionar los permisos de trabajo.

    El mensaje de la USCIS agregó: «Incluyendo los permisos de trabajo», en una alerta publicada en el sitio en donde actualiza información sobre la designación del TPS para El Salvador.

    Representantes de Carecen y de la Alianza Nacional por TPS aseveraron ayer un programa en vivo que algunos salvadoreños con TPS a quienes se les vencía el permiso de trabajo ayer ya estaban perdiendo su trabajo. «Ahora hemos perdido el trabajo. Estamos ahora sin trabajo, tenemos esa espera», dijo un representante de la Alianza.

    Jessica Bansal, asesora legal de la Alianza Nacional por el TPS, dirigió una carta a los empresarios o empleadores para aclarar que los permisos de trabajo se mantienen mientras no haya un anuncio oficial.

    «Los empleadores deben tener en cuenta que cualquier decisión de finalizar el programa no podría entrar en vigor antes de un plazo mínimo de 60 días, durante el cual los beneficiarios del TPS conservarían su autorización de trabajo», indicó en la carta.

    Además, detalló que los salvadoreños con TPS en este momento «no pueden ser detenidos ni deportados».

    Esta abogada ve tres escenarios.

    Uno, el anuncio de la finalización del TPS para El Salvador como se ha hecho con otros 13 países. En este caso, advirtió que una terminación del TPS «no puede entrar en efecto por al menos 60 días», durante los cuales «mantienen su TPS y su autorización para trabajar».

    Dos, que el gobierno extienda el TPS por 5, 12 o 18 meses.

    Y tres, DHS puede publicar una noticia para decir que no tomaron una decisión a tiempo, lo que prorroga automáticamente el TPS por seis meses.

    Según la ley, si el secretario de DHS no determina si un país continúa cumpliendo las condiciones para la designación de TPS al menos 60 días antes de la expiración, el período se extiende automáticamente por seis meses, argumento que es citado del Estatuto del TPS en la prórroga automática otorgada a Líbano.

    Sin embargo, abogada de la Alianza explicó en un video que los anuncios sobre TPS para otros países han sido tardíos. «Seis de las últimas nueve decisiones han sido anunciadas el día que venció el TPS o uno o dos días después», detalló. Observó que «el hecho de que no han publicado la decisión» sobre El Salvador «no significa que no han hecho la decisión», por lo que se desconoce si aplica o no la prórroga automática de los seis meses.

    «No vamos a saber lo que va a pasar hasta que el gobierno haga su anuncio oficial», indicó.

    Sobre El Salvador, el secretario de Seguridad Nacional debió haber emitido una decisión sobre el TPS de El Salvador antes del 11 de julio.

    En todo caso, el experto salvadoreño en temas migratorios, Reynaldo Alvergue, consideró que los salvadoreños deben esperar el anuncio oficial del DHS antes de tomar cualquier decisión. «Mientras no haya un pronunciamiento, lo demás es especulación», subrayó.

    «Ahorita hay que esperar, hasta que haya un pronunciamiento oficial. Todavía no hay un pronunciamiento oficial, ni de cancelación, ni de extensión, ni de prórroga. Puede ser que en lo que resta del día o después tengamos un pronunciamiento», sugirió Alvergue.

    Bajo TPS hay unos 170,000 salvadoreños amparados y unos 150,000 hijos de tepesianos ciudadanos estadounidenses. El TPS para El Salvador fue otorgado a raíz de los devastadores terremotos de 2001.

    Carta publicada por Alianza Nacional por el TPS, este 9 de septiembre.
  • Gobierno pide disolver comisión del sector justicia y pasar Protección de Testigos a Seguridad

    Gobierno pide disolver comisión del sector justicia y pasar Protección de Testigos a Seguridad

    El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la disolución de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), entidades que fueron creadas en 1996 para la coordinación de las instituciones del sector judicial.

    La finalización del proceso de liquidación de la UTE está programada, según el proyecto de ley, para el 31 de diciembre de 2026; ello incluye la transferencia de bienes al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

    La Comisión está conformada, según su ley, por el presidente del Órgano Judicial, el ministro de Justicia, el fiscal general de la República, el procurador general de la República y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y tiene la atribución legal de definir la política y estrategias del sector así como analizar la problemática relacionada con el sector.

    El Programa de Protección de Víctimas y Testigos, a cargo actualmente de la UTE, se trasladará al Ministerio de Seguridad Pública, cartera de Estado que asumirá las competencias sobre la “dirección, administración, otorgamiento, seguimiento, modificación, supresión y ejecución de medidas de protección y atención a favor de víctimas, testigos y otros intervinientes”.

    La aprobación de la “ley de disolución de la Comisión Coordinadora del sector justicia y de disolución y liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia” fue solicitada por medio del ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, en una solicitud recibida por la Asamblea el 9 de septiembre.

    El objetivo de las disoluciones, según las cartas del ministro y del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, es “evitar la duplicidad de funciones y la dispersión de recursos públicos”.

    Según el proyecto de decreto le corresponde al Ministerio de Seguridad la “coordinación con las principales entidades y órganos del sector justicia”, citando el artículo 35 numeral 3 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y que “resulta indispensable evitar la duplicidad de funciones y la dispersión de recursos públicos en estructuras cuya finalidad ya se cumple mediante las competencias otorgadas a otras instituciones”.

    El proyecto establece indemnizaciones de un salario por cada año de servicio activo hasta un límite de 24 salarios si estos oscilan entre $408.80 y $900; y hasta 12 salarios si este es igual o superior a $901.

    Las indemnizaciones se pagarían en los primeros tres meses de 2027 y estarían bajo el presupuesto del Ministerio de Seguridad.

  • Nuevas Ideas promueve nueva ley para que alcaldías recuperen impuestos adeudados con planes de pago hasta 2027

    Nuevas Ideas promueve nueva ley para que alcaldías recuperen impuestos adeudados con planes de pago hasta 2027

    Los diputados Ernesto Castro y Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, presentaron un nuevo proyecto de ley transitoria para permitir planes de pago a quienes adeuden impuestos municipales a las 44 alcaldías del país. Una ley similar se aprobó en 2023.

    De acuerdo con el proyecto, se permitirían planes de pago que no deberán exceder al 31 de diciembre de 2027.

    El resto de términos del proyecto es similar a la ley que se aprobó el 18 de enero de 2023 y que tuvo una vigencia de 90 días.

    «En armonía con la estrategia nacional de fomento de la economía, es oportuno establecer medidas y oportunidades a la población para que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones en materia de impuestos municipales», argumentan en los considerandos del proyecto.

    La normativa perdonar multas e intereses moratorios por la falta de pago de los impuestos, multas e intereses moratorios por el no pago debido a declaraciones omitidas de los contribuyentes o multas por incumplimiento de obligaciones legales tributarias.

    No podrán aplicar a la facilidad de pago quienes hayan sido sancionados o estén enfrentando una acción judicial de la municipalidad para cobrar los tributos.

    Aplicará a deudas tributarias con las 44 municipalidades registradas hasta el 31 de diciembre de 2025.

  • Reforman ley de expansión de inversiones para abrir beneficios a Grupos Empresariales

    Reforman ley de expansión de inversiones para abrir beneficios a Grupos Empresariales

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la reforma a la Ley de fomento de la expansión de las inversiones para abrir los incentivos fiscales a grupos corporativos o empresariales que sumen, con sus sociedades dedicadas a un mismo fin, un total de inversión de $75 millones o más, así como flexibilizar otros requisitos.

    La ley, aprobada en enero de 2026, otorga créditos tributarios utilizables en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) equivalentes al 10 %, 20 % o 30 % de la inversión expandida, aunque utilizables gradualmente.

    Uno de los cambios es que, con la reforma, se permitirá que grupos corporativos o empresariales con una expansión mínima de $75 millones apliquen a estos incentivos.

    La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, leyó que ello permite «ampliar el universo de potenciales beneficiarios».

    «Las reformas que estamos conociendo permiten ampliar el universo de potenciales beneficiarios, incorporando la figura de los grupos empresariales que operan coordinadamente en nuestro territorio nacional y que forman parte de una misma cadena productiva». Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

    La reforma eliminó la exclusión de empresas que hayan gozado de incentivos en el pasado, incluyó en los beneficios las compras de maquinaria y equipo a partir de la calificación otorgada por Invest, redujo de 10 a 5 años el requisito de tiempo mínimo de operación exigido a las empresas beneficiadas. También redujo de 10 a 4 los ejercicios fiscales declarados en Impuesto sobre la Renta como requisito y de 10 a 5 los años de estados financieros auditados que deben ser presentados.

    Según la Agencia de Promoción e Inversiones de El Salvador (Invest) empresas en el país han expandido su inversión en $502 millones con la promesa de generar 2,246 nuevos empleos.

    Claudia Ortiz, diputada del partido opositor Vamos, advirtió que la nueva ley no tiene «mecanismos que exijan una inversión que se traduzca en empleo, no se le exige la creación de determinado número de fuentes de empleos».

    La diputada de Vamos sugirió también que haya un mecanismo para saber si la inversión de la empresa incentivada será «destinada a la automatización» para darle un incentivo menor o que haga una reparación.

    Advirtió que la Inteligencia Artificial (IA) hace que no necesariamente la inversión en tecnología, automatización o expansión se va a traducir en la creación de empleos. «Es una realidad. No es un tema solo de El Salvador», dijo.

    «Es algo que debe ser verificado porque la ley así como está no contiene ningún mecanismo para exigir que esas inversiones nuevas se traduzcan efectivamente en la creación de empleos». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

    De acuerdo con la diputada Ortiz, la Ley de expansión de las inversiones «no es mala per sé» pero no necesariamente una inversión en maquinaria servirá para generar empleo y disminuir la cantidad de empleos informales.

    Citó la Encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV para decir que «la tecnología tiene que estar en función de la dignidad humana, protección de las personas y del bien común».

    La diputada advirtió que, dado que el 61.3 % de los alumnos evaluados en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) tuvieron un bajo rendimiento en ciencias, matemáticas y lectura, existe un riesgo de que la próxima generación de trabajadores no esté preparada para el mercado laboral.

    El diputado Reinaldo Carballo, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aseguró que su fuerte es la «automatización, motores eléctricos y generadores», y que trabajó 30 años para la compañía Siemens. Señaló que recuerda que los contrataba un ingenio azucarero, un beneficio de café y una fábrica de cemento para «automatizar». «En ese entonces los sindicatos estaban bien movilizados por una corriente de izquierda, que automatizar iba a dejar sin empleo a mucha gente», dijo.

    Según el pedecista, «costaba convencer a los líderes de los síndicatos» que se iba a «cuadruplicar la producción», lo que les iba «a garantizar tener un mejor salario».

    «Sería mejor a través de esta ley fomentar para que estos empresarios de otros países, del primer mundo, vengan a El Salvador, en vez de que la gente vaya para allá, que las máquinas vengan, y aquí trabajen esta juventud salvadoreña». Reinaldo Carballo, diputado del PDC.

    Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró es bueno apoyar al inversionista pero también al productor nacional.

    La legisladora consideró que «no es malo» apoyar que se invierta en El Salvador y pidió «no satanizar a la industria nacional».

    Lo que le falta a esta ley es que debería hacerse un artículo que busque que existan resultados, en determinado plazo, y también debería tener un mínimo de empleos permanentes. Todo esto basándose en resultados completos. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

     

     

  • Aprobada ley de responsabilidad profesional de constructores: solo tramitadores registrados podrán realizar trámites

    Aprobada ley de responsabilidad profesional de constructores: solo tramitadores registrados podrán realizar trámites

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles “Ley especial de responsabilidad profesional para las personas sujetas a inscripción en el registro de profesionales y prestadores de servicios de urbanización y construcción”.

    Votaron a favor 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados; mientras Arena y Vamos no votaron.

    “Buscamos que el profesional técnico pueda hacerse responsable de cada una de las gestiones que se hacen dentro del sistema, tener ese control centralizado con respecto al Registro de Profesionales en donde buscamos una garantía idónea”, explicó la directora ejecutiva de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Paola Bardi, el lunes, en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea.

    Los obligados a registrarse en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción administrado por la DOT son: profesionales y técnicos, prestadores de servicios ambientales, prestadores de servicios culturales, prestadores de servicios de diseño o construcción, tramitadores y auditores urbanos, que serán acreditados por la DOT para verificar que proyectos cumplan normas urbanísticas.

    Con la normativa, será obligatorio que todos los trámites nuevos de construcción, urbanización o lotificación se ingresen en el Sistema de Autorización de Permisos de Construcción por medio de tramitadores debidamente registrados. Esto se aplicará seis meses después de la vigencia de la normativa.

    La funcionaria explicó que buscan establecer un régimen sancionatorio para profesionales y tramitadoras que no cumplan normas establecidas, con el fin de dar certeza jurídica a los dueños de los proyectos.

    “A partir de los seis meses de vigencia de la ley todo trámite nuevo en el sistema de la DOT deberá ingresarse obligatoriamente a través de un tramitador debidamente registrado”, indicó la directora de la DOT.

    La nueva normativa establece infracciones leves, graves y muy graves, con multas que oscilan entre un salario hasta 20 salarios mínimos.

    La representante de la DOT destacó que los requisitos para completar los permisos de construcción en El Salvador sumaban 2,262 requisitos y los depuraron inicialmente 2,055. Con la nueva DOT, llegaron a 493 requisitos, en 2026 fueron reducidos a 364 y actualmente tienen 336 requisitos en el sistema DOT.

    Señaló que la DOT ha liberado “$11.8 billones” en inversiones y concretar 2,984 solicitudes aprobadas.

    “Simplificar no es reducir estos controles, es hacerlos más eficientes, objetivos y trazables, queremos agilizar proyectos pero de forma responsable”. Paola Bardi, directora ejecutiva de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT).

    De acuerdo con Bardi, eran 34 trámites en más de 80 cuerpos normativos, “fuimos colocando en tres grandes fases todos los permisos necesarios para poder otorgar permisos de construcción” en una sola instancia.

    La directora también informó que han recaudado $3.8 millones en Fondo Especial de Compensaciones Urbanísticas y Ambientales, y han centralizado el registro de 9,089 profesionales relacionados a la construcción.