Autor: Yolanda Magaña

Desde enero hasta la fecha de 2025, la Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes de préstamos por $1,992 millones, de los cuales ya ratificó los contratos de créditos por un total de $1,735.7 millones y tiene pendiente de ratificar cinco préstamos que suman $256.3 millones, cuya firma ya autorizó.

Pero no todos los préstamos aprobados durante el presente año han ingresado al presupuesto general del Estado 2025.

Durante el presente año, la Asamblea Legislativa ha aprobado un total de reformas presupuestarias por una suma de $1,044.1 millones desde el 12 de febrero de 2025 hasta la más reciente aprobada el 7 de octubre de 2025.

Más de la mitad de los fondos incorporados al presupuesto actual, $571.5 millones, provienen de préstamos según los mismos decretos aprobados.

Sin embargo, un total de $348.8 millones fueron incorporados de “asignaciones disponibles” que tenía el Ramo de Hacienda y “con cargo” al Fondo General, según los mismos decretos aprobados.

El resto de fondos provienen de recursos propios de instituciones descentralizadas, títulos valores, contribuciones patronales, donaciones y asignaciones del Ramo de Justicia y Seguridad.

La mayoría de los préstamos incorporados en el presupuesto de 2025 fueron aprobados en 2024 o en años anteriores.

De enero a mayo se incorporaron fondos de préstamos para financiar lo siguiente: $84.6 millones para proyecto de cable submarino, $13.5 millones para el programa de salud inteligente, $157.7 millones para el Aeropuerto Internacional del Pacífico, $852,967 para infraestructura deportiva, $993,347 para emergencias por desastres naturales, $4.7 millones para desarrollo económico local (aprobado en 2021), $8.7 millones para transporte e infraestructura resiliente, $105,981 para auditar un préstamo para emergencias por desastres naturales, $5.4 millones para el sistema penitenciario.

Desde julio, también se han incorporado: $5.8 millones para el sector agua y saneamiento, $9 millones para infraestructura de datos (Secretaría de Innovación de la Presidencia), $500,000 para mejora en la atención de salud, $22.7 millones para Surf City fase I (préstamo aprobado en 2025), $6 millones para siembra de maíz y frijol y $785,600 para jóvenes en situación vulnerable.

También fue incorporado un préstamo de refuerzo presupuestario, de $250 millones para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador, cuyo destino aún no se ha explicado. Este préstamo también fue aprobado durante el año 2025.

La Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento por el “Día nacional del profesional en relaciones internacionales” que se celebra cada 24 de octubre y destacaron el papel de estos profesionales como constructores del diálogo y de la defensa de los “intereses nacionales en foros multilaterales”.

El pronunciamiento fue una solicitud de los diputados Ana Figueroa y Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.

En el pronunciamiento, los legisladores felicitaron a todas las personas que se desempeñan en relaciones internacionales y destacaron su papel como “constructores de puentes entre los pueblos y su participación en los procesos de integración, comercio, diplomacia y cooperación”.

Según los legisladores, el papel de los profesionales en relaciones internacionales ayuda a “las buenas relaciones con otras naciones y organismos internacionales” y a “la defensa de los intereses nacionales en foros multilaterales”.

Aseveran que fomentan “el desarrollo de una diplomacia inclusiva, eficiente y orientada al bien común” y que tienen un compromiso de “los poderes legislativo en la promoción del diálogo, la cooperación y la integración de los pueblos”.

Ante la cercanía del vencimiento del plazo, la reforma a la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa extendió el periodo para que los constructores puedan inscribirse hasta marzo de 2026.

El plazo fue extendido de seis a diez meses contados a partir de la instalación e inicio de funcionamiento de la DOT. Esta oficina, ubicada en la sede del Centro Nacional de Registros (CNR), empezó a funcionar el 12 de mayo de 2025.

Casi al final de la sesión plenaria, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, pidió reformar el inciso segundo del artículo 83 de la Ley de la DOT, que regula la inscripción de las personas naturales o jurídicas en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción de la DOT.

Propuso que “en un plazo máximo de 10 meses contados a partir de la fecha de instalación y entrada en funcionamiento de la DOT” estas personas “deberán inscribirse” para poder realizar trámites con la DOT.

El artículo actual, que deja sin efecto todos los demás registros existentes al completar este registro, establece un periodo de seis meses.

Si se toma como referencia la instalación el 12 de mayo de 2025 publicada por la DOT, este periodo se vencía el 12 de noviembre de 2025; pero con la extensión se vencería el 12 de marzo de 2026.

La reforma no había sido incluida en el dictamen aprobado por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa.

La DOT lleva un total de 1,974 personas inscritas, de los cuales 955 se han inscrito durante julio, agosto y septiembre.

Entre los ya inscritos hay ingenieros civiles, arquitectos, arqueólogos, especialistas en estudios de impacto y diagnóstico ambiental, técnicos constructores, ingenieros eléctricos, técnicos proyectistas.

La reforma a la Ley de creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) modificó su Consejo Directivo, ya que fueron incorporados los ministros de Gobernación, y de Agricultura y Ganadería, en lugar del secretario de Comercio e Inversiones, y del director general de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, o sus correspondientes delegados.

La DOT es la nueva entidad encargada de emitir los permisos de construcción, demolición, talas de árboles, terracería e incluso cambio de uso de suelo, en áreas mayores a 250 metros cuadrados. En áreas menores puede intervenir si considera que las municipalidades, encargadas de dichas áreas, no tienen capacidad técnica para autorizar los permisos bajo el sistema creado en la ley de la DOT.

La máxima autoridad de la DOT es su Consejo Directivo, conformado por 13 personas, de las cuales ahora siete serán ministros del Órgano Ejecutivo o sus delegados. Solo el director de la DOT no tiene derecho a voto.

Solo tienen derecho al voto: los ministros de Vivienda, Medio Ambiente, Cultura, Obras, Salud y ahora Gobernación y Agricultura; los directores del Centro Nacional de Registros, de Bomberos y de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y los presidentes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

El Consejo Directivo de la DOT es la instancia que aprueba los procedimientos para otorgar los permisos de construcción y que puede autorizar procedimientos especiales simplificados o la «modalidad exprés para dar celeridad a la autorización de los permisos de construcción».

También aprueba los planes de ordenamiento territorial y conoce los recursos administrativos.

La Asamblea Legislativa reformó el 21 de octubre su normativa con el fin de facultar a la DOT a autorizar permisos de tala de árboles, terracería y de cambio de uso de suelos, en los procesos de construcción, además de introducir 38 tarifas nuevas por sus servicios y modificar otras.

Los trámites en la DOT

La DOT intervienen en las fases de factibilidades, permisos y verificación de cumplimiento en permisos de construcción, y es la encargada de otorgar calificaciones del lugar de construcción, la factibilidad de aguas lluvias, abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, exploración de pozo, tratamiento de aguas negras, valoración cultural, así como permisos de construcción, aprobación de planos, permisos de vertido, ambiental, entre otros.

Otras instancias encargadas de otorgar permisos similares son la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN), que tiene autoridad sobre una zona delimitada de aproximadamente 84 cuadras del distrito de San Salvador, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), que regula los permisos en 28 distritos; e instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, la ANDA, que ahora integran el Consejo Directivo de la DOT.

Durante el segundo trimestre de 2025, la DOT tramitó 1,842 expedientes físicos y 1,477 solicitudes digitales. Según sus cálculos, los plazos de evaluación han reducido de 31.14 días la solicitud individual a 18.59 días la solicitud «integrada».

De los expedientes físicos, la DOT reporta resoluciones de 182 de 193 del Ministerio de Cultura; 184 de 186 de la ANDA; y 32 resoluciones enviadas de 1,344 expedientes del Ministerio de Medio Ambiente.

De la evaluación de 1,477 proyectos en su plataforma digital, con una inversión estimada de $3,609 millones, la DOT reporta 59 solicitudes aprobadas –no detalla el monto de inversión de las solicitudes aprobadas–, 149 observadas y 343 en evaluación.

La Dirección diseña, mediante la Gerencia de Compensaciones, un «Banco de proyectos urbanísticos y ambientales».

Diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial recibirán una solicitud de reforma a la ley que creó la nueva Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) que modifica los requisitos para algunos miembros del Tribunal Sancionador.

El proyecto de reforma a la «Ley de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos», presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte a la Asamblea Legislativa, busca dejar la exigencia de ser abogado únicamente para el presidente del tribunal sancionador, y exigir a los vocales que sean profesionales con título universitario.

También propone suprimir el requisito de experiencia en procedimientos ambientales y sancionatorios.

La reforma también incluye la ampliación de facultades de ANDRES, para que esta autoridad pueda establecer precios por sus servicios y proponer tasas por servicios para ser valorados por el Órgano Legislativo.

La propuesta

Los miembros del Tribunal Sancionador son nombrados por el presidente de la República.

Esta instancia impone las sanciones a los infractores de la ley, atiende denuncias e investiga hechos u homicidios.

Actualmente, los requisitos para todos los miembros del Tribunal Sancionador son: ser salvadoreño, abogado de la República, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, ser de reconocida honorabilidad y probidad, tener conocimientos y experiencia laboral en aplicación de legislación ambiental y procedimientos sancionatorios y no tener reclamaciones si fue contratista.

La solicitud de reforma plantea dejar como requisitos: ser salvadoreño, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, ser de reconocida honorabilidad y probidad, y no tener reclamaciones si fue contratista; ser abogado de la República para el presidente del Tribunal Sancionador; y ser profesionales con título universitario para el primer y segundo vocales, incluidos sus suplentes.

Con ello, también se suprimiría el requisito de «tener conocimientos y experiencia laboral en aplicación de legislación ambiental y procedimientos sancionatorios».

El tribunal sancionador de ANDRES castiga infracciones leves como arrojar o abandonar basura en calles, carretera, playas o parques; no separar adecuadamente los residuos peligrosos; no seguir las directrices de reciclaje; hasta infracciones graves como provocar un daño ambiental significativo como contaminación de fuentes de agua; operación ilegal de botaderos o plantas de transferencia, o incumplimientos de las obligaciones por parte de las municipalidades. Las multas oscilan entre los $20 hasta los 10,000 salarios mínimos mensuales.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP) dictaminó que las calles que son ocupadas por las comunidades El Manguito y Palermo, en la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo, avenida Independencia y calle Las Mercedes, ya no tienen uso vial, por lo que es posible desafectarlo para legalizar las propiedades de sus habitantes.

La decisión fue tomada el 22 de septiembre de 2022 luego de realizar la “investigación de campo” en dichas comunidades ubicadas en el distrito de San Salvador, San Salvador Centro.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, pidió agregar a dichas comunidades en la normativa que legaliza las propiedades sobre las calles en desuso, con el fin de que las familias puedan legalizar escrituras de propiedad sobre sus viviendas.

Según la iniciativa, estas comunidades se encuentran en el tramo de vía pública conocida como “Calle antigua del Ferrocarril” que antes conducía de San Salvador hacia Santa Tecla, está ubicada tras el parque nacional de pelota “Saturnino Bengoa”.

En la comunidad El Manguito habitan 235 familias y en la comunidad Palermo, 75 familias, haciendo un total de 310 familias.

“Se establecieron en dicha zona hace más de un siglo. No obstante, carecen de seguridad jurídica sobre la tenencia del inmueble”, sostiene el diputado del partido oficial.

La decisión del MOP es citada en la iniciativa presentada por el diputado y que será estudiada por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que se reunirá la próxima semana.

La normativa que sería reformada es la “ley especial para la legalización de las calles, tramos de calles, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía, declarados en desuso y desafectados como de uso púbilco para ser transferidas en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular”.

Esta ley busca legalizar calles, tramos de calle, carreteras o derechos de vía en desuso que han sido ocupados de manera pacífica e ininterrumpida por no menos de cinco años por familias de “escasos recursos económicos”.

En El Salvador, un total de 143,604 familias viven en una casa de lámina metálica, según el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024.

Solo 1.3 millones de familias viven en casas de ladrillo, bloque o concreto; y 202,466, de adobe. El censo no registra las personas que viven en comunidades.

También, 14,150 viven en casa de madera, 861 viven en casas de material reciclado como plástico o cartón y 229 viven en casa de paja o palma. También hay 19,647 familias en casas de bahareque y 6,393 en casas de adobe.

De las 1.8 familias censadas en El Salvador, solo 1 millón residen en casa propia.

El Ministerio de Obras Públicas pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe una reforma para facultar al director general de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) a aprobar los precios que cobrarán por los servicios y los productos que ofrezca.

Los precios serían definidos a través de un acuerdo institucional con la respectiva autorización del Ministerio de Hacienda.

La reforma solicitada también busca que el director de ANDRES pueda proponer los proyectos de tasas por los servicios que presta, para someterlas al proceso de aprobación de la Asamblea Legislativa.

La solicitud de reforma fue interpuesta por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, el 21 de octubre de 2025, y pasó a estudio de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la cual fue convocada para reunirse el martes 28 de octubre a las 10:00 de la mañana.

El artículo 44 de la ley de ANDRES establece que “las municipalidades contribuirán al Fondo Especial para la Logística y Ejecución de la Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos con un monto equivalente al 50 % de los ingresos brutos percibidos por las tasas municipales establecidas para los servicios públicos de barrido, aseo, limpieza, transportes y disposiciones final de basuras de residuos sólidos”.

ANDRES es una institución autónoma creada por el gobierno en diciembre de 2024 que busca sustituir a las alcaldías en su función de recolectar la basura de los distintos municipios.

Actualmente tiene cobertura en San Salvador Este, La Libertad Costa y La Paz Este.

En su cuenta de X, no reportan que controlan la recolección de desechos en los distritos de San Salvador Centro aunque en julio pasado ANDRES había publicado en su sitio web que su servicio ya se encontraba disponible.

En redes sociales ANDRES ofrece un “equipo de reacción inmediata” en San Salvador Este y La Libertad Costa, con recepción de denuncias de acumulaciones de basura al 929 y al WhatsApp 2501-0203.

Actualmente ANDRES tiene un presupuesto de $2.3 millones para el año 2025, de los cuales ha devengado $152,801.99. Los fondos provienen del Fondo General del presupuesto general del Estado. Del total del presupuesto, $1.6 millones serían destinados a remuneraciones y $438,368.84 a bienes y servicios.

Los usuarios finales de electricidad recibirán una tarifa que será definida por la Siget por los excedentes de energía que suministre a la red, aunque estos no deben tener un objetivo de generación de energía, sino de consumo.

La nueva “Ley de fomento para el uso de la energía renovable” aprobada el 21 de octubre por la Asamblea Legislativa busca que los usuarios finales de energía eléctrica instalen sistemas para generar energía con fuentes renovables para su propio consumo. Para ello, han creado una serie de incentivos fiscales, eximiento de impuestos la importación, compra, instalación o mantenimiento de estos equipos.

Pero la segunda novedad de la ley es que los usuarios recibirán una tarifa al reinyectar los excedentes de su demanda a la red de distribución.

La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará la tarifa con la cual “la distribuidora deberá reconocer los excedentes de energía eléctrica inyectados a la red de distribución”, lo cual se hará según parámetros, criterios técnicos y financieros que se establezcan en un reglamento especial.

El reglamento especial deberá ser emitido en un plazo máximo de 60 días a partir de la vigencia de ley. Este reglamento, además de tener el pliego tarifario de las reinyecciones, también exigirá los requisitos y procedimientos que deberán cumplir los usuarios finales para realizar las “reinyecciones de los excesos de electricidad generados”.

La Siget también realizará inspecciones.

La ley establece que los incentivos fiscales estarán en vigor durante 10 años, pero no establece una vigencia para el mecanismo de retribución de las reinyecciones de energía que hagan los usuarios a la red de distribución, por lo que podría ser permanente.

La ley también permite deducir de su renta imponible el gasto en equipo, instalación o mantenimiento del sistema de energía solar, no pagará IVA por dicho equipo o servicio relacionado, ni pagarán aranceles. La ley no beneficia a generadores sino a usuarios de energía y proveedores.

Actualmente, los usuarios que reinyectan energía solar a la red de distribución reciben un descuento según las normas aprobadas en 2017 por la Siget.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, devolvió con observaciones la reforma a la Ley de la Carrera Militar que la Asamblea Legislativa aprobó el 20 de diciembre de 2024 y que como novedad incorpora los nuevos rangos militares de «almirante» en la Marina Nacional, «general de aire» en la Fuerza Aérea y general del Ejército en la Fuerza Armada.

Las observaciones presidenciales fueron recibidas el 3 de enero de 2025, según el sello de la Asamblea Legislativa en el documento publicado por el sitio asamblea.gob.sv.

Sin embargo, las observaciones fueron publicadas hasta ayer 21 de octubre de 2025 e introducidas como pieza de correspondencia para la cual la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, pidió su aprobación con dispensa de trámites.

El único cambio sugerido por el presidente Bukele fue ampliar la vigencia «30 días después de su publicación en el Diario Oficial». El decreto original establecía una vigencia ocho días después de la publicación.

«Las antedichas reformas requieren la adopción de acciones normativas y administrativas necesarias para preparar y garantizar la adecuada implementación de los cambios propuestos, es pertinente brindar un tiempo prudencial», indica el gobernante en las observaciones enviadas.

El suscrito se encuentra de acuerdo con el sentido de las reformas a la citada ley, las cuales promoverán una reestructuración y fortalecimiento de la carrera militar, particularmente en lo relativo a la formación y aprovechamiento de la experiencia y conocimientos de los miembros de la Fuerza Armada. Nayib Bukele, presidente y comandante general de las Fuerzas Armadas.

Nuevos rangos militares

En la categoría de oficiales superiores, se incluyen los grados de General de Ejército, General del Aire y Almirante, respectivamente para el Ejército, Fuerza Aérea y Marina Nacional.

En la ley actual, sin la reforma, los grados más altos en las tres ramas militares son General de División, General de Aviación y Vicealmirante.

El actual ministro de la Defensa, René Merino Monroy, es vicealmirante.

La reforma también incorpora el grado de «brigadier» para el Ejército y Fuerza Aérea, y de comodoro en la Marina Nacional.

También, se incluyen grados de «sargento mayor de división», «sargento mayor de aviación» y «maestre de flota» en la categoría de suboficiales; y «dragoneante» en el Ejército y Fuerza Aérea, equivalentes al actual «timonel» de la Marina Nacional, conocidos como «elementos de tropa».

En diciembre de 2024, el viceministro de Defensa Nacional, Ennio Rivera, explicó que «no puede ser que un ministro tenga el mismo grado General que ostenta un jefe de rama, un comandante de una brigada, cuando en cualquier país es un general de cinco estrelas, un General del Ejército, nosotros no lo tenemos», argumentó.

Así mismo, también modifica los tiempos de servicio en los distintos cargos.

Para un general de brigada o equivalente, se extiende la edad de retiro o de reserva, de 60 a 70 años.

Para un coronel o equivalente, se extiende de 55 a 68 años. Para un teniente coronel, de 53 a 62 años. Para un mayor, de 50 a 53 años. Para un capitán, de 45 a 44 años. Para un teniente, de 40 la edad de transferencia a situación de reserva se pasa a 37 años. Y para un subteniente, de 35 a 31 años.

La observación presidencial fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

La Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) podrá tramitar solicitudes de cambio de uso de suelo y de tala de árboles, para lo cual tendrá una tarifa aprobada este martes en una reforma a la Ley de creación de la DOT.

La reforma fue aprobada con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

Además, la reforma agregó la facultad de la DOT de autorizar la valoración cultural a edificaciones y la demolición de infraestructuras.

La modificación aprobada también excluye de la aplicación de la ley las actividades mineras, instalaciones de plantas nucleares, torres de telecomunicaciones o infraestructura de seguridad nacional, acueductos, puertos y aeropuertos.

Cambio de uso de suelo

La reforma incorporó un nuevo artículo 38-A, titulado “cambio de uso de suelo”, que fue modificado a última hora, a solicitud de la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, para que la DOT pueda recibir solicitudes de cambio de uso de suelo con resoluciones negativas. La reforma crea dos excepciones: inmuebles con función social de tierras protegidas aledañas al Periférico Claudia Lars y las del distrito de riego de Zapotitán.

¿Cómo quedó el nuevo artículo 38-A?

“Cambio de uso de suelo. Artículo 38-A. Para proyectos comprendidos en el alcance de esta ley, el interesado podrá solicitar cambio de uso de suelo siempre que cuente con una resolución de calificación de lugar en sentido negativo, excepto de los inmuebles declarados con función social contenidos en el decreto de protección de tierras agrícolas y ganaderas aledañas al Periférico Claudia Lars y aquellas comprendidas en el distrito de riego y avenamientos número 1 Zapotitán”.

“Dicha solicitud será resuelta conforme a los criterios técnicos y legales aplicables por la gerencia o dependencia que el Consejo Directivo determine”.

La ley reformada indica que el solicitante del cambio de uso de suelo pagará una compensación en efectivo del 20 % del valor comercial de la propiedad.

El cambio de uso de suelo tendrá una tasa de $0.35 por metro cuadrado por área de piso para una construcción en altura existente; y de $0.35 por metro cuadrado o área de terreno para proyectos de construcción, parcelación y urbanizaciones.

Actualmente, en la calificación de uso de suelo intervienen autoridades como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), que tiene competencia en 28 distritos, los municipios, el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene unas “Directrices para la zonificación ambiental y los usos de suelo”.

Tala de árboles

La DOT también podrá realizar trámites de permisos de tala de árboles y de terracería, en la fase de otorgamiento de permisos, según la reforma al artículo 40.

La nueva facultad indica que la DOT podrá autorizar el “permiso para tala de árboles para para proyectos de construcción o lotificación en área urbana o rural”.

El numeral 4, que introduce la autorización de tala de árboles, contenía en la ley original una disposición sobre infraestructura de almacenamiento de productos de petróleo.

En el pleno, se le agregó que “únicamente generará las tasas” cuando “se solicite como trámite previo al permiso de construcción y/o parcelación”, en el resto de casos “aplicará la compensación ambiental” según el artículo 53.

El cambio de uso de suelo también se agregó en el numeral 13 de las autorizaciones que puede otorgar la DOT. También fue agregado el numeral 14 “permiso de terracería para los proyectos objeto de esta ley”, con tasa aplicable “cuando se solicite como trámite previo al permiso de construcción o parcelación según corresponda”.

Para la tala de árboles, se pagará $50 por el permiso de tala de arbusto leñoso, $60 por permiso de tala de cada árbol de madera blanda, $70 por árbol joven de madera dura y $80 por tala de cada árbol de madera dura.