Autor: Yolanda Magaña

El Ministerio de Hacienda modificó su informe sobre los mayores acreedores de los gobiernos locales al cierre del ejercicio de 2025 incluido en la página 38 de su informe anual de endeudamiento municipal de 2025, específicamente sobre una supusta compra de la cartera de la deuda municipal con la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi).

En la versión del informe publicado el 27 de marzo de 2026 en el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, se publicó que un total de $20,259,000 ($20.2 millones) de deuda municipal tenía como acreedor a la empresa Hencorp Valores, S.A., bajo el concepto “Compra Cartera COSAVI”.

Al cierre de 2025, también se registró una deuda de los municipios con COSAVI de $9,131,800 ($9.1 millones), menos que los $10,767,100 al cierre de 2024 y menos que los $21,708,900 ($21.7 millones) al cierre de 2023.

Sin embargo, en una nueva versión publicada esta semana por el Portal de Transparencia Fiscal, atribuye una deuda municipal por la misma cantidad a Hencorp Valores, S.A., es decir, $20.2 millones, pero en concepto de “compra cartera Bancovi de R.L.” con la aclaración: “Actualización de datos conforme al punto 5, página número 36”.

El informe explicó que “la cartera que Bancovi de R.L. fue comprada por Hencorp Valores, S.A., correspondiente al saldo de 20 préstamos adquiridos por diferentes municipios”.

¿Cuánto era el saldo de la deuda que tenían los municipios con Bancovi?

En el informe de 2023, se detalla únicamente una amortización de $2.4 millones a la deuda que tenían las municipalidades con BANCOVI, dentro de las cooperativas de ahorro y crédito; en el informe de 2022, se registró un saldo de la deuda con BANCOVI de $70.2 millones, mientras que las municipalidades también le debían, para ese año, $22.3 millones a Cosavi.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, aprobó nombramientos a representantes de esa cartera de Estado en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) hasta 2029 y en el Consejo de la Dirección de Integración hasta diciembre de 2026.

Como representantes propietaria y suplente del Ministerio de Economía para un periodo de tres años, fueron nombrados Mónica Beatris Reyes Coto y José Adonay Molina Arias, quienes ya estaban en el cargo y que concluirán sus periodos el 25 de marzo de 2029.

Reyes Coto es subdirectora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía y ha sido apoderada del Banco de Desarrollo de El Salvador.

Mientras, Molina Arias fue nombrado el 27 de octubre de 2025 como miembro propietario hasta el 17 de febrero de 2026 del Fideicomiso de Desarrollo Cooperativo Salvadoreño (Fidecosal) y también ha sido suplente en el Consejo Directivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia).

El Insafocoop es el organismo encargado de supervisar, vigilar y normar el funcionamiento de las asociaciones cooperativas en El Salvador.

El 21 de noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la disolución y liquidación en seis meses del Insafocoop, con el objetivo de “descentralizar” sus atribuciones, por lo que según este decreto, que hasta hoy no ha sido publicado en el Diario Oficial, entregaba estas atribuciones a los ministerios de Agricultura, Educación, Transporte, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), así como al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia del Sistema Financiero, según el tipo de cooperativa.

Estas instituciones asumían funciones de autorizar el inicio de operaciones y las constituciones de las cooperativas y la supervisión de la organización y el funcionamiento de las cooperativas.

Sin embargo, este decreto no fue publicado por el Diario Oficial, por lo que no completó todo el proceso de formación de ley, por lo que Insafocoop no se disolvió.

Junto a la “Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Insafocoop” fueron aprobadas las leyes de bancos cooperativos, la de sociedades de ahorro y crédito, la de federaciones de cooperativa de ahorro y crédito y la Ley para la estabilidad del sistema financiero y garantía de depósitos. Solo esta última cumplió el proceso de formación de ley.

Por otra parte, en el Consejo de la Dirección de Integración, Miguel Ernesto Artiga Águila, subdirector de Inteligencia y Política Económica del Ministerio, sustituyó a Laura Daniela Pacheco Alas como representante propietario.

Pacheco Alas había sido nombrada el 28 de agosto de 2025 como representante suplente para completar el periodo de tres años hasta el 13 de diciembre de 2026 y, el 29 de septiembre de 2025, fue nombrada representante propietaria para completar el periodo de tres años hasta el 13 de diciembre de 2026.

El nombramiento como representante suplente de Waltter Alejandro Panameño Osegueda realizado el 13 de diciembre de 2023 se mantiene vigente, según el acuerdo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ha enviado un total de 41 vuelos de deportación hacia El Salvador durante los primeros tres meses de 2026, según informes del ICE Flight Monitor de la Fundación Human Rights First, ocho vuelos más (24 %) que los 33 del primer trimestre del año pasado.

En los países del llamado Triángulo Norte se registran 301 vuelos en el primer trimestre de 2026, 99 más que los 202 registrados en el primer trimestre de 2025, un incremento de 49 %.

El aumento de los vuelos con deportados no es exclusivo a los países centroamericanos. También han aumentado los vuelos hacia todos los países, de 369 durante el primer trimestre de 2025 a un total de 595 durante el mismo periodo de 2026, lo que implica 226 vuelos adicionales o un incremento del 61 %.

El estudio no detalla cantidad de deportados por vuelo. Sin embargo, oficialmente, según autoridades migratorias de El Salvador, un total 16,051 personas han sido retornadas o deportadas durante 2025 a territorio salvadoreño, un promedio de 1,337 cada mes.

¿Desde dónde?

En marzo, los datos reflejan 15 vuelos con deportados de Estados Unidos a El Salvador, tres más que los 12 de febrero; y uno más que los 14 reportados en enero; así mismo, uno más que los reportados en marzo de 2025.

La mayor parte de los vuelos con deportados de Estados Unidos a El Salvador provienen de Alexandria y Luisiana, seguidos de menores cantidades de Harlingen y El Paso, estado de Texas; y los vuelos tipicamente ocurren cuatro veces por semana con una alta frecuencia los lunes, martes y viernes, advierte el informe. “Todos los vuelos a El Salvador aterrizan en el Aeropuerto Internacional El Salvador”, detalla.

El informe destaca que, durante la segunda administración Trump, los vuelos de deportación a El Salvador han tenido alzas en junio y julio de 2025, con 22 vuelos cada mes.

Los informes dan cuenta de un incremento del 57 % en los vuelos de un año a partir del 20 de enero de 2025, fecha de inicio de la segunda administración Trump, respecto al último año de la administración de Biden, es decir, de 181 vuelos respecto a 115 vuelos.

Los informes detallan que persiste el traslado forzado de salvadoreños a terceros países: el 13 de marzo de 2026, un vuelo de deportación desde Costa Rica hacia Panamá con 33 personas de distintas nacionalidades entre estos salvadoreños; entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, un total de 12,983 no mexicanos, incluidos varios centroamericanos.

Desde mayo de 2022, se registra un total de 583 vuelos con salvadoreños deportados desde los Estados Unidos, un promedio de 12 vuelos por mes. Desde ese periodo, las mayores alzas ocurrieron en junio, julio y agosto de 2022, con 18, 30 y 32 vuelos, respectivamente.

Los salvadoreños que residen en el extranjero tienen hasta el 30 de noviembre para inscribirse en el Registro Electoral 2027 o modificar su domicilio para poder votar desde el exterior, a diferencia de los salvadoreños que residen en su país, que podían hacer cambios hasta ayer lunes.

Inicialmente, la suspensión de nuevas inscripciones para el voto en el extranjero vencía el 31 de agosto de 2026, ya que esa fecha marca el cierre del registro electoral; pero esto se modificó gracias a un decreto de disposiciones transitorias para permitir que los salvadoreños en el extranjero puedan realizar «hasta 90 días antes de las elecciones cualquier inscripción en el padrón electoral”, así como modificación de residencia.

El artículo 20 del Código Electoral permite que los salvadoreños puedan inscribirse hasta seis meses antes de la fecha de elecciones o puedan modificar su residencia hasta un año antes de la fecha de las elecciones, periodos que finalizaban hasta el 30 de octubre de 2026 para las inscripciones en el Registro de Salvadoreños en el Exterior (REVEL) o hasta el 27 de febrero de 2026, un año antes, para modificaciones de residencia. Esta disposición quedó sin efecto para estas elecciones 2027.

El decreto de prórroga de estos periodos permite que los salvadoreños en el extranjero realicen «inscripción por primera vez o modificación de su domicilio en el DUI hasta 90 días antes de la fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral para las votaciones electorales de presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales en el año 2027”.

Los cambios de domicilio pueden realizarse en cualquier duicentro.

Un día antes, el 29 de noviembre, el TSE finalizará su campaña de promoción del ejercicio del sufragio en el extranjero, que inició el pasado 8 de octubre de 2025. El TSE ha promovido, en esta campaña, el cambio de domicilio y el vencimiento del plazo para hacerlo. Los ciudadanos que modifiquen la residencia de su DUI en el exterior podrán votar remoto, pero su voto se adjudica automáticamente a los diputados del departamento de San Salvador.

Partidos de oposición estuvieron de acuerdo en que los salvadoreños en el extranjero tengan más tiempo para realizar modificaciones al registro electoral.

«Los salvadoreños en el exterior, especialmente los que viven en Estados Unidos, y que son los que mantienen a flote la economía de este país, si no fuera por ellos, muchas familias estarían en pobreza severa extrema o en la paupérrima. Gracias a ellos, la economía se mantiene a flote y eso debería reconocerlo la sociedad y el Estado», afirmó Marleni Funes, secretaria adjunta del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Funes aseguró que para ellos es más difícil realizar estos trámites porque «estar en Estados Unidos y trabajar para mantener la economía de este país implica levantarse a las 3 de la mañana, manejar 2 o 3 horas».

«A veces se quiere hacer ver como que se privilegia a los salvadoreños en el exterior al darles más periodo pero eso no es así, es por las condiciones en las que ellos viven», indicó la dirigente.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, explicó que su fracción acompañó en su momento la votación de este decreto, porque muchos salvadoreños que residen en el exterior por la ley no votaban en la circunscripción donde nacieron o donde tuvieron su residencia en el país antes de migrar.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) exhortó a los cónsules y embajadores a no reunirse con dirigentes del partido de Gobierno ni intervenir en las elecciones generales de 2027, a raíz de la reunión del embajador de Bélgica, Javier Helaman Reyes, con el presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah Bukele, y su declaración de que está «trabajando por el voto de la diáspora en Europa».

«Es sumamente preocupante ver a cónsules reunidos con miembros dirigentes del partido Nuevas Ideas buscando incidir en las votaciones para que se vote a favor del partido de gobierno. Ningún funcionario que desempeña un cargo en algún consulado o embajada debería tener cargo en algún partido político, y mucho menos buscar tener incidencia a favor de algún partido en las votaciones», indicó.

La legisladora consideró que la aseveración del representante de la oficina diplomática de El Salvador en Bélgica «no da transparencia ni menos garantía» hacia el proceso electoral del 28 de febrero de 2027, en el cual se elegirán a presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes.

«¿Como es posible que un embajador esté escribiendo en sus redes sociales, como es el caso del embajador de Bélgica escriba en sus redes, que está preparando terreno para las votaciones del partido de gobierno? Los funcionarios consulares deben ser apolíticos, eso no da transparencia ni mucho menos garantía de cara al futuro proceso electoral. Estos hacen la ley y a la par hacen la trampa». Marcela Villatoro, diputada de Arena.

El embajador de El Salvador en Bélgica, Javier Helaman Reyes, publicó una fotografía de su reunión con el presidente de Nuevas Ideas en la sede Nuevas Ideas, junto al comentario: «A seguir trabajando por el voto de la diáspora en Europa 🗳️, #Nayib2027».

Posteriormente, ratificó: «A preparar el terreno para el 2027 🗳️».

A preparar el terreno para el 2027 🗳️ pic.twitter.com/mAIe9BzNSy

— Javier Helaman Reyes (@JavierReyes_Sv) April 25, 2026

El 28 de febrero de 2027 los salvadoreños elegirán presidente y vicepresidente de El Salvador para el periodo 2027-2033 (seis años), de 44 alcaldes y sus concejos municipales, y de 60 diputados propietarios y sus respectivos suplentes de la Asamblea Legislativa.

Nuevas Ideas, el partido oficial, ha programado sus elecciones internas el domingo 12 de julio de 2026 luego de inscripción de candidatos el 28 de junio de 2026.

Hasta el 6 de marzo de 2027, había 944,684 salvadoreños en el exterior habilitados para votar, un registro electoral con crecimiento de 27 % o 203,590 respecto al registro de 2024 que había cerrado el 7 de agosto de 2023 en 741,094. El registro nacional tiene  5,533,061 salvadoreños habilitados para votar con domicilio en el país.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunciaron este lunes la firma de una carta de entendimiento para impulsar acciones de “formación, intercambios de conocimientos y promoción de la transparencia”.

Según la Corte de Cuentas, el convenio permitirá desarrollar programas de capacitación o especializacióin, promover campañas de difusión e impulsar acciones “orientadas a la transparencia y el combate a la corrupción”.

La carta de entendimiento fue firmada por el presidente de la CCR, Walter Sosa, y por el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía.

Según el comunicado de prensa, con el convenio, las instituciones se comprometen al apoyo mutuo a través del Centro de Instrucción y Capacitación (Cincap) para implementar programas de capacitación sobre interés institucional y prevención y combate a la corrupción.

La Ley Anticorrupción, aprobada el 7 de febrero de 2025 y vigente a partir del 11 de agosto de 2025, obliga a todos los funcionarios y empleados públicos que declaran patirmonio a la Corte Suprema de Justicia a que también presenten una declaración jurada de “Informe de activos y pasivos” junto a su declaración del Impuesto sobre la Renta, con información suya y de su cónyuge, información que será publicada en un portal electrónico por el Ministerio de Hacienda a más tardar 15 días hábiles luego de haber sido presentada por cada sujeto obligado.

Esta alianza permitirá:
✅ Desarrollar programas de formación, especialización y capacitación
✅ Fortalecer las competencias institucionales
✅ Ejecutar actividades académicas de forma conjunta
✅ Facilitar el acceso a capacitaciones entre ambas instituciones
✅ Compartir… pic.twitter.com/BsaL8OmFFk

— Corte de Cuentas de la República (@CortedeCuentas) April 27, 2026

Este lunes 27 de abril finaliza el plazo para que los salvadoreños que residen en su país puedan modificar la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI) y que esta modificación sea registrada en el padrón electoral 2027.

En la sede del Duicentro de Galerías, en San Salvador, esta tarde, había dos filas de personas que esperaban tramitar su DUI, ya sea por primera vez, reposición o modificación: una fila para las personas que habían realizado su cita en línea y otra fila para las personas que no tenían cita.

Una joven identificada como Alejandra, quien ya cumplió los 18 años, dijo que no pudo sacar su documento debido a que requería dos testigos y únicamente llevó a una tía. Otro joven consultado aseguró que el DUI se le venció y por eso acudió a solicitarlo.

Este duicentro, conocido como Galerías, estará abierto hasta las 12 de medianoche, al igual que los duicentros de San Miguel, Santa Tecla y Santa Ana.

Estarán abiertos hasta las 10:00 p.m. los duicentros de Ahuachapán, Apopa, Zacatecoluca, Usulután, Cojutepeque, Soyapango, Sensuntepeque, La Unión, Lourdes, Mejicanos, San Vicente, Chalatenango, San Francisco Gotera y Plaza Mundo Soyapango, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un comunicado.

El TSE informó que el Duicentro de plaza Merliot estará abierto hasta las 8:00 p.m. Inicialmente se había previsto un horario hasta las 6:00 p.m.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para aprobar una ley que transfiere dos inmuebles del Ministerio de Hacienda al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) para legalizar propiedades a favor de familias de la comunidad Barrio La Aduana, en Puerto El Triunfo, Usulután.

La transferencia fue avalada hace tres años por el Consejo de Ministros, que aprobó en julio de 2023 y ratificó el 27 de mayo de 2025.

El diputado Ángel Lobos, de Nuevas Ideas, aseguró una mujer de 86 años llegó al lugar a la edad de 26 años. “No había tenido el acompañamiento de ningún diputado del pasado ni tampoco de ningún gobierno central”, afirmó. Señaló que esta transferencia se realiza por instrucciones del presidente de la República.

Con el decreto, se transfieren estos dos inmuebles a Fonavipo:

1. Inmueble urbano ubicado en la avenida Francisco Oseguera, municipio de Puerto El Triunfo, Usulután, de una extensión de 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales 7,419.49 son habitados por la comunidad Barrio La Aduana de forma irregular. Fue valorado en $176,600 por Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, el 27 de enero de 2022.

2. Inmueble de 1,573 metros cuadrados sin antecedente registral, declarado en desuso por acuerdo municipal de Puerto El Triunfo, ahora Usulután Oeste, el 22 de febrero de 2023. Fue valorado en $29,900, el 27 de enero de 2022.

Las escrituras podrán ser recibidas a quienes hayan ocupado porciones de terreno de forma ininterrumpida por lo menos por 10 años consecutivos; según el decreto, el Ministerio de Vivienda levantará el censo de las familias beneficiarias, las que no podrán transferir estas propiedades en 20 años subsiguientes.