Los senadores demócratas, con el apoyo de cuatro republicanos, frenaron este martes el avance de una ley que favorecería las normativas para la industria de las criptomonedas en Estados Unidos.
Los congresistas rechazaron la normativa con el argumento de que el presidente, Donald Trump, mantiene inversiones personales en este sector y se vería favorecido por la nueva legislación.
El Senado votó 49 a favor y 50 en contra de avanzar con la llamada Ley de Claridad, que busca establecer un marco federal para regular los activos digitales y delimitar las competencias de organismos como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). La iniciativa necesitaba 60 votos para superar esta fase.
Los demócratas reclamaron mayores garantías para impedir que funcionarios públicos puedan beneficiarse de sus inversiones en criptomonedas.
Su principal preocupación se centró en Trump, cuyos negocios relacionados con activos digitales generaron unos 1.400 millones de dólares en ingresos durante 2025, según datos citados durante el debate.
La senadora Elizabeth Warren sostuvo que el proyecto, en su versión actual, no impediría que el presidente continuara obteniendo beneficios de sus negocios de criptomonedas.
Los republicanos introdujeron antes de la votación nuevas disposiciones sobre ética, entre ellas una que permitiría a los fiscales generales estatales emprender acciones contra funcionarios federales que incumplieran las restricciones sobre la creación o promoción de activos digitales.
El texto también incorporó más de un centenar de cambios planteados durante las negociaciones con los demócratas, pero estos consideraron insuficientes las salvaguardas para evitar posibles conflictos de interés.
La votación supone un revés para una industria que ha convertido la aprobación de un marco regulatorio federal en una de sus principales prioridades políticas.
Con el receso del Congreso y las elecciones legislativas de noviembre cada vez más cerca, la iniciativa afronta ahora un camino incierto para ser aprobada este año.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción durante sesenta días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó un toque de queda nocturno que regirá desde el 17 hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.
El estado de excepción, que entró en vigor este martes tras la firma de un decreto ejecutivo, abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
También comprende los municipios Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay; Las Naves, en Bolívar y La Maná, en Cotopaxi.
Noboa fundamentó la medida en la existencia de una «grave conmoción interna» ocasionada por la actividad de las estructuras de crimen organizado, de manera que se suspende la inviolabilidad de domicilio y se permitirá a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.
En el decreto se recoge que la decisión también se sustenta en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que han concluido que los grupos criminales ubicados en esas zonas «diversifican sus fuentes de financiamiento» con distintas economías ilícitas, lo que les permite «mantener una alta capacidad de adaptación» a las acciones policiales ordinarias contra ellos.
Además, el escrito oficializa el toque de queda nocturno que ya adelantó el ministro del Interior, John Reimberg, la pasada semana, cuando explicó que se aplicaría en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos.
La medida regirá entre las 00:00 (05:00 GMT) y las 05:00 (10:00 GMT) entre el 17 y el 30 de septiembre y se corresponde con el tercer toque de queda en lo que va de año.
El último se produjo en el mes de mayo en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico. Más de 3.400 personas fueron detenidas entre los días 3 y 18 de ese mes.
Por su parte, el primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».
Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.
La oenegé Chinese Human Rights Defenders (CHRD) denunció este miércoles que las autoridades chinas siguen recurriendo a torturas y malos tratos contra presos de conciencia y que las denuncias apenas desembocan en investigaciones o sanciones contra los presuntos responsables.
En un informe difundido este miércoles, la organización analiza 209 casos de supuestas torturas registrados entre 2016 y 2025 en distintas zonas de China, además de entrevistas con 25 defensores de derechos humanos, familiares y abogados.
Según CHRD, en uno de cada cinco casos examinados se denunciaron palizas por parte de las autoridades, mientras que otros afectados afirmaron haber sufrido descargas eléctricas o aislamiento.
El 35 % describió la privación de atención médica adecuada, la forma de maltrato más mencionada en el documento, y 16 personas murieron bajo custodia como aparente consecuencia de esos abusos, de acuerdo con la organización.
La oenegé sostiene además que las torturas se emplean habitualmente para obtener confesiones y señala que más de la mitad de los presos de conciencia incluidos en el informe habían sido encarcelados por ‘buscar pelea y provocar altercados’, un delito que expertos de Naciones Unidas han considerado de formulación vaga.
CHRD afirmó haber encontrado referencias a investigaciones judiciales sobre denuncias de tortura únicamente en dos de los 209 casos estudiados, los de los activistas Ding Jiaxi y Huang Xueqin.
En otro caso, el del activista Ji Xiaolong, un tribunal aceptó excluir una confesión al considerar que había sido obtenida mediante malos tratos, la única decisión de este tipo localizada por CHRD en los expedientes revisados, aunque posteriormente lo condenó.
La organización tampoco encontró constancia de que ningún funcionario hubiera sido procesado o sancionado por torturar a presos de conciencia en los casos analizados.
El informe recoge que la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública del gigante asiático aprobaron en junio de 2025 nuevas normas sobre la denominada ‘vigilancia domiciliaria en lugar designado’, un régimen de detención que expertos de la ONU han calificado como una forma de desaparición forzada de facto.
También recuerda que la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) aprobó en abril una revisión de la Ley de Prisiones, aunque CHRD considera que algunas de sus disposiciones permiten prácticas que pueden constituir tortura, entre ellas una mayor utilización del aislamiento.
China ratificó en 1988 la Convención de la ONU contra la Tortura. El informe recuerda asimismo que Pekín aseguró en 2021 al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que el riesgo de ser sometido a tortura «no existe» en China.
El representante de los afectados del fraude en la Cooperativa Santa Victoria de R.L., Juan José Ortiz, informó este martes que han presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a derechos humanos, como la vida.
Según Ortiz, se está demandando a las instituciones del Estado salvadoreño «por grave violación a derechos humanos» porque no se les brindó «pronta y cumplida justicia», ya que les rechazaron 104 demandas en los juzgados salvadoreños.
«Hay graves violaciones como el derecho humano a la vida», expresó el representante de los afectados, en referencia a la contabilización de 15 afectados del fraude que han fallecido. Agregó que la demanda sostiene que hay violaciones al derecho humano a una vejez digna.
«Fue interpuesta el 8 de septiembre, casualmente el día que se cumplieron dos años del accidente del helicóptero si es que se le puede llamar accidente a eso», afirmó el directivo de los afectados.
La demanda de los afectados de Cosavi ante la CIDH fue interpuesta el 8 de septiembre de 2026, fecha en que se cumplieron dos años del accidente en el cual la caída de un helicóptero provocó la muerte del gerente general de Cosavi, Manuel Alberto Coto Barrientos; el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y a otros altos jefes policiales que se trasladaban de La Unión a San Salvador para una conferencia de prensa sobre la captura de Coto luego de haber sido arrestado por autoridades hondureñas junto a un supuesto traficante de personas.
En mayo de 2024, la Fiscalía General de la República informó que procesaba judicialmente a 32 personas, entre ellos 8 directivos de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI, de R.L.), por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas por un fraude de $35 millones con algunos de los fondos desviados a Estados Unidos y Alemania. La Fiscalía había informado que Barrientos Coto estaba capturado cuando Honduras informó del arresto del exgerente de Cosavi, hecho que desenlazó en la muerte del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y el gerente de Cosavi acusado del fraude.
Ortiz aseguró que en diciembre próximo están planificando una reunión con los candidatos presidenciales para firmar un compromiso con la conformación de un Fideicomiso como mecanismo para recuperar sus ahorros.
La canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, colocó el lunes una ofrenda floral en el monumento a los próceres ubicado en la Plaza Libertad, en el centro de San Salvador, para conmemorar los 205 años de independencia de Centroamérica de la corona española.
La canciller informó que el acto se llevó a cabo este martes «junto a los embajadores de la región».
«Colocamos una ofrenda floral en honor a los héroes de la patria y renovamos nuestro compromiso por el desarrollo, la paz y la unidad de nuestros pueblos», indicó la diplomática.
La colocación de ofrendas florales en la Plaza Libertad era una costumbre durante anteriores gobiernos.
De acuerdo a radio 580 de Nicaragua informó que en el acto participaron embajadores de Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Líderes de las organizaciones Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP) y del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) se distanciaron de cualquier candidatura presidenciale en El Salvador hacia las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con Sonia Urrutia, representante del BRP, todas las candidaturas presidenciales están «cooptadas» por el poder Ejecutivo.
«Consideramos que en este momento todas las candidaturas de diferentes partidos políticos ya están cooptadas por el Ejecutivo, esa es la razón por la cual diferentes organizaciones aglutinadas en el BRP no están dando ese apoyo a los candidatos». Sonia Urrutia (BRP).
Ante la pregunta sobre el respaldo o no a la candidatura presidencial del FMLN, el coordinador del Movir, Samuel Ramírez, respondió que Movir no tiene simpatía partidaria y que, además, todos los candidatos tienen un discurso afín al régimen de excepción o «queriendo favorecerse con el régimen».
«No tienen un discurso radical, contundente, que es lo que quieren escuchar las víctimas. Para mí, yo estoy contento con que haya liberado a las pandillas, pero estoy muy molesto porque ahora quien violenta los derechos es el gobierno, no son las pandillas. Las pandillas fueron malos, el gobierno es malo también», señaló.
Ramírez aclaró que Movir es un movimiento defensor de derechos humanos y no se vinculan con ningún partido político.
«El día que Movir tenga simpatía por un partido dejó de ser un movimiento defensor de derechos humanos. Nosotros nos limitamos a defender derechos humanos, tenemos mucha credibilidad a nivel internacional y ningún candidato nos va a salvar de esto». Samuel Ramírez, representante de Movir.
El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, no fue visto en el arranque de la marcha de las organizaciones, como tampoco el secretario general del partido de izquierda, Manuel «el Chino» Flores. Sin embargo, Aguirre aseguró al mediodía que llegó tarde.
Miembros del BRP y otras organizaciones frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), en el centro de San Salvador. / BRP.
Una marcha en donde el reclamo dominante fue el rechazo a la celebración de la independencia y la extensión de la jornada laboral diaria a 11 horas, una propuesta gubernamental de cuatro días laborales y tres de descanso, recorrió este martes 15 de septiembre sobre la Alameda Juan Pablo II, desde la esquina del hospital de Oncología del Seguro Social hasta el centro de San Salvador.
«No hay independencia qué celebrar», manifestaron las organizaciones este martes, mientras, a pocas cuadras el gobierno realizaba una celebración desde la Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.
La concentración para la marcha contra el gobierno había sido convocada frente al hospital nacional Rosales; sin embargo, esta calle fue cerrada por agentes policiales, por lo que los manifestantes optaron por concentrarse en la esquina entre el hospital de Oncología del Seguro Social y la estación central del Cuerpo de Bomberos, sobre la 25 Avenida Norte, en San Salvador.
Desde ahí, aproximadamente a las 9:00 de la mañana, integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) encabezaban con sus pancartas la marcha. Fueron seguidos de decenas de integrantes de integrantes de Alas por la Libertad, Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP), Comité Nacional Monseñor Romero, Mesa Permanente por la Justicia Laboral, veteranos de guerra, Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES), Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad de El Salvador (ASESUES), activistas ambientales, Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) y del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes).
La marcha era terminada por algunos de los afectados del fraude de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (Cosavi).
El representante del Movir, Samuel Ramírez, aseguró que con esta manifestación expresan su repudio a la celebración de independencia. «Para las víctimas no hay independencia, no hay ninguna celebración», afirmó. Según Ramírez, no puede haber independencia cuando hay un «régimen que limita derechos, garantías» y que «ha permitido» al presidente Nayib Bukele «capturar a miles de personas sin el debido proceso, sin una orden judicial, sin una investigación previa».
Ramírez aseguró que ellos lo que piden es que condenen a los pandilleros y que liberen a los inocentes «sin tanto espectáculo».
«Cada vez que necesitan cambiar la narrativa, aparecen los pandilleros tatuados, el Cecot, es la forma de seguir manteniendo el miedo en la población. Este gobierno ya se acostumbró a gobernar con el miedo». Samuel Ramírez, representante de Movir.
Para el activista de Movir, ya hicieron «todo» para intentar que los escuchen en sus demandas. «Yo quisiera que este pueblo no vaya a buscar una opción más bélica, más beligerante… Mañana puede ser demasiado tarde, puede haber hasta derramamiento de sangre», indicó.
El movimiento sindical también exhortó al gobierno a aceptar un diálogo social por la reducción de la jornada laboral en El Salvador.
«Queremos un diálogo social donde se respete la negociación colectiva, donde se respete la libertad sindical y haya participación de las diferentes organizaciones para cualquier cambio o reforma que se quiera hacer en derecho laboral», exclamó la representante del BRP, Sonia Urrutia, en la conferencia de prensa, al inicio de la marcha.
Para Rafael Méndez, de la Mesa Permanente, «la lógica debería ser reducir la jornada laboral sin reducir las prestaciones laborales», ya que sostiene que la extensión de la jornada es «ordenar la explotación para ellos enriquecerse».
Por su parte, Sonia Viñerta, del MDCT, explicó que aprovechan la fecha conmemorativa de la independencia de Centroamérica para expresar que las libertad en el país en realidad están bajo cuestión, ya que no hay libertad sindical ni laboral.
«Tenemos mucha preocupación por la iniciativa de las 11 laborales que le quieren ampliar a los trabajadores industriales. No es una iniciativa que nace de la clase trabajadora, representa un retroceso todas las aplicaciones familiar, físicas, biológicas y hasta la salud mental. Tres, el riesgo que podría implicar, hemos visto cómo este gobierno se ha decantado por una política antilaboral y antisindical», afirmó Viñerta.
En una marcha compuesta por unos 300 manifestantes, activistas, algunos con mascarillas o con los rostros cubiertos, sostenían sus pancartas que decían: «11 horas de trabajo igual esclavos», «AFP deuda del gobierno 11,700 millones», «Libertad para presos políticos», «Fuera bukelistas de la UES, la educación se conquista, no se mendiga», «¿Dónde está Carlos?», «Alto al genocidio en Palestina ocupada», «Libertad para Ruth López», «Deforestar es un crimen de lesa humanidad», entre otras consignas.
El 20 de agosto, el Consejo Superior del Trabajo inició la discusión de varias propuestas para modificar la jornada laboral en El Salvador. Según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, han recibido al menos 10 propuestas, una de estas es extender la jornada a 11 horas diarias durante cuatro días a la semana con tres días de descanso y otra es cuatro días de trabajo y cuatro de descanso con turnos rotativos.
En la marcha, persistieron las demandas laborales y la petición de libertad para la abogada Ruth López, de Cristosal, y otros considerados presos políticos. / YMAlgunos veteranos de guerra participaron en la marcha de este 15 de septiembre de 2026. / YMEneida Abarca, madre del joven universitario desaparecido Carlos Abarca, reclamó que aún no hay avances en la búsqueda de su hijo. / YMDos madres de hombre detenidos bajo el régimen de excepción reclaman la inocencia y la liberación de sus hijos. / YMAlgunos manifestantes aprovecharon para pronunciarse a favor de Palestina. / YMEn la marcha también participaron movimientos ambientalistas y contra la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) en la porción que tiene el Estado en la que ha sido Finca El Espino. / YM
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) anunció ayer que este martes 15 de septiembre los duicentros del país se mantendrán cerrados por motivos de asueto.
El cierre afectará a todos los duicentros a nivel nacional sin excepción y sin horarios especiales, como suele hacer en periodos vacacionales.
Sin embargo, el servicio de emisión de Documento Único de Identidad (DUI) tiene disponible el trámite totalmente en línea, mediante el cual los salvadoreños pueden pagar e introducir sus datos y su fotografía para que su documento sea emitido y pueda ser recogido en la sucursal de conveniencia del solicitante.
El RNPN busca renovar a finales de 2026 un total de 1.6 millones de documentos que se vencen durante este año.
El trámite para renovar o reponer el DUI en línea permite que el salvadoreño pueda actualizar la fotografía de su documento con su propio celular y puede realizarse desde el sitio dui.sv/inicio/ ingresando con el perfil digital creado en la plataforma gubernamental https://login.gob.sv/login.
El Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) celebrará el próximo domingo 20 de septiembre su 47 Convención Nacional Ordinaria en la cual proclamará las candidaturas a presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales.
La convención se desarrollará en el Centro de Estudios de El Salvador (CEES) ubicado en la colonia Harrison, en San Salvador.
La Convención Nacional es el máximo organismo de dirección del partido de izquierda y está integrada por los miembros del Consejo Nacional, secretarios nacionales, delegados departamentales, delegados del exterior para la Convención, y funcionarios del partido.
Una de las atribuciones de la Convención Nacional es la proclamación pública de los candidatos a cargos de elección popular, según los estatutos.
La Convención Nacional también tiene la facultad de abstenerse de participar en una elección. El FMLN decidió participar en la elección presidencial con la fórmula presidencial compuesta por el médico sindicalista Rafael Aguirre y la enfermera Madaí Santos.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) lleva una ejecución de menos de la mitad de su presupuesto en los primeros ocho meses del año 2026, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de egresos del 1 de enero al 31 de agosto de 2026.
Al 31 de agosto, la institución tiene un presupuesto de $32.75 millones de los cuales ha ejecutado $14.89 millones, quedando pendiente de ejecutar $17.87 millones.
El rubro con mejor ejecución es el 51 remuneraciones, que lleva un 61.1 % de fondos devengados; la ejecución de adquisiciones bienes y servicios, el rubro 54, representa una ejecución media, con un 42.4 %; y la ejecución más baja es la que se realizaría en activos fijos, de 2.8 %.
Para bienes y servicios están programados $21.47 millones de los cuales se han devengado $9.11 millones y se tiene un saldo de $12.3 millones. En este rubro, se incluye la compra de productos químicos, productos de papel y cartón, materiales informáticos.
Dentro del rubro bienes y servicios, las impresiones, publicaciones y reproducciones, rubro 54313, de $15.9 millones se han ejecutado $6.7 millones, quedando un saldo de $9.1 millones.
Para activos fijos o inversión, rubro 61, estaban programados $1.6 millones, de los cuales se han ejecutado $46,810.32, un 2.78 %.
Dentro del rubro activos fijos, se programaron $907,781.77 para bienes muebles, de los cuales se han devengado $3,757.32; se programaron $882,333.29 para equipos informáticos, de lo que se ha devengado $883.53; y derechos de propiedad intelectual por $765,187.53, de los cuales se han devengado $43,053.
En su estado de rendimiento financiero al 31 de diciembre de 2026, el RNPN reporta $11.1 millones de ingresos por ventas de bienes y servicios, de los cuales $10.5 millones son tasas por servicios públicos –$8.8 millones por expedición de documentos de identificación, en la gestión corriente; y $11.05 millones bajo el mismo concepto en periodos anteriores.
La institución reporta ingresos de gestión por $15.5 millones de la gestión corriente y $13.96 millones de periodos anteriores.
