Autor: Yolanda Magaña

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el cobro municipal que la alcaldía de La Unión Sur realiza a las instituciones financieras de ahorro y crédito del distrito de La Unión.

El cobro, de $100 anuales, fue creado en el artículo 10 de la «Ordenanza para emitir las licencias de funcionamiento de empresas en la ciudad de La Unión«, aprobada el 15 de agosto de 2023 en la gestión de Óscar Parada Benítez (Nuevas Ideas) y que actualmente está vigente.

Esta ordenanza establece cobros anuales en concepto de «licencia de funcionamiento» a diferentes negocios, desde los $500 y $1,000 a discotecas y centros nocturnos; hasta $50 a los centros de enseñanza vocacional, $300 a las universidades y $50 a los colegios privados, todos los cobros anuales.

La ordenanza también incluye este cobro los hospitales y las clínicas privadas; sin embargo, la mayor parte del listado de los negocios que deben pagar son restaurantes, los cuales deben pagar $500 si son  franquicia extranjera, $150 si son nacionales y $30 si son comedores.

La Unión también realiza este tipo de cobros a empresas que emiten documentos de identidad personal, generadoras o distribuidoras de energía y a instituciones financieras ($100) y a instituciones cooperativas de ahorro y crédito ($600).

La Sala argumentó que el cobro es inconstitucional por el principio de reserva de ley en materia tributaria, es decir, el impuesto únicamente debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con la resolución, el cobro es un impuesto materialmente ya que una tasa presupone una contraprestación de la comuna al sujeto pasivo de la obligación tributaria municipal; sin embargo, consideró que en este caso la contraprestación es la emisión de una autorización para una actividad que está fuera de sus atribuciones. «El tributo, pese a denominarse tasa, materialmente muestra la naturaleza de impuesto«, explicó.

Este impuesto está, según el fallo, al margen de las competencias municipales, ya que la autorización para operar como intermediario financiero «le corresponde exclusivamente a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)». «La habilitación para la operación de un banco no configura una contraprestación susceptible de ser ofrecida por la municipalidades», indicó.

La resolución, que no se pronunció por el resto de cobros que establece la misma ordenanza, fue firmada por el magistrado presidente Henry Alexander Mejía y los magistrados vocales Elsy Dueñas, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Hahun Martínez y Ramón Iván García.

El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez instó el jueves a El Salvador a hacer funcionar la democracia para que población sea protagonista y no solo sufra «las decisiones que se toman desde arriba»; y a la vez consideró que el mensaje del Papa sobre las oraciones de quienes hacen la guerra se aplica al país.

Al consultarle sobre cuál es su visión de la época electoral en El Salvador, el líder religioso manifestó que actualmente hay una cultura de poder en donde no funcionan organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA) y que se necesita que «la gente dialogue, que la democracia funcione».

Según el cardenal, se aplica para El Salvador la aseveración de que no se puede rezar con las manos ensangrentadas.

«Que no se dependa de un líder bravucón que decide qué hacer con el mundo. El ser humano necesita ser salvado y es un clamor del papa, que acaben las guerras… Tanto que habló cuando dijo que no podía rezarle a Dios con las manos ensangrentadas. Creo que este mensaje, pues, es muy actual para nosotros». Gregorio Rosa Chávez, cardenal salvadoreño.

El 29 de marzo de 2026, al iniciar la Semana Santa desde la Plaza de San Pedro, el papa León XIV aseguró que Dios “no escucha las plegarias de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza, diciendo: aunque se multipliquen sus oraciones, no las escucharé, sus manos están manchadas de sangre”. Rosa Chávez recordó este mensaje del papa. «Creo que este mensaje, pues, es muy actual para nosotros, un país donde necesitamos también que la democracia funcione«, expresó.

«De modo que el Papa plantea clarísimo el Papa cómo hacer para que haya horizontes y que la gente pueda participar  en las elecciones del país, no solo sufrir las decisiones que se toman desde arriba. Eso está muy claro y eso es la democracia, donde el pueblo puede ser protagonista», indicó.

El líder religioso explicó que en la Encíclica del papa León hay claridad sobre la realidad de El Salvador «en negativo y en positivo».

«Romero eso fue lo que nos explicó cuando defendió cada domingo al ser humano. Cuando propuso ser libre y tener justicia, cuando clamó contra la violencia. Hay que retomar ese mensaje. Eso nace en cada corazón», expresó.

Sin embargo, afirmó que es en el corazón donde se siembra buena semilla o cizaña. «Y en este país hay mucha cizaña, falta para mucha buena semilla», concluyó.

Rosa Chávez dio estas declaraciones a periodistas posteriormente a la conferencia informativa sobre la novena edición de la peregrinación «Camino de San Romero» a realizarse el sábado 1 y domingo 2 de agosto en conmemoración del natalicio de San Óscar Arnulfo Romero.

Antes, el cardenal ha sido crítico del régimen de excepción y de la falta de libertades en el país. «¿Cómo pueden dormir tranquilos, viendo que la excepción se ha convertido en regla, es decir, en lo normal?, ¿cómo pueden aceptar como normal que la gente que sufre no se puede expresar públicamente?, ¿cómo pueden ver como normal que todos los canales del diálogo estén cerrados?”, dijo el 24 de marzo de 2023.

El vicepresidente Félix Ulloa y la vicecanciller Adriana Mira recibieron las cartas credenciales y las copias de estilo de los embajadores concurrentes de Arabia Saudita, San Marino, Jamaica, Kenia y Burundi, estos dos últimos países de África.

Recibieron al embajador de Arabia Saudita, Fahad Bin Ali Almunawer; al embajador de Kenia, David Kiplagat Kerich; al embajador de San Marino, Marco Delli; la embajadora de Jamaica, Julia Hyatt; y al embajador de Burundi, Jean Bosco Barage.

Los funcionarios salvadoreños conversaron con el embajador del Reino de Arabia Saudita, Fahad Bin Ali Almunawer, sobre el proyecto de la planta de generación eléctrica con biogás y el proyecto de saneamiento de aguas residuales en el río Acelhuate, a financiarse con un crédito del Fondo Saudí para el Desarrollo.

La planta de biogás en el río Acelhuate es un proyecto a realizarse con un préstamo de $83 millones del Fondo Saudí para el Desarrollo.

La Vicepresidencia sostuvo que conversaron sobre “esfuerzos en favor de la salud de los pueblos” y el fortalecimiento de la cooperación en caficultura.

Según la Vicepresidencia, las representaciones reafirmaron «la voluntad de robustecer el diálogo, la cooperación y las alianzas internacionales en beneficio del país”.

El Salvador tiene relaciones diplomáticas con 156 países. Desde junio de 2019 las ha establecido con 15 países de África y 1 de Asia.

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), rechazó el uso de niños para la campaña política de cara a las elecciones generales de 2027.

“Se han dado golpes de pecho que no iban a utilizar prácticas del pasado. Resulta contradictorio que ahora estén utilizando la imagen de los niños para hacer campaña y el Tribunal Supremo Electoral, bien gracias”, afirmó en un video divulgado en sus redes sociales.

Con el mensaje replicaba un anuncio publicitario con rostros de niñas agradeciéndole a Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

La Ley Crecer Juntos prohíbe divulgar o usar la voz o la imagen de niños o adolescentes en propaganda con fines comerciales o proselitistas sin el consentimiento expreso de sus padres o representantes legales.

El artículo 77 indica que no se requerirá consentimiento cuando participen en actos públicos siempre que exista un interés científico, cultural, deportivo o educativo, “no comercial ni proselitista”.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, conocido como el Chino Flores, aseveró que respetarán las propuestas que haga el candidato presidencial, el médico sindicalista Rafael Aguirre.

“Le dije al doctor, una vez sea el candidato, las plataformas, las propuestas, las vamos a respetar. Nosotros hacemos cumplir el estatuto, el FMLN pertenece al pueblo, ¿cómo vamos a tener la dicha de ponerle candados a la participación del pueblo?”, cuestionó el dirigente en el programa de La RR.

Según Flores, en el FMLN, “muchos actúan como grupitos”. “Eso se va a acabar pronto. No soy de ninguna corriente, ningún grupo, no me importa, claro que existen, eso ya se va a terminar”, señaló.

El dirigente del FMLN criticó los procesos internos de otros partidos de oposición, asegurando con ironía que “el partido muerto” lleva 44 candidatos a alcaldes y 60 candidatos a diputados. “Pero hay otros que apenas llevan 17 candidatos y hacen remedos de internas, nosotras la hicimos pública y vieron hasta cómo voté, eso se llama libertad”, afirmó.

El FMLN perdió sus cuatro diputados en las elecciones legislativas de 2024 luego de la reducción de 84 a 60 diputados. Perdieron sus escaños Marleni Funes, de Usulután; Dina Argueta, de San Miguel; Jaime Guevara de Morazán; y Anabel Belloso, de San Salvador.

El FMLN perdió 185,122 votos presidenciales en las elecciones de 2024, una caída del 47.55 %, de 389,289 a 204,167 votos. La erosión electoral del FMLN suma 1,149,833 votos, respecto al caudal que había logrado en 2009 con el expresidente Mauricio Funes. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que El Salvador es responsable por la violación de derechos políticos y a la protección judicial al exmagistrado Salomón Padilla, cuyo nombramiento fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional en 2013.

Por ello, la CIDH sometió, el 16 de marzo de 2026, el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y le solicitó «reparar integralmente las violaciones de derechos humanos» y disponer «medidas de no repetición».

De acuerdo con el comunicado de prensa de la CIDH, publicado el 29 de julio, Padilla fue cesado de su cargo de magistrado de la Corte luego de que la Sala de lo Constitucional considerara que su afiliación partidaria, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), incumplía el requisito de moralidad y competencias notorias.

Padilla había sido elegido, el 21 de agosto de 2012, magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y presidente de la CSJ. Su periodo finalizaba el 30 de junio de 2021 y, como presidente de la CSJ, el 15 de julio de 2015.

El 14 de octubre de 2013, la Sala de lo Constitucional 2009-2018 declaró inconstitucional el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa mediante el cual eligió al abogado José Salomón Padilla como magistrado de la Corte Suprema de Justicia por «transgredir el principio de independencia judicial con respecto a los partidos políticos» al estar afiliado a un partido político. También, declaró inconstitucional su nombramiento como presidente de la Corte.

Sin embargo, la CIDH consideró que la afiliación partidaria fue el único hecho considerado para declarar la incompatibilidad sin alegaciones sobre la afectación de su independencia o cuestionamientos sobre sus decisiones como magistrado.

Aseveró que no era previsible para la Asamblea Legislativa ni para Padilla que su afiliación política «comprometiera su idoneidad para ser electo y permanecer en el cargo«.

En la sentencia de 2013, la Sala cita un escrito presentado por Padilla en el cual ratificaba el reconocimiento público de ser afiliado pero que no lo desacreditaba ni inhabilitaba para fungir como magistrado de la Corte Suprema de
Justicia.

La exprecandidata a alcaldesa de San Salvador Centro, Ondina Ramos, sostuvo el miércoles que en las elecciones internas de Arena unas 200 personas no pudieron votar, señalando a la vez que la diferencia con la cual su contrincante, Alejandro Nóchez, fueron 78 votos.

«Estábamos recabando todas las pruebas, todas las inconsistencias que se tenían y la diferencia de votos entre lo que el candidato ha ganado, que son 78 votos, con nuestra diferencia, prácticamente 200 personas que no nos dejaron que ejercieran el sufragio, es mucha», afirmó, en una conferencia de prensa, de acuerdo con un video publicado por Diario CoLatino.

El lunes 27 de julio, un día después de la elección, Nóchez se declaró ganador de la candidatura de San Salvador Centro; detalló que ganó con el 55 % de los votos versus el 45 % de su contrincante, Ondina Ramos.

Ese lunes, Ramos no respondió si validaba los resultados asumidos por Nóchez.

Por su parte, la Comisión Electoral Nacional (CEN) de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) publicó los resultados de San Salvador Centro la noche del 28 de julio en una lista de ganadores por municipio sin porcentajes o cantidad de votos.

De acuerdo con la versión de la aspirante, en las elecciones internas de Arena se estaban manejando dos padrones electorales y en uno digital, al cual accedían los orientadores, no aparecían simpatizantes suyos que han militado «toda la vida» en el partido. «Ahí no nos aparecía nuestra gente», dijo.

La precandidata concluyó que «las elecciones no fueron transparentes» y habló de manipulación. «No podemos permitir que vengan a querer manipular las elecciones internas de una manera tan descarada, nuestros afiliados merecen respeto y no lo tuvieron», señaló.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) volvió a a convocar a los miembros de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y a la fiscal electoral a una segunda prueba de la tinta indeleble luego de que en el primer ensayo integrantes de la JVE reportaran que la tinta falló o no manchó como se esperaba.

La tinta indeleble es utilizada como una de las garantías existentes para que ningún ciudadano pueda votar por segunda vez el día de la jornada electoral y el Tribunal Supremo Electoral está realizando pruebas antes de adquirir la tinta de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 de acuerdo con la JVE.

El laboratorio de control de calidad de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) aseveró que en la primera prueba de la tinta indeleble electoral realizada el pasado 24 de julio no había suficiente líquido pigmentador dentro de los botes.

El frasco “no posee la cantidad de líquido suficiente para impregnar totalmente la esponja de aplicación, ya que, al momento de aplicar en toda la yema del dedo, de una a dos veces, según instructivo, esta no se humedece completamente”, indicó el laboratorio, según la JVE, por lo que no fue posible realizar un análisis de la tinta indeleble.

Los miembros de la JVE aseveraron que, hasta el 24 de julio, no podían estar de acuerdo con la calidad de la tinta. El director de la Junta representante de Vamos, Carlos Martínez, explicó ese día, al introducir sus dedos en los depósitos, pudo percibir que “las esponjas de los botes estaban secas, no se sentía húmedo, tenían insuficiente (tinta)”.

En esa ocasión, también, el representante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la JVE, Irving Sorto, aseveró que la tinta no era «muy visible» aunque aclaró que era un problema de la empresa y no del Tribunal; mientras, el director suplente de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en la JVE, Henry Colocho, expresó que «a duras penas» la tinta hacía unas señales en los contornos del dedo.

Inicialmente miembros de la JVE indicaron que la nueva prueba se desarrollaría el viernes 31 de julio en la sede de la Dirección de Organización Electoral (DOE) pero posteriormente fueron informados que la prueba se desarrollaría este miércoles 29 de julio a la 1:00 p.m.

La aprobación de tres préstamos por $440 millones en la sesión plenaria del martes provocó una controversia entre la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, y el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas: la primera exigió transparencia del endeudamiento y el segundo argumentó que los créditos se destinarán a proyectos de carreteras, becas y agua potable.

«No se le puede dar ni se le puede seguir dando un cheque en blanco a un gobierno que no rinde cuentas, el pueblo merece obras, sí, pero también merece cuentas claras», afirmó Ortiz en su intervención.

La diputada cuestionó a los legisladores de Nuevas Ideas de dedicarse a «solo puyar el botón», «tomarse la foto» y retirarse de la sesión plenaria sin cuestionar o hacer preguntas sobre el endeudamiento que consideró ya masivo y sistemático.

«Ustedes no están haciendo su trabajo, eso no es ser diputado, es ser títeres que solo vienen a puyar el botón mientras endeudan al país. Además de no hacer su trabajo, es inmoral, porque mientras más préstamos aprueban, más recursos le están dando a un Gobierno que ha sido señalado de cometer crímenes contra la humanidad, cada vez que aprueban un préstamo le dan recursos a un Gobierno cuyos funcionarios han sido señalados por graves casos de corrupción, ustedes le dan un cheque en blanco a un Gobierno que ha violado la Constitución para perpetuarse en el poder», indicó Ortiz.

La diputada recordó que el Gobierno asumió un compromiso para obtener un endeudamiento de $1,300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y citó que la deuda pública supera los $30,000 millones.

«Cada salvadoreño, incluso los recién nacidos tiene una deuda de $4,600, una deuda que a ustedes no les importa, vienen, puyan el botón y se van, a eso se dedican», les dijo a los legisladores del oficialismo.

Según Ortiz, los ciudadanos deberían tener explicaciones por qué, si se aprueban más préstamos, los proyectos que se financian con deudas «tardan años en ejecutarse», por qué los servicios básicos no mejoran, por qué no alcanza para comprar la canasta básica o por qué hay modificaciones. «Se rediseñan, generan sobrecostos, cambian de financiamiento, cambian de contratistas, no quedan bien hechos», cuestionó.

La diputada preguntó de qué desarrollo se habla si no hay transparencia, les dijo a los legisladores oficialistas que no habrá mayoría que los salve del «juicio de la historia» y pidió a los ciudadanos «no se acostumbren a esto». «Este país no es de esta gente que está gobernando, tenemos derecho a exigir cuentas», expresó durante su intervención.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, le respondió, detallando el destino de cada uno de los tres préstamos y acusando a gobiernos anteriores de robo.

«Primero, lo calificaron de inmoral, va a ser inmoral construir el tramo de la carretera Atiquizaya bypass Ahuachapán, que ya el colega Serafín Orantes, mis colegas de Ahuachapán, saben la importancia de ese tramo, que fue un tramo que no se realizó porque en los gobiernos anteriores se robaron ese dinero, va a incluir una ciclovía, pasarelas y amoralmente una señalización», afirmó.

Agregó que el crédito incluye la construcción del corredor norte que unirá el distrito Ayutuxtepeque a las cercanías de la colonia San Luis para favorecer el tráfico en el norte de la capital; así como en las cercanías desde la planta de Nejapa Power hasta el intercambiador con la calle a Mariona. «Yo lo veo como una inversión, estos son $155 millones, un plazo de 20 años con cinco años de gracia, estamos discutiendo una segunda vuelta y el préstamo es con el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica)», afirmó.

Guevara agregó que el proyecto para el sistema de agua potable «Guluchapa» beneficiará a los pobladores de los distritos Ilopango, Soyapango, Santiago Texacuangos, San Martín, Santo Tomás y San Marcos, del departamento de San Salvador. «Oiga, del departamento de San Salvador, ya quedó claro que alguien no va a votar por este proyecto que va a beneficiar a la gente de San Salvador», dijo. Agregó que los beneficiados serán 156,000 habitantes. Guevara subrayó que «durante años se robaron o abandonaron a ANDA (Administración Nacional y Acueductos y Alcantarillados)».

El diputado leyó el destino del nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $100 millones que incluye becas para 60,000 jóvenes. «No lo ven como una inversión», afirmó. Guevara aseguró que «si fueran» proyectos para pandilleros, «les aseguro que ese voto lo contáramos». «Nosotros le apostamos a invertir por los buenos salvadoreños», dijo.

Con el préstamo de $100 millones, la Asamblea Legislativa ha recibido 12 préstamos que suman $1,556 millones.