Autor: Yolanda Magaña

La construcción de los mercados de Santa Ana y San Miguel comenzará en noviembre de 2025 y sus presupuestos están programados para 2026, informó este viernes el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera Rodríguez, quien este viernes explicó el presupuesto a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) tiene proyectado ejecutar una inversión de $465 millones el próximo año, sin contar las inversiones que realizarían las instituciones adscritas a la institución.

En el mercado de Santa Ana, se programaron $24.4 millones para el presupuesto 2026.

“Se ha estado con el traslado de los vendedores hacia un punto temporal, luego de ese traslado, le vamos a mandar un informe al Banco Mundial y ellos nos permiten darle la orden de inicio. La obra se empieza desde el mes de noviembre pero tenemos que incorporar en el presupuesto del próximo año para hacer los pagos respectivos”. Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas.

“Prácticamente se va a hacer de cero”, indicó.

Informó también que han programado $14.1 millones para la construcción del mercado de San Miguel.

“Este proyecto también ya está contratado, ya está adjudicado, hemos estado en coordinaciones, la próxima semana se van a estar haciendo los puestos temporales para los vendedores y esperaríamos que después de eso se trasladen y en el mes de noviembre empecemos la construcción del mercado de San Miguel. Lo llevamos en el presupuesto para hacer los pagos respectivos”, indicó. La construcción también será financiada con fondos del Banco Mundial.

En octubre de 2024, el ministro afirmó que los mercados se concluirían en 2026, sin embargo, en junio de 2025 el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, de Nuevas ideas, afirmó que el mercado de Santa Ana estaría completo a finales de 2026 o inicios de 2027.

La licitación para el proyecto «Reconstrucción del mercado municipal de Santa Ana y municipios aledaños, edificios 1 y 2» se publicó el 11 de octubre de 2024 con fondos del del préstamo de $200 millones del BIRF 8948-SV «Proyecto de desarrollo económico resiliente» aprobado el 25 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa.

El mercado de Santa Ana tendría tres niveles de áreas húmedas, semihúmedas y área seca, además de área de comida.

La reconstrucción del mercado de San Miguel, incendiado el 6 de abril de 2021, fue publicada el 31 de agosto de 2023, con fondos del mismo préstamo. El mercado de San Miguel también tendría tres niveles y una terraza en un área de 19,464.88 metros cuadrados.

Ochenta y cinco personas del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir) presentaron esta semana diferentes denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), informó su representante, Samuel Ramírez.

El Movir calculó que las 85 personas presentaron denuncias relacionadas con más de 100 o hasta 150 casos de capturas arbitrarias y otras agresiones, y otras pidieron que la PDDH haga revisiones médicas a los detenidos porque consideran que no tienen una buena condición de salud.

“Fueron 85 personas que entregaron documentos, unas personas presentaron dos o hasta tres, presentaron una denuncia de captura arbitraria, otra presentó una petición de revisión médica, más que todo eso es lo que más encontramos. Son 85 personas que reportaron documentos”, informó el jueves el representante de la organización no gubernamental.

Explicó que las peticiones médicas son realizadas por las familias cuando las personas han sido capturadas enfermas y “buscan que la PDDH vaya a las cárceles y verifique el estado de salud de esa persona”. “Tenemos casos que la PDDH, un año después de haberse solicitado esa revisión, han entregado respuesta y les han dicho que su familiar está muy grave, con insuficiencia renal, en una fase terminal”, señaló.

Las denuncias fueron presentadas el martes pasado en la oficina central de la PDDH. “Fueron más de 100 denuncias, en su mayoría son denuncias de capturas arbitrarias, otras son peticiones de verificación médica, hay una que la mamá asegura que su hijo fue golpeado, maltratado, mientras lo capturaban”, afirmó.

Ramírez consideró que este último es un caso de tortura, pero asegura que conoce otros casos de “torturas” de “personas que murieron” y cuyos familiares han desistido de seguir denunciando. “Me dicen ‘mire, ¿qué saco con andar moviendo el tema?, más es lo que me pongo mal’, entonces ya la gente ha desistido”, indicó.

También consideró que el sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, José Leonidas Bonilla, capturado desde abril de 2022, fue torturado, pero aseveró que esa denuncia ya está en la PDDH.

A su llegada, el Movir pidió una audiencia con la procuradora, Raquel de Guevara. “La señora no quiso recibirnos”, indicó su representante.

El 6 de octubre pasado, la procuradora afirmó que no ha recibido ninguna denuncia de tortura en la PDDH.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) reportó que entre el 1 de enero y diciembre de 2024, la PDDH recibió los casos de 95 personas que denunciaron haber sido víctimas de «malos tratos, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, tortura, entre otros» relacionados con «166 hechos que vulneraron este derecho», según información que les fue entregada por la PDDH ante una solicitud de información pública.

La memoria de labores de la PDDH registra también que del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025 recibieron 54 denuncias de malos tratos, 11 denuncias de «tratos crueles, inhumanos o degradantes», y 10 denuncias de «uso desproporcionado de la fuerza», 26 denuncias de «maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaliéndose de sus prerrogativas».

Las personas, empresas o sociedades propietarias de inmuebles construidos o intervenidos antes de la instalación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), el 12 de mayo de 2025, podrán solicitar la «regularización» de su situación según el nuevo artículo 92-A que fue incorporado a la ley a solicitud de la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas.

La nueva disposición fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa como parte de las reformas aprobadas a la Ley de la Creación de la DOT, y que incorporó nuevas facultades a esta instancia como la autorización de obras de terracería, tala de árboles y cambio de uso de suelo en las diferentes construcciones que se realizan en El Salvador.

Este procedimiento no aplicará cuando la propiedad construida o intervenida con obras esté en procesos hereditarios o la construcción haya sido realizada con permisos denegados.

La ley de la DOT inició su vigencia el 5 de noviembre de 2024 y establecía el inicio de operaciones de la DOT para 120 días después, es decir, para el 9 de marzo de 2025.

Sin embargo, la DOT oficializó su instalación a partir del 12 de mayo de 2025, fecha desde la cual las personas podían solicitar sus trámites relacionados a la construcción de diferentes obras ante dicha oficina, ubicada en el Centro Nacional de Registros (CNR).

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Un reglamento establecerá los requisitos para la regularización. La reforma fue un cambio a última hora solicitado verbalmente en el pleno por la diputada de Nuevas Ideas.

El nuevo artículo 92-A de la Ley de la DOT aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, sin embargo, fue leído por la diputada Rosales así: “Las personas naturales o jurídicas propietarias de inmuebles en los que se hayan efectuado obras, actividades y proyectos de urbanización, construcción y actividades relacionadas con estas antes del 12 de mayo de 2025 y que a la fecha no cuenten con las autorizaciones o permisos correspondientes podrán solicitar a la DOT su regularización. Lo anterior no será aplicable a inmuebles que se encuentren en proceso de aceptación de herencia o cuando las obras, actividades o proyectos de construcción y actividades relacionadas con estas hayan sido realizadas con permisos denegados o en violación de la normativa correspondiente. Los requisitos para la regularización serán determinados en el reglamento y se aplicará un procedimiento especial autorizado para tal efecto”.

La DOT fue creada por el gobierno con el fin de simplificar o integrar los trámites de construcción, reduciendo los tiempos de los permisos y tramitando incluso permisos ambientales, de agua potable o de acueductos.

Esta oficina también será la encargada de autorizar el registro de ingenieros civiles, de electricidad, técnicos y personas vinculadas a los trámites de construcción solicitados a la DOT. El periodo de estas inscripciones vencía en noviembre de 2025 pero la reforma lo pospuso hasta marzo.

La reforma creó 38 nuevas tarifas y amplió las facultades de la DOT.

Desde enero hasta la fecha de 2025, la Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes de préstamos por $1,992 millones, de los cuales ya ratificó los contratos de créditos por un total de $1,735.7 millones y tiene pendiente de ratificar cinco préstamos que suman $256.3 millones, cuya firma ya autorizó.

Pero no todos los préstamos aprobados durante el presente año han ingresado al presupuesto general del Estado 2025.

Durante el presente año, la Asamblea Legislativa ha aprobado un total de reformas presupuestarias por una suma de $1,044.1 millones desde el 12 de febrero de 2025 hasta la más reciente aprobada el 7 de octubre de 2025.

Más de la mitad de los fondos incorporados al presupuesto actual, $571.5 millones, provienen de préstamos según los mismos decretos aprobados.

Sin embargo, un total de $348.8 millones fueron incorporados de “asignaciones disponibles” que tenía el Ramo de Hacienda y “con cargo” al Fondo General, según los mismos decretos aprobados.

El resto de fondos provienen de recursos propios de instituciones descentralizadas, títulos valores, contribuciones patronales, donaciones y asignaciones del Ramo de Justicia y Seguridad.

La mayoría de los préstamos incorporados en el presupuesto de 2025 fueron aprobados en 2024 o en años anteriores.

De enero a mayo se incorporaron fondos de préstamos para financiar lo siguiente: $84.6 millones para proyecto de cable submarino, $13.5 millones para el programa de salud inteligente, $157.7 millones para el Aeropuerto Internacional del Pacífico, $852,967 para infraestructura deportiva, $993,347 para emergencias por desastres naturales, $4.7 millones para desarrollo económico local (aprobado en 2021), $8.7 millones para transporte e infraestructura resiliente, $105,981 para auditar un préstamo para emergencias por desastres naturales, $5.4 millones para el sistema penitenciario.

Desde julio, también se han incorporado: $5.8 millones para el sector agua y saneamiento, $9 millones para infraestructura de datos (Secretaría de Innovación de la Presidencia), $500,000 para mejora en la atención de salud, $22.7 millones para Surf City fase I (préstamo aprobado en 2025), $6 millones para siembra de maíz y frijol y $785,600 para jóvenes en situación vulnerable.

También fue incorporado un préstamo de refuerzo presupuestario, de $250 millones para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador, cuyo destino aún no se ha explicado. Este préstamo también fue aprobado durante el año 2025.

La Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento por el “Día nacional del profesional en relaciones internacionales” que se celebra cada 24 de octubre y destacaron el papel de estos profesionales como constructores del diálogo y de la defensa de los “intereses nacionales en foros multilaterales”.

El pronunciamiento fue una solicitud de los diputados Ana Figueroa y Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.

En el pronunciamiento, los legisladores felicitaron a todas las personas que se desempeñan en relaciones internacionales y destacaron su papel como “constructores de puentes entre los pueblos y su participación en los procesos de integración, comercio, diplomacia y cooperación”.

Según los legisladores, el papel de los profesionales en relaciones internacionales ayuda a “las buenas relaciones con otras naciones y organismos internacionales” y a “la defensa de los intereses nacionales en foros multilaterales”.

Aseveran que fomentan “el desarrollo de una diplomacia inclusiva, eficiente y orientada al bien común” y que tienen un compromiso de “los poderes legislativo en la promoción del diálogo, la cooperación y la integración de los pueblos”.

Ante la cercanía del vencimiento del plazo, la reforma a la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa extendió el periodo para que los constructores puedan inscribirse hasta marzo de 2026.

El plazo fue extendido de seis a diez meses contados a partir de la instalación e inicio de funcionamiento de la DOT. Esta oficina, ubicada en la sede del Centro Nacional de Registros (CNR), empezó a funcionar el 12 de mayo de 2025.

Casi al final de la sesión plenaria, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, pidió reformar el inciso segundo del artículo 83 de la Ley de la DOT, que regula la inscripción de las personas naturales o jurídicas en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción de la DOT.

Propuso que “en un plazo máximo de 10 meses contados a partir de la fecha de instalación y entrada en funcionamiento de la DOT” estas personas “deberán inscribirse” para poder realizar trámites con la DOT.

El artículo actual, que deja sin efecto todos los demás registros existentes al completar este registro, establece un periodo de seis meses.

Si se toma como referencia la instalación el 12 de mayo de 2025 publicada por la DOT, este periodo se vencía el 12 de noviembre de 2025; pero con la extensión se vencería el 12 de marzo de 2026.

La reforma no había sido incluida en el dictamen aprobado por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa.

La DOT lleva un total de 1,974 personas inscritas, de los cuales 955 se han inscrito durante julio, agosto y septiembre.

Entre los ya inscritos hay ingenieros civiles, arquitectos, arqueólogos, especialistas en estudios de impacto y diagnóstico ambiental, técnicos constructores, ingenieros eléctricos, técnicos proyectistas.

La reforma a la Ley de creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) modificó su Consejo Directivo, ya que fueron incorporados los ministros de Gobernación, y de Agricultura y Ganadería, en lugar del secretario de Comercio e Inversiones, y del director general de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, o sus correspondientes delegados.

La DOT es la nueva entidad encargada de emitir los permisos de construcción, demolición, talas de árboles, terracería e incluso cambio de uso de suelo, en áreas mayores a 250 metros cuadrados. En áreas menores puede intervenir si considera que las municipalidades, encargadas de dichas áreas, no tienen capacidad técnica para autorizar los permisos bajo el sistema creado en la ley de la DOT.

La máxima autoridad de la DOT es su Consejo Directivo, conformado por 13 personas, de las cuales ahora siete serán ministros del Órgano Ejecutivo o sus delegados. Solo el director de la DOT no tiene derecho a voto.

Solo tienen derecho al voto: los ministros de Vivienda, Medio Ambiente, Cultura, Obras, Salud y ahora Gobernación y Agricultura; los directores del Centro Nacional de Registros, de Bomberos y de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y los presidentes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

El Consejo Directivo de la DOT es la instancia que aprueba los procedimientos para otorgar los permisos de construcción y que puede autorizar procedimientos especiales simplificados o la «modalidad exprés para dar celeridad a la autorización de los permisos de construcción».

También aprueba los planes de ordenamiento territorial y conoce los recursos administrativos.

La Asamblea Legislativa reformó el 21 de octubre su normativa con el fin de facultar a la DOT a autorizar permisos de tala de árboles, terracería y de cambio de uso de suelos, en los procesos de construcción, además de introducir 38 tarifas nuevas por sus servicios y modificar otras.

Los trámites en la DOT

La DOT intervienen en las fases de factibilidades, permisos y verificación de cumplimiento en permisos de construcción, y es la encargada de otorgar calificaciones del lugar de construcción, la factibilidad de aguas lluvias, abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, exploración de pozo, tratamiento de aguas negras, valoración cultural, así como permisos de construcción, aprobación de planos, permisos de vertido, ambiental, entre otros.

Otras instancias encargadas de otorgar permisos similares son la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN), que tiene autoridad sobre una zona delimitada de aproximadamente 84 cuadras del distrito de San Salvador, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), que regula los permisos en 28 distritos; e instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, la ANDA, que ahora integran el Consejo Directivo de la DOT.

Durante el segundo trimestre de 2025, la DOT tramitó 1,842 expedientes físicos y 1,477 solicitudes digitales. Según sus cálculos, los plazos de evaluación han reducido de 31.14 días la solicitud individual a 18.59 días la solicitud «integrada».

De los expedientes físicos, la DOT reporta resoluciones de 182 de 193 del Ministerio de Cultura; 184 de 186 de la ANDA; y 32 resoluciones enviadas de 1,344 expedientes del Ministerio de Medio Ambiente.

De la evaluación de 1,477 proyectos en su plataforma digital, con una inversión estimada de $3,609 millones, la DOT reporta 59 solicitudes aprobadas –no detalla el monto de inversión de las solicitudes aprobadas–, 149 observadas y 343 en evaluación.

La Dirección diseña, mediante la Gerencia de Compensaciones, un «Banco de proyectos urbanísticos y ambientales».

Diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial recibirán una solicitud de reforma a la ley que creó la nueva Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) que modifica los requisitos para algunos miembros del Tribunal Sancionador.

El proyecto de reforma a la «Ley de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos», presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte a la Asamblea Legislativa, busca dejar la exigencia de ser abogado únicamente para el presidente del tribunal sancionador, y exigir a los vocales que sean profesionales con título universitario.

También propone suprimir el requisito de experiencia en procedimientos ambientales y sancionatorios.

La reforma también incluye la ampliación de facultades de ANDRES, para que esta autoridad pueda establecer precios por sus servicios y proponer tasas por servicios para ser valorados por el Órgano Legislativo.

La propuesta

Los miembros del Tribunal Sancionador son nombrados por el presidente de la República.

Esta instancia impone las sanciones a los infractores de la ley, atiende denuncias e investiga hechos u homicidios.

Actualmente, los requisitos para todos los miembros del Tribunal Sancionador son: ser salvadoreño, abogado de la República, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, ser de reconocida honorabilidad y probidad, tener conocimientos y experiencia laboral en aplicación de legislación ambiental y procedimientos sancionatorios y no tener reclamaciones si fue contratista.

La solicitud de reforma plantea dejar como requisitos: ser salvadoreño, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, ser de reconocida honorabilidad y probidad, y no tener reclamaciones si fue contratista; ser abogado de la República para el presidente del Tribunal Sancionador; y ser profesionales con título universitario para el primer y segundo vocales, incluidos sus suplentes.

Con ello, también se suprimiría el requisito de «tener conocimientos y experiencia laboral en aplicación de legislación ambiental y procedimientos sancionatorios».

El tribunal sancionador de ANDRES castiga infracciones leves como arrojar o abandonar basura en calles, carretera, playas o parques; no separar adecuadamente los residuos peligrosos; no seguir las directrices de reciclaje; hasta infracciones graves como provocar un daño ambiental significativo como contaminación de fuentes de agua; operación ilegal de botaderos o plantas de transferencia, o incumplimientos de las obligaciones por parte de las municipalidades. Las multas oscilan entre los $20 hasta los 10,000 salarios mínimos mensuales.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP) dictaminó que las calles que son ocupadas por las comunidades El Manguito y Palermo, en la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo, avenida Independencia y calle Las Mercedes, ya no tienen uso vial, por lo que es posible desafectarlo para legalizar las propiedades de sus habitantes.

La decisión fue tomada el 22 de septiembre de 2022 luego de realizar la “investigación de campo” en dichas comunidades ubicadas en el distrito de San Salvador, San Salvador Centro.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, pidió agregar a dichas comunidades en la normativa que legaliza las propiedades sobre las calles en desuso, con el fin de que las familias puedan legalizar escrituras de propiedad sobre sus viviendas.

Según la iniciativa, estas comunidades se encuentran en el tramo de vía pública conocida como “Calle antigua del Ferrocarril” que antes conducía de San Salvador hacia Santa Tecla, está ubicada tras el parque nacional de pelota “Saturnino Bengoa”.

En la comunidad El Manguito habitan 235 familias y en la comunidad Palermo, 75 familias, haciendo un total de 310 familias.

“Se establecieron en dicha zona hace más de un siglo. No obstante, carecen de seguridad jurídica sobre la tenencia del inmueble”, sostiene el diputado del partido oficial.

La decisión del MOP es citada en la iniciativa presentada por el diputado y que será estudiada por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que se reunirá la próxima semana.

La normativa que sería reformada es la “ley especial para la legalización de las calles, tramos de calles, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía, declarados en desuso y desafectados como de uso púbilco para ser transferidas en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular”.

Esta ley busca legalizar calles, tramos de calle, carreteras o derechos de vía en desuso que han sido ocupados de manera pacífica e ininterrumpida por no menos de cinco años por familias de “escasos recursos económicos”.

En El Salvador, un total de 143,604 familias viven en una casa de lámina metálica, según el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024.

Solo 1.3 millones de familias viven en casas de ladrillo, bloque o concreto; y 202,466, de adobe. El censo no registra las personas que viven en comunidades.

También, 14,150 viven en casa de madera, 861 viven en casas de material reciclado como plástico o cartón y 229 viven en casa de paja o palma. También hay 19,647 familias en casas de bahareque y 6,393 en casas de adobe.

De las 1.8 familias censadas en El Salvador, solo 1 millón residen en casa propia.

El Ministerio de Obras Públicas pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe una reforma para facultar al director general de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) a aprobar los precios que cobrarán por los servicios y los productos que ofrezca.

Los precios serían definidos a través de un acuerdo institucional con la respectiva autorización del Ministerio de Hacienda.

La reforma solicitada también busca que el director de ANDRES pueda proponer los proyectos de tasas por los servicios que presta, para someterlas al proceso de aprobación de la Asamblea Legislativa.

La solicitud de reforma fue interpuesta por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, el 21 de octubre de 2025, y pasó a estudio de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la cual fue convocada para reunirse el martes 28 de octubre a las 10:00 de la mañana.

El artículo 44 de la ley de ANDRES establece que “las municipalidades contribuirán al Fondo Especial para la Logística y Ejecución de la Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos con un monto equivalente al 50 % de los ingresos brutos percibidos por las tasas municipales establecidas para los servicios públicos de barrido, aseo, limpieza, transportes y disposiciones final de basuras de residuos sólidos”.

ANDRES es una institución autónoma creada por el gobierno en diciembre de 2024 que busca sustituir a las alcaldías en su función de recolectar la basura de los distintos municipios.

Actualmente tiene cobertura en San Salvador Este, La Libertad Costa y La Paz Este.

En su cuenta de X, no reportan que controlan la recolección de desechos en los distritos de San Salvador Centro aunque en julio pasado ANDRES había publicado en su sitio web que su servicio ya se encontraba disponible.

En redes sociales ANDRES ofrece un “equipo de reacción inmediata” en San Salvador Este y La Libertad Costa, con recepción de denuncias de acumulaciones de basura al 929 y al WhatsApp 2501-0203.

Actualmente ANDRES tiene un presupuesto de $2.3 millones para el año 2025, de los cuales ha devengado $152,801.99. Los fondos provienen del Fondo General del presupuesto general del Estado. Del total del presupuesto, $1.6 millones serían destinados a remuneraciones y $438,368.84 a bienes y servicios.