Noelia Serrano, una de las sobrevivientes de violencia sexual en El Salvador, asistió el martes a la audiencia sobre la “Situación de derechos humanos de las víctimas de violencia sexual ocurrida en el conflicto armado en El Salvador”, desarrollada en Guatemala durante la jornada de audiencias públicas en el marco del 195 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La audiencia fue solicitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Cristosal, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH) y Global Survivors Fund (GSF).
Noelia, quien pidió ante la CIDH que el Estado salvadoreño le provea ayuda psicológica, medicina y reparación de vivienda, es una de las 10 mujeres que han presentado ante la Fiscalía General de la República sus casos para investigación.
“En el caso de las 10 mujeres que denunciaron, entre ellas Noelia, el caso sigue sin judicializarse una década después y se está exigiendo prueba directa. David Morales, de Cristosal, señaló que sus testimonios no son considerados centrales: quieren que se identifique a sus violadores; de lo contrario, sus casos serán archivados”, denunció Morales en la audiencia ante la CIDH.
En un inicio, Morales aseveró que “el Estado salvadoreño no ha mostrado hasta hoy voluntad alguna para investigarlos, pese a tratarse de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, y que las diez mujeres presentaron sus demandas “pero han sido ignoradas”. “La Fiscalía no judicializa casos de crímenes de guerra en El Salvador” y “se limita a trasladar la carga de la prueba a las mujeres sobrevivientes”, criticó.
Morales también recordó que el caso de El Mozote avanzó después de graves obstáculos del propio Estado, como no permitir la inspección de los archivos históricos militares en 2020 y la destitución del juez de la causa con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, lo que, observó, retrasó por cuatro años la elevación del caso a la fase de juicio.
Por el Estado salvadoreño estuvieron en la audiencia la viceministra Adriana Mira; el procurador general de la República, René Escobar Álvarez; el procurador especializado de defensa pública penal, Walter Eduardo Fuentes Rodríguez; la procuradora especializada para las mujeres, Jessenia Consuelo Martínez; y la directora de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gloria Evelyn Martínez.
La vicecanciller aseguró que dan seguimiento a todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Es irresponsable afirmar que la actuación de la Fiscalía es contraria a las normas internacionales”, dijo.
“Los recursos son un elemento que puede limitar la expectativa de los solicitantes; esto no es una excusa. Veo acá una oportunidad de trabajo con la Comisión”, exhortó la funcionaria salvadoreña al proponer la conformación de un grupo de trabajo.
El procurador Escobar afirmó que los casos de violencia sexual no son hechos aislados y que el Estado ha tenido una respuesta mediante reformas. Mencionó que la PGR brindó “más de 60,000 servicios a mujeres sobrevivientes de violencia y discriminación a nivel nacional” y que no hay obstáculos para el acceso a la justicia.
“Hemos trabajado con una mesa de organizaciones de la sociedad civil y ese trabajo se ha fortalecido”, dijo.
La primera audiencia ante la CIDH
Leonor Arteaga, de la DPLF, reveló que esta es la primera vez que se celebra una audiencia ante la CIDH sobre uno de los crímenes más atroces y más silenciados. Para la vicecanciller, este hecho puede ser una oportunidad para establecer una mesa de trabajo.
La presidenta de la audiencia, Andrea Pochak, ofreció apoyo para acercar a otras fiscalías con experiencia en el tema. “El primer paso está dado, con este tono de diálogo”, indicó.
La representante de la DPLF señaló que en El Salvador hay “un clima instalado desde el Estado de El Salvador de no conversar” ni reconocer la violencia de género en general, “desde las más altas autoridades”, y que esto se ha transformado en políticas públicas. “Las palabras del Estado de El Salvador no coinciden con la realidad”, dijo Arteaga.
Agregó que el programa de reparaciones “está suspendido desde por lo menos el año 2024”, ya que era ejecutado por dos instituciones que han sido cerradas: la Secretaría de Inclusión Social y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), por lo que las reparaciones fueron suspendidas. Una de las peticiones es reanudar el programa de reparaciones creado por el decreto ejecutivo 204 y modificar los criterios de elegibilidad, ya que la violencia sexual no estaba reconocida como una categoría separada.
Por su parte, David Morales aseveró que el crimen de las hermanitas Serrano Cruz no ha sido investigado ni se ha condenado a los responsables.
“Esta es una evidencia de que la Fiscalía General no está aplicando los estándares internacionales para la investigación de crímenes de guerra y mucho menos en casos de violencia sexual contra mujeres”, indicó.
Las organizaciones criticaron que la Comisión de la Verdad no incluyó la violencia contra las mujeres ni la violencia sexual. “Ha habido acciones importantes, no hay amnistía, pero los juicios son escasos; la mayoría de los fiscales no contribuyen ni están comprometidos con la verdad”, afirmó Morales. “Persisten narrativas que glorifican el papel de los perpetradores”. “El gobierno ha cerrado casi todas las instituciones de atención a la violencia contra las mujeres y ha prohibido el lenguaje de género”, criticó.
Morales afirmó que durante la guerra hubo sometimiento de mujeres y niñas a esclavitud sexual y doméstica, “sobre todo en el contexto de operativos de la Fuerza Armada de El Salvador”, y que los responsables fueron en su mayoría agentes estatales: hombres de la Fuerza Armada y de los escuadrones de la muerte. También han documentado tres casos cometidos por la guerrilla.
