Autor: Yolanda Magaña

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica informó de una reunión que sostuvo con la Embajada de El Salvador para “dar seguimiento a los proyectos acordados en la IV Comisión Mixta de Cooperación” y “explorar nuevas áreas de trabajo conjunto”.

Según la Cancillería colombiana, la embajadora de El Salvador, Diana Marcela Vanegas, y el embajador Sergio Vinocour, “reafirmaron el excelente estado de la relación bilateral y la voluntad de seguir impulsando iniciativas en cultura, turismo, educación y ambiente”.

“Ambos países reiteran su compromiso de profundizar la cooperación durante 2026, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de sus poblaciones”, indicó en redes sociales.

El 3 de septiembre de 2025, ambos países acordaron en la IV Comisión Mixta de Cooperación la ejecución de seis proyectos de cooperación para el periodo 2025-2027.

En ese entonces, se acordó que El Salvador apoyará a Costa Rica en proyectos de justicia restaurativa, inserción social, reparación integral, turismo cultural y gastronómico, y estrategias preventivas por parte de los cuerpos policiales.

Los proyectos serían implementados por los ministerios de Seguridad, Medio Ambiente y Cultura, además por la Corte Suprema de Justicia, la Comisión, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), este último sufrirá un proceso de liquidación en 2026.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, firmó una carta de intención con el presidente de la Cámara de Comercio Sueco-Latinoamericana (SWELAC), Nils Yacoob Ekman, para fortalecer los vínculos con los sectores productivos y las oportunidades de crecimiento económico.

Mira, quien informó el jueves en X de la firma del convenio, aesguró que el compromiso busca promover la atracción de inversiones, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de iniciativas conjuntas de promoción económica.

“Teniendo una apertura hacia la industria sueca a través de la Cámara, este es un vehículo que abre las puertas para la inversión y el comercio”, dijo, por su parte, el presidente de la SWELAC, Nils Yacoob Ekman, cónsul honorario de El Salvador ante Suecia. Según Cancillería, reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones orientadas a generar desarrollo económico y crecimiento en el país, mediante la creación de empleo y el fortalecimiento de oportunidades productivas.

El convenio no fue publicado. Sin embargo, la viceministra Mira indicó que el acuerdo expresa la voluntad de las partes de promover la inversión y la innovación, y de fomentar “la atracción de inversiones responsables”, entre otros objetivos.

Detalló, así, que el acuerdo “permitirá un flujo creciente de inversiones bilaterales y oportunidades de crecimiento” para empresas salvadoreñas y suecas, según la nota de prensa de Cancillería.
La funcionaria indicó están estableciendo bases sólidas para “una colaboración a largo plazo” y que es parte de las alianzas estratégicas para el desarrollo económico que busca el gobierno.

La embajadora de Canadá en El Salvador, Mylene Paradis, participó el jueves en la inauguración de la exposición “San Salvador en el umbral del tiempo” como inicio de las celebraciones del 65 aniversario de las relaciones bilaterales entre Canadá y El Salvador.

La inauguración se desarrolló en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) construida y donada por el gobierno de la República Popular China luego de la demolición de la exbiblioteca nacional en un edificio del Banco Hipotecario construido en 1960.

El Salvador y Canadá establecieron relaciones en 1961; Canadá contribuyó al proceso de paz de El Salvador y asegura que su compromiso se basa en la promoción de los derechos humanos, el empoderamiento de mujeres y niñas, la democracia, la migración regular, el Estado de Derecho y el desarrollo económico sostenible.

Uno de los programas dirigidos hacia los salvadoreños son el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales en Canadá, intercambios educativos a través del Programa para Líderes Emergentes en las Américas administrado por el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá desde 2009, el cual da asistencia financiera a estudiantes.

El Salvador exportó $107.8 millones en productos a Canadá, cantidad que bajó a $46.6 millones en 2024 y se registran $34.4 millones en 2025, los principales productos que se exportan son suéteres, café, camisetas y plantas vivas.

Mientras, se importaron de productos canadienses a El Salvador $189.7 millones en 2023, $144.2 millones en 2024 y $191.6 millones en 2025.

Embajador de Canadá a Suecia, de Suecia a viceministra y de viceministra a Canadá

La exviceministra de la diáspora Cindy Portal presentó sus cartas credenciales como nueva embajadora de El Salvador en Canadá el 22 de enero de 2026.

El embajador de El Salvador en Canadá era Ricardo Alfonso Cisneros Rodríguez, quien aparece nombrado como embajador de El Salvador en Suecia, según el currículum actualizado el 4 de febrero, cargo que era ocupado por Patricia Godínez, quien fue nombrada viceministra de la Diáspora y Movilidad Humana, cargo que ocupaba Cindy Portal, la nueva embajadora de El Salvador en Canadá.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ocupa el primer lugar en un ranking de aprobación de líderes mundiales publicado por la cuenta de World of Statistics, superando al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

Según ese listado, Bukele, quien ejerce su segundo periodo presidencial, obtuvo 92 % de aprobación, con base en datos de la encuesta difundida esta semana por La Prensa Gráfica. En la segunda posición del ranking está Putin, con un 79 %, 13 puntos por debajo del mandatario salvadoreño.

En el tercer lugar del ranking se sitúa Narendra Modi, primer ministro de la India, con un 70 % de aprobación; le sigue Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, con 63 %; y posteriormente Andrej Babis, primer ministro de la República Checa, y Javier Milei, presidente de Argentina, ambos con 60 % de respaldo ciudadano.

Más abajo aparecen otros líderes como el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung (57 %); Karin Keller-Sutter, presidenta de Suiza (56 %); y Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra (50 %).

Según este mismo ranking, por debajo del 50 % de aprobación figuran la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (45 %); el expresidente de Estados Unidos y actual candidato, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (ambos con 43 %); Giorgia Meloni, primera ministra de Italia (41 %); Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (33 %); y por último, el presidente de Francia, Emmanuel Macron (15 %).

Según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Bukele fue calificado con un promedio una nota promedio de 8.39 en diciembre de 2025. El estudio reveló que casi ocho de cada diez personas dijeron tener “mucha” o “alguna” confianza en el presidente, cerca de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, en contraste con niveles más bajos de confianza en la Asamblea Legislativa, empresarios, alcaldías y partidos políticos.

El exdirector de organización de Nuestro Tiempo, Ramiro Navas, informó este viernes que el sociólogo Jeovany José Maravilla, quien fue director de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) por dicho partido de oposición, fue arrestado hace un mes por el delito de agrupaciones ilícitas sin que existan argumentos “suficientes y claros” sobre la causa de su detención, y sin que haya recibido visitas de sus familiares o abogados.

El arresto, según Navas, ocurrió el 9 de enero de 2026 cuando Maravilla arribó al Aeropuerto Internacional El Salvador proveniente de Estados Unidos desde un viaje personal. Fue trasladado inicialmente a la delegación policial de Zacatecoluca, departamento de La Paz, y posteriormente lo trasladaron para el centro penal de Izalco.

“La familia no lo ha visto, su equipo de defensa jurídico no lo ha visto tampoco, prácticamente desde que aterrizó en el Aeropuerto no ha tenido comunicación ni contacto con nadie conocido”, denunció.

Según la información proveída, el tribunal segundo contra el crimen organizado de Santa Ana le negó sustituirle la medida de detención por otras medidas luego de que presentara pruebas de arraigo.

Para el exdirigente opositor, la captura de Maravilla “se suma a los cientos y cientos de injusticias contra personas cuya única causa de persecución es su lugar de procedencia o su forma de pensamiento”.

Navas también relacionó el hecho con las denuncias realizadas por Maravilla como director de la JVE en las elecciones de 2024. Señaló que su trayectoria previa está vinculada al trabajo comunitario, la promoción de una cultura de paz y el acompañamiento a jóvenes en comunidades rurales y urbanas de país.

“Consideramos grave que perfiles comunitarios y de participación cívica estén siendo criminalizados sin garantías claras de debido proceso”, indicó el exdirigente en X que hizo un llamado a la condena del caso. “No pedimos privilegios, exigimos debido proceso garantías judiciales y la revisión de las medidas impuestas”, indicó.

El partido Nuestro Tiempo fue cancelado luego de que no obtuviera los 50,000 votos necesarios para la existencia.

La representante del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, consideró “grave” su captura y, en un espacio de generadores de contenido, vinculó el arresto con que Maravilla “fue testigo del fraude” al referirse al recuento de votos realizado para la Asamblea Legislativa en el cual la oposición denunció papeletas sin doblez, como que no hubieran sido sacadas de la urna electoral, y marcadas con plumón en lugar de la tradicional crayola que es colocada en los paquetes electorales.

Las autoridades migratorias salvadoreñas registraron un total de 466 extranjeros nacionalizados o naturalizados durante el año 2025, con una disminución respecto a los 500 extranjeros beneficiados en 2024 según los datos actualizados recientemente por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Pese a una leve disminución del 7 %, el año 2025 mantuvo los niveles de nacionalizaciones o naturalizaciones de los últimos cuatro años que han superado 400 anuales luego de que en los siete años anteriores, de 2014 a 2020, oscilaran entre 30 y 316 anuales.

La nacionalidad salvadoreña puede obtenerse por “nacionalización”, válida para ciudadanos de origen centroamericano; y por “naturalización”, que puede ser solicitada por personas originarias de un país hispanoamericano con un año de residencia en el país, extranjeros de cualquier origen con cinco años de residencia o casados con salvadoreños con dos años de residencia. La naturalización también puede ser otorgada por decreto legislativo.

De enero a diciembre de 2025, según datos de Migración, 361 extranjeros obtuvieron su nacionalidad salvadoreña por nacionalización, un 77.5 %, y 105 por naturalización, un 22.5 %.

Un extranjero que tenga la nacionalidad salvadoreña puede ejercer el sufragio, asociarse en partidos políticos, optar a cargos públicos, y tiene la obligación de cumplir la Constitución salvadoreña.

Durante los últimos 12 años, un total de 3,221 extranjeros han obtenido la nacionalidad salvadoreña, un total de 2,806, un 87 %, desde enero de 2019 a diciembre de 2025. Un 79 % han sido nacionalizaciones, es decir, para centroamericanos; mientras que un 20.9 %, por naturalización.

Una reforma a Ley de Compras Públicas para permitir la contratación de empleados del Ministerio de Cultura como docentes hora clase en la Dirección Nacional de Formación en Artes fue sancionada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y está vigente desde el pasado 31 de enero, por lo que podrá aplicarse en febrero.

La reforma permite realizar las contrataciones de los empleados del Ministerio de Cultura sin aplicar la Ley de Compras Públicas, ya que estas fueron incluidas en las exclusiones de la Ley de Compras Públicas, que exige un proceso para realizar las contrataciones en el Estado.

Así, se agregó un literal P al artículo 3 de las exclusiones de la Ley de Compras Públicas: “Los empleados del Ministerio de Cultura que en virtud de su especialidad profesional o formación artística sea necesaria su contratación como docentes hora clase en cátedras de música, danza, artes plásticas y artes dramáticas, y en otras ramas que imparta la Dirección Nacional de Formación en Artes”.

Esta modificación a la Ley de Compras fue aprobada con dispensa de trámites el 21 de enero de 2026 y fue publicada en el Diario Oficial del 23 de enero, recientemente puesto a la venta y publicado en su versión en línea. La dispensa de trámites fue aprobada con 57 votos de Nuevas y sus aliados; la diputada Claudia Ortiz votó en contra.

En la reforma, el Gobierno argumentó que el Ministerio de Cultura tiene profesionales de música, danza, artes plásticas y artes dramáticas y que la Dirección Nacional de Formación en Artes tiene “limitaciones» para cubrir horarios vespertinos y nocturnos.

La contratación ágil se aplicará para contratar a empleados de Cultura en plazas de Ley de Salarios o de contratación de servicios personales si ello no afecta que cumplan su jornada laboral y sus obligaciones en la plaza que ya tienen en el Ministerio de Cultura, según el decreto.

El Ministerio de Cultura no ha informado públicamente cuántos empleados o quiénes serían contratados bajo esta modalidad de exclusión de la Ley de Compras ni cuánto será erogado.

La Ley de Compras Públicas establece normas para realizar las compras en las oficinas de Gobierno y del Estado, siguiendo un proceso de selección del contratado. Se aplica a las adquisiciones o contrataciones realizadas en las instituciones del Estado, sus dependencias, organismos auxiliares y empresas estatales, municipalidades, Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid); pero excluye las financiadas por convenios internacionales, por servicios personales que generen vínculo laboral, servicios bancarios, operaciones de títulos, las adquisiciones realizadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM).

El presupuesto general del Estado 2025 cerró en $11,224.4 millones luego de modificaciones que sumaron $1,561.4 millones a lo largo del año, según datos oficiales contenidos en el informe “Aspectos principales de la ejecución presupuestaria de gastos a diciembre 2025” del Ministerio de Hacienda.

El incremento es explicado, según Hacienda, principalmente por la incorporación de recursos para implementar “proyectos estratégicos”.

Para el año 2025, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de $9,663 millones. Las modificaciones más grandes ocurrieron en el Ministerio de Hacienda, cuyo presupuesto aumentó $817.2 millones, Obras Públicas con un aumento de $293.4 millones y Educación, con $123 millones adicionales.

Hacienda incorporó a su partida de obligaciones generales $250 millones de un préstamo del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal, $149.6 millones de títulos valores, $150 millones de dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se nombraban salud de calidad y fortalecimiento integral de la educación, y $267 millones de títulos valores, un total de $816.6 millones a esta partida.

También, para gastos de funcionamiento, fueron incorporados: $7.9 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores, $37.47 millones a Defensa Nacional, $12.9 millones a Fiscalía General, $1.3 millones a Procuraduría General, $700,000 a Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, $16.1 millones a Gobernación, $48.5 millones a Seguridad Pública, $116 millones a Educación, $47.7 millones a Salud, $1.1 millón a Trabajo, $3.8 millones a Cultura, $1.4 millones a Economía y $20 millones a Agricultura. También se destinaron a funcionamiento $57.5 millones a Obras Públicas y $4.1 millones a Turismo. Los refuerzos titulados como funcionamiento sumaron $376.5 millones aproximadamente.

De los incrementos institucionales, $734.04 millones provinieron de préstamos externos y $826.1 millones del Fondo General, clasificación que también incluye deuda adquirida a través de títulos valores.

Por ejemplo, el refuerzo que recibió, en noviembre, el Tribunal Supremo Electoral de $700,000 provenían de títulos valores (deuda) y fueron cargados por el Ministerio de Hacienda al “Fondo General”.

También hubo incrementos presupuestarios para proyectos concretos: $9 millones para el programa de infraestructura de datos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $7.01 millones para el programa de modernización del sistema educativo financiado por la CAF, $13.5 millones para el programa de salud inteligente financiado por el BID, $11 millones del CAF para el programa de Telemedicina, $84 millones del CAF para el cable submarino, $157.7 millones para el sector aeronáutico “El Salvador vuela”, y $22.7 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para intercambiador del Corredor Pacífico y otras obras.

La Embajada de la República Popular China donó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 120 monitores para el fortalecimiento tecnológico y una «gestión más eficiente de los casos judiciales, la multitarea y la estandarización de procesos» contra el crimen organizado, informó en un comunicado que detalló que la donación consta de 120 monitores.

En la entrega del donativo participaron el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, y el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui.

El presidente del Órgano Judicial salvadoreño dijo que la donación «representa un gesto de una muestra concreta de cooperación, confianza y respeto hacia el Órgano Judicial» y agradeció al embajador su disposición de reforzar la relación y construir «espacios de apoyo que contribuyan a la modernización institucional”.

«Este es un símbolo de amistad entre la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y la embajada. Ya tenemos una larga experiencia de cooperación y esperamos que esta institución esté cada vez más digitalizada y modernizada”, dijo el embajador de China, según el comunicado.

En la actividad también participaron delegados de la embajada, gerentes, directores y jefaturas de la Corte.

El presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, presentó ante representantes de Naciones Unidas los avances del modelo de desarrollo social impulsado en El Salvador, durante el Sexagésimo Cuarto Período de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de la Organización de las Naciones Unidas.

Mencionó la oportunidad que tienen los estudiantes del sistema público de bachillerato de acceder, si cumplen los requisitos, a educación superior o carreras técnicas.

«Cada joven que finaliza el bachillerato público en las escuelas públicas tiene garantizado, si es que así lo desea y participa de un proceso formativo, de un ingreso a la universidad y a las escuelas técnicas. Antes ingresaban a las universidades del 1 al 3 por ciento de los jóvenes matriculados en los bachilleratos y hoy hay un 45 por ciento después de apenas un año de haberse establecido dicho proyecto», declaró Gutman.

Para que un bachiller pueda acceder a una carrera universitaria, debe tener un promedio de 7 en bachillerato y haber participado en seis actividades de la Dirección de Integración; y, para los cursos técnicos, deben haber obtenido 6 de promedio y haber participado en cuatro actividades.

En tercer lugar, los jóvenes que deseen estudiar cursos vocacionales deben tener promedio de 6 y haber participado en dos actividades de la Dirección de Integración.

Gutman abordó la implementación del modelo de desarrollo social basado en la denominada «cultura de integración» incorporado como Fase VI del Plan Control Territorial y explicó que estas líneas de acción están orientadas a la articulación de políticas públicas con enfoque comunitario y a la generación de oportunidades educativas y laborales.

Según el comunicado de prensa, la información despertó el interés de representantes de países como Perú, Guatemala, República Dominicana y Turquía, quienes sostuvieron intercambios con el funcionario salvadoreño sobre el alcance y la estructura del modelo de Integración como política pública.

El Sexagésimo Cuarto Período de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social es el primero que se celebra tras la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, realizada en Doha, Catar, a finales de 2025.