Autor: Yolanda Magaña

Miembros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), integrantes de sindicatos de trabajadores del Seguro Social, manifestaron este miércoles su respaldo al médico Rafael Aguirre y a la enfermera Madaí Santos como candidatos a presidente y vicepresidente del país por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La conferencia fue dirigida por Modesto Díaz Jovel y Juan Carlos Hernández, de Conadesa; Roxana Quintanilla, del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss); y Mirna Perla, de Conadesa; y miembros del Sindicato para la Defensa de los Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Sidetisss).

En un comunicado, exigieron el pago inmediato de las indemnizaciones a todo personal despedido, agilización la entrega del Fondo de Protección del ISSS, el cese de los despidos arbitrarios y del acoso laboral, y el respeto a la libertad y a la asociación sindical, y revisión de los despidos así como restitución si legalmente procede.

El respaldo difiere de la aclaración que hizo el pasado 16 de julio la junta directiva del Simetrisss en un comunicado de prensa, en el cual aclaró que la candidatura era una “decisión personal” y no representaba al Simetrisss. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), que integra Conadesa, también se distanció de la candidatura de Aguirre.

Para el candidato presidencial, esta no es una división de Conadesa sino muestra de pensamientos diversos.

“Más que divisiones son pensamientos. Nosotros toleramos el disenso, nosotros toleramos que una persona piense diferente”, indicó, después de la conferencia de respaldo.

Díaz aseguró que hay “un cierre del diálogo con el gobierno central” pero que ven como “punto de inflexión” a la candidatura de Rafael Aguirre. Según el sindicalista, el candidato del FMLN tiene respaldo de los trabajadores del ISSS en distintas zonas del país.

Aguirre exhortó a tener un diálogo “respetuoso, sincero y resolutivo”.

 

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, cuestionó al presidente de la Corte de Cuentas de la República, Walter Sosa Funes, por qué la institución dejó de publicar desde el año 2024 los informes de auditorías realizados por la institución en cumplimiento pese a que se lo obliga el artículo 46 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

“Quisiera saber por qué no conoce la población porque, siendo los que ven cómo se manejan los fondos públicos, pues, hay que comenzar dando el ejemplo, también”, dijo la legisladora, en la reunión de Comisión el lunes, cuando entrevistaron a los primeros cinco candidatos a la CCR, de un listado de 18.

Sosa Funes reconoció que el artículo 46 de la ley de la Corte de Cuentas establece que los “informes son públicos”. “Efectivamente así es, pero recordémonos que tenemos la Ley de protección de datos personales, tenemos la Ley de acceso a la información pública y la Ley de la Corte de Cuentas. Al armonizar estas leyes con los informes, lo que nos impide es no publicar información sensible”, dijo.

“No podemos poner información confidencial en los informes”, respondió el presidente de la Corte de Cuentas, y que deben armonizar los informes de auditorías con esas normativas.

La Corte de Cuentas no publica informes de auditorías desde el año 2024.

La diputada Villatoro también cuestionó que mayoría de jefaturas de la Corte de Cuentas forma parte de la asociación de la Asociación Salvadoreña de Abogados Empleados Judiciales (Asajelp), una asociación creada en 2017 por el abogado Luis Enrique López Jerez.

“Quisiera saber por qué esa buena relación con miembros de esa asociación para darles las jefaturas”, cuestionó.

“Esto nos refleja que vivimos en un país con libertades, un país con libertades de reunirnos, de asociarnos, yo creo que todos los que estamos acá y el pueblo salvadoreño, que nos mira, ya vivimos en un país de libertad, en el que nos podemos asociar libremente, en el que no nos pueden juzgar porque yo pertenezco a una asociación o a un partido político. Y doy gracias a dios que sé que a eso no vamos a retroceder nosotros”, afirmó.

“¿No sé, diputada, si es delito asociarse?, cuestionó el presidente de la CCR.

La legisladora también cuestionó también por qué desde 2021 no se fiscalizaba los vehículos nacionales, algo que fue informado en la Comisión por el titular de la CCR.

“La Corte de Cuentas estaba a cargo de la actual magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Prácticamente me dijo que hizo una mala gestión en su tiempo. Es triste saber que alguien que no hizo su bien trabajo dentro de la CCR pues se le haya premiado por esta Asamblea Legislativa para darle la presidencia del TSE”, señaló Villatoro. El funcionario no respondió.

La Corte de Cuentas es dirigida actualmente por Walter Sosa Funes, quien sucedió en el cargo a Roxana Soriano, ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral y quien en el pasado fue excandidata a diputada por Nuevas Ideas.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió con una delegación de la Asociación Mundial de Juristas integrada por su presidente, Javier Cremades, y Aranzazu Calvo-Sotelo y Aaron Feldman.

Según la Vicepresidencia, la visita de representantes de la Asociación Mundial de Juristas tenía el propósito de conocer la realidad del país y “ampliar el intercambio en temas vinculados con la gobernanza democrática”, ya que, aseveró el gobierno, esta organización desarrolla “procesos de certificación”. Según la Vicepresidencia, la Asociación también explora “posibles áreas de cooperación de interés común”.

Esta organización desarrollará en mayo de 2027 el 30º Congreso Mundial de Derecho, para el cual ya se acordó la “Declaración de Tirana para el Futuro del Estado de Derecho” que busca fijar estándares globales para la independencia judicial.

La Asociación Mundial de Juristas también se reunió con la Corte Suprema de Justicia, algo que “fortalece los vínculos” y “abre oportunidades de cooperación en áreas estratégicas” según la Vicepresidencia.

La Asociación Mundial de Juristas es una organización sin fines de lucro que reúne a jueces, abogados y académicos, desde su fundación en 1963. En su sitio web, dice ser una organización que “trabaja para construir un mundo gobernado por la ley, no por la fuerza” y que reúne a jefes de Estado, presidentes de tribunales supremos y constitucionales, jueces de tribunales internacionales, ministros de justicia, entre otros en torno a un foro de diálogo sobre los desafíos legales actuales, como la independencia judicial, la estabilidad constitucional, la protección de derechos humanos, la resiliencia democrática, entre otros.

En uno de los más recientes eventos organizados por la Asociación fue la sesión de apertura del Congreso de Apertura del Congreso Mundial de Derecho 2027, que reunió a unos 500 juristas y en el cual el presidente de la Asociación, Javier Cremades, dijo: “Vivimos en un momento en el que las democracias están cansadas y las autocracias se vuelven cada vez más funcionales”.

Los diputados Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, y Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), hablaron el lunes pasado de irregularidades que ocurrieron en el pasado en la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la legisladora relató que hace un año recibió una llamada de una persona supuesta empleada de la institución contralora en la que ofrecía un supuesto soborno.

Al inicio de la Comisión, en un mensaje general, el diputado Ernesto Castro sostuvo que «siempre que se dan este tipo de elecciones que siempre hay personas que se mueven en las sombras, siempre, que estuvieron acostumbrados así y que piensan que todavía va a seguir a pesar que hemos acostumbrado con hechos de que las cosas ya cambiaron».

«No lo sé, pues, pero tampoco me sorprendería que sigan haciendo las cosas que se hacían antes». Aseguró que no le sorprendería que alguien les ande llamando a los 18 candidatos para prometerles apoyo y asegurarles que una persona específica será el próximo presidente de la CCR.

Luego, Castro matizó que «en esta Asamblea Legislativa las cosas ya cambiaron».

«Para todos esos casi delincuentes que andan haciendo eso que tengan mucho cuidado y mucha prudencia con lo que están haciendo. No voy a dudar en proceder ”, señaló el diputado.

En segundo lugar, Castro señaló que «dentro de la CCR» había «sacadores» o personas que dicen tener el poder para «fregar» a personas.

“Dentro de la CCR, siempre se daban las mañas de tener a esos que les llaman a los ‘sacadores’, a todos esos que sin tener un puesto en la Corte de Cuentas de la República, andan cobrando, vendiendo, resultados, finiquitos, auditorías a la medida”, aseveró.

El legislador advirtió que «no puede haber funcionarios que tengan a esos personajes que andan de un lado para otro diciendo ‘yo soy el que tengo la llave de la CCR y yo tengo el poder de resolverte o de fregarte’, porque llegan con la enfermedad y presentan también cuál es la medicina».

«Obviamente estos sinvergüenzas lo que hacían era cobrar. Yo estoy seguro de que esas prácticas ya se acabaron en la CCR pero no queremos que jamás regresen y, si regresan, nosotros vamos a estar atentos a que un pequeño error lo vamos a denunciar ante las autoridades», expresó.

Castro advirtió «tener mucho cuidado» a estos «personajes oscuros».

Después, aclaró que esas prácticas «ya se acabaron»: “Yo estoy seguro de que esas prácticas ya se acabaron, pero no queremos que jamás regresen. No vamos a permitir de que esas mañas vuelvan a este tipo de instituciones”.

Castro instó a no permitir la corrupción dentro de la CCR “absolutamente de nadie”. “Esto hay que tenerlo claro, licenciado», dijo a un candidato.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), relató que una persona le llamó por teléfono para pedirle que le ayudara a gestionar un supuesto soborno a una persona que supuestamente enfrentaba un proceso dentro de la Corte de Cuentas.

Según Villatoro, esta persona pedía $10,000 a cambio de entregarle a otra persona la información de un proceso. «o bloqueé a esta persona. Esto quiere decir que la institución todavía tiene personas pícaras adentro, es importante que las instituciones se limpien. Por eso es bueno que existan auditorías dentro de las mismas instituciones”, sugirió la legisladora de Arena.

“Me cayó una llamada por teléfono, de una persona que me dijo que trabajaba en la Corte de Cuentas. Me dice: le quiero decir que tengo información de algunos casos de personas que han sido colegas suyos y le quiero pedir una reunión… Esta persona me dijo regáleme el teléfono y le quiero pedir, tal vez me ayuda con esa persona, para que me den $10,000 a cambio de entregarle… esto ha sido el año pasado”, relató la diputada.

El diputado Castro aseguró que él no recordaba el caso mencionado por Villatoro, quien dijo que le había contado lo sucedido al legislador de Nuevas Ideas pero aseguró que él «lo hubiera denunciado con nombre y apellido».

“Yo creería que eso ya no existe. No podemos permitir que esos sacadores que anden hablando en nombre del presidente de la CCR o magistrado tal, que a lo mejor tal vez es mentira… para andar sacando pisto”, señaló.

El presidente de la CCR, Walter Sosa Funes, aseguró que la institución tiene «tres canales por los cuales alguien puede denunciar” y señaló que «se puede cometer el delito de omisión si no denuncia».

La diputada Villatoro respondió que a ella no le consta si la persona que le llamó realmente trabajaba en la Corte de Cuentas. “Es como el chambre que le hicieron al presidente de la Asamblea. Porque alguien me dice algo, no lo voy a dar por cierto. Yo no me voy a prestar a sentarme con un delincuente y grabarlo y decir le voy a dar pisto para tenerlo como prueba, primero, no tengo tiempo”, aseguró.

Villatoro dijo que hay personas que están “acostumbradas a una llamada de pícaros”.

“En todos los gobiernos siempre hay algún tipo de pícaros aprovechados. Por ejemplo, hay instituciones y podría mencionarles en la Corte Suprema de Justicia, que dicen que nada se mueve sin que esta persona les llame por teléfono, entonces, yo creo que es algo que es lamentable”, señaló también la legisladora.

La diputada agregó que “les piden resoluciones” para “fregar a alguien”. “Buscan la forma de hacerlo para dañar la integridad de una persona… Estos personajes son los que continúan siempre en diferentes gobiernos, toda la vida se mantienen ahí, gestionando, nunca se ha hecho absolutamente nada en contra de estas personas”, dijo.

El lunes, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó a los primeros cinco candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de un listado de 18 aspirantes. En la reunión, el diputado de Nuevas Ideas Walter Coto cuestionó al presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa, sobre la baja producción de procesos en la Cámara de Segunda Instancia de la institución.

Las órdenes de expulsión contra salvadoreños emitidas por jueces de inmigración aumentaron en un 12 % durante el mes de junio, un crecimiento por debajo del promedio de incremento que sufrieron en general las órdenes de expulsión del 30 %, de acuerdo con datos recolectados por TRAC, un proyecto de investigación de datos no partidista y sin fines de lucro fundado en 1989.

Los jueces migratorios en Estados Unidos emitieron 2,835 órdenes de expulsión contra salvadoreños en marzo, 2,890 en abril, 2,719 mayo y aumentó a 3,182 salvadoreños con órdenes de expulsión en junio.

En junio, los países con más cantidad de resoluciones de expulsiones en ese orden son: México (15,773) Venezuela (10,939), Honduras (9,686), Guatemala (8,340), Colombia (5,255), Ecuador (4,463), Nicaragua (4,365), El Salvador (3,182), Perú (2,167), entre otros.

La entidad advirtió que las órdenes de expulsión emitidas por jueces de inmigración en general han aumentado a un nivel de 50,000 mensuales durante los primeros meses de la administración de Donald Trump, que inició su segundo periodo el 20 de enero de 2025.

Desde junio de 2024 a junio de 2025, las órdenes judiciales de expulsión en los tribunales de inmigración oscilaron entre 20,000 y menos de 50,000. A partir de julio de 2025, las órdenes judiciales de expulsiones superaron los 50,000 y en marzo de 2026 superaron las 60,000; pero llegaron a 100,773 solo en el mes de junio de 2025.

Los países de migrantes con más aumento en órdenes de expulsión de sus connacionales fueron Haití, República Dominicana y Brasil. La mayoría de expulsiones son ordenadas por tribunales de Texas, Illinois y California.

En general, más del 70 % de las resoluciones judiciales de expulsiones son órdenes de remoción y en menor parte salidas voluntarias, actas terminadas y menos del 3 % se registran como alivios concedidos.

El secretario general del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, aseveró el lunes que los candidatos que presentará el partido político en las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes realizarán propuestas claras y que ningún militante podrá hablar sin orientación partidaria.

Flores, quien ha anunciado que dirigirá la campaña electoral del partido de izquierda, aseveró que los candidatos del FMLN realizarán propuestas “claras, no mentirosas” como poner satélites y que la militancia «debe ponerse al frente».

“Vamos a dar las orientaciones desde la dirección en su debido momento, aquí nadie se va a dar el lujo de andar hablando en nombre del partido sin orientación, y el que lo haga, pues, es una indisciplina, es acorde a estatuto que cada militante se prepare para la campaña”, afirmó el dirigente de izquierda, en su conferencia de prensa habitual transmitida por el canal del partido político.

Flores reiteró que no se postulará para ningún cargo público en las elecciones de 2027 y que se concentrará en dirigir la campaña del partido.

En julio pasado, Flores dijo que respetarán las propuestas del candidato presidencial, el médico sindicalista Rafael Aguirre. “Le dije al doctor, una vez sea el candidato, las plataformas, las propuestas, las vamos a respetar. Nosotros hacemos cumplir el estatuto, el FMLN pertenece al pueblo, ¿cómo vamos a tener la dicha de ponerle candados a la participación del pueblo?”, dijo.

El partido de izquierda realizará una Convención Nacional en septiembre en la cual ratificará a sus candidatos para la Presidencia, Vicepresidencia, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales que participarán en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

El dirigente detalló ayer que han completado a los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, incluidas las correspondientes a la circunscripción electoral de salvadoreños en el extranjero, advirtiendo que las seis fórmulas de candidatos a diputados propietarios con sus suplentes residen en diferentes países: Estados Unidos, Canadá, España, Perú, Suecia, Italia y El Salvador.

“Entendimos que nuestros compatriotas en el exterior eran los que debían representar a nuestros compatriotas en el exterior, pero vienen los manipuladores de la ley y comienzan a hacer sus decretos y resoluciones para su favor”, criticó a partidos, como Nuevas Ideas, que llevan candidaturas a diputados por el exterior pero que residen en El Salvador. El dirigente aseveró que, en el partido oficial, una diputada actual de San Salvador no podrá votar por ella misma, ya que la ley –de sufragio en el extranjero– requiere que los electores de esta circunscripción tengan su Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero.

Sin embargo, Flores aseguró que estarán “alertas” de cualquier otra reforma electoral que pueda aprobar la Asamblea Legislativa. “De lo que pueda ocurrir en la Asamblea porque esa gente que no tiene carácter van a adaptar las leyes a su favor. Ojalá jueguen con las reglas claras”, aseveró.

Las elecciones generales en El Salvador se desarrollarán el 28 de febrero de 2027, fecha para el cual adelantaron las elecciones presidenciales de 2029 mediante una reforma constitucional del próximo gobernante para el periodo 2027-2033; además de 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 candidatos alcaldes y sus concejos municipales.

El diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, cuestionó el lunes al presidente de la Corte de Cuentas de la República, Walter Sosa Funes, porque según su visión en la Cámara de Segunda Instancia que él preside «está el cuello de botella» de la institución.

El diputado argumentó que en dicha Cámara hay «una pésima producción» ya que de un total de 2,147 recursos, «solamente se han resuelto 48». «¿Por qué tenemos 2,099 recursos presentados a la Cámara que usted preside y no tenemos respuesta ante esos recursos… Ahí se traba, ahí está el cuello de botella en la Corte, nunca terminan siendo condenados», afirmó el legislador cian al titular de la Corte de Cuentas que busca ser reelecto en el cargo.

«¿Por qué me llama la atención?, es usted la persona, el presidente de la Cámara de Segunda Instancia, juntamente con sus colegas, donde está el cuello de botella actualmente», insistió Coto, quien en un inicio aseguró que la fiscalización ha mejorado pero que había un «modus operandi» de dos etapas.

Citando datos de la memoria de labores de 2025, Coto dijo que la Corte hizo 656 auditorías con más de 2,000 hallazgos por $26 millones en condenas pero solamente $471,000 «han sido cancelados como tal», un 1.80 %.

El diputado reclamó que una persona «se puede postular» para un cargo público en las elecciones porque «no hay una resolución firme» de los casos que se le siguen en la Corte de Cuentas, incluso «con otro partido político».

«No es que sea un cuello de botella, lo que sucede es que en primera instancia se tienen siete cámaras, en cada cámara hay dos jueces… Las siete cámaras remiten los expedientes a una única Cámara de Segunda Instancia», le respondió el presidente de la CCR.

«También sepamos que, cuando se interpone un recurso, es porque los casos son voluminosos o por la misma complejidad del mismo. Tenemos cerca de 2,000 casos en trámite, efectivamente hemos ratificado condenas, no es que solamente ahí lleguen a dormir el sueño de los justos», se defendió el funcionario.

Coto le preguntó cuántas resoluciones ha emitido la Cámara de Segunda Instancia durante su gestión como presidente de la CCR. Sosa le respondió que 48 de enero a julio de 2026; y 48 el año anterior.

La Cámara de Segunda Instancia es integrada por Walter Sosa y los magistrados Julio Bendek y José Flores, los tres fueron electos por Nuevas Ideas y buscan su reelección un tres años más.

Sosa y Bendek fueron entrevistados el lunes por la Comisión Política como parte del proceso de elección.

A Bendek, el diputado le preguntó cuál es la principal falencia en juicio de cuentas, a lo cual el funcionario respondió que los procesos «deben ser orales porque la modernización del Estado pasa por esas dinámicas inmediatas y poder tener una ley procedimental especial», lo que afirmó «ayudaría a acelerar mucho los procesos”.

El diputado Coto le preguntó al jefe de auditores gubernamentales, Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, por qué hay mora judicial en la Cámara de Segunda Instancia.

Ventura Bonilla, también candidato a magistrado de la CCR, respondió: «Su origen es simple. Simplemente no quieren dar sentencia. Así, simplemente tienen el expediente y simplemente no los procesan y no hay sentencia. Entonces, eso es así de simple, verdad».

El diputado cian le preguntó si hay una razón.

«La razón pueden ser muchas, puede ser una, política, la otra puede ser algunas veces el presidente de esta Comisión ocupa esta palabra ‘por cherada’, o porque no quieren afectar intereses que también van más allá de lo personal», contestó.

El candidato le preguntó si eso es lo que él quería escuchar. «Usted presume, verdad», le dijo el legislador, a lo que el aspirante respondió afirmativamente.

El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, aseguró que «delincuentes confesos quieren optar a cargos públicos» y «cuentan de manera misteriosa con finiquitos», sin mencionar candidatos específicos que podrían tener sus finiquitos para su postulación hacia las elecciones de 2027.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó a los primeros cinco aspirantes a la Corte de Cuentas de la República (CCR): el propio presidente de la CCR, el primer magistrado de la CCR, el actual presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), el jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR y una auditora gubernamental.

Edgar Eliseo Alvarenga Funes, de 44 años, actual presidente del ISTA, licenciado en administración de empresas y de contaduría pública, y aseguró que desde el año 2013 fue auditor gubernamental y jefe de equipo en la Corte de Cuentas.

Durante la entrevista el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, señaló irregularidades en gestiones anteriores de la CCR y aseguró que «expresidentes que terminaron presos tenían su finiquito de la Corte de Cuentas», así como personas que cobraban o vendían «finiquitos, auditorías».

El candidato dijo que busca que «los cambios sean profundos» ante ese antecedente «negro, oscuro». «Si usted actuó bien, la Corte no debería observar», aseveró.

Según el aspirante, dentro de sus líneas están la modernización tecnológica; la fiscalización en la institución y comprobación de «rumores sobre la institución»; y el trabajo de la mano del área de Auditoría Forense y la Fiscalía General de la República.

Sostuvo que su ventaja es que él conoce cómo funciona el Ejecutivo. «Ningún dólar debe ser demasiado poco para no fiscalizarlo», afirmó.

El candidato aseguró que del año 2015 al 2025 hay una brecha del 64 % entre los hallazgos y las sentencias jurisdiccionales, algo que consideró «demasiado grande para que todo corresponda a que era inocente». «Acercar ese criterio técnico entre auditoría y juicio de cuentas considero que deja demasiados vacíos y personas inocentes», advirtió el candidato.

Walter Salvador Sosa Funes, actual presidente de la CCR desde el 7 de febrero de 2025 y que concluye su periodo el 27 de agosto de 2026. Fungió como jefe ad honorem de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, juez de paz y de juez de instrucción.

Sosa Funes hizo un resumen de la cantidad de acciones de control realizadas durante su gestión y dijo que su meta es auditar el año inmediato anterior: «Me encuentro con ministerios que su gestión fiscal 2020 estaba siendo auditada, eso no es posible», señaló. Prometió que al final de 2026 están auditando la gestión 2025.

En 2025, realizaron 93 auditorías financieras y 563 exámenes especiales; y que en 2026 buscan realizar 562 acciones de control, han ejecutado 152 auditorías, tienen 259 auditorías en ejecución y tienen 151 auditorías programadas. Agregó que llevan 2,200 servidores públicos capacitados.

“El resultado es tener a estas instituciones al día, porque lo que buscamos como Corte de Cuentas no es hacer auditorías reactivas, sino apoyarles a todas las instituciones, a todos aquellos que reciban fondos públicos, es importante que estas auditorías estén al día, porque les ayudamos a ordenarse, es importante que las auditorías no se hagan cinco años atrás como era la costumbre, como sucedió cuando yo asumí la presidencia de la CCR”, afirmó.

El funcionario reveló que la CCR no realizaba el plan de fiscalización de vehículos nacionales durante vacaciones desde el año 2021 e indicó que lo reanudaron durante su gestión.

Karla Gabriela Siliézar Liévano, la tercera entrevistada, una licenciada en contaduría pública con maestría en auditoría, de 32 años, actualmente se desempeña como auditora gubernamental en la Corte de Cuentas.

Aseguró que formó parte de las firmas de auditoría Deloitte y KPMG, y del programa de formación de capital humano del Ministerio de Hacienda.

Propuso una transformación digital y la creación de un repositorio inteligente con asesoría de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, como una herramienta de apoyo a los procesos de auditoría y juicios de cuentas, así como con alianzas con universidades y la Agencia de Ciberseguridad del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

«La IA no va a sustituir el criterio profesional del auditor y del juez de cuentas, será una herramienta de apoyo para fortalecer y agilizar los procesos, un asistente IA para ética pública, denuncias, contrataciones, transparencias y antisoborno, para ello crear un chatbot web con menús rápidos e interactivos que orienten al usuario en sus primeras consultas», dijo.

La candidata propuso crear un juicio de cuentas digital, un uso mínimo de papel, la unificación de criterios de auditoría, y alianzas estratégicas con el Ministerio de Hacienda.

Julio Guillermo Bendek Panameño, primer magistrado de la CCR, antes fue segundo magistrado de agosto de 2020 a agosto de 2023. Fue procurador adjunto para la defensa de los derechos humanos, y asesor jurídico y jefe de contratos en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). También, laboró en Romero Pineda & Asociados.

El funcionario enfatizó en el control preventivo que realiza la Corte de Cuentas, «es la piedra angular», dijo.

«En el año 2021, donde se dio un cambio masivo de alcaldías, llegaron más de 200 alcaldes nuevo, se les capacitó a todas las alcaldías; en el año 2024, después de la transformación territorial, trabajamos para generar una transición a estas nuevas alcaldías… Todo eso en la medida de que los buenos funcionarios supiran cómo manejar las cosas», afirmó a los diputados.

El quinto entrevistado fue Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, licenciado en contaduría pública y jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR. Ventura Bonilla es licenciado en contaduría pública graduado de la Universidad de Nueva San Salvador.

Criticó que lo que había hecho el resto de candidatos era «una rendición de cuentas» y agregó que la auditoría y el juicio de cuentas es «un proceso muy delicado que no se puede dejar a la Inteligencia Artificial», dino una «herramienta que ayude a decidir que criterio tomar» para «hacer un mejor hallazgo o para hacer una mejor sentencia».

Enfatizó en que es necesario «reforzar el sistema de auditoría automatizado», «resolver la mora histórica» y «certificar a los auditores»; y sugirió evitar la caducidad resolviendo antes los procesos más antiguos.

La Comisión Política debe entrevistar a un total de 18 candidatos a la CCR, proceso que continuará el próximo lunes 17 de agosto.