Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa aprobó, con 58 votos, una reforma a la Ley Orgánica Judicial que convierte 13 sedes judiciales en juzgados o cámaras de lo criminal que tendrán «la competencia exclusiva» para conocer y decidir sobre los procesos contra adultos y menores de edad por delitos de «homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz y violación agravada».

El decreto de conversión de juzgados y cámaras entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

La Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas, el jueves, que imponen la cadena perpetua como pena única posible para estos delitos luego de ratificar una reforma al artículo 27 de la Constitución, en donde se prohibía.

Con los cambios, la nueva figura de «jueces de lo criminal» serán los encargados de aplicar y revisar la pena perpetua e incluso de vigilar el régimen de libertad controlada luego de esta revisión obligatoria.

Para distribuir los procesos nuevos de menores, se amplió la competencia a otros ocho tribunales: por ejemplo, los juzgados primero y segundo de menores de San Salvador asumirán los procesos que les correspondían a los juzgados de menores de Soyapango y juzgados primero y segundo de menores de Santa Tecla.

Otros juzgados de menores que asumirán cargas serán el de San Vicente, Ahuachapán, San Miguel, San Francisco Gotera, y los primero y segundo de ejecución de medidas al menor de San Salvador.

La conversión, según el decreto, «garantiza el pleno respeto de los derechos laborales de todo el personal de los juzgados y cámaras convertidas y del que forma parte de los equipos multidisciplinarios adscritos a los juzgados, junto con el motorista».

La conversión de los juzgados y cámaras

1. Juzgado de menores de Soyapango en Juzgado primero de lo criminal de San Salvador con competencia territorial en departamentos de San Salvador, La Libertad y Chalatenango.
2. Juzgado primero de menores de Santa Tecla en Juzgado segundo de lo criminal de San Salvador con competencia territorial en departamentos de San Salvador, La Libertad y Chalatenango.
3. Juzgado segundo de menores de Santa Tecla en Juzgado tercero de lo criminal de San Salvador con competencia territorial en departamentos de San Salvador, La Libertad y Chalatenango.
4. Juzgado de menores del distrito de Zacatecoluca en el Juzgado de lo criminal de La Paz, con competencia territorial en el departamento de La Paz.
5. Juzgado de ejecución de medidas al menor del distrito de San Vicente en el Juzgado de lo criminal de San Vicente, con competencia territorial en departamentos de San Vicente, Cuscatlán y Cabañas.
6. Juzgado de ejecución de medidas al menor de Santa Ana en el Juzgado de lo criminal de Santa Ana, con competencia territorial en el departamento de Santa Ana.
7. Juzgado de menores de Sonsonate en el Juzgado de lo criminal de Sonsonate, con competencia territorial en los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán.
8. Juzgado de ejecución de medidas al menor al distrito de San Miguel en el Juzgado de lo criminal de San Miguel, con competencia en el departamento de San Miguel.
9. Juzgado de menores del distrito de Usulután en el Juzgado de lo Criminal de Usulután, con competencia territorial del departamento de Usulután.
10. Juzgado de menores del distrito de La Unión en el Juzgado de lo criminal de La Unión, con competencia territorial de los departamentos de La Unión y Morazán.
11. Cámara de menores de la primera sección del centro en la Cámara de lo criminal de la primera sección del centro, con competencia en departamentos de San Salvador, La Libertad, Chalatenango y La Paz.
12. Cámara de menores de la sección de occidente en la Cámara de lo criminal de la sección de occidente, en Santa Ana, con competencia territorial en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
13. Cámara de menores de la sección de oriente en la Cámara de lo criminal de la sección de oriente, en San Miguel, con competencia en departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, San Vicente, Cuscatlán y Cabañas.

Una de las reformas aprobadas con dispensa de trámites este jueves convierte en delito imprescriptible el homicidio simple, junto con los delitos de tortura, terrorismo, secuestro, genocidio y feminicidio.

La reforma al Código Procesal Penal, aprobada con 57 votos, agrega el homicidio simple en el catálogo de delitos que no prescriben ni por inactividad del proceso.

El homicidio simple será uno de los delitos de extrema gravedad que serán castigados con pena perpetua, según el paquete de reformas aprobado el jueves por la Asamblea Legislativa.

La reforma al Código Procesal Penal también crea un procedimiento especial para procesar estos delitos en los Juzgados de lo Criminal, para los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz y violación agravada.

La reforma prohíbe, en el artículo 416-C, cualquier beneficio de libertad condicional a las personas condenadas bajo este procedimiento; «únicamente aplicará la revisión de la pena perpetua y en caso de ser procedente el régimen de libertad controlada».

¿Cuál será el proceso y los plazos en los juzgados de lo criminal?

1. Inicio del proceso: Fiscalía solicitará el inicio del proceso; con la sola vista de la solicitud el juez impondrá la medida cautelar requerida.

2. Acusación en hasta 12 meses: La Fiscalía presentará la acusación ante el juez de lo criminal dentro de un plazo máximo de 12 meses.

3. Ampliación de plazo: El fiscal podrá solicitar una ampliación del plazo de 12 meses, de manera motivada.

4. Sin dictamen de acusación: Si en dos años no se ha presentado dictamen de acusación, el juez advierte al fiscal superior, quien tendrá un plazo de 24 horas para presentarla y, de no existir acusación, dictará sobreseimiento definitivo.

5. Audiencia de juicio: será señalada en un plazo no mayor a 30 días, dentro de tres días siguientes a la acusación. Una vez finalizada la audiencia, el juez «emitirá la sentencia».

Procedimiento abreviado

La reforma permite el «procedimiento abreviado» en los cuales la revisión de la pena perpetua se adelantaría a la mitad del plazo dispuesto para la primera revisión.

En estos delitos de extrema gravedad, se abre la posibilidad a una pena «menor a la dispuesta en este régimen únicamente si media autorización expresa del fiscal general de la República, la que no podrá ser menor a 10 años de prisión».

Para los casos de delitos de extrema gravedad la duración de la detención provisional quedará supeditada a lo que dure la tramitación del proceso hasta que haya una sentencia firme.

La Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma al Código Penal que, además de imponer la cadena perpetua como única pena posible para los delitos de homicidios, feminicidios, violaciones y pertenencia a organización terrorista, plantea la posibilidad de que los jueces aprueben un régimen de “libertad controlada”.

Los jueces de lo criminal deberán, de manera obligatoria, revisar las penas perpetuas cuando los condenados a las mismas hayan purgado hasta 40 años. A partir de la primera revisión, cada cinco años deberán realizar una audiencia para revisar la pena perpetua, según el nuevo artículo 92-C del Código Penal.

La primera revisión obligatoria se realizará luego de 25 años de cumplimiento de pena si fue menor el que cometió delito; después de 30 años si el delito es cometido por un adulto y solo es un delito; después de 35 años si son dos o más delitos; y después de 40 años de la pena cuando el delito fue cometido con agravante o hay una “extrema gravedad cualificada”.

El juez de lo criminal convocaría a una audiencia y resolvería si concede o no el régimen de libertad controlada, tomando en cuenta el informe del Consejo Criminológico Regional, las condiciones de ejecución, los medios utilizados en la comisión del delito y cualquier otra circunstancia. Si se deniega, la revisión posterior se daría en cinco años.

Según la reforma, ese régimen de libertad controlada aplicaría solo si hay un “pronóstico individualizado favorable de reinserción social del condenado” realizado en la revisión y un informe del Consejo Criminológico Regional con la evaluación de la evolución penitenciaria del interno, la participación efectiva en programas de tratamiento y actividades de reinserción, y un pronóstico individualizado de peligrosidad y probabilidad de reinserción social.

La libertad controlada, según la reforma, incluiría “medidas de control orientadas a prevenir y evitar reincidencia delictiva” por cinco años y, si se incumple, la libertad se revocaría automáticamente y el condenado reingresaría a la cárcel.

Un total de 58 diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República para eliminar la prohibición de la pena de muerte en El Salvador. Con las reformas al Código Penal, también aprobaron cambios a la Ley Penal Juvenil, Ley por una vida libre de violencia para las mujeres, Ley especial contra el terrorismo, Código Procesal Penal y Ley Orgánica Judicial.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves un paquete de reformas a seis leyes para castigar con pena perpetua a los condenados por los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz y violación agravada, sean autores o cómplices, sean jóvenes o adultos, miembros de pandillas o no.

Mediante dictámenes fueron aprobadas las reformas al Código Penal, con 58 votos; a la Ley integral por una vida libre de violencia contra las mujeres (LEIV), con 57 votos; a la Ley especial contra actos de terrorismo, con 58 votos; y a la Ley Penal Juvenil, con 57 votos. En la votación de la Ley Penal Juvenil, votó en contra la diputada Claudia Ortiz, de Vamos. Además, fueron aprobadas con dispensa de trámites reformas al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica Judicial.

La cadena perpetua será la única pena posible si un «juez de lo criminal» decide condenar a una persona por esos delitos, ya existentes, y además, por el nuevo delito de «pertenencia a organización criminal o terrorista». Será aplicada a los menores desde los 12 hasta los 18 años que cometan esos delitos y que estén procesados bajo la Ley Penal Juvenil, ya que esta normativa se incorpora como pena principal.

La reforma al Código Penal incorporó expresamente que los cómplices necesarios recibirán la misma pena perpetua que los autores, cuando se determine su culpabilidad.

Sin embargo, las modificaciones aprobadas permiten un régimen de libertad controlada, que será posible después de una revisión obligatoria de su pena, que estará a cargo de los mismos jueces de lo criminal.

Los jueces tendrán la obligación de revisar las penas perpetuas de todos los reos hasta un máximo de 40 años de haber estado en prisión. La reforma no establece excepciones.

La figura de los jueces de lo criminal fue aprobada mediante una reforma al Código Procesal Penal aprobada con dispensa de trámites el mismo jueves. También una reforma a la Ley Orgánica Judicial crea los nuevos juzgados y cámaras de lo criminal, que tendrán a cargo estos procesos de «delitos de extrema gravedad», así como la revisión de las penas perpetuas.

Luego de la aplicación del régimen de excepción, los homicidios han continuado a la disminución pero no se han erradicado.

Según la memoria de labores de la Fiscalía General de la República de 2024 a 2025 se han registrado 96 homicidios, 25 feminicidios y 2,739 violaciones, aunque según el balance del gabinete de seguridad correspondiente al año 2025 se registraron 644 violaciones durante ese año, luego de una disminución del 24.59 %.

Un año antes, se registraron 117 homicidios, 25 feminicidios y 3,018 violaciones.

El partido Arena pidió una reforma constitucional para aprobar la pena perpetua para los «funcionarios corruptos» luego de que el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, calificara de cobardes a los diputados que no respaldaren la ratificación de la cadena perpetua.

En su intervención en la ratificación de la reforma constitucional para aprobar la cadena perpetua en El Salvador, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que «es bonito que algunas personas quieren hablar como hombres», pero aseguró que «en realidad en la votación se demuestra ser hombre o ser cobarde».

El presidente legislativo dijo «que es irrelevante» «lo que opinan estos que aparentan ser hombres pero que a la hora de votar son cobardes, para ahora ya es irrelevante y van a quedar siendo para la historia los cobardes de este país».

Por la ratificación, no votaron los diputados Francisco Lira, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra.

Castro no se refirió expresamente al diputado Francisco Lira, quien minutos antes había calificado la ratificación de la pena perpetua como una estrategia del gobierno para desviar la atención de los problemas económicos y de la rendición de cuentas ante un informe que señala violaciones a derechos humanos.

 

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El diputado de Arena había dicho que estaba a favor de la cadena perpetua pero señaló a la reforma de buscar «desviar» la atención de problemas económicos y de informes sobre violaciones a derechos humanos, y señaló que no hay «cadena perpetua» en realidad ya que estas serán revisadas. «Una cadena perpetua no puede tener revisión de penas, en la práctica esta ratificación no cambia nada… Dicen que los soltarán cuando el riesgo esté neutralizado, ¿quién garantiza eso?», cuestionó.

En su intervención, el presidente legislativo se refirió al informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) que presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual se asevera que hay bases para creer que ha habido delitos de lesa humanidad en el régimen de excepción.

Castro dijo a GIPES asevera que a los 89,000 pandilleros «no les han hecho el debido proceso». «Mire qué bonito lo que dicen ellos, que los saquemos», señaló.

«Aquí se equivocaron, aquí toda la semana sigan dando informes, de algo tienen que vivir ustedes, pero aquí es totalmente irrelevante lo que ustedes digan, nosotros vamos a continuar con lo que ustedes digan», expresó Castro.

El diputado de Nuevas Ideas dijo que quieren que «los violadores, los homicidas y los terroristas pandilleros no salgan nunca de la cárcel». «No logro entender cómo alguien puede estar en contra, lo que yo sí entiendo que haya un pretexto nuevo», dijo.

La reforma penal permitirá libertad condicionada y revisión obligatoria de las penas perpetuas desde los 25 años hasta los 40 años de prisión.

Luego de la intervención de Castro, el diputado de Arena pidió reformar el Código Penal para pedir aumentar la pena a 60 años de prisión para los «funcionarios corruptos». «Tengamos el valor de denunciar a sus corruptos, aquí está la iniciativa, quiénes son los cobardes y quiénes van a pasar a la historia este día al decir no», dijo.

La diputada Marcela Villatoro, del mismo partido, pidió una reforma constitucional para que «los corruptos reciban cadena perpetua». «Para que los corruptos tampoco vean la luz del día, corruptos, violadores, terroristas, no van a ver la luz del día», dijo.

La iniciativa constitucional requiere las firmas de al menos 10 diputados. «Cuando tenga diez firmas, va a ser presentado de manera formal y va a continuar con todo el proceso que requiere una reforma constitucional. Cuando se complete, con gusto lo podemos hacer», dijo Castro.

«Llegó el momento de ver quién es hombre y quién es cobarde», insistió posteriormente y sometió a votación la ratificación de la reforma constitucional al artículo 27, para instaurar la pena perpetua en El Salvador. «Es que ahorita tiene un rótulo el colega diputado, ojalá que no le interfiera a la hora de votar. El ‘sí pero no», comentó en el pleno, antes de la votación. La ratificación recibió 58 votos, incluido el de la diputada Marcela Villatoro, de Arena, y los usuales 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

Castro sometió después a votación la moción de Lira, para reformar el Código Penal. Solo obtuvo tres votos, dos de Arena y uno de Vamos.

La Asamblea Legislativa ratificó la tarde de este jueves una reforma al artículo 27 de la Constitución de la República para que la pena perpetua sea aplicada «a los homicidas, violadores y terroristas».

La reforma fue aprobada con 58 votos, de Nuevas Ideas, sus partidos aliados PCN y PDC, y de la diputada Marcela Villatoro, de Arena. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. El diputado Francisco Lira, de Arena, no votó.

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), luego de aclarar que él «no defiende pandilleros», aseguró que el gobierno busca desviar la atención de problemas económicos y de informes sobre violaciones a derechos humanos. «El delincuente tiene que estar en la cárcel y nunca más salir de ahí», dijo.

«Nos venden una cadena perpetua que en realidad no es así. Hasta el mismo fiscal admitió en la Comisión Política que tienen que adecuarse a ciertos aspectos jurídicos y que se va a pedir revisión de penas,; repito, una cadena perpetua no puede tener revisión de penas, en la práctica esta ratificación no cambia nada», afirmó el legislador, quien exhortó a reformar de fondo el sistema judicial.

El diputado de Arena cuestionó la revisión de la pena perpetua que permitirá el Código Penal para la posible obtención de un régimen de libertad controlada.

«Los menores de edad podrán salir a los 25 años, los adultos a los 30 y en los casos más graves a los 40 años podrían estar de regreso en las calles. Ustedes lo dijeron. Dicen que los soltarán cuando el riesgo esté neutralizado, ¿quién garantiza eso?, ¿el mismo sistema que permite que los violadores pasen el tiempo pintando cuadros en un programa de Cero Ocio?», cuestionó.

Lira aseguró que «defender a un inocente no es un favor, es lo correcto, no es justo que la gente buena esté pagando por algo que no hizo, mientras los verdaderos responsables hicieron pactos con el poder».

Por su parte, la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, afirmó que «El Salvador vivía una cadena perpetua con las pandillas dictada por los que controlaban el país, por los partidos corruptos que negociaron con los terroristas y con los pandilleros, votos a cambio de vidas, son los que ahora se atreven a querer estar dando a nosotros lecciones de moralismo».

Repitió las palabras del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dirigidas a las organizaciones: «No los vamos a escuchar». «No los vamos a escuchar porque estamos a punto de escribir una nueva historia para las víctimas de asesinatos, violaciones y de las pandillas. Necesitamos hacer uso de métodos idóneos…, y por eso vamos a luchar con todos los métodos adecuados», expresó.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), anunció que votaría por la reforma y destacó que advirtió en la Comisión Política que también se iba a aplicar a los cómplices, por lo que logró que se detallara en la legislación que se aplicara a «cómplices necesarios».

El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, calificó de «cobardes» a quienes no votarían por la reforma, ante lo cual el partido Arena pidió una reforma constitucional para aprobar la pena perpetua para los funcionarios corruptos. Solo tuvieron tres votos.

Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la 49ª prórroga del régimen de excepción que mañana cumple cuatro años en medio de críticas de organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señalan posibles “delitos de lesa humanidad” y de la defensa del gobierno salvadoreño que busca crear el nuevo delito de pertenencia de pandillas y castigarlo con pena perpetua revisable.

El decreto de prórroga iniciará su vigencia el 1 de abril y sus efectos tendrán una duración hasta el 30 de abril de 2026. La dispensa de trámites también se dio con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra; los diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se encontraban ausentes.

El Gobierno informó que el régimen de excepción ha facilitado la captura de “más de 91,650 terroristas”, por lo que cree que sigue siendo necesario “para continuar las actividades operativas de seguridad” suspender las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución. Estas disposiciones se refieren al derecho de defensa, máximo plazo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.

“Aún cuando hay una disminución significativa de ocurrencia delictiva en el país, la Policía continúa detectando a responsables de la comisión de delitos de miembros de pandillas… También debido al trabajo integral y extraordinario de seguridad pública, se ha posibilitado llevar a cabo la ubicación y detenciones en flagrancia de miembros pertenecientes a grupos de pandillas, a quienes se les sigue procesos penales con orden activa de detención y han podido ser sometidos a la justicia interrumpiendo así su actuar delictivo y el daño social”, indica la solicitud oficial de la prórroga.

El gobierno consideró el régimen de excepción “fundamental para combatir el fenómeno criminal”. También sostienen que algunos pandilleros “han salido del país” para mantener su capacidad delictiva y que, con acciones de inteligencia en la región, han retornado algunos de estos criminales al país. “Lo anterior justifica la necesidad del régimen de excepción hasta la fecha”, sostiene.

El gobierno cuenta 1,165 días sin homicidios durante el gobierno actual y atribuye la disminución de homicidios al régimen de excepción. Mientras, el estado de excepción es cuestionado por organizaciones civiles que afirman que durante su aplicación han recibido reportes de capturas arbitrarias, torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y muertes de detenidos dentro de los

En el pleno, el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, aseguró que el régimen de excepción “ha sido un pilar fundamental” de la situación actual del país.

Alemán recordó que el 27 de marzo fueron convocados por el diputado Ernesto Castro para aprobarlo por primera vez. “Cuatro años en que las familias salvadoreñas han podido dormir con tranquilidad”, dijo.

El legislador oficialista afirmó que hasta la fecha se contabilizan 1,172 días sin homicidios desde junio de 2019 cuando Nayib Bukele inició su primer gobierno y 1,058 días sin homicidios desde la aprobación del régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022. “La población salvadoreña ya no quiere regresar al pasado, no quiere regresar a los tiempos de luto”, expresó.

Un grupo de expertos internacionales asegura que tienen bases para creer que en el régimen de excepción se han cometido “crímenes de lesa humanidad”, ya que aseveran que han documentado torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a elimentos”. Aseguran que son “actos graves cometidos de manera generalizada o sistemática contra una población civil” que responden a una “política de Estado”.

El informe de los expertos fue rechazado por el presidente Nayib Bukele, quien señaló a los expertos de solicitar la liberación de los pandilleros.

El vicepresidente y rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública, Félix Ulloa, firmó un acuerdo de cooperación con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registro (CNR), Camilo Trigueros, que busca ofrecer programas de capacitación y certificación de competencias especiales para funcionarios o empleados públicos.

Con el convenio, la ESIAP aportará a la especialización técnica del CNR en materia registral y catastral; y el CNR se compromete a impulsar la participación de los servidores públicos del CNR en los programas ofrecidos por la ESIAP.

Recientemente, Ulloa, también como rector de la ESIAP, firmó una carta de entendimiento con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Miguel Calero, para la formación de profesionales del sector jurídico y servidores públicos por medio de la ESIAP.

La directora ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín, aseguró que la alianza permite la formación y la certificación de valor “con un enfoque práctico y especializado”, “incorporando expertos jurídicos que fortalezcan los contenidos académicos y contribuyan a cerrar brechas de conocimientos en la formación del servicio público”.