Hasta febrero de 2026, la deuda que tiene el Estado con el ahorro de las pensiones de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) asciende a $11,380.21 millones.
Del total, un 73.8 % es una deuda que está acumulada hasta antes de la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2022 y el 26.2 % es nueva deuda adquirida después de la aprobación de la nueva Ley integral del sistema de pensiones que reformó el sistema.
En un año, hasta febrero de 2026, esta deuda estatal con los ahorros de los cotizantes y jubilados de las AFP ha crecido en $760.47 millones, un 7.15 % respecto al saldo que había en febrero de 2025.
El ritmo de crecimiento de la deuda no es igual todos los meses. Así, durante enero y febrero de 2026 aparece un saldo de emisión en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) de $139.08 millones sumados ambos meses, lo cual marca una diferencia de $45.3 millones respecto a el monto de enero y febrero de 2025, cuando se reportó una emisión de $93.78 millones, según los datos que va publicando el Banco Central de Reserva (BCR) mes a mes.
El Estado emite COP a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), antes INPEP, y esos certificados de inversión son comprados por las AFP con los fondos de pensiones para que el ISP pueda utilizarlos en el pago de pensiones de los jubilados del Sistema Público de Pensiones (SPP).
El 10 de febrero se venció el plazo para que el Gobierno presentara una propuesta de reforma de pensiones según el compromiso adoptado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que implica un financiamiento, pero el Gobierno sí publicó un estudio actuarial del estado del sistema de pensiones que sería la base para la reforma.
Según este informe actuarial, hay 223,500 personas jubiladas de los sistemas público y privado.
En el sistema privado, hay 2.1 millones afiliados activas y 137,000 jubilados, de los cuales el 57 % recibe una pensión de $400 mensuales; sistema bajo el cual las cotizaciones de los trabajadores van a su Cuenta de Ahorro Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) y a una Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que les garantiza una pensión vitalicia.
Según el estudio actuarial, hasta diciembre de 2024, de un total de $15,836.8 millones de ahorros de todos los cotizantes de las AFP están invertidos, un 73.02 % ($11,563 millones) están invertidos o prestados en el Estado. Estos fondos son utilizados por el Estado para pagar pensiones del SSP, algo que advierte el estudio actuarial.
En el sistema público, prácticamente está sin fondos, ya que solo hay 1,400 afiliados activos y 86,500 jubilados, por lo que requiere de subsidio del Estado obtenido a través de la deuda de pensiones con el fondo ahorrado en las AFP.
Por ello, la mayoría de los fondos de los cotizantes de las AFP están en deuda del Estado: de $15,836.8 millones de ahorros, un 73.02 % ($11,563 millones) están en papeles del Estado hasta diciembre de 2024 según el mismo informe actuarial.
El estudio, que sugirió «buscar fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones», calculó un déficit previsional correspondiente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024-2070 y un agotamiento de la CGS en 2029 y rápido agotamiento de las cuentas individuales de la mayoría de jubilados de 2024.
