Autor: Yolanda Magaña

Con 57 votos y uno en contra, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la cuadragésima quinta prórroga del régimen de excepción, con el cual según el gobierno ya capturaron a 90,200 supuestos pandilleros y contabiliza 1,060 sin homicidios.

El estado de excepción mantiene suspendidos garantías constitucionales de defensa, máximo plazo de detención e inviolabilidad de las telecomunicaciones.

«Murieron más personas a manos de las pandillas que en la guerra civil y ahora tenemos una tranquilidad en nuestro país. Nosotros como diputados siempre vamos a estar dando nuestro voto para que nuestro país se mantengan limpio», dijo en el pleno el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, aliado del partido oficial.

El diputado Reinaldo Carballo, otro aliado del gobierno, del Partido Demócrata Cristiano, argumentó que en el pasado tenían un «régimen impuesto por las maras de ver, oír y callar». «Es la única herramienta constitucional que nos ha funcionado», indicó.

Detrás de cada régimen de excepción «hay familias vivas», dijo, por su parte el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas. «A fuerza de ser sincero, falta muchos votos más que tenemos que dar, tenemos que seguir dando los votos para seguir dando las herramientas necesarias a que la Fiscalía y la Policía persiga a los delincuentes… Estamos convencidos que siguiendo votando con esa misma fuerza, vamos a reconstruir otras áreas», dijo.

La oposición no votó por la prórroga, los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, de Arena, no estaban presentes; mientras, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

Los legisladores de oposición han cuestionado que la aplicación del régimen de excepción viola derechos de personas que han sido arrestadas arbitrariamente sin pruebas. Nuevas Ideas y Vamos ya se han señalado mutuamente de defender pandilleros.

Esta mañana, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) denunció que más de 25 mujeres detenidas bajo régimen de excepción en una protesta desarrollada en el Centro Histórico en la cual exigió «verdad y justicia» en la muerte de Yessica Solís, quien el 6 de noviembre fue disparada por un soldado de la Fuerza Armada en un hecho que la Policía Nacional Civil calificó de accidental y de homicidio culposo.

La Asamblea Legislativa aprueba la 45a. prórroga del régimen excepción que inicia este 2 de diciembre.
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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) November 25, 2025

El concejo de San Salvador Centro derogó en octubre la “Ordenanza para la protección y conservación de ríos y quebradas del municipio de San Salvador” porque concluyeron que esta regulación le compete ahora a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

La derogatoria de la ordenanza municipal, que se aprobó porque se consideró que hubo una derogatoria tácita con la aprobación de la Ley general de recursos hídricos, está vigente desde el viernes pasado.

La ASA fue la institución creada con la aprobación de la Ley general de recursos hídricos aprobada el 12 de julio de 2022 y es la que debe autorizar el uso y aprovechamiento del agua en el país, perforación de pozos, inscripción de juntas de agua, entre otros.

El decreto de derogación fue aprobado el 8 de octubre por el concejo, publicado el 13 de noviembre y está vigente desde el pasado viernes 21 de noviembre.

El concejo explicó que la ordenanza fue aprobada en diciembre de 2004 para cumplir con la función establecida en el Código Municipal, que faculta a los municipios a cuidar y conservar los ríos y demás aguas que recorren los cauces naturales con el fin de garantizar su uso sostenible.

Sin embargo, el concejo indicó que la “Comisión especial para la revisión y mejora de procedimientos” revisó la aplicación del artículo 10 de la ordenanza ante una solicitud de permiso de construcción, demolición y ampliación, y señaló que el objetivo de regular el permiso se relaciona al cauce del río, uso del agua y tiempo de aprovechamiento del río. Sin embargo, dicha comisión municipal pidió opinión a la ASA.

El concejo citó que la jefa jurídica ad honorem interino de la ASA, Ligia Verónica Villeda Mora, respondió el 25 de abril de 2025 que los permisos sobre el uso y aprovechamiento de aguas deben tramitarse ante la ASA.

La representante de la ASA citó el artículo 98 de la Ley general de recursos hídricos, que indica que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” que quiera usar o aprovechar las “aguas nacionales subterráneas” debe solicitar a la ASA el permiso de exploración, que no podrá ser mayor de un año.

También, citó los artículos 171, 172, 173, que establecen que deben tramitarse las autorizaciones de uso y aprovechamiento de aguas nacionales, los vertidos en “medios receptores” –ríos, quebrada, lago, laguna, embalse, mar, estero, manglar, entre otros– y que la notificación que deben hacer los propietarios a la ASA sobre inmuebles donde haya “bienes al dominio público hidráulico”, es decir: aguas marinas, subterráneas, cauces y riberas de corrientes naturales, lagos, lagunas, playas del mar, acuíferos, bosque salado, mangles.

Por ello, el concejo de San Salvador Centro decidió derogar la ordenanza. Explicó que designó a la Gerencia Legal y a la Gerencia de Desarrollo Urbano “evaluar la efectividad de mantener la Ordenanza de protección de ríos y quebradas y su posible derogatoria”. Sin embargo, estas gerencias concluyeron que hubo una derogación “tácita” de dicha ordenanza con la aprobación de la Ley general de recursos hídricos.

“Las facultades reglamentarias contenidas en la ordenanza han sido derogadas en forma tácita con la Ley general de recursos hídricos como norma especial que regula el uso y aprovechamiento del recurso hídrico de ríos y quebradas, dejando claro la prevalencia de esta respecto a la ordenanza, en tal sentido ya no tiene utilidad para esta institución”, citó el concejo a las gerencias.

La derogatoria fue suscrita por el alcalde interino ad honorem, Gustavo Ignacio Calvo Mayoral.

El Hospital El Salvador aprobó varias adjudicaciones en noviembre para contratar servicios de almacenamiento, distribución, dispensa y gestión de productos farmacéuticos con el fin de implementar el sistema de telemedicina en El Salvador.

DoctorSV es una aplicación recientemente lanzada por el gobierno salvadoreño que permite dar consultas a través de videollamadas a las personas que residen en El Salvador y que permite retirar sus medicamentos de manera gratuita a cualquier farmacia cercana. El programa se lanzó con fondos obtenidos de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $77 millones y de los cuales se programaron $35.7 millones para 2025 y en noviembre Hacienda reportó ejecutados $24.2 millones.

El 11 de noviembre de 2025, adjudicó la contratación de estos servicios de Farmacia San Nicolás por $485,866.22; a Farmacias Uno, S.A. de C.V. por $364,606.08; a Farmacia La Vida, por $953,263.39; a Farmacias Económicas, por $2,508,835.43, según puede verificarse en el sitio web de Comprasal.

El Hospital El Salvador también adjudicó a Servicios Quirúrgicos de El Salvador, S.A. de C.V., por $1,555,242.27, una contratación de dispensa y gestión de productos farmacéuticos para la implementación del programa.

El programa de Telemedicina también incluye la contratación del suministro de licencias y equipos para el fortalecimiento del organismo ejecutiro del programa, contrato que se adjudicó el 13 de noviembre a Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. por un total de $198,283.00; New Millennium, S.A. de C.V., por $308,603 y por $17,718.40; Data Graphics, S.A. de C.Vl, por $11,800.

En el sitio web de Comprasal pueden verse algunas adjudicaciones de contrataciones que realiza el Estado aunque no están los contratos y, en algunas ocasiones, aparecen montos adjudicados diferentes.

Por ejemplo, la contratación para la construcción del edificio de Telemedicina fase 1, adjudicada el 31 de marzo de 2025 a UDP Santo Tomás, aparece con un monto adjudicado de $11,474,860.87 y un monto certificado de $13,328,236.50; el proceso se llevó a cabo mediante licitación competitiva.

También, para este programa, se realizó la contratación de una firma consultora para el fortalecimiento de la gestión del programa para la implementación del sistema de telemedicina a la empresa Yinyang International Consulting Group, S.A., por $742,000, y la supervisión de la construcción del servicio de telemedicina por $774,006.16, el 30 de abril de 2025, a Consulta S.A. de C.V., así como servicios de telefonía a Telemovil El Salvador y Mobile El Salvador, por $926,366.54 y $111,870, respectivamente.

En noviembre de 2024, el Hospital El Salvador también había contratado la dispensa de medicamentos a través de una red de farmacias, así como servicios de exámenes de laboratorios, para un programa piloto de Telemedicina mediante un convenio entre dicho hospital y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), con el fin de lanzar el programa piloto con “Dr. ISSS”, con el fin de “beneficiar a más de cuatro millones de salvadoreños” ya que un “60 % de la población” no tienen acceso a servicios de salud. En esa ocasión, la lista contenía 120 tipos de medicamentos diferentes, entre estos amoxicilina, fluconazol, diclofenaco, atorvastatina, clotrimazol, irbesartan, ibuprofeno, psylium, loratadaina, metocarbamol, omeprazol, penicilina, orfenadrina, metronidazol, tramadol, simeticona, salbutamol, entre otros.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una reforma con la cual el actual director del Centro Nacional de Registros (CNR) pasará a presidir la junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el presidente del RNPN o registrador pasará a tener funciones operativas y tendrá la representación legal de la entidad.

Para explicar la reforma, el presidente del CNR, Camilo Trigueros, inició destacando los logros de la institución que dirige, con más de 7,000 empresas nuevas creadas y la disminución de tiempos de respuesta. Siete de cada diez personas solicitantes se tardan un día, “en todo el país está sucediendo un fenómeno tramitológico”, indicó.

Trigueros se refirió también al plazo de 18 meses que tiene el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), que se cumplen en junio de 2026, para realizar ajustes técnicos y financieros para convertirse en Registro Central del Estado Familiar, según la nueva Ley del Registro del Estado Familiar.

“Podemos aportar en esta actividad registral novedosa para el RNPN y lo será también para el CNR”, observó el funcionario.

“¿Cuál es la reforma en síntesis? Bueno, es modificar la estructura de la junta directiva para que como CNR, con la experiencia que tenemos durante todos los años, nos permita modificar la presidencia de tal junta directiva del RNPN, asumiendo la dirección ejecutiva del CNR la labor de presidencia y que el registrador, que por sí es una labor muy importante, pueda centrarse a la labor de representación judicial y extrajudicial, así como labores operativas”, indicó.

El funcionario advirtió que se avecina un periodo de año y medio de renovación masiva de Documentos Únicos de Identidad (DUI) y “la demanda será alta”. El actual registrador es Fernando Velasco.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, lo felicitó. “Sabemos todo el trabajo que tú realizas en el CNR, lo vas a venir a ejecutar también en el RNPN, así es que te dejamos a cargo ahí a nuestra querida diáspora para que sigamos trabajando de la mano con ellos”, le dijo Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas.

La reforma quita poder de decisión al registrador y aumenta las atribuciones de la junta directiva del RNPN, ya que esta última será la encargada de “nombrar al suplente del Registrador Nacional en caso de ausencia temporal”, dar licencias a su personal y tomar decisiones en torno a la organización, estructura o reglamento del RNPN, algunas atribuciones que tiene el registrador, quien podrá solo “proponer” a la junta directiva la organización de las unidades y niveles de jerarquía, la aprobación del organigrama, el nombramiento o remoción de personal, así como el reglamento interno de trabajo.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa emitió dictamen este lunes para prorrogar por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pueda disponer de la madera decomisada en el país ya sea donándola, vendiéndola o destruyéndola.

Antes de aprobar el dictamen favorable, el diputado Ricardo Rivas aseguró que tenían como invitado al ingeniero Daniel Amílcar Landaverde, director de Cuencas y Riegos del MAG.

Aseguró que “hay una serie de decomisos” realizados por la Policía Nacional Civil (PNC), que “para a los vehículos que van con productos forestales” con “madera en troza, madera cerrada o a veces leña”.

Si las personas no tienen una guía de transporte que da fe de la legítima procedencia, la PNC procede decomisar el material, explicó.

“La Policía procede en principio vamos a decir un decomiso, aunque eso se va a definir en un proceso”, indicó.

Cada año se realizan alrededor de 250 decomisos de madera o leña y esta se lleva a las delegaciones de la PNC, alcaldías o a lugares oficinas del MAG. Actualmente el MAG tiene “una gran cantidad de decomisos”.

“No es tan fácil digamos deshacernos de ese productos, porque lleva un proceso. Tener esos expedientes libres para poder venderlos o donarlos, no quiere decir que uno puede hacer la disposición porque normalmente todavía no tiene a un interesado”, explicó.

Según el artículo 13 de la Ley Forestal, el MAG debe esperar 15 días para que el propietario reclame el material.

Además, indicó que algún material está deteriorado y cuando hay un interesado, este selecciona el material. “Es un proceso como no muy corto, a esta fecha hemos hecho más que todo disposición para destruir porque bastante de ese producto no tiene valor comercial”, dijo.

El delegado del MAG explicó que han realizado tres donaciones, lo cual pueden realizar únicamente a instituciones de la administración pública o municipal, aunque haya organizaciones no gubernamentales interesadas en recibir madera como donación. Sin embargo, aseveró que todavía hay madera para “librar algunos espacios” policiales.

Detalló que el MAG tiene 42 expedientes: 21 expedientes de alrededor 600 piezas de madera como cedro, conacaste; más de 60 partes de leña sin valor comercial, 18 expedientes que se vendieron entre madera y leña, y 3 expedientes de madera que fue donada.
En la solicitud, enviada a la Asamblea Legislativa hace una semana el MAG argumentó que diferentes instituciones públicas solicitaron la donación de estos productos.

La madera es decomisada por infracciones a la Ley Forestal como talar sin autorización, derribar árboles en peligro de extinción o transportar madera sin una autorización.

La prórroga se aprobó al decreto “Disposiciones transitorias para la venta, donación y destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la Ley Forestal”.

El decreto transitorio original fue aprobado en diciembre de 2023. En aquel entonces, el MAG informó que tenía madera y leña acumulada desde hace más de 15 años.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) realizará su Convención Nacional el próximo 7 de diciembre en Usulután en la cual decidirán si participar o no en las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa, alcaldes de los 44 municipios y presidente de la República.

Sin embargo, el secretario general del partido, Manuel “El chino” Flores, aseguró que él tiene la opinión personal de abrir las candidaturas a ciudadanos que no sean parte del partido político.

“Yo también he dado una opinión como secretario general y es que, si se participa, vamos a ciudadanizar las elecciones, las candidaturas, ¿cómo?, sencillo, tenemos estatutos donde se habla de la política de alianzas, ahí se habla de la democracia participativa, que es lo contrario a lo que este régimen quiere hacer y está haciendo”, expresó este lunes.

El artículo 28 de los estatutos faculta al FMLN a que realicen alianzas en los municipios, departamentos, a escala nacional y con los salvadoreños en el exterior para “unificar esfuerzos en la lucha común”.

De la oposición, solo Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ha anunciado su participación; el FMLN y Vamos aún no han tomado una decisión.

La Convención Nacional del FMLN es integrada por los secretarios departamentales y municipales del partido, secretario general del partido, secretarios de veteranos, de juventud, de la mujer, diputados y alcaldes que tenga el partido.

Flores, como secretario general del FMLN ha emitido opiniones a favor o en contra de participar en las elecciones de 2027. Este lunes, dijo que “las elecciones son una gran opción si se participa pero hay que ver las condiciones”. “No defendemos miedo, por eso estamos listos para cualquier escenario”, expresó. Aseveró que el FMLN no tiene como fin último participar en las elecciones ya que es un partido que busca acompañar “al pueblo en sus demandas por la salud, educación, el medio ambiente, cómo están destruyendo el Cerro Verde, el Playón, zonas de protección, el Lago de Ilopango, mucha gente calla”, indicó este lunes.

Sin embargo, el 27 de octubre, aseveró que si participan será “a todo nivel”. “Siempre lo hemos hecho en las mejores y peores condiciones, como el año pasado donde yo fui candidato a la Presidencia, en las peores condiciones, aún en contra de todo, con todas sus artimañas, reduciendo municipios, reduciendo diputados”, indicó en esa ocasión.

Hoy, sin embargo, aunque insistió en que tomarán la decisión el 7 de diciembre, expresó que saben que “el gobierno tiene el control de todo”, pero que el FMLN “se enfrentó una dictadura militar y no se pensó si se tenía el control o no”. “A mí mis padres me han enseñado a luchar siempre. Ningún navegante aprendió a navegar en aguas tranquilas”, señaló.

El presidente de la República, Nayib Bukele, administra su segundo año de gobierno consecutivo luego de que la Sala de lo Constitucional salvadoreña habilitara la reelección presidencial consecutiva. La Asamblea Legislativa habilitó el 31 de julio de 2025 de la reelección presidencial indefinida y amplió el periodo presidencial a seis años para hacer coincidir las presidenciales con las legislativas y municipales, para lo cual decidieron celebrar presidenciales en 2027.

La Procuraduría General registra un aumento en los servicios certificación de mediación y conciliación entre ciudadanos en El Salvador.

Así lo reveló el procurador general de la República, René Escobar, quien presentó un informe a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Los casos de mediación y conciliación pasaron de 14,392 a 20,303 de 2022 a 2023. Durante el año de 2024, se registraron 24,187 certificaciones de conciliaciones o mediaciones.

En lo que va del año 2025, van registrados 21,389 casos y la institución espera cerrar el año con 26,630 mediaciones o conciliaciones.

«En el tema de mediación como resolución alternativa de conflictos, de todo es conocido que la situación es diferente, los ciudadanos pueden percibir un ambiente de paz, tranquilidad, pero es importante que no demos esto por sentado», dijo el procurador en su presentación.

El funcionario aseguró que la mediación y la coalición es una apuesta de la PGR, ya que las diferencias siempre van a existir. “Lo que no puede seguir pasando es resolverlos de manera violenta”, indicó.

“Ha sido una apuesta importante, creemos que la mediación es una herramienta para la cultura de paz”. René Escobar, procurador general de la República.

La conciliación y la mediación son mecanismos de resolución de conflictos que ofrece la PGR, facilitando un diálogo entre dos partes. La PGR provee este servicio de manera gratuita y aplica a conflictos familiares, patrimoniales, penales y laborales.

El proceso puede durar unos 15 días y se puede gestionar en cualquier unidad de la PGR, en donde se asignará un mediador y citará a las partes para tener una sesión privada; si se lega a un acuerdo, la PGR lo documenta.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa una reforma a la ley del RNPN, con la cual el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR) será quien presidirá la junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y no el registrador nacional de las personas naturales.

En la petición, se argumenta que la reforma busca aumentar la eficiencia y mejorar el desempeño.

El director ejecutivo del CNR es nombrado por el presidente de la República y también es secretario del Consejo Directivo del CNR, la máxima autoridad de dicha institución encargada de la administración de registros y de garantizar la fidelidad y actualización de la información registral, geográfica, cartográfica y catastral en el país.

La reforma modificaría las atribuciones de la junta directiva del RNPN, ya que será la encargada de “nombrar al suplente del Registrador Nacional en caso de ausencia temporal”, dar licencias a su personal y tomar decisiones en torno a la organización, estructura o reglamento del RNPN.

Así, al presidente del RNPN, que actualmente tiene la facultad de organizar las oficinas y dependencias del RNPN, ahora tendrá facultades de “proponer” a la junta directiva la organización de las unidades y niveles de jerarquía, la aprobación del organigrama, el nombramiento o remoción de personal, así como el reglamento interno de trabajo, los contratos colectivos de trabajo, que contendrá todo lo referente a “horarios de trabajo, permisos, licencias, asuetos, vacaciones, aguinaldos y demás prestaciones”.

También, tendrá como nueva facultad aprobar las misiones oficiales de funcionarios o empleados del RNPN.

Según la propuesta de reforma, el RNPN contará con un registrador que deberá cumplir los acuerdos de junta directiva, “comunicar” instrucciones, autorizar erogaciones hasta un límite de 10 salarios mínimos del sector de comercio e industria para atender gastos del registro y deberá dar cuenta mensualmente de los gastos a la junta directiva.

El registrador será representante del RNPN y podrá otorgar poderes con autorización de la junta directiva, también investigará el extravío y la pérdida de documentos, facultad que tiene actualmente el presidente del RNPN.