Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una ley que concede por un plazo de 60 días calendario para que los contribuyentes paguen sus deudas que tengan con las direcciones de impuestos internos y aduanas, y para que ciudadanos paguen sus multas de tránsito pendientes sin intereses.

Los diputados no emitieron opinión sobre la normativa.

El beneficio incluye las multas en cualquier institución de la administración pública y excluye las impuestas por municipalidades.

Los que deban, en cualquier fase, Impuesto sobre la Renta, tributos o aduaneros correspondientes a periodos declaradas o liquidadas hasta el 31 de julio de 2025.

Hacienda establecerá a los beneficiados planes de pago de hasta nueve meses aunque los casos estén en tribunales de apelaciones, en la Sala de lo Constitucional o en jurisdicción contencioso administrativa o en la Fiscalía General de la República si no hay sentencia definitiva de juez.

La primera cuota será del 10 % y las siguientes ocho cuotas serán mensuales y sucesivas para casos de falta de omisión de presentar la declaración, no presentarla en el plazo legal establecido, que haya presentado una declaración incorrecta o con error aritmético; que no haya cumplido con la obligación de retener y enterar el impuesto.

También se aplicará a contribuyentes según los artículos 252, 253 y 254 del Código Tributario, es decir, con sanción por defraudación tributaria, evasión no intencional o evasión intencional.

En el resto de casos, la prima será del 20 % y pagos mensuales en los ocho meses restantes.

El incumplimiento de los plazos de pago reactivará las multas, los intereses o recargos, y se aplicará la gestión de cobro.

Cuando las multas se encuentran “líquidas, firmes y exigibles” solo serán beneficiados con “pago a plazo”.

Si los contribuyentes tienen resolución de pago a plazos, solo gozarán del beneficio las cuotas pendientes de pago.

Para aplicar a la amnistía fiscal, la ley exige que los contribuyentes desistan o renuncien parcial o totalmente demandas que hayan puesto contra Hacienda por el cobro, para ello presentarán “fotocopia de la solicitud de desistimiento o renuncia total o parcial del proceso en el que conste el sello de recepción del tribunal o instancia” que conozca el caso.

En los casos en plazo de impugnación, el mandamiento de pago deberá ser gestionado en los “Centros de atención exprés” de San Salvador y en las oficinas regionales de Santa Ana y San Miguel.

El beneficio también aplica cuando Hacienda determine una disminución de saldos a favor declarado por el contribuyente, lo cual tiene “calidad de deuda tributaria” según el artículo 74-A del Código Tributario.

¿Cuánto ha recuperado Hacienda en las amnistías fiscales?

Amnistía fiscal 2021: $144 millones de 234,800 contribuyentes de Impuestos Internos y 54 de Aduanas
Amnistía fiscal 2022: $131.3 millones de 25,000 contribuyentes
Amnistía fiscal 2023: $100 millones de 36,000 contribuyentes
Amnistía fiscal 2024: $105 millones de 59,493 contribuyentes
Fuente: declaraciones de Hacienda. No hay publicación de los datos exactos.

La superintendenta del Sistema Financiero (SSF), Evelyn Gracias, pidió ayer que se agregara una facultad para valorar aspectos macroeconómicos que permitan valorar el riesgo sistémico al autorizar los nuevos fondos para inversores sofisticados en la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos.

La modificación se realizó a los artículos 25 y 45 del proyecto de ley que será divulgado este miércoles, luego de su aprobación, en la sesión plenaria.

La funcionaria explicó que el objetivo de la modificación es “que la SSF dentro de su análisis valore aspectos macroprudenciales de contexto macroeconómico que pueda estar ocurriendo en el país o a nivel mundial para tener elementos adicionales que nos permitan hacer una valoración del riesgo sistémico que este tipo de productos pudiera generar en El Salvador”.

Este tipo de fondos será regulado únicamente por esta ley que podría ser aprobada este miércoles y por normas que serán emitidas por el Banco Central de Reserva (BCR); y gozarán de exención del Impuesto sobre la Renta a todas sus utilidades o ganancias.

En otras palabras, los Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF) y sus sociedades administradoras no estarían regulados bajo la Ley de supervisión y regulación del sistema financiero de El Salvador, ni serían considerados integrantes del sistema financiero, aunque ordena que cumplirán con la ley antilavado, que en su nueva versión eliminó a los inversionistas de los sujetos obligados.

“El BCR tiene un rol protagónico respecto al funcionamiento de los PAIF, debido a que podrá emitir normas sobre traslado, liquidación y disolución de las sociedades administradoras de PAIF y los PAIF, según corresponda, además de los requisitos técnicos”.

Marta Solís, representante del Ministerio de Economía.

La nueva Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos permitirá que personas puedan realizar, bajo su propio riesgo, inversiones de $250,000 o más en fondos que serán regulados bajo normas especiales y no bajo la ley que regula al sistema financiero salvadoreño.

La asociación Cristosal recibió ayer el Premio William D. Zabel de Derechos Humanos, otorgado por la organización Human Rights First como un reconocimiento de su “compromiso inquebrantable” por la justicia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos.

Cristosal cerró operaciones en El Salvador desde julio de 2025 por considerar que han sido víctimas de acoso legal, vigilancia, espionaje, campañas de difamación y más recientemente de la captura de una de sus integrantes, Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de la oenegé y que es procesada por enriquecimiento ilícito, aunque en X fue acusada de peculado por la Fiscalía salvadoreña.

«Hoy, ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala, esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal, la criminalización de defensores y defensoras, la imposición de marcos legales diseñados para reprimir el trabajo de la defensa de derechos humanos», dijo la mañana de este jueves el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, en una videoconferencia desde Guatemala.

El premio fue recibido por el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, el 14 de octubre, en Gotham Hall, en Nueva York, Estados Unidos, quien en su discurso destacó el trabajo conjunto que realizaron con la organización para la libertad de migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) desde marzo.

“Cristosal se erige como un faro de integridad y coraje frente a la enorme adversidad. Su equipo no solo documenta las violaciones de los derechos humanos con un rigor extraordinario, sino que lo hacen mientras están bajo amenaza directa. Nos sentimos honrados de celebrar su trabajo para proteger a los perseguidos y defender el estado de derecho”, dijo Uzra Zeya, presidente y CEO de Human Rights First.

Bullock aseveró que recibían el premio junto con las familias desplazadas por la violencia de pandillas y narcotraficantes, y que reconstruyen sus vidas, sobrevivientes de crímenes de guerra y lesa humanidad, víctimas de detenciones arbitrarias, familias de migrantes venezolanos desaparecidos y comunidades que se atreven a denunciar la corrupción.

“También recibimos este premio como un reconocimiento a amigos y colegas que hoy sufren persecución por su defensa de los derechos humanos (Fidel Zavala, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez, Ruth López, Enrique Anaya; en Guatemala, Héctor Pacheco, Luis Chaclán y líderes estudiantiles como Edmar Arriola). No pasa un solo momento sin que sintamos su encarcelamiento”.

Noah Bullock, director de Cristosal, en Nueva York.

El premio se otorga anualmente a un defensor u organización que valientemente persigue la justicia; y su nombre, William D. Zabel, se da en honor al campeón mundial de derechos humanos y cofundador de Human Rights First.

Human Rights First es una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C., Estados Unidos, centrada en áreas de autoritarismo, extremismo, injusticia sistémica y abuso de tecnología.

Fue creada en 1978 inicialmente como Comité de abogados para los derechos humanos internacionales, por la Liga por los Derechos Humanos y el Consejo de Asociados Jurídicos de Nueva York. Trabaja en Estados Unidos y en el extranjero en la promoción del respeto de los derechos humanos y el estado de derecho.

Participó en 1988 en la investigación y testimonios ante el Congreso en el caso del crimen contra cuatro religiosas estadounidenses asesinadas en El Salvador, luego de que sus familias recurrieran a la organización.

La organización inició una red de abogados que creció a 8,000 de 130 países diferentes para proveer a la comunidad jurídica internacional una forma de presionar por la liberación de los abogados encarcelados.

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) ha pagado un total de $431.97 millones en intereses desde enero de 2023 hasta agosto de 2025 según el Banco Central de Reserva.

Estos intereses habrían sido pagados por el ISP en relación con los instrumentos de inversión que emite, los cuales le permiten endeudarse para cumplir con obligaciones vinculadas al pago de pensiones a trabajadores jubilados en El Salvador, así como otras responsabilidades previsionales.

El ISP, fundado en 2023, debe cubrir intereses por la nueva deuda estatal en materia de pensiones que asume mediante los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), emitidos desde la reforma implementada ese mismo año.

El dato se encuentra en la categoría de “ejecución del sector público no financiero”, dentro de los gastos corrientes del Estado. A partir de enero de 2025, según el BCR, se inició «la incorporación de los flujos de operaciones del Instituto Salvadoreño de Pensiones” como parte “de la ejecución financiera del Gobierno Central”.

Paga el 7 % por la nueva deuda estatal de pensiones

La reforma de 2022 facultó al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) a que emita Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) o títulos para financiar el Sistema de Pensiones “tanto público como privado”.

Estos son adquiridos obligatoriamente por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con los ahorros para las pensiones de los trabajadores cotizantes. Los ahorros administrados por las AFP pueden ser invertidos “sin límites” en estos certificados según el artículo 82 de la nueva Ley integral del sistema de pensiones aprobada en 2022.

Los COP son títulos que tienen valor al portador, un plazo de 50 años a partir de su emisión y devengan una tasa de interés del 7 % anual fija que paga el ISP. Así lo estableció la Ley especial para la emisión de los COP y disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), un mecanismo similar pero ya derogado para tomar prestados fondos para las pensiones.

Los COP se emiten en enero, abril, julio y octubre de cada año, y el capital e intereses se pagan en «cuotas semestrales de igual valor”.

El gasto en intereses del ISP se reporta precisamente en esos mismos meses y ha oscilado entre $4.87 millones en julio de 2023 y $115.06 millones en abril de 2023.

Desde julio de 2023, el desembolso del Estado en concepto de intereses, presumiblemente solo por la nueva deuda previsional, asciende a $236.02 millones, con pagos trimestrales que han variado entre $4.87 millones y $44.3 millones.

Una deuda estatal de pensiones solo para pensiones

Según la ley, la deuda estatal de pensiones por la cual se pagan estos intereses únicamente debe servir para obligaciones previsionales.

El ISP decide emitir los certificados según las necesidades de financiamiento de las obligaciones previsionales de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), del ISP y del Sistema de Pensiones.

“Las AFP deberán adquirir con los recursos de los fondos de pensiones que administran la totalidad de los COP de cada emisión”, indica el artículo 9 de la ley de emisión de los COP.

Estos ingresos generados por la tenencia de los COP están exentos del pago del Impuesto sobre la Renta.

Luego de la colocación de los certificados COP, el ISP entrega los fondos a la UPISSS o las AFP para cubrir las obligaciones y ocupa la diferencia para pagar pensiones de los jubilados y beneficiarios.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable de una nueva ley de amnistía fiscal que, durante 60 días calendario, aprobará el perdón de multas, intereses y recargos a contribuyentes que paguen sus deudas atrasadas con el Ministerio de Hacienda.

De las multas de tránsito se perdonarán únicamente intereses.

El dictamen de «Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas» fue aprobado inmediatamente después de la explicación del director de Impuestos Internos, Marvin Sorto.

El decreto sería aprobado en la sesión plenaria de este miércoles 15 de octubre.

Aplicarán incluso a casos que se encuentren con aviso en la Fiscalía General de la República o en proceso penal sin resolución definitiva, «siempre que esté enmarcado dentro de lo que es las omisiones o las inexactitudes en las declaraciones», dijo el funcionario.

Los deudores beneficiados pueden pagar con cheque, notas del tesoro público, tarjetas de crédito o débito.

También, se podrán modificar las declaraciones de impuestos, sin cobro de multas o intereses.

El plazo de aplicación de la amnistía fiscal será de 60 días calendario para programar plazos de pago de hasta nueve meses, incluyendo el 10 % de cuota inicial.

¿A quiénes aplica la amnistía?

• A casos pendientes de la Dirección General de Impuestos Internos, fiscalización, Unidad de Audiencias y Tasaciones.
• Dirección General de Aduanas.
• Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas.
• Fiscalía General de la República.
• Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Lo que queremos es que se exima del pago de intereses, recargos y multas, aquellas declaraciones presentadas sin pagar el impuesto liquidado en ellas, así como también si hay declaraciones o no presentadas, y no pagar multas ni intereses.

Marvin Sorto, director de Impuestos Internos.

Sorto explicó que el beneficio aplicará también a declaraciones con saldos a favor a lo que le correspondía y que declararon de forma errónea, declaraciones donde se pagó menos del tributo que debía pagarse, casos en procesos de fiscalización ya sea por evasiones intencionales o no intencionales, casos en etapa de audiencia o etapa de prueba, con plazos vencidos y pendiente de resolución, en plazo de impugnación, falta de declaración de mercancías o con omisiones o inexactitudes o sin pago, en proceso de verificación aduanera, o también si no ha pagado el Impuesto sobre la Renta o con un mandamiento de pago vencido.

La amnistía aplica a declaraciones presentadas hasta el 31 de julio de 2025.

Si los casos están en contencioso administrativo o en la Sala de lo Contencioso Administrativo, o en Sala de lo Constitucional, también podrán aplicar.

También, aplica a los casos en donde no se hicieron retenciones de Impuesto sobre la Renta o de IVA, y que no las haya enterado al fisco, o que hayan enterado cantidades inferiores.

Los contribuyentes deberán desistir de continuar con las demandas.

En el caso de las multas de tránsito, la amnistía fiscal perdona únicamente intereses y no las multas. En el resto de deudas con el fisco, se dispensan multas, intereses y recargos.

Las multas de tránsito estarían gozando de este beneficio, aclaro, no la exoneración de la multa, sino la exoneración de los intereses en concepto de multas de tránsito.

Marvin Sorto, director de Impuestos Internos.

Al intentar explicar el atraso del gobierno para publicar un estudio actuarial antes de la propuesta de una nueva reforma de pensiones en El Salvador, el economista Carlos Acevedo aseguró este lunes que cree que “lo que está pasando» es que «los números les están mostrando que hay una papa caliente bien grande ahí”.

En la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña, Acevedo ejemplificó que Eduardo Melinsky, consultor actuarial de nacionalidad argentina que ya ha realizado estudios para El Salvador, “no tiene más dificultad que hacer los cálculos” y que tarda aproximadamente un mes. “No entiendo por qué todavía no está”, indicó.

El acuerdo financiero entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) programó la publicación del estudio actuarial a finales de julio y se pospuso para finales de septiembre, lo cual no se ha cumplido. “Eso manda señales bastante negativas”, consideró.

El mismo acuerdo con el FMI incluye la publicación de la propuesta de reforma de pensiones el 10 de febrero de 2026.

“No entregaron ni siquiera el estudio actuarial. Yo tengo mis serias dudas de que vayan a entregar a tiempo la propuesta de una nueva reforma. El Fondo pareciera bastante condescendiente pero la paciencia tiene sus límites, entonces, no hay que estar jugando con el Fondo Monetario”, indicó.

El estudio actuarial según el también expresidente del Banco Central de Reserva debe mostrar el valor actual de la deuda futura en pago de las pensiones a los trabajadores salvadoreños, tomando en cuenta variables como: los flujos de sus cotizaciones, las tasas de mortalidad, las proyecciones demográficas y los cambios en la estructura de las edades de la población.

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El economista reiteró que es muy probable que la propuesta de reforma de pensiones incluya un aumento en la edad de jubilación que, detalló que en otros países se ha aplicado gradualmente.

Consideró posible un aumento de las tasas de cotizaciones, pero consideró inaplicable una similar a la de Uruguay –que implicaría subirla del 16 % al 21 % de los ingresos del trabajador aportados por este y por el empleador– ya que arrastraría el capital político que tiene el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Según el especialista, quien recordó que vienen las elecciones generales en 2027, esto es una «papa caliente que heredó», y mencionó que esto es responsabilidad de «los que hicieron el primer muñeco», «muy feo desde su origen», el Sistema Público de Pensiones (SSP).

«Esto es una papa caliente que heredó. El diseño del sistema de pensiones público de pensiones está mal, el muñeco era muy feo desde su origen. Todas las reformas que se han hecho, la privatización del 97, el FOP (Fideicomiso de Obligaciones Previsionales) de 2006, la del 2017, la de 2022, han sido parches en un muñeco muy feo». Carlos Acevedo, economista.

Actualmente, los fondos de los trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) es utilizado para pagar las pensiones del SSP, que está desfinanciado.

También está por agotarse la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), alimentada de las cotizaciones de los trabajadores afiliados a las AFP y que sirve para pagar pensiones vitalicias de los afiliados al sistema público, las pensiones mínimas a los afiliados de las AFP cuando se les acaban sus ahorros individuales, así como pagos de Certificados de Traspaso y devoluciones de quienes no cumplen requisitos de jubilación.

Los fondos son tomados en calidad de préstamo, actualmente ya no a través del FOP, sino a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que emite los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para que las AFP los adquieran a una tasa de interés del 7 %.

Según el Ministerio de Hacienda, la deuda acumulada que tiene el Estado con el ahorro de las pensiones ya superó los $11,000 millones.

El acuerdo del Servicio Ampliado del FMI (SAF) exige una propuesta de pensiones que cumpla las recomendaciones del FMI, el cual ha solicitado que la reforma de pensiones contenga el gasto fiscal del Estado, es decir, el compromiso de una reforma de pensiones en El Salvador no tendría otra finalidad que «respaldar» el ajuste fiscal proyectado en el acuerdo después del año 2025.

• Sistema de Pensiones Público (SSP): 88,000 beneficiarios, 2,300 contribuyentes.
• Sistema de Pensiones Privado: 950,000 trabajadores cotizantes de las AFP, paga jubilaciones a 128,000 jubilados.
• Dato: 89 % de los fondos administrados por las AFP se mantienen en títulos de deuda estatal. «En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del ISP», dice el informe de julio del FMI.

La Asamblea Legislativa sumó esta semana un total de 17 préstamos autorizados desde enero de 2025, con un monto total de $1,992 millones, no todos han sido incorporados al presupuesto general del Estado del presente año.

De los 17 préstamos autorizados, el Legislativo ha aprobado o ratificado 13 por $1,585.7 millones.

Uno del BID se destina a “apoyo a la sostenibilidad macroeconómica”, otros dos del Banco Mundial se destinan a sostenibilidad fiscal, y otros dos del CAF pueden ser utilizados para refuerzos presupuestarios.

Los créditos que podría ser destinados a un refuerzo presupuestario para el funcionamiento del Estado suman $900 millones, pero solo uno se ha incorporado mediante reforma al presupuesto 2025 por $250 millones, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Fue el decreto 410 aprobado el 23 de septiembre y vigente desde el 24 de septiembre de 2025.

Dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que suman $150 millones son de libre disponibilidad, es decir, pueden ser utilizados para «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

Además, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta $500 millones para «Apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal de El Salvador», autorizado en marzo y ratificado en abril, se suma a este tipo de destinos. Sin embargo, este aún no ha sido incorporado en el presupuesto.

El Ministerio de Hacienda ha sostenido que no ocupa préstamos para gastos corrientes durante 2025 y que prevé la misma práctica en 2026.

De los 17 préstamos autorizados, 13 estarían destinados a programas de inversión de gasto social como desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador, por $60 millones del BID; $113.9 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para Surf City fase I; $120 millones del BIRF para mejora de atención de salud en El Salvador; $100 millones de la CAF para modernización del sistema educativo de El Salvador; $71.8 millones del Deutsche Bank para la construcción de una plata de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en La Libertad.

A estos se suman $120 millones para «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» otorgado por el BIRF, $100 millones del BIRF como opción de desembolso diferido ante catástrofes; $150 millones del BID para trayectorias educativas y su resiliencia al cambio climático; $60 millones del BID para movilidad urbana en el área metropolitana; $30 millones del Fondo OPEP para desarrollo económico, inclusivo y nutricional de las zonas rurales, $70 millones del Fondo OPEP para Surf City fase II; $31.3 millones del FIDA para Surf City fase II; y $65 millones del BCIE para la construcción y la instalación de la cúpula envolvente de la terminal beta del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

Un total de $600,000 son asignados al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) en el presupuesto del Ministerio de Gobernación publicado por Transparencia Fiscal, en el proyecto de presupuesto general del Estado 2026, en el sitio web del Ministerio de Hacienda.

Los fondos están destinados a “administrar el RAEX para lograr una aplicación efectiva y eficaz de la ley” en 2026.

Un total de $330,575 de los fondos asignados se destinarán a compra de bienes y servicios, un total de $59,200 serán usados para realizar «gastos financieros y otros», y otros $210,225 se dirigirían a activos fijos.

La Ley de Agentes Extranjeros (RAEX) está vigente en El Salvador desde junio de 2025 y busca que el RAEX registre y fiscaliza todas las personas e instituciones consideradas como «agentes extranjeros», así como imponerles un impuesto del 30 %, que puede ser exento a entidades o personas que realizan actividades sociales si lo solicitan al RAEX.

Los fondos con que se financiará el nuevo registro proviene, según el proyecto de ley, del Fondo General del Estado, es decir, de ingresos propios.

El Ministerio de Gobernación, dirigido por Juan Carlos Bidegaín, dice que el objetivo de su presupuesto para el 2026 a «proporcionar de forma ágil, permanente y confiable» los «registros de asociaciones, fundaciones sin fines de lucro y agentes extranjeros», entre otros.

Los agentes extranjeros según la ley son. personas naturales o jurídicas que «respondan a intereses o sean financiadas» por personas o empresas extranjeras, que se llaman «mandantes» extranjeros.

La inscripción al RAEX es obligatoria y esta tendrá amplias facultades para supervisar, fiscalizar y llevar «un control de las actividades de los agentes extranjeros» y requerirles «informes necesarios».

Recientemente, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aseveró en la Comisión de Seguridad Nacional que hay reportes de cobros del impuesto a agentes extranjeros sobre las remesas, ante lo cual la superintendenta del sistema financiero, Evelyn Gracias, aseguró que podrían sancionar a los bancos que realizaban dichos cobros.

Nuevas Ideas niega que la ley imponga un impuesto a las remesas que vienen a El Salvador desde el extranjero, mientras la oposición criticó la mala redacción de la normativa.

Una nueva ordenanza para el retiro voluntaria de empleadas mayores de 55 años y empleados mayores de 60 años, además de quienes se encuentren con enfermedades terminales se aplicará en las oficinas distritales de Guazapa, Aguilares y El Paisnal, en el municipio de San Salvador Norte.

Los planes de retiro establecidos en la ordenanza son similares a los que vencieron el 5 de octubre por el “Plan de retiro voluntario para empleados que se encuentren bajo la ley de la carrera administrativa municipal o por contrato individual de trabajo”, que estuvo vigente desde el 5 de septiembre hasta el 5 de octubre, y que fue aprobado por el concejo de San Salvador Norte el 9 de agosto.

La alcaldía de San Salvador Norte está gobernada por José Armando Barrera, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana).

La ordenanza aprobada se denomina “Ordenanza transitoria de retiro voluntario para empleadas mayores de 55 años cumplidos y empleados mayores de 60 años cumplidos y quienes se encuentren con enfermedades terminales comprobadas mediante constancia médica emitida por facultativos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social” pero en los sujetos de aplicación “los que se encuentren bajo el sistema de la Ley de la carrera administrativa municipal que tengan como mínimo dos años”, quienes se encuentran por contrato individual de trabajo con un año de servicio como mínimo y, en tercer lugar, “empleadas y empleados adultos mayores o que se encuentren con enfermedades terminales”.

Quienes sean indemnizados hasta con $5,000 recibirán una sola cuota; de $5,000 hasta $10,000, en dos cuotas; de $10,000 a $15,000, en tres cuotas; y de $15,000 a $20,000 en cuatro cuotas.

La ordenanza inició su vigencia el 1 de octubre de 2025 y tendría un plazo de 30 días. Fue aprobada el 10 de septiembre y publicada el 3 de octubre de 2025.